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PULPO POLÍTICO

La rebelión blanca contra la corrupción

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Ante la problemática, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum quiere democratizar al IPN * El conflicto empieza a generar preocupación por posibles afectaciones académicas, ante el aumento de planteles en paro y la posibilidad de una mayor radicalización de las protestas

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace una propuesta innovadora y trascendental que cayó muy bien en toda la comunidad politécnica: Democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), para dar mayor participación a sus más de 800 mil egresados, 220 mil alumnos, 20 mil profesores, investigadores, empresarios, servidores públicos y ex directores generales, para una elección más transparente.

Desde hace décadas el nombramiento se hace como lo establece la Ley Orgánica del IPN, en su artículo 12: “El director general será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro periodo”.

Respecto a este nombramiento, que podría darse en noviembre de 2026 -o antes si fuera el caso-, la Primera Mandataria da una extraordinaria noticia para los politécnicos. Dijo: “Es más, vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director general del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así; una consulta para ver qué la gente opina, quién puede ser el mejor director o directora”.

El IPN requiere una reconfiguración normativa a fondo para frenar el saqueo y la corrupción de que ha sido objeto en las últimas administraciones, incluida la actual.

El propio Poder Ejecutivo o el Legislativo deberían presentar una iniciativa de nueva ley orgánica -tiene casi 50 años- que cambie el sistema vertical en el que tanto el Consejo General como la administración dependen ciento por ciento del director general. El OIC ha sido rebasado, en algunos casos se vuelve cómplice de corruptelas.

Urge crear un “Comité Anticorrupción” independiente, integrado por al menos cinco distinguidos politécnicos externos, que tenga dientes para canalizar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía General de la República (FGR).

El Instituto Politécnico Nacional atraviesa una de las más severas crisis institucionales de su historia. Esto ocurre desde la llegada de Arturo Reyes Sandoval a la dirección del IPN en 2020. Su nombramiento resultó sorpresivo para la comunidad politécnica, nadie lo conocía, ya que llegó al Politécnico luego de una estancia de once años en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y aunque venía de ser un buen investigador en el área de ciencias biológicas, su falta de conocimiento del IPN, su nula experiencia en la administración pública y su docilidad y subordinación a siniestros personajes de la 4T, han propiciado una de la etapas de mayor estancamiento, corrupción e ineficiencia de la otrora institución rectora de la educación tecnológica nacional.

Por ello, en las postrimerías del final de su segundo periodo de gestión, Reyes Sandoval enfrenta crecientes movilizaciones estudiantiles, que son una “bomba de tiempo”. Los alumnos exigen su destitución, argumentando presunta malversación de presupuesto, falta de mantenimiento y mejoras a las instalaciones académicas, reclamos por corrupción, falta de transparencia, desvío de recursos y exigen auditorías a la administración.

Han sido públicas las recientes tomas y bloqueos: Se han realizado cierres viales en avenidas estratégicas como Circuito Interior (a la altura del Casco de Santo Tomás), tomas de las instalaciones de Canal Once y plantones en la Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob).

Asimismo, diversas escuelas han entrado en paros de actividades académicas -hasta por 36 horas-, como medida de presión ante la falta de diálogo resolutivo por parte de las autoridades.

Sin pretender apartar al IPN de su papel fundamental de apoyar al gobierno en turno para coadyuvar en el desarrollo nacional, en el ámbito exclusivamente académico y técnico: “La técnica al servicio de la patria”.

Nos parece que la actual dirección general del IPN, encabezada por Arturo Reyes Sandoval, ha pasado por alto la autonomía y la dignidad del IPN, ya que ha mantenido una abierta y exagerada subordinación al gobierno de la transformación.

El mejor ejemplo, el Canal Once, que durante décadas se ostentó como orgullo politécnico y se llamaba “El canal del IPN”, pero ahora está convertido en una caja de resonancia de la propaganda “ideológica”, con noticiarios y programas tendenciosos conducidos por burdos, serviles y arrastrados voceros dóciles, del más bajo nivel, del gobierno federal de Morena.

