La gente no denuncia porque no confía en la autoridad judicial, desde el Ministerio Público hasta los jueces * Mientras la elección de integrantes del Poder Judicial ocupa la atención de propios y extraños, se queda en el baúl de los recuerdos lo trascendental: justicia para el pueblo
J. ADALBERTO VILLLASANA
La elección de integrantes del Poder Judicial acapara la agenda legislativa, así como el va y viene de la opinión pública, pero poco se habla de lo que afecta a la gente, como lo es la impunidad que alimenta al crimen organizado.
Se denuncian sólo diez de los delitos y se resuelve apenas uno de ellos, con un daño patrimonial para las familias afectadas. Atender la crisis que se padece en la preocupación e impartición de justicia, el principal reto en puerta.
Recordemos que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI revela que el costo del delito es alto.

El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada).
Lo anterior se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB). Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.8 mil millones de pesos y las pérdidas por victimización a 177.8 mil millones de pesos. Entre las principales medidas preventivas realizadas por los hogares se encuentran cambio de cerraduras o candados, con 22.8%, y cambiar puertas o ventanas, con 18.8 por ciento.

DENUNCIA Y CIFRA OCULTA
Ahora hay que enfocarnos en el principal problema del Poder Judicial, en todos sus niveles. En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, sólo el 9.6% se denunció, cifra inferior a
10.4% de 2023.
El Ministerio Público (MP) -o Fiscalía estatal- abrió carpetas de investigación en 70.5% de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 93.2% no se investiga (lo que se conoce como cifra oculta). El porcentaje resultó similar al de 2023 (92.9%), apunta la ENVIPE 2025.
Del 70.5% de denuncias en las que se abrió una investigación, en 39.2% nada pasó o no se resolvió la denuncia y 40.7% sigue en trámite. Esto implica que 79.9% de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2024.
En los delitos en los que sí se inició una investigación, el resultado fue positivo para la persona denunciante en 12.6% de las ocasiones. Lo anterior significa que, en 2024, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para la persona denunciante fue de 0.8% del total de delitos ocurridos.

Las razones más comunes para no denunciar delitos fueron pérdida de tiempo, con 34.6%; desconfianza en la autoridad, con 14.0%; trámites largos y difíciles, con 10.2 %; delito de baja importancia, con 12.9%; falta de pruebas, con 9.4%; y miedo a la persona agresora, con 6.1 por ciento.
De los delitos que los hombres no denunciaron, en 37.0% de los casos no se hizo por considerarlo una pérdida de tiempo; y en 14.8% por desconfianza en la autoridad.
En el caso de las mujeres, en 32.4% de los casos no se denunció por pérdida de tiempo; y en 13.3%, por desconfianza en la autoridad.
MÉXICO: RADIOGRAFÍA DE LA IMPUNIDAD
El 93% de los delitos en México no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, subraya la asociación civil México Evalúa.
Y apunta: Sólo 1 de cada 10 casos se resuelve con base en su estudio México: Radiografía de la Impunidad, en el que propone soluciones para fortalecer la justicia penal.
El Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), elaborado por México Evalúa, estima que 89.42 por ciento de los casos que el sistema debía resolver en 2024 no obtuvieron una solución efectiva.
Destaca la existencia de una brecha estructural entre seguridad y justicia, e indica que se registraron 8.8 millones de reportes de delitos a los números de emergencia 911 y 089, y sólo 2.15 millones de denuncias ante fiscalías.
En marzo pasado, México Evalúa presentó dos instrumentos para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia penal en este país y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
El estudio Radiografía de la Impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México, y la plataforma digital Data Justicia.
Su análisis se centra en dos herramientas: el diagrama de flujo o “tubería” procesal, que permite observar cómo avanzan los casos desde el reporte del delito hasta su resolución, y el Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), que mide la proporción de casos que no obtienen una solución efectiva.
Entre los datos más destacados del estudio se encuentra la persistencia de la cifra oculta, que muestra que el 93% de los delitos en México no se denuncia formalmente ante las fiscalías.
Asimismo, el análisis del flujo procesal evidencia una desconexión estructural entre las instituciones de seguridad y las de justicia: 8.8 millones de reportes telefónicos relacionados con delitos fueron recibidos por las policías, mientras que sólo 2.15 millones de denuncias se registraron ante las fiscalías.
Una vez dentro del sistema, los desafíos continúan. Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez.

En los tribunales, de 627 mil causas penales acumuladas en 2024, sólo 10.55% alcanzó una resolución efectiva, mediante mecanismos como juicio oral, procedimiento abreviado, suspensión condicional o mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).
El estudio también documenta un incremento significativo del rezago institucional. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron -de 1.3 millones a 2.6 millones-, mientras que las causas acumuladas en tribunales crecieron de 221 mil a 425 mil.
A pesar de este panorama, la investigación identifica diferencias importantes entre entidades federativas que demuestran que reducir la impunidad es posible cuando existen decisiones institucionales orientadas a resultados, particularmente mediante una mayor articulación entre policías y fiscalías, un uso más amplio de los MASC y una gestión institucional enfocada en resolver casos.
Como parte del proyecto, México Evalúa también presentó Data Justicia, una plataforma digital interactiva que permite visualizar el funcionamiento del sistema de justicia penal en México mediante gráficos dinámicos y herramientas de exploración de datos.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La gente no denuncia porque no confía en la autoridad judicial, desde el Ministerio Público hasta los jueces.
La impunidad prevalece por fallas en el sistema judicial y las omisiones o falta de preparación del personal.
Así, mientras la elección de integrantes del Poder Judicial ocupa la atención de propios y extraños, se queda en el baúl de los recuerdos lo trascendental: justicia para el pueblo.
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