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PULPO POLÍTICO

Reforma electoral, la tormenta que viene

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El último clavo a la democracia * Morena se enfrenta no sólo a la oposición, sino también a sus partidos aliados, PVEM y PT

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Desde junio de 2025 lo habíamos advertido en esta su revista política IMPACTO. Los últimos bastiones de nuestro régimen democrático constitucional, el INE y el TEPJF, ya se encontraban moribundos y la inminente e innecesaria reforma electoral será “el último clavo” de su sepultura.

A partir de 2024, cuando el INE y el TEPJF otorgaron la mayoría calificada al partido en el poder, inició la debacle. El proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador (al estilo chavista venezolano), de concentrar el poder, se empezó a concretar.

Nulificaron los contrapesos del Poder Ejecutivo con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos. Gobiernan 24 entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial están controlados y cooptados por el Ejecutivo.

Ahora, con la reforma electoral, se dará la “puntilla” a los cimientos y estructura de la plataforma democrática-electoral que nos llevó décadas construir.

Y como dijera el clásico “Y nadie hace nada”. La oposición política está acotada, las fuerzas políticas divididas y desorientadas. A los factores reales de poder no les afecta, sino todo lo contrario: El Ejército, con más poder y concesiones que nunca; los grandes empresarios son intocables y con más ganancias que en el neoliberalismo; la Iglesia a veces tiene voz, pero no pesa en la balanza del poder.

La mayoría electoral (los más pobres y con menores niveles educativos) está asegurada y satisfecha con las dádivas en que han convertido los programas sociales, además esa mayoría cree la narrativa y las promesas de que vivimos una “transformación” y que pronto saldrán de la pobreza.

Las condiciones están dadas para convertirse en la “tormenta perfecta”. La próxima negociación del T-MEC y el más bajo crecimiento económico en 40 años son los ingredientes que convierten la reforma electoral de un asunto político en uno también económico.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado la necesidad de reducir el costo de las elecciones, el financiamiento público que se entrega anualmente a los partidos y el tamaño del Poder Legislativo.

La Comisión Presidencial de la Reforma Electoral afina la propuesta que será enviada al Congreso en la primera semana de febrero.

Es cierto que los costos del sistema político electoral son altos, pero los costos políticos e incluso económicos pueden ser exponencialmente más costosos.

En 2026, el presupuesto para este rubro es del orden de 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregará a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario; otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal; el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de 14,099 millones de pesos en 2026, un año sin elecciones federales; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejercerá 3,749 millones de pesos; los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos anualmente, y los 32 tribunales electorales de los estados que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos.

Como referencia de comparación, apuntamos que los costos de las obras insignia de AMLO (Tren Maya, AIFA, Dos Bocas) superaron significativamente sus presupuestos originales, con sobrecostos reportados de más de 670 mil millones de pesos, alcanzando un costo conjunto cercano a 1.18 billones de pesos, duplicando en algunos casos las proyecciones iniciales, debido a cambios en el alcance, electrificación y falta de transparencia en los controles presupuestales.

La Primera Mandataria ha dado línea en su discurso cotidiano de las Mañaneras del Pueblo para reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones, respaldada por encuestas y consensos al estilo de su antecesor, como ocurrió desde que se suspendió la construcción del aeropuerto Texcoco -capricho que costó 300 mil mdp-.

Otros temas que ha “sugerido” la titular del Poder Ejecutivo son la reducción de las Cámaras del Congreso, actualmente compuestas por 500 diputaciones y 128 senadurías, así como la eliminación de las plurinominales, tema que en los foros de la Comisión ya han descartado, ya que se advertía que implicaba la eliminación de la representación proporcional, que hoy permite la representación de las minorías en el Poder Legislativo. Sin embargo, la Comisión aún no ha llegado a la fórmula definitiva para lograr los dos objetivos: reducir el tamaño y los costos de las Cámaras, y mantener la representación proporcional.