Con acciones de sumisión como esa y con la permisividad del director general para nombrar a los más altos directivos del IPN por encargo de siniestros personajes como Martí Batres, Marcelo Ebrard, Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, se tiene alineado al IPN.

Si bien Reyes Sandoval no milita oficialmente en Morena, su designación original presuntamente fue por ser sobrino de la exsecretaria Irma Sandoval, de igual manera su ratificación fue impulsada por el movimiento obradorista.

El actual director general del IPN -de investigador a politiquillo- ha politizado la institución. Ha permitido e impulsado a diversos grupos estudiantiles y sindicatos, alineados a la 4T como el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) y el Movimiento de Estudiantes No Asignados (MENA); han tenido entre sus líderes a consejeros nacionales y locales activos de Morena.

Organizaciones académicas, como el Bloque de Delegaciones Democráticas, también han mostrado apoyo abierto a las políticas del partido.

El pasado 6 de mayo la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que se investigaran los problemas y acusaciones contra Arturo Reyes Sandoval, ya que se han multiplicado.

Estudiantes becados en el extranjero han sido abandonados, los que están en los planteles del país se quejan de que no hay recursos necesarios para sus investigaciones, incluso el equipo de futbol americano también está sin apoyo alguno.

Se destacan las denuncias de corrupción, malversación de fondos y represión a la comunidad estudiantil. En especial se conoció la denuncia de la Fundación Politécnica en contra de Reyes Sandoval por presunto desvío de recursos públicos hacia una asociación civil o patronato denominado Corazón Guinda y Blanco, ante lo cual la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades.

Esta denuncia ha ocasionado protestas en amplios sectores de la comunidad politécnica en las últimas semanas, como la del 17 de abril, cuando un grupo de alumnos tomó un estudio del Canal 11 y transmitió a nivel nacional sus quejas contra el director del instituto.

Se hizo público que se trata de una burda maniobra entre la Fundación Politécnica y el recién creado patronato, ya que, a través de éste, el director del IPN y otros funcionarios de esa institución cobraron como “donativos” de más de 200 mil estudiantes, conceptos de inscripciones, exámenes de admisión y otros trámites escolares, cuyos pagos se depositaron en cuentas del patronato.

En la operación del nuevo patronato también participaron Javier Tapia Santoyo, antes de ser destituido como secretario de Administración del IPN, por una investigación sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos; el abogado Marx Yazalde Ortiz; y el secretario general, Ismael Jaidar Monter, entre otros.

El IPN y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son las instituciones públicas de educación superior más conocidas, reconocidas y emblemáticas del sistema educativo nacional.

En la UNAM la elección de rector la realiza la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario con sus propias reglas, ha sido transparente y han ocurrido los cambios de rector de manera legítima, pacífica, democrática y bien aceptada por toda la comunidad universitaria.

El caso del IPN ha sido muy diferente, ya que, si bien parte de la comunidad politécnica veía como un privilegio que fuera el Presidente de la República el que nombrara a su director general, en los últimos años se ha discutido de manera amplia y creciente la necesidad de cambiar este procedimiento para democratizar esta designación y dar mayor participación a toda la comunidad politécnica.

Por ello la propuesta de la Presidenta Sheinbaum Pardo puede convertirse en un parteaguas histórico dentro del Instituto Politécnico Nacional, que tantas aportaciones ha hecho al desarrollo nacional en las últimas décadas, a través de sus médicos, arquitectos, químicos, biólogos, enfermeras, técnicos-medios, administradores, contadores, economistas, físico-matemáticos; así como ingenieros civiles, electromecánicos, petroleros, en aeronáutica, telecomunicaciones y recientemente en robótica e informática, que fueron el factor humano clave para la construcción de la infraestructura nacional en hospitales, escuelas, carreteras, red de telecomunicaciones y de electricidad, así como desarrollo de la industria petrolera, al menos de las últimas siete décadas.

Enhorabuena por la modernización, depuración y democratización que la Mandataria Claudia Sheinbaum quiere para el glorioso Instituto Politécnico Nacional.

