• Hay que mantener la recuperación gradual y cuidadosa del salario mínimo
• No sólo los pobres deben tener aumentos elevados, es necesario impulsar a otros sectores de la población para que no se rezaguen sus ingresos, lo cual se logrará con la dinamización de la economía

J. ADALBERTO VILLASANA

Sobreviven en la actualidad millones de mexicanos que se encuentran en la economía de subsistencia, porque un salario no significa salir de la pobreza. Fueron décadas de economía neoliberal que dejaron a la clase trabajadora sumida en deudas y pago de créditos eternos.

El incremento al salario mínimo del 13% en el 2026, contrasta con el 4% que se ofrece a otros trabajadores, como en el caso del IMSS y la UNAM. Hay una recuperación histórica, de manera acelerada, para los que menos tienen, pero, en otros grupos sus ingresos sólo se incrementan para cubrir la inflación, de manera tal que quedan como están.

En análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reconoce: La mejora del ingreso laboral reduce la pobreza y dinamiza la economía. Hay que mantener la recuperación gradual y cuidadosa del salario mínimo.

Las cifras apuntan: Ocho de cada diez trabajos informales -25.8 millones- son economía de subsistencia, no evasión. Requieren protección social, no castigo fiscal.

Urgen sistemas de cuidados, primer trabajo digno y multiplicar empresas comunitarias, porque las transferencias no bastan.

“Aprender de las lecciones y trazar nuevas perspectivas para lograr trabajo digno, salud y seguro social universal no condicionado, así como inclusión de jóvenes, mujeres y comunidades rurales” son las propuestas de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En este momento, aún quedan los remanentes que dejó la economía neoliberal, la coexistencia de ambos modelos impide el despegue pleno del nuevo.

Hay elementos para suponer que se va por buen camino, los números de la macroeconomía dejan algún margen, la recuperación salarial es el principal elemento de promoción de la Cuarta Transformación, hay que consolidar ese elemento que dinamiza la economía interna.

TRABAJO Y POBREZA

El INEGI indica que, en el primer trimestre de 2026: La pobreza laboral se ubicó en 30.7% (una baja anual de 3.2 puntos porcentuales frente al 33.9% del primer trimestre de 2025), en alusión a los resultados de la política económica.

Sin embargo, en México, trabajar no garantiza salir de la pobreza, señala Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Todavía más de la mitad de las personas que trabajan carecen de ingreso suficiente o de acceso a servicios de salud y seguro social. Esa es la raíz laboral de la pobreza. El trabajo, que debería ser la puerta de salida, sigue siendo una fábrica de pobreza para millones de personas”, se indica.

Entre 2016 y 2024 la pobreza bajó por la mejora del ingreso laboral, pero las carencias sociales persisten. El aumento del ingreso no fue suficiente: la mitad de la población ocupada sigue sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza y 6 de cada 10 personas ocupadas carecen de acceso a la salud vía el seguro social.

Erradicar esa raíz es posible. La experiencia de años recientes ha mostrado que es viable y orienta sobre qué se debe reforzar y qué se debe corregir. Aún en el contexto global y nacional convulso y de incertidumbre, México puede conciliar el trabajo digno con el desarrollo económico y potenciarlos mutuamente.

Mejorar el ingreso laboral e incorporar a la economía a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y rurales, hoy excluidas, ampliaría el mercado interno.

Romper el condicionamiento del acceso a la salud -para crear una cobertura universal, no segmentada ni condicionada al trabajo- aligeraría la carga fiscal sobre la creación de empleo y atacaría de raíz la principal causa de la llamada “informalidad”: la falta de acceso a servicios de salud y seguro social.

El documento “Cortar la raíz laboral de la pobreza. Datos duros, lecciones recientes y perspectivas para erradicar la pobreza en México”, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, ofrece un panorama sobre los avances y limitaciones en la reducción de las carencias sociales.

SE AVANZA CON IMPORTANTES PASOS

El avance en la reducción de la pobreza del 42% al 30% entre 2016 y 2024 es innegable y proviene directamente del trabajo. En ese periodo el ingreso laboral per cápita creció 22% en promedio. Lo relevante es que este aumento fue más intenso en los deciles de menores ingresos: 68% en el decil I, 47% en el II, 40% en el III y 37% en el IV. Es decir, la reducción de la pobreza se explica, en buena medida, por un incremento del ingreso por trabajo que benefició proporcionalmente más a quienes menos tienen.

Por eso resulta tan importante continuar la recuperación cuidada, diferenciada y gradual del salario mínimo.

CARECER DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURO SOCIAL, LA CAUSA ESTRUCTURAL

Los datos duros muestran una paradoja: la pobreza bajó, pero las carencias sociales aumentaron.