En estos temas, Morena se ha enfrentado no sólo a la oposición, también a sus partidos aliados PVEM y PT, que se han manifestado en contra de la desaparición de los plurinominales y la reducción de las prerrogativas.

Otro tema muy delicado y polémico es la virtual desaparición del INE, ya que se pretende retomar la propuesta de López Obrador: El Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con un Consejo General que se reduciría de 11 a 7 integrantes, ya no designados por la Cámara de Diputados, sino electos mediante voto popular.

La propuesta también planteaba la desaparición de los 32 OPLE. Hasta el momento no hay una propuesta definitiva. Con la elección de los consejeros del INE, a la presidenta Guadalupe Taddei y demás consejeros que apoyaron incondicionalmente la elección del Poder Judicial, se les daría una “sopa de su propio chocolate”.

El financiamiento de partidos y campañas es otro tema delicado, que, de cambiarse, puede abrir la puerta para facilitar el financiamiento empresarial o de grupos del crimen organizado.

La reforma tendría que discutirse y aprobarse entre febrero y marzo, para ajustar las leyes secundarias en el mes de abril. El límite legal para la aprobación de cambios a las leyes electorales es el 31 de mayo, para que puedan entrar en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027, cuando también se renovarán 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

La tormenta que se avecina en este 2026 también es advertida por la “Consultora Integralia”, que pone como los primeros riesgos políticos de este año a la reforma electoral, la renegociación del T-MEC y el intervencionismo de Estados Unidos.

En un informe, la consultora destaca que los 10 riesgos son propiciados por tres condiciones del entorno político que hacen de 2026 un año de riesgo político elevado: “La concentración de poder en la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía y los obstáculos estructurales que enfrentan las empresas”.

La consultora coloca a la reforma electoral como el principal riesgo, pues se prevé que la mayoría de Morena-PT-PVEM apruebe una enmienda que vulnere la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianzaría la concentración de poder del oficialismo.

El informe indica que -aunque la reforma electoral no afecta de forma directa e inmediata el clima de negocios- “sí contribuiría a elevar el riesgo político, ya que habría una mayor concentración de poder, lo que a su vez aumentaría la incertidumbre de los agentes económicos y podría ahuyentar aún más la escasa inversión del país”.

Aparte de la división del país que se ha cultivado desde el sexenio pasado, entre buenos (los gobiernistas) y malos (los conservadores), en realidad tenemos un país dividido en dos bandos: la élite y el pueblo.

Por un lado, la élite, integrada por los privilegiados del poder político y los del poder económico, que son una minoría, que no llega a los 3 millones de personas, van de la mano y tienen una sólida alianza, más fuerte que en toda la era del neoliberalismo.

Por otro lado, todo el pueblo, 127 millones de personas, integrado por: 34 millones que, de manera clientelar, apoyaron en 2024 el proyecto de la “transformación”; 22 millones que votaron en contra del proyecto ganador y 44 millones de abstencionistas que no se expresaron en la última elección presidencial.

Hay otros 30 millones que no figuran en el padrón electoral. A las élites económica y política parece no preocuparles el nulo crecimiento de la economía, ni la destrucción de la democracia.

Mientras unos disfrutan su poder político y otros sigan teniendo las mejores ganancias, no dirán nada.

En el momento de una eventual crisis, sólo apretarán un botón y sus capitales saldrán hacia un país seguro, económicamente hablando.

Tal vez sus hijos y nietos que permanezcan en México pagarán los costos económicos sociales y políticos en el futuro.

AMLO y su movimiento de “transformación”, ahora en el segundo piso, ha logrado una exitosa e irónica fórmula al afirmar “primero los pobres” al tiempo de sellar alianza con la “mafia del poder”.

Además, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales, que dio a conocer en febrero de 2024.

De esas iniciativas, destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”.

De las anteriores mencionadas, sólo falta completar la innecesaria reforma electoral, pero su próxima aprobación es inminente.

Todavía hay esperanza de que, en medio de un horizonte nublado y una tormenta en formación, la capitana del barco en que navegamos 130 millones de mexicanos, la Presidenta Sheinbaum Pardo, trace la ruta correcta, enderece el rumbo y salgamos bien librados del temporal que se avecina.