 

***Académico y consultor, egresado del IPN.

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El costo de la lealtad hacia Don Javier García Paniagua (I de III partes)

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Miguel de la Madrid Hurtado volcó su rencor y resentimiento contra La Revista a través de Manuel Bartlett Díaz * Este suceso político fue un atentado contra la libertad de expresión que quedó grabado en la historia política de México

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Juan Bustillos Orozco, un hombre leal de sus amigos en las buenas y en las malas, fiel a sus convicciones políticas.

Periodista valiente, transparente y agudo, conocedor de la política mexicana como pocos, características que reflejaba en sus muy leídas publicaciones, primero en EL UNIVERSAL y después en IMPACTO.

Hoy, a casi 6 años de su partida, esta Casa Editorial publica un escrito inédito.

Es un valioso documento lleno de anécdotas y vivencias del autor con los principales protagonistas del poder político en esos años: Carlos Salinas de Gortari, con quien desde ese tiempo tenían una muy buena relación; Miguel Lerma Candelaria, Jesús Reyes Heroles y Óscar Flores Sánchez.

Don Juan Bustillos describe las relaciones entre la prensa y el poder político. Refiere a grandes periodistas que fueron sus buenos amigos como Mario Sojo, Manuel Mejido, Francisco Cárdenas Cruz y Mauricio González de la Garza.

Relata cómo vivió de cerca las glorias de los que alcanzan la fortuna política, pero también la desgracia en que caen cuando ese poder se pierde.

Sus pláticas con jefes de prensa de la Presidencia, Manuel Alonso y Francisco Galindo Ochoa. Don Juan describe cómo vivió en carne propia las postrimerías del sexenio del presidente José López Portillo, la forma en que se dio la sucesión en favor de Miguel de la Madrid y el destacado papel que jugó Don Javier García Paniagua, quien fuera el competidor más fuerte, a la sazón presidente del PRI, hombre recto e institucional, que prefirió ser leal al sistema, al presidente de la República y a México.

Don Javier García Paniagua tuvo la amistad, simpatía y apoyo de Juan Bustillos Orozco, uno de los principales columnistas políticos del momento.

Este hecho ocasionó que Miguel de la Madrid Hurtado, ya como presidente de la República, volcara su rencor y resentimiento contra La Revista IMPACTO, ordenando a su secretario de Gobernación, el autoritario y represor Manuel Bartlett DÍaz, asaltar y tomar las instalaciones de IMPACTO, así como perseguir a Don Juan Bustillos.

Este suceso político fue un atentado contra la libertad de expresión que quedó grabado en la historia política de México… y este hecho lo relata Don Juan con su propia pluma de manera íntegra en estas publicaciones de IMPACTO, siendo esta la primera de tres partes.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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¿Fuego amigo o pifia?

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Tremendo error dar una información en la Mañanera del Pueblo sin verificar al ciento por ciento * Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable como el “Huachicol Fiscal”

 

MARKOFLOS

 

Pareciera que hay “fuego amigo”, que se empeña en hacer quedar mal a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque seguramente ella está más ocupada en resolver los problemas que agobian al país que tener tiempo para revisar todas las iniciativas y acciones que se anuncian de manera oficial, con bombo y platillo, y que al final se convierten en “pifias”.

La duda que surge es si de veras le ayudan a la Primera Mandataria los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, porque ante los hechos está acorralada por el coordinador de Asesores, Jesús Ramírez; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, por mencionar a los involucrados en los hechos recientes.

En el Poder Legislativo cada uno de los diputados y senadores se la deben al “caudillo” de Palenque, Chiapas, empezando por los líderes.

En el Poder Judicial sucede lo mismo, con cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Ya no me ayudes, compadre”, dijera el clásico.

 

UNA TRAS OTRA

Aquí les va las últimas salidas principales en falso: El “decomiso de huachicol más grande de la historia”; la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizada como la “Ley Antimemes”, que provocó que los caricaturistas de México (una tradición desde el siglo XIX) satirizaran la iniciativa con múltiples cartones en la prensa nacional.

