Por un lado, la Presidenta Sheinbaum; por el otro, Andrés Manuel López Obrador * Existe preocupación por el riesgo de periodistas al ser expuestos en la tribuna de Palacio Nacional * Este tipo de acciones, así como la carta que le hizo AMLO a su junior Andy, desgastan y desprestigian la autoridad presidencial

MARKOFLOS

En menos de una semana, desde Palacio Nacional, la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, ha puesto el dedo en la llaga y en tela de juicio dos derechos constitucionales fundamentales de los mexicanos: La libertad de expresión y el derecho a la información.

Primero presentando y defendiendo la propuesta de nuevos “Lineamientos del Derecho de la Audiencias” y luego las polémicas “listas” de periodistas, políticos, medios de comunicación y sitios de redes de oposición al gobierno de la Cuarta Transformación.

La pregunta de entrada es de dónde surgen tales ocurrencias y cuál es el verdadero propósito, como bien lo cuestionó el prestigiado periodista Joaquín López-Dóriga.

Hay muchas interrogantes: ¿Es la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la que manda la instrucción o la línea viene de Palenque? ¿El propósito es desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país o es que de verdad se pretende avanzar hacia un régimen autoritario, o se cumplen ambos?

¿La misión de Luisa María Alcalde es ser consejera Jurídica del actual titular del Poder Ejecutivo, o ser vocera de las ocurrencias de su exjefe y mentor?

Si bien este gobierno es el “segundo piso” de la Cuarta Transformación, a veces parece ser la presencia de un “maximato” simulado o la “sombra del caudillo” que está más presente que nunca.

Aseveramos lo anterior porque estas iniciativas o acciones son la continuidad y copia exacta de lo que hacía cotidianamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus Mañaneras: Exhibir, exponer, fustigar y agredir a los periodistas que osaban diferir de sus opiniones.

Sólo recuérdese el cobarde atentado contra la vida de uno de los periodistas más profesionales de México, Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022, justo una semana después de que López Obrador dijo en su Mañanera que: “escuchar a Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola y Sergio Sarmiento puede provocar tumores en la cabeza”.

Después del atentado, Andrés Manuel afirmó que “podría tratarse de un autoatentado”, lo que para muchos fue una muestra de mezquindad y falta de sensibilidad.

De ahí la preocupación y el riesgo de periodistas al ser expuestos en la tribuna presidencial de Palacio Nacional.

MUERTES DE PERIODISTAS, EL OTRO PELIGRO

Desde 2023, las agresiones y muertes de periodistas se incrementaron exponencialmente el sexenio pasado, por lo que llamaron la atención mundial y fueron denunciadas por el secretario de Estado de EU, por Derechos Humanos de la ONU y por la Unión Europea.

No obstante esas denuncias, el expresidente tabasqueño no cesó de fustigar, agredir e intimidar a periodistas y medios de comunicación.

AMLO atacó por igual a El Universal, Reforma y a destacados periodistas como Carlos Loret de Mola, Sergio Sarmiento, López-Dóriga, Héctor Aguilar Camín, Carmen Aristeguí, Leo Zurckerman, Jorge Ramos, Azucena Uresti, Víctor Trujillo “Brozo” y Raymundo Rivapalacio, entre otros.

Llama la atención que el “segundo piso” de la 4T dé continuidad a tales acciones.

CONTRAOFENSIVA DE ALCALDE

En los últimos días la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, presentó un “ecosistema digital” coordinado entre medios de comunicación y opositores, cuyo propósito es atacar al gobierno de la Cuarta Transformación.

En el espacio que por las tardes todos los miércoles tiene Alcalde Luján en Palacio Nacional llamado “Derecho de Réplica”, la extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Del Trabajo en el gobierno de AMLO, presentó una lista de periodistas, políticos y “comentócratas”, a quienes, “bajita la mano”, los calificó de líderes de opinión, pues los opositores a la 4T retoman, respaldan y politizan información de los personajes de esa lista para atacar a su movimiento político y a la Presidenta Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, Luisa María exhibió nombres de periodistas como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón y asociaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El listado también incluye a medios de comunicación como El Universal, ADN 40, Latinus y Aristegui Noticias, así como opositores, principalmente de las cúpulas del PRI y del PAN, como Alejandro Alito Moreno, Jorge Romero, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Lilly Téllez y los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Las respuestas de periodistas y políticos aludidos no se hicieron esperar. El senador y dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, señala que Morena está mandando un mensaje de intimidación a todos los que se atreven a cuestionarlo.