¿O será que los mexicanos -el pueblo sabio- quieren volver a los 70s; que el gobierno controle el Padrón Electoral y las credenciales del INE? ¿Que sea el gobierno y no los ciudadanos los que cuenten los votos? ¿Será que añoran ser gobernados por el gran Tlatoani que tiene todo el poder en sus manos? A ver qué dicen las “encuestas”.

 

***Académico y consultor.

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¿Fuego amigo o pifia?

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Tremendo error dar una información en la Mañanera del Pueblo sin verificar al ciento por ciento * Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable como el “Huachicol Fiscal”

 

MARKOFLOS

 

Pareciera que hay “fuego amigo”, que se empeña en hacer quedar mal a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque seguramente ella está más ocupada en resolver los problemas que agobian al país que tener tiempo para revisar todas las iniciativas y acciones que se anuncian de manera oficial, con bombo y platillo, y que al final se convierten en “pifias”.

La duda que surge es si de veras le ayudan a la Primera Mandataria los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, porque ante los hechos está acorralada por el coordinador de Asesores, Jesús Ramírez; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, por mencionar a los involucrados en los hechos recientes.

En el Poder Legislativo cada uno de los diputados y senadores se la deben al “caudillo” de Palenque, Chiapas, empezando por los líderes.

En el Poder Judicial sucede lo mismo, con cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Ya no me ayudes, compadre”, dijera el clásico.

 

UNA TRAS OTRA

Aquí les va las últimas salidas principales en falso: El “decomiso de huachicol más grande de la historia”; la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizada como la “Ley Antimemes”, que provocó que los caricaturistas de México (una tradición desde el siglo XIX) satirizaran la iniciativa con múltiples cartones en la prensa nacional.

Tampoco se entiende la ausencia de la titular del Poder Ejecutivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seguramente sus asesores no la convencieron de que la mejor forma de defender la soberanía nacional era acudir al máximo foro mundial y atender la convocatoria anual que se hace a todos los jefes de Estado del mundo.

“Que dijo mi mamá que siempre no”… que siempre no era cierto que se hubiera realizado “el decomiso de huachicol más grande en la historia de México”, como lo habían anunciado el 17 de septiembre de 2026 la propia Presidenta de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando se dijo que se había logrado la incautación de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento ubicada en Guanajuato.

El caso dio un giro total cuando el Gabinete de Seguridad y la propia Presidencia reconocieron anomalías y la falta de comprobación inicial del carácter ilegal de todo el producto.

Y es que resultó que el sitio era una terminal formal con permisos donde terceras empresas (incluyendo marcas reconocidas y Pemex) almacenan petrolíferos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso y el delegado de la FGR en Guanajuato, que encabezó el operativo, fue destituido ante la sospecha de haber inflado o malinterpretado la cifra como un decomiso definitivo de contrabando sin verificar previamente la trazabilidad documental.

El “hilo se rompió por lo más delgado”, pero la interrogante que surge es quién informó a Sheinbaum Pardo y al titular de la SSPC que se había asestado “el gran golpe”.

¿Acaso fue el delegado cesado de la FGR o la propia titular Ernestina Godoy, quienes sin verificar la operación se apresuraron para dar la información “bomba”?

A principios de 2019, cuando el gobierno de López Obrador cerró los ductos de distribución para combatir el robo de combustible y hubo casi dos semanas de desabasto en el país, esta planta pudo seguir suministrando a las gasolineras debido a que recibía su producto en trenes.

Andrés Manuel anunció ante el país su estrategia para acabar con el robo de combustible: Cerrar los ductos de Pemex y sustituirlos por pipas. Cientos de autotanques recorrerían México llevando gasolina y diésel directamente a las estaciones de servicio, sin que los huachicoleros pudieran interceptarlos. Era, dijo, un golpe definitivo al crimen organizado.