Tampoco se entiende la ausencia de la titular del Poder Ejecutivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seguramente sus asesores no la convencieron de que la mejor forma de defender la soberanía nacional era acudir al máximo foro mundial y atender la convocatoria anual que se hace a todos los jefes de Estado del mundo.

“Que dijo mi mamá que siempre no”… que siempre no era cierto que se hubiera realizado “el decomiso de huachicol más grande en la historia de México”, como lo habían anunciado el 17 de septiembre de 2026 la propia Presidenta de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando se dijo que se había logrado la incautación de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento ubicada en Guanajuato.

El caso dio un giro total cuando el Gabinete de Seguridad y la propia Presidencia reconocieron anomalías y la falta de comprobación inicial del carácter ilegal de todo el producto.

Y es que resultó que el sitio era una terminal formal con permisos donde terceras empresas (incluyendo marcas reconocidas y Pemex) almacenan petrolíferos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso y el delegado de la FGR en Guanajuato, que encabezó el operativo, fue destituido ante la sospecha de haber inflado o malinterpretado la cifra como un decomiso definitivo de contrabando sin verificar previamente la trazabilidad documental.

El “hilo se rompió por lo más delgado”, pero la interrogante que surge es quién informó a Sheinbaum Pardo y al titular de la SSPC que se había asestado “el gran golpe”.

¿Acaso fue el delegado cesado de la FGR o la propia titular Ernestina Godoy, quienes sin verificar la operación se apresuraron para dar la información “bomba”?

A principios de 2019, cuando el gobierno de López Obrador cerró los ductos de distribución para combatir el robo de combustible y hubo casi dos semanas de desabasto en el país, esta planta pudo seguir suministrando a las gasolineras debido a que recibía su producto en trenes.

Andrés Manuel anunció ante el país su estrategia para acabar con el robo de combustible: Cerrar los ductos de Pemex y sustituirlos por pipas. Cientos de autotanques recorrerían México llevando gasolina y diésel directamente a las estaciones de servicio, sin que los huachicoleros pudieran interceptarlos. Era, dijo, un golpe definitivo al crimen organizado.

Lo que el expresidente no dijo -y que ahora revela el libro Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas, de Raúl Olmos- es que -para operar ese esquema- el gobierno recurrió a una filial de Pemex llamada Servicios, S. A. de C. V., la cual terminó pagando millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Sergio Carmona Angulo, identificado como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México, el llamado “Rey del Huachicol” y señalado de haber financiado campañas electorales de Morena.

Unas semanas después, como consecuencia del desabasto de gasolina provocado por el anuncio de AMLO, el huachicol adquirió un gran valor a nivel popular.

Por ello el 18 de enero de 2019 ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que perdieron la vida 137 personas con decenas de heridos por las quemaduras que ocasionó la explosión de un ducto de gasolina. Se estimaron en 800 personas las que se acercaron para recoger gasolina.

Aunque el manejo de huachicol se llevaba a cabo desde hace al menos cuatro décadas, éste se limitaba a la venta ilegal de gasolina robada en ductos de Pemex, en cantidades relativamente pequeñas, pero en forma creciente, y se dio en todos los gobiernos priístas y panistas.

El huachicol fiscal cobró gran relevancia y comenzó a expandirse de forma masiva a partir de 2019, coincidiendo con la apertura del mercado de importación de combustibles y las acciones para frenar el robo físico en ductos.

Aunque existen antecedentes de contrabando aduanero, esta modalidad específica despegó con fuerza tras los cambios en la política energética y el control de aduanas que realizó AMLO con su reforma en la materia y el manejo de las aduanas por parte de la Secretaría de Marina, con un mecanismo más novedoso.

No perfora ductos; ingresa gasolina o diésel desde el extranjero declarándolos falsamente ante la aduana como aceites minerales, lubricantes o aditivos.

Al clasificar erróneamente el producto, los implicados evaden el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y otros aranceles.

Esto permite vender el hidrocarburo más barato en el mercado informal y competir con grandes márgenes de ganancia frente al combustible legal, complementado con la apertura de permisos a empresas privadas para importar combustibles, lo que facilitó la triangulación documental en puertos y fronteras.