Detrás de esa aparente contradicción hay una causa concreta: el acceso a la salud y al seguro social -en la medición de la pobreza aparecen como carencias separadas, pero en la práctica están totalmente vinculadas-, dependen ambas de tener un empleo “formal”. Quien no lo tiene, queda fuera.

Pero no es así. La mal llamada informalidad está formada, en su gran mayoría, por actividades económicas de subsistencia. Personas que, ante la falta de empleos de calidad, salen a ganarse la vida en trabajos por cuenta propia o en micronegocios.

Por eso, el problema de la llamada “informalidad” no es fiscal ni productiva, su verdadera naturaleza es la exclusión de la protección social. El modelo de seguro social protege al empleo formal, no a las personas que trabajan. Excluye y segmenta el acceso a la salud, al cuidado y al ingreso; y sobre todo, discrimina y viola derechos humanos -en particular el derecho a la salud- al segmentar la atención y dar un trato diferenciado a las personas.

El ingreso laboral de los hogares también puede crecer con la inclusión económica y productiva de mujeres que así lo decidan, entre las 14.3 millones que hoy no pueden buscar trabajo porque realizan labores de cuidado en su hogar sin remuneración. Construir un sistema de cuidados es, por tanto, una política de desarrollo económico, de empleo y de reducción de la pobreza, no sólo una política social.

Además, el ingreso laboral de los hogares también requiere incorporar productivamente a los 14.9 millones de jóvenes.

Es necesario hacer que el trabajo vuelva a ser la puerta de salida de la pobreza, no su fábrica.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Hay que mantener la recuperación gradual y cuidadosa del salario mínimo; pero también, es necesario empezar impulsar a otros sectores de la población para que no se rezaguen sus ingresos, lo cual se logrará con la dinamización de la economía.

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• Luego de reducir los niveles de la pobreza
• El periodo 2014-2024 estuvo marcado por una mejora en los ingresos laborales y expansión de los programas sociales

J. ADALBERTO VILLASANA

Es significativa y positiva reducción de la pobreza en México, derivada de una forma diferente de la distribución de la riqueza. Sin embargo, el reto es acabar con este fenómeno cíclico, en el cual caen personas de manera repetitiva, cuando sus ingresos caen por volver a perder el trabajo o falta de chamba cuando están por su cuenta.

Romper con el círculo vicioso de pobreza-ignorancia está en la mira de los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque una parte de volver a la caída de ingresos es por falta de preparación.

Hay un camino complicado porque por muchas décadas la narrativa oficialista era “somos pobres, pero honrados”; en cine y televisión se romantizaba la pobreza, mientras que la riqueza se acumulaba en unas cuantas manos.

En la actualidad se tiene la meta de mejorar la calidad de vida de las mexicanas y mexicanos, pero revertir la tendencia de casi un siglo llevará tiempo. Hay acciones claras y concretas con el incremento al salario mínimo, el cual es indicador de una distribución de la riqueza justa, cuando el trabajador percibe un salario cada vez más justo y su labor es dignificada.

LOS DATOS

En septiembre pasado, los valores de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ubicaron en 4,951.66 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 3,553.70 pesos en zonas rurales, de tal manera que cada vez perciben una remuneración más adecuada a la riqueza que generan.

Recordemos que en México hay 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, de las cuales 7 millones se encuentran en pobreza extrema, según los datos oficiales de la Medición de la Pobreza del INEGI.

Recientemente el Instituto actualizó las Líneas de Pobreza correspondientes a septiembre de 2026. Mediante el boletín publicado el martes 13 de octubre pasado reportó que el costo mensual por persona de las canastas alimentaria y no alimentaria aumentó 4.4% anual, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Por otra parte, las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, que consideran únicamente el costo de la canasta alimentaria, se ubicaron en 2,590.61 pesos mensuales por persona en el ámbito urbano y en 1,940.96 pesos en el rural.

¿CUÁNTO AUMENTARON LAS LÍNEAS DE POBREZA POR INGRESOS DEL INEGI EN 2026?

El INEGI informó que las Líneas de Pobreza por Ingresos registraron un incremento anual de 4.4% en septiembre de 2026, una variación que superó la inflación general anual -que se ubicó en 3.45% durante el mismo mes-, de acuerdo con el reporte de Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Los valores en términos monetarios correspondientes al mes pasado publicados este jueves, fueron los siguientes:

Pobreza por Ingresos en zonas urbanas: 4,951.66 pesos mensuales por persona.

Pobreza por Ingresos en zonas rurales: 3,553.70 pesos mensuales por persona.