Lo que el expresidente no dijo -y que ahora revela el libro Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas, de Raúl Olmos- es que -para operar ese esquema- el gobierno recurrió a una filial de Pemex llamada Servicios, S. A. de C. V., la cual terminó pagando millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Sergio Carmona Angulo, identificado como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México, el llamado “Rey del Huachicol” y señalado de haber financiado campañas electorales de Morena.

Unas semanas después, como consecuencia del desabasto de gasolina provocado por el anuncio de AMLO, el huachicol adquirió un gran valor a nivel popular.

Por ello el 18 de enero de 2019 ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que perdieron la vida 137 personas con decenas de heridos por las quemaduras que ocasionó la explosión de un ducto de gasolina. Se estimaron en 800 personas las que se acercaron para recoger gasolina.

Aunque el manejo de huachicol se llevaba a cabo desde hace al menos cuatro décadas, éste se limitaba a la venta ilegal de gasolina robada en ductos de Pemex, en cantidades relativamente pequeñas, pero en forma creciente, y se dio en todos los gobiernos priístas y panistas.

El huachicol fiscal cobró gran relevancia y comenzó a expandirse de forma masiva a partir de 2019, coincidiendo con la apertura del mercado de importación de combustibles y las acciones para frenar el robo físico en ductos.

Aunque existen antecedentes de contrabando aduanero, esta modalidad específica despegó con fuerza tras los cambios en la política energética y el control de aduanas que realizó AMLO con su reforma en la materia y el manejo de las aduanas por parte de la Secretaría de Marina, con un mecanismo más novedoso.

No perfora ductos; ingresa gasolina o diésel desde el extranjero declarándolos falsamente ante la aduana como aceites minerales, lubricantes o aditivos.

Al clasificar erróneamente el producto, los implicados evaden el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y otros aranceles.

Esto permite vender el hidrocarburo más barato en el mercado informal y competir con grandes márgenes de ganancia frente al combustible legal, complementado con la apertura de permisos a empresas privadas para importar combustibles, lo que facilitó la triangulación documental en puertos y fronteras.

Así se configuró una extensa red de corrupción que involucra la complicidad u omisión en aduanas y puntos de revisión para falsear los pedimentos de entrada.

Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable.

La red de corrupción que se tejió y operó durante el sexenio de AMLO, conocida como “Huachicol Fiscal”, quedó al descubierto en febrero de 2026, cuando el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta red habría operado al interior de la Secretaría de Marina con la participación de altos mandos, con una evasión fiscal que se estima en 600 mil mdp.

La trama salió a la luz tras la difusión de un audio, obtenido por los reporteros de Aristegui Noticias, en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, una red criminal vinculada al “huachicol fiscal”.

En la grabación se escucha al contraalmirante señalar directamente a sobrinos políticos del almirante Ojeda como parte de la estructura.

El secretario le habría pedido presentar la denuncia por escrito y aunque la Marina aseguró no encontrar irregularidades en sus investigaciones, la FGR mantiene abierta una causa penal derivada de las acusaciones de Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024.

En total 34 oficiales habrían trabajado en la red, con presencia en aduanas estratégicas como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Los hermanos Farías Laguna, sobrinos del extitular de la Semar, están presos. Otros altos mandos de la Marina han sido mencionados en esta extensa red de corrupción ligada con grupos delictivos y el trasiego de drogas por puertos de todo el país, pactando con distintos cárteles, particularmente con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Si bien existen críticas y cuestionamientos hacia la administración de Claudia Sheinbaum, nunca se ha mencionado algún vínculo de ella o su gente cercana, con la gigantesca red de corrupción del “Huachicol Fiscal”. Por el contrario, se considera una decisión valiente y honesta que su Gabinete de Seguridad anunciara que la investigación está en marcha, a pesar de que personajes muy importantes y cercanos a su antecesor, como Adán Augusto López Hernández y Andy López Beltrán, han sido mencionados.

Lo que se cuestiona es la permanencia de estas y otras figuras políticas vinculadas a escándalos de corrupción, lo que -según “detractores”- mantiene intactas prácticas de corrupción e impunidad.