“El gobierno tiene que aguantar vara. Quienes somos servidores públicos estamos sujetos al escrutinio de la gente y tenemos que respetar la crítica, nos guste o no, sea dura o incómoda. El aparato de Estado no puede utilizarse para ajustar cuentas con ciudadanos”, puntualiza el también dirigente nacional priísta.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirma que como opositora al gobierno federal “es un honor estar ahí” por haberle puesto nombre y cara a los abusos y delincuentes que protege el “narcogobierno” oficialista.

“Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas de sus críticos. Qué rápido se convirtieron en todo lo que juraron combatir. Pueden tener el poder y el aparato del Estado, pero nuestro silencio jamás”, añade Rojo de la Vega.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que la práctica de elaborar y difundir listas de opositores es síntoma propio de “regímenes como los encabezados por Stalin y Hitler”.

El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, ironizó sobre su aparición en lo que calificó como “la lista negra del gobierno de cuarta” y expresó que “es un honor NO estar con Obrador”.

Héctor de Mauleón considera que si una lista así la hubiera publicado otro gobierno, “las buenas conciencias estarían ardiendo”.

Sergio Sarmiento señala que los periodistas son “los villanos según la Cuarta Transformación”.

Chumel Torres se tomó su aparición con humor y recomendó a todos los aludidos “hacer una pedita”.

Manuel López San Martín, de Azteca Noticias, advierte que el régimen morenista “mostró de nuevo su verdadera cara”.

La analista Denise Dresser critica que el gobierno elabore su propia lista de periodistas incómodos, cuando los dirigentes de la 4T refutaban estos hechos en el pasado.

La lista de Luisa María Alcalde es extensa: Damián Zepeda, Javier Lozano, Laura Ballesteros, Luisa Gutiérrez, Maru Campos, Elías Lixa, Fernando Belaunzarán, Lía Limón, Margarita Zavala, Mauricio Taboada, Santiago Taboada, Annia Gómez, Enrique de la Madrid, Gabriel Quadri, Jorge Triana, Mario Di Costanzo, Ricardo Anaya, Claudio X. González, Federico Döring, Kenia López Rabadán, Lorenzo Córdova, Marko Cortés, Ricardo Salinas Pliego, Xóchitl Gálvez, entre otros.

LECCIÓN DE LA HISTORIA

Aprendamos la “Lección de la historia”. A pesar de las más de 200 mil mentiras que –según SPIN- se dijeron en las “Mañaneras” el sexenio pasado, las conferencias matutinas como estrategia de comunicación trascendió a este gobierno y ha sido exitosa para la 4T, ya que la “percepción” de millones de mexicanos es que estamos inmersos en una “Transformación” y vivimos una “revolución de las conciencias”, que por arte de magia nos convertirá en un país más próspero.

Así no sería descabellado encontrar rasgos y similitudes de la estrategia de comunicación de la Cuarta Transformación con la de Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda nazi de Hitler.

Reza uno de sus 11 principios de propaganda del afamado personaje: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad en la percepción de las masas o si se quiere del pueblo”.

También conlleva el “Principio de la silenciación”, que consiste en “acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines”.

La Primera Presidenta ha mostrado ser una mujer inteligente y congruente con sus principios y causas políticas.

En octubre de 2021, siendo jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al darse a conocer una lista de personajes morenistas contrarios a las ideas de Claudio X González, publicó un mensaje en el que rechazaba la creación de fichas o listados contra personas opositoras o críticas.

Sostuvo que su movimiento fomenta el debate público y se opone a métodos de intimidación o señalamiento individual propios de regímenes autoritarios. Declaró que ellos no hacían listas de periodistas.

“Las listas se hicieron en el macartismo, en el fascismo, en el nazismo; las listas las hace la derecha, no las hacemos nosotros” dijo de manera categórica Sheinbaum Pardo.

Por ello ahora no se entiende que su consejera Jurídica (para muchos es la vocera de Palenque) ponga en el banquillo de los acusados una lista de periodistas y políticos de oposición. O será que la línea viene de La Chingada y ella sólo deja pasar la bola.

Este tipo de acciones, como la carta que le hizo AMLO a su junior Andy, desgastan y desprestigian la autoridad presidencial.

En este espacio hemos recordado una máxima de Maquiavelo: “El poder no se comparte o se corre el riesgo de perderlo más temprano que tarde”.

Queremos que nos gobierne Claudia, no ClaudiAndrés. “La Patria es primero”.

