La intromisión del crimen organizado en las altas esferas es de extrema gravedad * Esperemos que un día pueda aparecer cuando menos una tibia respuesta gubernamental
EMMA ESPÍNDOLA
Refugiado en las cúpulas del poder, el narcotráfico avanza impunemente ante la complacencia de políticos involucrados.
En voz de los actores y protagonistas, queda plenamente el señalamiento de gobernadores que están involucrados como parte central de la infiltración del narcotráfico en la política.
Conocida comúnmente como narcopolítica, con los señalamientos de ese fenómeno en el que las organizaciones criminales buscan controlar, influir o corromper a las instituciones del Estado, aparecen actualmente nombres de militantes ligados a la 4T.
Además, se puntualiza la implicación de legisladores, presidentes municipales y fuerzas de seguridad relacionadas con ese flagelo que marca profundamente la agenda de seguridad y la estabilidad democrática.
Las acusaciones de su presunta liga con el crimen organizado mezclan directamente a gobernantes y ex autoridades estatales como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Layda Sansores, Indira Vizcaíno, Salomón Jara, Alfredo Ramírez Bedolla, Adán Augusto López, Jaime Bonilla y Cuauhtémoc Blanco.
Aunque también hay exgobernantes de otras facciones políticas como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval y Jesús Reyna García que, por haber sido vinculados con organizaciones criminales, enfrentaron procesos judiciales y sufrieron prisión.
Sin dejar fuera a Jorge Aristóteles Sandoval, quien fue abatido por la supuesta relación con grupos criminales.
Basados en acusaciones frontales, señalamientos personales, testimonios fotográficos y declaraciones, los políticos se implican entre ellos mismos.

La trama adquiere relevancia actualmente porque Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, acusó directamente a la gobernadora de esa entidad (Marina del Pilar) de traficar droga a Estados Unidos.
Le atribuye estar metida hasta el tope junto con Carlos Torres Torres, su exesposo, y colaboradores del gobierno estatal en el trasiego de estupefacientes.
En días recientes Bonilla Valdez fue vinculado por un juez a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Más rápido que un vagón del Tren Maya, respondió con señalamientos en contra de quien lo sucedió en el cargo.

Y de manera relevante debe destacarse que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en su programa “El Martes del Jaguar”, afirmó que para ser candidato a un cargo de elección popular “tienes que ser narco, tener mucho dinero o tener buenos padrinos”.
Más claro, ni el cielo sin día de contingencia ambiental.
En la Cámara de Senadores, Lilly Téllez usó la tribuna para acusar al también legislador Saúl Monreal de ser “narcopolítico”.
Benjamín Robles Montoya, diputado federal y exsenador, señaló como “narcopolítico” al actual gobernador oaxaqueño de Morena, Salomón Jara.
Javier May, gobernador de Tabasco, acusó al exgobernador Adán Augusto López de tener vínculos con el narco.

Luego del señalamiento, el “hermano” de Andrés Manuel López Obrador fue defenestrado en una larga campaña de acusaciones y de estar ligado a “La Barredora” del Comandante H, hasta que el acorralamiento lo llevó a ser relevado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores.
Lo de Rubén Rocha Moya en Sinaloa fue de proporciones escandalosas al aparecer como personaje central en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, pero no pasó nada de nada.

Pero el problema es más profundo y preocupante de lo que pudiera imaginarse; prueba de ello los alcaldes detenidos por supuestos vínculos con el crimen organizado en estados como Puebla, Jalisco, Morelos y Estado de México que figuran como las principales plazas.
Además de la captura y enjuiciamiento de mandos de corporaciones policiales involucrados en delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, cobro de piso, fraudes y otros cargos más.
En días recientes en Matehuala, San Luís Potosí, fue detenido el jefe de la policía con marihuana y cristal.
Como podrá verse, la complejidad y la gravedad de la intromisión del crimen organizado en los círculos del poder, es de extrema gravedad.
Lo preocupante es la impunidad en que dan esos escenarios porque -a pesar de ser públicos y de que los involucrados son figuras relevantes de la política nacional- no hay acción alguna para que sean investigados.
La tolerancia y apatía marca una complicidad innegable.
Desde el arribo de la llamada 4T varios gobernadores han sido señalados de establecer nexos con los grupos delincuenciales, sin embargo, las sospechas que incluyen a las gobernadoras de Baja California, Colima y Guerrero no han generado acción alguna.

Los mandatarios de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán y varios alcaldes y candidatos han sido señalados por ser sospechosos de estar ligados con la operación de los grupos criminales y de pactar con ellos al grado de cederles posiciones dentro de las estructuras de los gobiernos estatales y municipales.
La infiltración del narco en la política se manifiesta a través de diversas dinámicas:
*** Financiamiento de campañas con dinero ilícito que es utilizado para financiar campañas electorales de candidatos a nivel municipal, estatal y federal.
*** Corrupción de funcionarios, sobornos a policías, militares y políticos para garantizar impunidad y protección para el trasiego de drogas.
*** Infiltración directa: Narcotraficantes o personas ligadas directamente a cárteles ocupan puestos de elección popular.
*** Violencia electoral: Amenazas y asesinatos de candidatos que no se pliegan a los intereses de los grupos criminales.
El narcotráfico es un problema que afecta a una amplia gama de delitos y perturba la convivencia social a la vez que atenta contra las raíces del propio Estado, porque debilita las estructuras del poder, corrompiendo.
Estudios en la materia establecen que la evolución del narcotráfico en México y la relación existente con el poder político, así como su efecto en cuestiones como los derechos humanos, son de acentuada gravedad.
Porque debilita las estructuras de poder, corrompiéndolas y haciendo cada vez más difícil la separación entre la legalidad y el narcotráfico.
Así como tener en cuenta que “debido a su capacidad para corromper y amenazar a los funcionarios públicos, los narcotraficantes se han convertido en la ley de facto en muchas ciudades mexicanas”.
Fijan tesis en donde se destaca que la tríada de poder, ambición y corrupción, se describen cómo la búsqueda desmedida de autoridad y riqueza personal que erosiona las instituciones democráticas.
Que la ambición impulsa el abuso del poder público para beneficios particulares, creando redes de impunidad, desequilibrios éticos y saqueo de recursos, perpetuando ciclos de desigualdad y desconfianza social.
Porque la ambición de poder a menudo supera el sentido de Estado, llevando a funcionarios a privilegiar intereses personales o de grupo sobre el bien común.
Incluyendo que la corrupción no es sólo un acto individual, sino una dinámica sistemática donde el poder se utiliza para satisfacer necesidades personales, a menudo impulsado por redes de relaciones que atraviesan todas las esferas de la sociedad.
Y que, como consecuencia, esta relación conlleva al enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y la impunidad, debilitando la legitimidad de los gobiernos y las instituciones.
Pero, en fin, el problema ahí está. Esperemos que un día pueda aparecer cuando menos una tibia respuesta gubernamental.