Se entiende que Sheinbaum tiene un enorme dilema: Continuar siendo leal -o cómplice- con su antecesor, o ir hasta las últimas consecuencias.

A grandes males, grandes remedios. En 1936, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de acabar con el “maximato” de su antecesor, Plutarco Elías Calles.

El peligro de compartir el poder es que se pierda paulatinamente. La Patria es primero.

 

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Estado de México, el laboratorio electoral del 2027

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La oposición mexiquense tendrá la oportunidad de revivir sus estructuras locales como condición para no desaparecer del mapa político * Morena y sus aliados de la coalición gobiernan la gran mayoría de las demarcaciones, mientras que el PRI, Movimiento Ciudadano y otros partidos conservan espacios locales * Los chapulines Eruviel Ávila y Alejandra del Moral

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En 2024 el PRI perdió, por vez primera, la “joya de la corona”, el Estado de México, el más grande e importante del país, después de la CDMX.

Esta entidad había sido gobernada por el PRI los últimos 90 años, con un linaje y tradición simbólica, cuna de grandes políticos: Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, Gustavo Baz Prada, Adolfo López Mateos, Wenceslao Labra, Carlos Hank González, Ignacio Pichardo Pagaza y Enrique Peña Nieto.

Siempre se dijo que cuando el PRI perdiera el Edomex, entonces debería considerarse que el partidazo estaría acabado, Al parecer así fue, aunque muchos priístas sostienen que el PRI no perdió a la buena, sino que el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó la plaza en un pacto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a cambio de protección presidencial por el presunto manejo de cuantiosos recursos de procedencia ilícita que tenía “guardados” en Andorra.

No sabemos si por decepción o por alguna negociación personal, el PRI mexiquense se acabó de derrumbar con la renuncia de connotados priístas -Eruviel Ávila Villegas y Alejandra del Moral Vela- para incorporarse a Morena.

El exgobernador y la excandidata a la gubernatura en 2023, cuando anunciaron su decisión, fueron ampliamente cuestionados por el priísmo local y considerados traidores, al igual que Del Mazo Maza.

Con un listado nominal histórico, de 13.2 millones de votantes, se dice que lo que ocurra en 2027 en el Estado de México podría ser un adelanto o un “laboratorio” de lo que podría ocurrir en 2029, y un año después en el mapa electoral federal.

La elección de 40 diputados federales para el Congreso de la Unión será de gran importancia para una posible realineación en la elección intermedia nacional, será termómetro clave sobre el apoyo legislativo a la Cuarta Transformación.

Aunque no habrá elección de gobernador en 2027, se renovarán 1,291 cargos de elección popular en esa entidad.  El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ya dio el banderazo oficial al proceso electoral 2026-2027 el 14 de septiembre.

En la jornada del 6 de junio de 2027 se elegirán en el Edomex las 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas, 966 regidurías y la totalidad del Congreso local (75 diputaciones). Además, En el Estado de México, tras las elecciones de 2024, por primera vez en su historia el PRI perdió la mayoría de los 125 municipios.

Ahora Morena y sus aliados de la coalición gobiernan la gran mayoría de las demarcaciones, mientras que el PRI, Movimiento Ciudadano y otros partidos conservan espacios locales.

La distribución actual es la siguiente: Morena, 63 municipios; Partido Verde (PVEM), 19 municipios; PRI, 17 municipios; PT,10 municipios; Movimiento Ciudadano (MC), 8 municipios; PAN, 3 municipios; PRD, 2 municipios; Nueva Alianza, 2 municipios.

Para 2027, el abanico de partidos se expande a 10 opciones políticas en la entidad. Destaca el debut electoral de los nuevos partidos locales: Podemos (Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales), Partido Paz y Somos.

Los partidos ya iniciaron negociaciones internas sobre el formato de coaliciones municipio por municipio, evaluando si mantendrán los bloques consolidados en 2023 y 2024 o irán de forma individual en plazas clave.

Representantes de partidos demandaron al IEEM garantías de imparcialidad, frenar actos anticipados de campaña y evitar el uso desviado de programas sociales o la intervención de los gobiernos estatal y federal.