Así se configuró una extensa red de corrupción que involucra la complicidad u omisión en aduanas y puntos de revisión para falsear los pedimentos de entrada.

Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable.

La red de corrupción que se tejió y operó durante el sexenio de AMLO, conocida como “Huachicol Fiscal”, quedó al descubierto en febrero de 2026, cuando el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta red habría operado al interior de la Secretaría de Marina con la participación de altos mandos, con una evasión fiscal que se estima en 600 mil mdp.

La trama salió a la luz tras la difusión de un audio, obtenido por los reporteros de Aristegui Noticias, en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, una red criminal vinculada al “huachicol fiscal”.

En la grabación se escucha al contraalmirante señalar directamente a sobrinos políticos del almirante Ojeda como parte de la estructura.

El secretario le habría pedido presentar la denuncia por escrito y aunque la Marina aseguró no encontrar irregularidades en sus investigaciones, la FGR mantiene abierta una causa penal derivada de las acusaciones de Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024.

En total 34 oficiales habrían trabajado en la red, con presencia en aduanas estratégicas como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Los hermanos Farías Laguna, sobrinos del extitular de la Semar, están presos. Otros altos mandos de la Marina han sido mencionados en esta extensa red de corrupción ligada con grupos delictivos y el trasiego de drogas por puertos de todo el país, pactando con distintos cárteles, particularmente con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Si bien existen críticas y cuestionamientos hacia la administración de Claudia Sheinbaum, nunca se ha mencionado algún vínculo de ella o su gente cercana, con la gigantesca red de corrupción del “Huachicol Fiscal”. Por el contrario, se considera una decisión valiente y honesta que su Gabinete de Seguridad anunciara que la investigación está en marcha, a pesar de que personajes muy importantes y cercanos a su antecesor, como Adán Augusto López Hernández y Andy López Beltrán, han sido mencionados.

Lo que se cuestiona es la permanencia de estas y otras figuras políticas vinculadas a escándalos de corrupción, lo que -según “detractores”- mantiene intactas prácticas de corrupción e impunidad.

Se entiende que Sheinbaum tiene un enorme dilema: Continuar siendo leal -o cómplice- con su antecesor, o ir hasta las últimas consecuencias.

A grandes males, grandes remedios. En 1936, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de acabar con el “maximato” de su antecesor, Plutarco Elías Calles.

El peligro de compartir el poder es que se pierda paulatinamente. La Patria es primero.

 

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PULPO POLÍTICO

Estado de México, el laboratorio electoral del 2027

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La oposición mexiquense tendrá la oportunidad de revivir sus estructuras locales como condición para no desaparecer del mapa político * Morena y sus aliados de la coalición gobiernan la gran mayoría de las demarcaciones, mientras que el PRI, Movimiento Ciudadano y otros partidos conservan espacios locales * Los chapulines Eruviel Ávila y Alejandra del Moral

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En 2024 el PRI perdió, por vez primera, la “joya de la corona”, el Estado de México, el más grande e importante del país, después de la CDMX.

Esta entidad había sido gobernada por el PRI los últimos 90 años, con un linaje y tradición simbólica, cuna de grandes políticos: Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, Gustavo Baz Prada, Adolfo López Mateos, Wenceslao Labra, Carlos Hank González, Ignacio Pichardo Pagaza y Enrique Peña Nieto.

Siempre se dijo que cuando el PRI perdiera el Edomex, entonces debería considerarse que el partidazo estaría acabado, Al parecer así fue, aunque muchos priístas sostienen que el PRI no perdió a la buena, sino que el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó la plaza en un pacto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a cambio de protección presidencial por el presunto manejo de cuantiosos recursos de procedencia ilícita que tenía “guardados” en Andorra.

No sabemos si por decepción o por alguna negociación personal, el PRI mexiquense se acabó de derrumbar con la renuncia de connotados priístas -Eruviel Ávila Villegas y Alejandra del Moral Vela- para incorporarse a Morena.

El exgobernador y la excandidata a la gubernatura en 2023, cuando anunciaron su decisión, fueron ampliamente cuestionados por el priísmo local y considerados traidores, al igual que Del Mazo Maza.

