Para encarcelarlos y enjuiciarlos allá en Estados Unidos, con sus peculiares normas jurídicas * El problema es que nada garantiza que no vaya a presentarse una epidemia de secuestros y entregas al U.S. Marshals Service, que no son modositos

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

¿Y si sí?

Una prima de este menda y su mamá (sin nombres) vivían a los gritos porque la nena salió inquieta (una gran güila).

Esa casa era una ópera china perpetua, pero, mágicamente, de un día para otro, se acabaron los bramidos de la tía por las llegadas a deshoras, los continuos cambios de novios o los novios simultáneos (se entiende).

El caso es que ya cincuentones los dos, prima y tecladista, la plática llegó a eso de la súbita paz doméstica y la prima aclaró: -¡Ah!, es que nos encontramos en el vestíbulo de un hotel, yo saliendo, ella entrando… nomás cruzamos miradas -muy claro.

LOS OTROS ¿Y SI SÍ?

¿Y si sí?… estuvo de moda, refiriéndose a que la oncena tricolor diera la sorpresa. Se entiende. Sería magnífico… y completamente inútil para el país, aunque sería un alegrón colectivo por unas horas (horas, no da para días) y una maravillosa noticia para esa potente industria privada que es el futbol.

Pero hay otros ¿y si sí?

¿Y si sí?, en operaciones encubiertas el gobierno de los EUA se llevara a políticos y funcionarios electos mexicanos, acusados de ser cómplices del crimen organizado, para encarcelarlos y enjuiciarlos allá, con sus peculiares normas jurídicas.

¿Y si sí?.. Bueno, no hace falta ser un sabio para saber de antemano que cualquiera que se lleven no tiene ninguna posibilidad de que lo declaren inocente (‘not guilty’), largas condenas los esperarían (caso de estudio: García Luna).

Claro que aplican restricciones: los testigos colaboradores, ‘cooperating witness’ les dicen allá, a esos, a los soplones no les iría tan mal y con tantita suerte, nada mal.

En los EUA, primero reciben protección del Programa de Seguridad de Testigos (‘Witness Security Program’), para eso, antes, los chivatos deben haber firmado uno de tres posibles acuerdos previstos en las leyes yanquis:

El primero es el Acuerdo de Cooperación con la Fiscalía, en el que el rajón se compromete a soltar toda la sopa a cambio de una posible (nótese: sólo posible) reducción de condena que puede llegar a ser inmunidad, si cantó chulito y su información permitió perseguir a los de mayor rango respecto del delator (un ejemplo: un gobernador sólo tiene al Presidente de la República por encima de él, así que para que le funcione el Acuerdo, lo tiene que embarrar, pero bien, no nomás con dichos, sino con información que permita enjuiciarlo).

El segundo es el Acuerdo de No Enjuiciamiento, que es el mejor porque la fiscalía se compromete a no acusar ni procesar al soplón a cambio de información y a que rinda testimonio en otros juicios. Es una lotería conseguir uno de estos.

El tercero es el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, que mantiene al chismoso en ascuas porque mientras cante al gusto de la fiscalía, los cargos se mantienen suspendidos. Horrible.

De regreso al “y si sí” se llevaran a la mala, secuestrados, a algunos funcionarios y políticos traviesos, ¿qué haría nuestro gobierno?… ¿Qué se le ocurre?.. No, aparte de la reglamentaria protesta matutina de la Presidenta en Palacio… ¿qué podría hacer?… le digo: nada, tragársela, exigir, aullar, quejarse… pero, nada.

No hay recurso legal contra el secuestro en México y entrega en los EUA de un tenochca bajo sospecha de ser un criminal.

No vaya usted a pensar mal de este su textoservidor. No se trata de que esté uno de acuerdo, pero en los EUA es perfectamente legal el secuestro transfronterizo de alguien para entregarlo a la autoridad y que sea enjuiciado allá.

Así lo resolvió desde 1992 la Suprema Corte de los EUA: no importa cómo sea detenido alguien en el extranjero para procesarlo y dijo más, refiriéndose a México: la abducción (rapto o secuestro) no viola el Tratado de Extradición que no lo prohíbe explícitamente.

TRES CASOS SONADOS

Lo han hecho antes. Hay tres casos muy sonados, el de René Verdugo Urquídez, secuestrado por policías mexicanos en enero de 1986, que lo llevaron atado a la valla fronteriza de Calexico, California, y lo aventaron del otro lado, donde lo esperaban ya los agentes policiacos de los EUA.

El del doctor Humberto Álvarez Machaín, en abril de 1990, secuestrado en México por policías sobornados por agentes de la DEA.

Y el caso supersonado, el del Mayo Zambada en julio de 2024.

Aparte hay muchísimos otros casos en que con engaños llevan policías mexicanos a ciudadanos mexicanos a la mera rayita de la frontera, les dan un empujón y quedan detenidos en los EUA. Nada nuevo bajo el sol.

El gobierno de México ha puesto el grito en el cielo. El Tío Sam ni el palillo de dientes se ha quitado.

Todo eso lo saben las sabandijas nacionales que están que no les calienta el sol porque siendo políticos o funcionarios, enredados con el crimen organizado, directamente unos y otros sólo aceptando ser cómplices de sus jefes, a sabiendas de en qué andaban.