Entre el poder de las urnas y el impacto de un sismo 7.4 * El país sudamericano muestra la fortaleza de sus instituciones democráticas y la participación de millones de ciudadanos en la definición de su futuro político, pero también enfrenta una emergencia nacional que pone a prueba la capacidad de respuesta de sus autoridades, organismos de socorro y sociedad civil * En medio de la tragedia, el debate político pasó a un segundo plano y la prioridad se concentra en salvar vidas, atender a los heridos y conocer la verdadera dimensión de los daños

MARCO ANTONIO FLORES***

Nadie lo hubiera imaginado, pero Colombia pasó de la fiesta democrática a la tragedia provocada por el sismo de 7.4; los dos hechos ponen a Colombia en el centro de la atención mundial.

Las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollaron en un contexto de alta tensión política, pero observadores internacionales destacaron la participación ciudadana y el carácter cívico de la jornada.

SACUDIDA DE COLOMBIA

Colombia vuelve a ocupar un lugar central en la atención internacional por dos acontecimientos de enorme impacto: el proceso democrático, que definió el rumbo político del país, y la tragedia provocada por un poderoso sismo de magnitud 7.4 que estremeció amplias regiones del territorio sudamericano.

El país cafetalero vivió en 2026 uno de sus procesos electorales más relevantes de los últimos años.

Las elecciones presidenciales estuvieron marcadas por una intensa competencia política, una sociedad profundamente polarizada y una participación ciudadana que los observadores internacionales calificaron como significativa.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) destaca que la jornada electoral transcurrió de manera cívica y tranquila, mientras que los resultados preliminares fueron divulgados con rapidez.

Sin embargo, cuando Colombia todavía se encuentra bajo el impacto político de aquella histórica jornada, un nuevo acontecimiento colocó al país en los titulares internacionales.

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia.

El movimiento tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y fue percibido en numerosas regiones del país, provocando daños materiales, personas heridas y víctimas mortales, de acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios internacionales.

Las autoridades y equipos de emergencia realizan la evaluación de la magnitud de la tragedia, por lo que las cifras pueden cambiar conforme avanzan las labores de rescate.

Las imágenes de edificios afectados, calles ocupadas por ciudadanos que abandonaron sus viviendas y equipos de rescate trabajando entre los escombros generaron una amplia reacción internacional.

DOS ROSTROS

La coincidencia de ambos acontecimientos convirtió a Colombia en protagonista de la agenda mundial.

Por un lado, el país muestra la fortaleza de sus instituciones democráticas y la participación de millones de ciudadanos en la definición de su futuro político.

Por el otro, enfrenta una emergencia nacional que pone a prueba la capacidad de respuesta de sus autoridades, organismos de socorro y sociedad civil.

La tragedia sísmica ha desplazado temporalmente el debate político y concentrado la atención en las víctimas y en las labores de búsqueda y rescate.

En distintas partes del mundo, gobiernos, organizaciones y ciudadanos han expresado solidaridad con el pueblo colombiano.

Colombia vive así una jornada de contrastes: la expresión democrática de una nación que decide su futuro y, al mismo tiempo, el dolor de una sociedad que enfrenta una de las emergencias naturales más graves de los últimos tiempos.

Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños, la mirada internacional permanece puesta sobre Colombia, un país que en cuestión de horas pasó de ser noticia por su democracia a convertirse en noticia por una tragedia que ha conmocionado al mundo.

SE ESTREME EL MUNDO

Colombia vive horas que quedarán grabadas en su historia reciente. El país sudamericano se encuentra nuevamente en el centro de la atención mundial, pero esta vez por dos acontecimientos que representan los extremos de una misma nación: la fuerza de la democracia y la devastación provocada por la naturaleza.

Mientras millones de colombianos acudieron a las urnas para decidir democráticamente el rumbo político de su país, un poderoso sismo de magnitud 7.4 estremeció el territorio y desencadenó una emergencia que movilizó a organismos de rescate y autoridades.

La jornada electoral había colocado a Colombia bajo la mirada de gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación de todo el mundo.

La participación ciudadana y el desarrollo de la elección fueron seguidos de cerca como una nueva prueba de la fortaleza democrática de una nación acostumbrada a vivir intensos debates políticos.

Pero el escenario cambió drásticamente con el terremoto.