Fuerzas políticas de todos los sectores solicitaron a la junta local del IEEM y a las autoridades de seguridad la creación de un mapa de riesgos.

Exigen protocolos estrictos para evitar que grupos fuera de la ley infiltren candidaturas o presionen a los aspirantes.

Habrá que observar con atención a los principales municipios y sus ubicaciones geográfico-electorales: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Huixquilucan, Toluca, Metepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Texcoco, Tecámac, Lerma, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Zinacantepec, Valle de Bravo y Atlacomulco.

La interrogante es si conservará Morena su hegemonía o podrá la oposición resucitar en la entidad más importante del país. Será posible reactivar la maquinaria priísta desde abajo, en un intento por devolverle vida al partido tras una década de declive, en donde por décadas fue una tradición.

Hay otros casos aislados que representan, según las bases del partido, “la nueva generación de operadores políticos” dispuestos a reconstruir desde las trincheras locales una estructura que, durante décadas, garantizó victorias automáticas y hoy busca reinventarse frente a Morena.

La oposición mexiquense tendrá la oportunidad de revivir sus estructuras locales como condición para no desaparecer del mapa político. Veremos si sus estrategias resultan.

En las próximas elecciones intermedias, el Estado de México jugará un papel clave en el ámbito nacional. Diversas variables podrían realinear el voto ciudadano.

Una alta participación de la gente, la percepción ciudadana en su poder adquisitivo doméstico, en seguridad, en los servicios de salud y muchos servicios municipales como agua, drenaje, alumbrado, basura, bacheo, etc.

Cualquier ciudadano podría simpatizar con Claudia Sheinbaum y, sin embargo, votar por un alcalde de otro partido.

No olvidemos que la política siempre es “local”, la suerte de lo principal depende de la suerte de las partes, lo que pase en las comunidades, los municipios y las entidades, pasará en el orden nacional.

En el marco de las elecciones intermedias, el Estado de México se convertiría en una especie de termómetro anticipado de 2030.

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¿Oposición unida ante la imposición guinda?

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En 2027 está en juego el destino de México: ¿El pueblo echará abajo la “mayoría calificada” de Morena? * ¿Viable la alianza opositora en la elección intermedia para elegir a 17 gobernadores? * Vicente Fox Quesada, Manlio Fabio Beltrones, Alito Moreno y diversas voces piden un frente común contra el partido guinda

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Se ha planteado la posibilidad de que surja alianza del Tumor, (Todos Unidos contra Morena) en las próximas elecciones federales de 2027, en las que se elegirán 17 gobernadores, la totalidad de la Cámara de Diputados, muchos Congresos locales y cientos de cargos municipales.

Otros le llaman el nuevo Tucom (Todos Unidos Contra Morena), pero que en el fondo se resume en que la oposición debe ir unida en el 2027 si es que quieren ganarle a Morena, porque si dividen el voto le hacen el trabajo al partido guinda.

Podríamos partir de la fotografía actual del panorama electoral. La encuesta de Buendía & Márquez, publicada en El Universal, concede un 11% al PAN, 9% al PRI, 9% a MC y 35% a Morena, como preferencia bruta ante la pregunta de “si hoy fueran las elecciones de diputados federales, ¿por cuál partido votaría?”.

Consulta Mitosky, que es la casa encuestadora que registra mejores números para la oposición, estima una preferencia electoral del 14.8% para el PAN, 10.4% para el PRI, 9.8% para MC y 33.4% para Morena.

Sin embargo, Morena, en alianza con PVEM y PT, alcanzan preferencias brutas como coalición que van desde el 41.7% de Consulta Mitofsky al 46% estimado por Enkoll.