Pobreza Extrema por Ingresos en zonas urbanas: 2,590.61 pesos mensuales por persona.

Pobreza Extrema por Ingresos en zonas rurales: $1,940.96 pesos mensuales por persona.

La diferencia entre ambos indicadores radica en los bienes y servicios considerados. Mientras que la Línea de Pobreza por Ingresos incluye el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos contempla únicamente los alimentos; debido a ello, cuando los ingresos de una persona no son suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria, se encuentra por debajo del umbral de pobreza extrema por ingresos.

MENOS POBRES, PERO SIN MOVILIDAD SOCIAL

México logra reducir la pobreza en 75 años, pero la movilidad social permanece como una deuda pendiente, apunta el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), lo cual representa el reto para el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Se reconocen tres periodos históricos clave que explican los avances: crecimiento incluyente, estabilidad macroeconómica y expansión del ingreso laboral.

Hay que ver: El debate público sobre pobreza se ha vuelto coyuntural y político, pero deja fuera el análisis de largo plazo, como lo revela el informe del CEEY.

En las últimas siete décadas, en México disminuyó la pobreza, sin embargo, este avance no se ha traducido en un aumento proporcional de la movilidad social de la población. De acuerdo con el estudio 75 años de pobreza en México: lecciones y retos para la movilidad social, la proporción de personas en situación de pobreza cayó del 90% en 1950 al 35.4% en 2024.

El análisis, elaborado por CEEY, destaca que esta reducción no es obra de un solo periodo, sino que se concentró en tres etapas clave donde se combinaron condiciones económicas favorables con decisiones de política pública 1956-1984, con crecimiento con expansión social; 1996-2006, por estabilidad, reformas y programas con énfasis en los grupos de mayor pobreza; 2014-2024, mejora en ingresos laborales y expansión de programas sociales.

Más allá del debate coyuntural, el CEEY advierte que cuando se publican las cifras de pobreza en el país, se genera un debate público que suele adquirir un carácter político: “Mientras algunas voces destacan los avances, otras cuestionan los resultados o enfatizan los retrocesos. Este tipo de discusión, centrada en la coyuntura, tiende a dejar de lado el análisis de fondo y la posibilidad de aprender a partir de la experiencia acumulada en el país”, expone Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social CEEY.

De 2014 a-2024, a pesar de un crecimiento económico bajo, este periodo estuvo marcado por una mejora en ingresos laborales, recuperación del empleo y cambios en la regulación laboral, así como expansión del gasto social en programas de cobertura amplia.

RETOS PERSISTENTES

Para el CEEY, estos datos revelan que hay limitaciones estructurales que no se han traducido en un aumento significativo de la movilidad social. “Esto refleja que el origen socioeconómico sigue siendo un determinante central del destino de las personas. La desigualdad de oportunidades persiste y limita el impacto de las políticas públicas en el largo plazo”, indica el reporte.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La movilidad social será el nuevo reto de la Cuarta Transformación, luego de reducir los niveles de pobreza. Quien nace en la pobreza no se puede quedar en esa condición toda su vida, por lo que habrá que emprender acciones para acabar con ese flagelo de décadas. El objetivo: Quien salga de la pobreza no recaiga en esta condición.

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• La administración Trump implementa la “Doctrina Monroe 2.0
• Quienes llegan legítimamente al poder siguen sujetos a las Constituciones, las leyes nacionales y las obligaciones internacionales asumidas por los Estados

J. ADALBERTO VILLASANA

Washington se ha propuesto activamente remodelar el Hemisferio Occidental, utilizando como pretexto la necesidad de combatir amenazas regionales, tales como el narcotráfico y la migración ilegal.

Al implementar la “Doctrina Monroe 2.0”, la administración Trump ha dejado de lado toda mesura, interfiriendo en los asuntos internos de las naciones de América Latina y el Caribe sin el menor respeto por el decoro diplomático, la soberanía estatal o el derecho de los países a defender sus intereses nacionales de manera independiente.

La Casa Blanca emplea una estrategia bien perfeccionada para instalar mediante elecciones “democráticas” a un candidato pro estadounidense, alguien con quien pueda colaborar posteriormente para promover los intereses de los Estados Unidos.

Las situaciones en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y otras naciones sirven como claros ejemplos de este patrón. Una vez asegurado un liderazgo leal, Estados Unidos remodela la legislación interna a su conveniencia e impone la revisión de acuerdos comerciales y económicos que considera perjudiciales para los intereses de las empresas estadounidenses.