El movimiento telúrico provocó alarma entre la población y obligó a desplegar equipos de emergencia para evaluar daños, atender a los afectados y localizar posibles víctimas. Conforme avanzaron las horas, las imágenes de la tragedia comenzaron a recorrer el mundo, convirtiendo la emergencia colombiana en una de las principales noticias internacionales.

CONTRASTE POR DOS ACONTECIMIENTOS

La coincidencia de ambos hechos ha generado un extraordinario contraste.

Por un lado, las urnas representan la voluntad de millones de ciudadanos que ejercen su derecho a decidir el futuro de Colombia.

Por el otro, el sismo recuerda la vulnerabilidad de una sociedad frente a las fuerzas de la naturaleza.

En medio de la emergencia, el debate político pasó a un segundo plano y la prioridad se concentró en salvar vidas, atender a los heridos y conocer la verdadera dimensión de los daños.

Gobiernos y organismos internacionales permanecen atentos a la evolución de la situación, mientras Colombia enfrenta una prueba que trasciende las diferencias políticas y obliga a la sociedad a cerrar filas alrededor de las víctimas.

Las próximas horas serán decisivas para conocer el alcance de los daños provocados por el terremoto y las consecuencias políticas de la elección.

Colombia no sólo está haciendo historia en las urnas. También está escribiendo, en medio del dolor y la solidaridad, uno de los capítulos más impactantes de su historia reciente.

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

Siempre lo ha hecho sin necesidad del derecho de audiencias * La pregunta que se hacen todos: ¿Pretende el Estado que la Mañanera y sus “otros datos” sean la única verdad?

MARKOFLOS

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”: Voltaire.

El debate sobre el derecho de las audiencias es un asunto recurrente desde hace mucho tiempo. ¿Puede el Estado ser garante de esos derechos o se corre el riesgo de que lo utilice como un medio de control y censura?

Dilucidar y diferenciar entre lo que es una información y una opinión, puede derivar en una ambigüedad entre la verdad y la mentira. El riesgo es que sea el Estado el que pretenda imponer su “verdad”, en un gobierno que insiste, desde hace más de siete años, en que sus “otros datos” son la única verdad y utiliza todos los medios públicos para imponerla. Tan sólo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el sitio SPIN de Luis Estrada contabilizó más de 2 mil mentiras que dijo en sus Mañaneras.

En lo que va del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se tiene registro de las mentiras expresadas, pero sería interesante conocer ese dato. Si el derecho fundamental de la sociedad es que el Estado le garantice recibir información veraz, así como distinguir entre noticias y opiniones, la primera pregunta es: ¿Tiene el gobierno de la Cuarta Transformación la capacidad, la credibilidad y la responsabilidad ética para hacerlo?

En el contexto en el que el gobierno federal ha manejado su estrategia de comunicación y los medios públicos que administra, con una clara falta de ética, veracidad y neutralidad, podríamos esperar una regulación del derecho de las audiencias con pluralidad, imparcialidad y plena libertad.

En una auténtica democracia, los medios públicos no deberían operar como voceros del gobierno.

En México actualmente es burdo y obvio que todos los canales de televisión y estaciones de radio públicos operan como cajas de resonancia ideológica y defensa sistemática de las políticas oficiales.

Cuando los medios públicos responden a propósitos partidistas, distorsionan su función esencial de respetar y promover el derecho a una información veraz y plural. La protección del derecho de las audiencias debe comenzar por los propios medios públicos.

Resulta contradictorio exigir a los concesionarios privados altos estándares de veracidad, distinción entre opinión e información y respeto al público, mientras los medios estatales incurren en prácticas propagandísticas o dependen de criterios opacos de asignación presupuestal.

En las democracias modernas, en países como Canadá, Reino Unido y Noruega, regulan de forma destacada el derecho de las audiencias mediante un equilibrio entre la ley y la supervisión independiente. No existe un único modelo perfecto, sino distintos sistemas que protegen a los ciudadanos sin afectar la libertad de expresión.

Canadá y Reino Unido cuentan con organismos públicos independientes (como el Ofcom británico) que establecen reglas claras sobre veracidad, pluralismo y protección de menores, sujetos a revisión judicial. Noruega y Suecia usan sistemas avanzados de autorregulación con consejos de prensa y defensores de las audiencias dentro de los propios medios.

Estados Unidos regula aspectos técnicos, obscenidad y horarios infantiles a través de la Federal Communications Commission (FCC), pero con límites estrictos para no censurar la línea editorial de los medios.