Las encuestas colocan al PAN y al PRI por debajo de los resultados que obtuvieron en 2024, cuando compitieron aliados (junto con el PRD) en la elección de diputados federales, en las que el PAN alcanzó el 16.8% de la votación y el PRI el 11.13%, pero habrá que considerar que, simultáneamente, hubo elección presidencial y el arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, primera Presidenta (equivalente a una alternancia) tuvo el efecto “carreta” en favor de todos los candidatos de su partido en todas las elecciones, lo que ha sucedido en los.comicios presidenciales de 2000 (Vicente Fox Quesada), 2012 (Enrique Peña Nieto) y 2018 (Andrés Manuel López Obrador) cuando ocurrieron tres alternancias presidenciales con candidatos muy populares.

De igual manera ocurre que en las elecciones intermedias, las oposiciones incrementan sus porcentajes de ganancia, ya que el electorado vota atendiendo a los resultados y desgaste del gobierno en turno. Así, en las elecciones federales intermedias de 2021, el PAN obtuvo el 18.2% de los votos y el PRI el 17.7%, ambos partidos en alianza sumaron el 39.5% de la votación, contra 38% de Morena, lo que impidió que AMLO lograra la anhelada mayoría calificada.

En 2027 un punto muy importante para el país será si el pueblo echará abajo la artificial “mayoría calificada”, pero para eso se requiere la unidad opositora, he ahí el dilema del PRI y del PAN.

 

CAMPAÑA EN PRO DE LA ALIANZA OPOSITORA

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, impulsa las alianzas locales y se ha convertido en el principal promotor de un frente opositor amplio a nivel nacional para competir en contra de Morena y sus aliados.

La iniciativa busca establecer una alianza entre el PRI, PAN, Somos y otras fuerzas rumbo a las elecciones de 2027.

Un hecho muy polémico y comentado fue que el dirigente priísta recibió en la sede partidista al expresidente Vicente Fox Quesada, quien también promueve la alianza de partidos contra Morena.

El encuentro fue duramente criticado e ironizado por la Primera Mandataria, a lo que el expresidente respondió: “Se les olvida que antes de ellos había estabilidad (…), sea lo que sea lo hacíamos mucho mejor de lo que está haciendo Morena”.

La reunión Fox-Moreno fue para impulsar lo que bautizaron como “Alma por México”, un movimiento ciudadano que Fox Quesada calificó como “gigantesco”.

El PAN, en voz de su dirigente Jorge Romero, ya abrió la puerta a las alianzas locales, pero el que pintó su raya fue Movimiento Ciudadano (MC) al señalar que ya tomó la decisión de ir solo en 2027, atendiendo a que en 2024 obtuvo el 7% de la votación nacional. Creció tres puntos en 2024 y confían en que el año próximo podría ocurrir algo similar, sin embargo, no hay condiciones que lo garanticen.

Alejandro Moreno está decidido a buscar la alianza y pidió a las fuerzas opositoras colocar el interés nacional por encima de sus intereses particulares. “Lo que está en juego es México”, añade.

A esta iniciativa se sumó el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien plantea construir un frente común de los partidos de oposición para competirle a Morena y vigilar el 100 por ciento de las casillas en el país.

Alito afirma que Morena va “en caída libre” rumbo al 2027 al existir un gran desencanto por los antecedentes de su gobierno, por lo que el PRI tiene esperanzas de remontar resultados, como sucedió en Veracruz, en Durango y Coahuila en 2025 y 2026.

Respecto a la selección de los perfiles para las 17 entidades federativas que competirán en junio de 2027, comenta que dependerá del panorama local y no descartó que puedan ir sin candidatos propios si hay perfiles mejor posicionados de otros partidos.

De todo lo anterior, debemos inferir que los planteamientos del diriigente priísta son acertados. Es un mensaje valioso, pero con un mensajero “devaluado”, lo que no resta valor a propuestas.

Está comprobado que “Local its Polithics”, la famosa máxima “toda la política es local”, indica que las decisiones y el éxito de los gobernantes dependen de los problemas cercanos que afectan la vida diaria de los votantes.

En cada una de las entidades se debe analizar con lupa y datos duros los principales resultados de gobierno y toma de decisiones a nivel de ciudades, municipios, alcaldías o barrios.