China, en particular, es quien más sufre las consecuencias de este enfoque, tras haber invertido recientemente grandes sumas en importantes proyectos de infraestructura capaces de transformar significativamente el potencal de la región. Sin embargo, estas iniciativas no engrosan los bolsillos de la Casa Blanca.

En consecuencia, en todos los países donde han llegado al poder gobiernos de derecha, dichos acuerdos son objeto de escrutinio en busca de indicios de corrupción o de perjuicio para los intereses regionales.

Al mismo tiempo, los funcionarios que se niegan a rescindir contratos beneficiosos para los intereses de sus naciones se enfrentan, casi como si siguieran un patrón establecido, a acusaciones de vínculos con cárteles de la droga o de enriquecimiento ilícito.

La situación más flagrante se desarrolla en Ecuador, un país que se ha visto “inesperadamente” en primera línea de la lucha en contra de los cárteles de la droga.

A pesar del claro rechazo del pueblo ecuatoriano, expresado en un referéndum, a la presencia de tropas extranjeras y al despliegue de bases estadounidenses en su territorio, Washington ha procedido a construir y modernizar instalaciones militares, etiquetando el emplazamiento como “centro internacional”, haciendo caso omiso del sentir local. Sin embargo, pese a su declarada determinación de combatir a los cárteles de la droga, la administración estadounidense no muestra interés alguno en las actividades de la empresa bananera propiedad del presidente Noboa; dicha compañía ha sido señalada frecuentemente en la prensa como una importante vía para el tránsito de materias primas para estupefacientes, aunque con destino a los mercados europeos.

Por cierto, ¿alguien recuerda el motivo de la ofensiva contra el presidente venezolano Nicolás Maduro? Dado que se le acusaba de dirigir un cártel de la droga, cabría esperar que las primeras medidas de la administración Trump respecto a Caracas hubieran consistido en acciones decisivas contra la producción y el tráfico ilícitos de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, en realidad, el elemento más peligroso de las exportaciones venezolanas resultó ser el petróleo crudo, que es precisamente donde Washington ha centrado toda su atención. Se están tomando todo tipo de medidas en relación con la república, pero no se hace nada para combatir el narcotráfico, un ámbito en el que Caracas no parecía desempeñar un papel relevante en comparación con la magnitud de esa amenaza que afronta el continente.

La situación guarda paralelismo con las acusaciones de “terrorismo migratorio” vertidas contra Cuba: primero, se pasan décadas creando condiciones de vida insoportables en la isla y, después, se critica a las autoridades por el sufrimiento de la población.

A juzgar por los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, se acerca rápidamente el momento en que conoceremos toda la “verdad” sobre los “atroces crímenes” del gobierno actual: crímenes que, en esencia se reducen a la negativa a hacer concesiones a la Casa Blanca y a la determinación de defender la soberanía nacional frente a la intensa presión estadounidense. Incluso, se podría apostar a si las acusaciones versarán sobre vínculos con cárteles de la droga o sobre corrupción.

La realidad es que, en una política irreflexiva, centrada exclusivamente en los intereses de un solo Estado, no traerá a los demás la prosperidad esperada.

Es más, seguir ciegamente los dictados de Washington podría retrasar décadas las perspectivas de un desarrollo independiente, eliminando cualquier posibilidad de arrebatar los activos nacionales de las garras de las corporaciones estadounidenses.

GANAR ELECCIONES NO AUTORIZA A BORRAR DERECHOS

Ganar una elección no otorga a un gobierno la facultad de desconocer derechos humanos, desmontar procesos de justicia o reivindicar las violaciones cometidas por regímenes anteriores, advirtió Juan E. Méndez, uno de los principales referentes internacionales en derechos humanos y justicia transicional, durante su participación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El jurista argentino, quien fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, integrante y Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como asesor especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio, participó en el III Congreso Internacional de Justicia Transicional: “La protección de derechos humanos en tiempos de regresión democrática en América”, organizado por el Departamento de Derecho.

Ante una pregunta sobre gobiernos que llegan al poder mediante elecciones democráticas, pero cuyas plataformas ponen en entredicho los avances alcanzados frente a violaciones graves de derechos humanos, Méndez sostuvo que la voluntad popular tiene límites.

“La democracia es democracia porque la voluntad popular hay que respetarla en cuanto a la elección”, explicó; sin embargo, subrayó que “la mayoría no puede imponerse sobre los derechos de las minorías”, especialmente cuando se trata de víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Quienes llegan legítimamente al poder siguen sujetos a las Constituciones, las leyes nacionales y las obligaciones internacionales asumidas por los Estados.

Por ello, el triunfo electoral de candidaturas que cuestionen los procesos de verdad y justicia no elimina las responsabilidades de los gobiernos frente a crímenes graves.

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