Con un listado nominal histórico, de 13.2 millones de votantes, se dice que lo que ocurra en 2027 en el Estado de México podría ser un adelanto o un “laboratorio” de lo que podría ocurrir en 2029, y un año después en el mapa electoral federal.

La elección de 40 diputados federales para el Congreso de la Unión será de gran importancia para una posible realineación en la elección intermedia nacional, será termómetro clave sobre el apoyo legislativo a la Cuarta Transformación.

Aunque no habrá elección de gobernador en 2027, se renovarán 1,291 cargos de elección popular en esa entidad.  El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ya dio el banderazo oficial al proceso electoral 2026-2027 el 14 de septiembre.

En la jornada del 6 de junio de 2027 se elegirán en el Edomex las 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas, 966 regidurías y la totalidad del Congreso local (75 diputaciones). Además, En el Estado de México, tras las elecciones de 2024, por primera vez en su historia el PRI perdió la mayoría de los 125 municipios.

Ahora Morena y sus aliados de la coalición gobiernan la gran mayoría de las demarcaciones, mientras que el PRI, Movimiento Ciudadano y otros partidos conservan espacios locales.

La distribución actual es la siguiente: Morena, 63 municipios; Partido Verde (PVEM), 19 municipios; PRI, 17 municipios; PT,10 municipios; Movimiento Ciudadano (MC), 8 municipios; PAN, 3 municipios; PRD, 2 municipios; Nueva Alianza, 2 municipios.

Para 2027, el abanico de partidos se expande a 10 opciones políticas en la entidad. Destaca el debut electoral de los nuevos partidos locales: Podemos (Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales), Partido Paz y Somos.

Los partidos ya iniciaron negociaciones internas sobre el formato de coaliciones municipio por municipio, evaluando si mantendrán los bloques consolidados en 2023 y 2024 o irán de forma individual en plazas clave.

Representantes de partidos demandaron al IEEM garantías de imparcialidad, frenar actos anticipados de campaña y evitar el uso desviado de programas sociales o la intervención de los gobiernos estatal y federal.

Fuerzas políticas de todos los sectores solicitaron a la junta local del IEEM y a las autoridades de seguridad la creación de un mapa de riesgos.

Exigen protocolos estrictos para evitar que grupos fuera de la ley infiltren candidaturas o presionen a los aspirantes.

Habrá que observar con atención a los principales municipios y sus ubicaciones geográfico-electorales: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Huixquilucan, Toluca, Metepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Texcoco, Tecámac, Lerma, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Zinacantepec, Valle de Bravo y Atlacomulco.

La interrogante es si conservará Morena su hegemonía o podrá la oposición resucitar en la entidad más importante del país. Será posible reactivar la maquinaria priísta desde abajo, en un intento por devolverle vida al partido tras una década de declive, en donde por décadas fue una tradición.

Hay otros casos aislados que representan, según las bases del partido, “la nueva generación de operadores políticos” dispuestos a reconstruir desde las trincheras locales una estructura que, durante décadas, garantizó victorias automáticas y hoy busca reinventarse frente a Morena.

La oposición mexiquense tendrá la oportunidad de revivir sus estructuras locales como condición para no desaparecer del mapa político. Veremos si sus estrategias resultan.

En las próximas elecciones intermedias, el Estado de México jugará un papel clave en el ámbito nacional. Diversas variables podrían realinear el voto ciudadano.

Una alta participación de la gente, la percepción ciudadana en su poder adquisitivo doméstico, en seguridad, en los servicios de salud y muchos servicios municipales como agua, drenaje, alumbrado, basura, bacheo, etc.

Cualquier ciudadano podría simpatizar con Claudia Sheinbaum y, sin embargo, votar por un alcalde de otro partido.

No olvidemos que la política siempre es “local”, la suerte de lo principal depende de la suerte de las partes, lo que pase en las comunidades, los municipios y las entidades, pasará en el orden nacional.

En el marco de las elecciones intermedias, el Estado de México se convertiría en una especie de termómetro anticipado de 2030.

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