Detectar con radar y olfato político a líderes comunitarios activos o potenciales, con autoridad moral en su comunidad, entidad federativa o alcaldía, que estén en posibilidad de ser candidatos de gobiernos locales o bien de distritos federales (diputaciones) que operen dentro de una circunscripción determinada.

Detectar cómo han sido atendidas las necesidades de la población, por ejemplo, en una alcaldía, los servicios públicos cercanos, como calles, parques, policía local y recolección de basura.

Cuáles son los problemas directos de los vecinos y cómo afectan la vida cotidiana de las personas en su zona. Se trata de pulsar el voto y la voz directa de la comunidad.

Candidatos y gobiernos de resultados son los dos factores de mayor peso en cualquier elección. En el caso de elecciones locales, los liderazgos son lo más importante.

Por ello, el que se designen como candidatos a los mejor rankeados en encuestas serias es casi garantía de triunfo. Un caso de excepción: Omar García Harfuch contra Clara Brugada Molina, en las elecciones de jefe de Gobierno para la CDMX, en las que a pesar de que Clara Brugada perdió las tres encuestas y por amplio margen, se quedó con la candidatura al bajar a García Harfuch por la paridad de género… y pese a que Clara Brugada no fue una candidata fuerte, ganó la elección porque la oposición no logró un candidato de peso, además del efecto “carreta”, de la Primera Presidenta que había entregado buenas cuentas al salir del gobierno de la CDMX.

Están los casos de Durango y Coahuila, cuyos candidatos -a pesar de competir con la desgastada marca PRI- tuvieron triunfos contundentes gracias a que sus antecesores habían entregado buenas cuentas al electorado.

Es de resaltar que muchos casos de gubernaturas que ganó Morena en los últimos 8 años fueron por entreguismo y por presiones, cacicazgos e intercambio de favores con Morena y su jefe máximo. El caso más ilustrativo, el Estado de México, que fue entregado por Alfredo del Mazo, a cambio de no dar a conocer sus cuentas en Andorra, cuyo origen podría ser penalmente cuestionado, además de los cuantiosos recursos que Horacio Duarte llevó de Aduanas a la campaña de Delfina Gómez.

Hubo otros casos de gobernadores que entregaron su entidad por una embajada: Sinaloa, Hidalgo, Quintana Roo y Sonora, entre los más sonados. Varios fueron ganados con la abierta ayuda e intervención del crimen organizado: Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Colima y Baja California, entre los más destacados. Otros estados retenidos por Morena por cacicazgos modernos y poderosos: Zacatecas, Tabasco, Veracruz y Campeche.

Corresponde a los partidos convertirse en verdadera oposición, con estrategias de alianzas acompañadas de candidatos muy fuertes, con innovadoras campañas y propuestas para el electorado y con la exhibición de los malos resultados y puntos débiles del partido oficial saliente.

El reto para la oposición es enorme. Es hacer valer la democracia en medio de un piso disparejo regulado por organismos electorales sometidos por Morena, con el acecho de la intervención del crimen organizado, con cacicazgos locales que se mantienen con cuantiosos recursos y con el condicionamiento del otorgamiento a los electores de los programas sociales.

Los diagnósticos de la oposición para establecer alianzas deben ser precisos, los candidatos idóneos y las campañas novedosas y convincentes.

Un buen ejemplo que debería ser puesto en cristalería y a la vista de la opinión pública nacional es el candidato que la oposición designe en el distrito de Tabasco para competir por la diputación federal, por la que el polémico junior, Andy López Beltrán, está en campaña desde hace más de un mes, violando flagrantemente la ley electoral.

El México del siglo XXI y millones de mexicanos merecen gobernantes mejor calificados, honestos, carismáticos, transparentes y valientes.

Hay que están pendientes de los mejor preparados y más eficientes, con mejores políticas públicas que eleven sus niveles de vida, sean del partido que sean.

Los ciudadanos apáticos, abstencionistas y mal informados, deben poner atención a lo que sucede en sus comunidades y en el país; de no ser así, sus hijos y nietos pagarán las cuentas.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

 

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