En México, con este gobierno, la sola intención de regular a los medios privados de comunicación pone en entredicho a las grandes concesionarias de radio y televisión. Imagínese que el proyecto tuviera dedicatoria contra TV Azteca y ADN 40, cuya política editorial en materia de noticiarios e información se ha endurecido contra el gobierno, por cierto que con datos duros e información veraz. ¿Acaso será por el rompimiento y feroz pleito en que se convirtió la relación personal entre el dueño de esos canales, Ricardo Salinas Pliego, y el expresidente López Obrador?

Otra interrogante que surge: ¿Será que la iniciativa de regular -o controlar- los medios proviene de Palenque y que esa idea podría estar contaminada por el modelo chavista (de Hugo Chávez), a quien AMLO admira y ha tratado de imitar desde que asumió el poder en 2018?

Recuérdese que Andrés Manuel, al igual que Chávez, llegó al poder a controlar al Ejército, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos electorales INE y TEPJF. También desapareció los organismos independientes de transparencia, rendición de cuentas, telecomunicaciones y competencia económica.

El exdictador venezolano comenzó a controlar y censurar a los medios privados de comunicación venezolanos con su “Ley Resorte de 2004”, que le sirvió de plataforma para después sacar del aire a las televisoras que no estaban alineadas a su proyecto político.

El politólogo Hebert Clark Hoover lo dijo: “Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder, cada dictador suprimió la libertad de expresión a todos, excepto la suya propia”.

No sorprende que una de las personas más cercanas e incondicionales del expresidente tabasqueño, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, fue quien presentó y defendió los lineamientos sobre el derecho de las audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Anunció que se realizará una consulta pública del 3 al 21 de agosto y que podrán participar concesionarios de radio y televisión, académicos, organizaciones civiles y la ciudadanía en general.

En la Mañanera del Pueblo del 28 de julio pasado, explicaron que las disposiciones derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y buscan hacer efectivos los derechos de las personas que consumen contenidos de radio y televisión.

Al presentar el contenido de los lineamientos, Luisa María Alcalde indica que las disposiciones son obligatorias para las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como para las programadoras de uso comercial, público y social.

Señala que los medios tendrán la obligación de no difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual. Los lineamientos también establecen la obligación de distinguir entre información noticiosa y opinión, así como entre contenido editorial y publicidad.

Explica la consejera Jurídica que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética que incluya una referencia expresa al derecho de las audiencias, procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para la designación de las personas defensoras de las audiencias. Sin embargo, la incorporación de facultades de supervisión, monitoreo y sanción sobre contenidos periodísticos vuelve a colocar en el centro de la discusión la censura previa e indirecta en la radiodifusión y la televisión mexicanas.

El enorme riesgo consiste en convertir al Estado en árbitro de la verdad y en entrar en un círculo vicioso en el que todo lo que contradiga la versión oficial (la de las Mañaneras) deberá catalogarse y sancionarse como falsedad. Lo anterior sería contrario al derecho a la información y a la libertad de expresión.

El peligro es que la consulta pública sobre este tema sólo sirva como un canal de desahogo para quienes no están de acuerdo con este proyecto. Ojalá no se trate de un circo legislativo, como ocurrió con la Reforma Judicial y que al final se imponga la maquinaria mayoritaria de Morena.

El riesgo es que cada nueva iniciativa del gobierno transformador no abona a mejorar y fortalecer nuestro régimen democrático constitucional, al contrario, continúa su destrucción al partir del consabido: “Al diablo con sus instituciones”.

Defender la libertad de expresión sigue cobrando vidas en nuestro país. Es México el país con más periodistas asesinados en el mundo. Se han registrado más de 60 asesinatos desde diciembre de 2018, según datos documentados por organizaciones como Artículo 19.

La gran mayoría de estos crímenes sigue impune. Se han documentado 47 homicidios de comunicadores durante el sexenio de López Obrador. El caso histórico más emblemático en México sobre un senador asesinado por defender la libertad de expresión es el del chiapaneco Belisario Domínguez, asesinado en 1913 tras alzar la voz contra el dictador Victoriano Huerta.

Su muerte es el máximo símbolo patrio en México en favor de la libertad de expresión y la congruencia legislativa.

Cada año el Senado de la República otorga la medalla que lleva su nombre a ciudadanos destacados. ¡Vaya incongruencia! Se honra a un legislador que luchó por la libertad de expresión y alzar la voz le costó la vida… y ahora el Congreso de hoy quiere aplicar la censura. ¿Acaso el gobierno tiene la capacidad para determinar quién tiene la verdad absoluta?