A meses de asumir el cargo como director general de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, una denuncia ciudadana lo señala de incurrir en posibles actos de extorsión y abuso de poder
ILDEFONSO GARCÍA
La situación del actual director general de Fiscalización de la Secretaría de la Hacienda del Gobierno de Jalisco, Farhad Martínez Acosta, entró oficialmente bajo revisión luego de que la Contraloría del Estado admitiera una denuncia ciudadana por presuntos actos de abuso de poder, extorsión, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.
El expediente fue registrado con el folio 26904, con lo que el órgano interno de control deberá iniciar diligencias, requerir información oficial y analizar el actuar del funcionario estatal.
Sin embargo, uno de los elementos que más ha llamado la atención en torno al caso no sólo son las acusaciones presentadas, sino las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales y la ausencia de la declaración inicial correspondiente a su cargo actual dentro del Gobierno de Jalisco.
De acuerdo con documentación pública, Farhad Martínez Acosta trabajó entre 2021 y 2024 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), particularmente en el área jurídica en Jalisco, donde tenía funciones vinculadas con asuntos penales y representación del fisco federal en procesos judiciales.
En marzo de 2025 presentó su declaración de conclusión de encargo tras dejar el SAT; sin embargo, distintos señalamientos advierten que no aparece registrada públicamente la declaración inicial correspondiente a su nuevo puesto como director general de Fiscalización estatal, obligación considerada fundamental dentro de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La omisión ha generado cuestionamientos sobre la congruencia y actualización de su información patrimonial, especialmente por tratarse de un funcionario encargado precisamente de tareas de fiscalización y supervisión administrativa.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es su presunta participación como representante legal del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) en la denuncia presentada en enero de 2025 relacionada con el supuesto fraude de las Villas Panamericanas.
Con la admisión formal del expediente, la Contraloría estatal podrá revisar declaraciones patrimoniales y de intereses, analizar posibles conflictos de interés, verificar el procedimiento de nombramiento del funcionario y determinar si existen responsabilidades administrativas o incluso conductas constitutivas de delito.

La resolución de la investigación será determinante para conocer si las acusaciones derivan en sanciones administrativas, inhabilitaciones o posibles denuncias penales ante las autoridades competentes.