Que no se hagan (y eso incluye funcionarios de alto nivel y el del más alto nivel, no nos hagamos).

Pero también saben que, si se ponen cantarines, con tantita suerte y nada de escrúpulos, pueden conseguir salvar sus pellejos.

Dos de Sinaloa que ya se fueron a entregar y el gobierno de los EUA deja correr notas de prensa en las que, sin fuente ni fundamento, se afirma que ya son “muchos” los que andan pensando en traicionar a sus secuaces de la 4T; eso les encanta allá, saben que siembran la desconfianza entre los coludidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abiertamente, defiende a Rocha Moya y su pandilla, porque debe hacer creer a toda esa canalla (gente baja, ruin, despreciable y de malos procederes, dice el diccionario) que ella les asegura impunidad, que no se rajen, que están protegidos.

Y sí, internamente, acá, en nuestra risueña patria, ni quien los vaya a incomodar, son impunes, cierto.

El problema es que nada garantiza que no vaya a presentarse una epidemia de secuestros y entregas al U.S. Marshals Service, que no son modositos.

Doña Sheinbaum Pardo tiene otro problema: los de su pandilla empiezan a sospechar que ella va a proteger solamente a su mentor, el de Macuspana, a sus hijitos y otros poquitos muy cercanos.

Y siendo así… mejor traicionar. ¿Y si sí?

Instituciones sociales, educativas, culturales y organismos autónomos, por mencionar algunas, el legado de los gobiernos del ayer hasta 2018 * Las obras cuatroteras: Tren Maya (no funciona), la Refinería Olmeca (a medias) y el AIFA (que pierde dinero) salieron en 1 billón 178 mil millones de pesos, nada más 673,000 millones de pesos arriba de lo presupuestado, y no se pueden auditar por seguridad nacional… ¿cómo la ven?

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Encubridora.

Hace mucho se lo conté: tía Chayito de las de Autlán, se divorció (no es cierto, nomás estaban juntados) de tío Beto (Adalberto) por parrandero.

Se volvió a casar (tampoco es cierto) con un señor Rubén, de Guadalajara.

Antes de un año, regresó a Autlán y se volvió a casar con tío Beto (ya sabe que no se casaba), explicando que con todo y sus defectos era “muy cumplidor”. Trece hijos, usted dirá.

ESPECTACULARES FIASCOS DE 2019 A LA FECHA

Gente buena y con la cabeza en su lugar, nomás no acaba de entender por qué se dice que los gobiernos cuatroteros han hecho daño, tanto daño al país.

Descartan los espectaculares fiascos de 2019 a la fecha, alegando que “antes” así era, que así han sido siempre nuestros gobiernos, lo que no es cierto.

No siéndolo se debe aceptar que no fueron pocos los errores, equivocaciones y fracasos que sufrió el país en el siglo XX, pero sin negar por simple ignorancia o tozudez, pariente de la terca obstinación, lo que se hizo en México desde más o menos 1929 hasta el año 2000.

LOGROS DEL GOBIERNO DEL AYER

Una listita de lo conseguido en esos ayeres:

Saliendo México de la Revolución, que dejó al país literalmente en ruinas, esos gobiernos con sus innegables defectos, crearon instituciones sociales: IMSS (1943), ISSSTE (1959), Infonavit (1972), Fonacot (1974); el objetivo era conseguir el Estado de Bienestar.

Y empresas que en su momento y circunstancia eran necesarias y acordes con el modelo político nacional: CFE (1937; la industria eléctrica se nacionalizó en 1960) y Pemex (1938).

Esos gobiernos, todo hay que decirlo, carentes del menor rasgo democrático, como hoy entendemos la democracia, también crearon instituciones educativas y culturales: en 1929 se reformó la Universidad Nacional (de 1910) y surgió la UNAM, autónoma en esos tiempos de supuesto control total del gobierno, autónoma (y levantisca); luego en 1936, el IPN (para impulsar el desarrollo técnico y profesionalizar a la clase trabajadora); en 1939 el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia); en 1946, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); y en 1959 se fundó la Conaliteg (Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos).

Esos gobiernos de ese pasado estigmatizado, fomentaron un gran crecimiento económico que el mundo calificó como “el milagro mexicano”, al tiempo que construyeron infraestructura de enormes proporciones: en 1958 se creó Capufe (Caminos y Puentes Federales), el país tenía en 1929 un total de 1,416 km de caminos (casi nada pavimentado), para 1980 la red carretera nacional ya era de 213,000 km, pavimentados o revestidos.

Al mismo tiempo que terminaban de darse de balazos, en 1926 se construyó la primera gran presa en México (Presa Calles, en Aguascalientes, con 340 millones de metros cúbicos); en 1946 se fundó la Secretaría de Recursos Hidráulicos y para el año 2000, se habían construido 5,152 embalses y bordos, aparte de unas 205 grandes presas, por ejemplo (lectura optativa):

El Palote (Guanajuato en 1945); Presa Miguel Alemán (Estado de México, en 1947); Álvaro Obregón (Sonora, en 1947); La Amistad (Río Bravo, Coahuila/Texas, en 1963); Infiernillo (Michoacán y Guerrero, en 1961); Mahone (Sinaloa en 1964); Picachos (Sinaloa en 2000); en Chiapas: Malpaso (1964); Angostura (1974); Chicoasén (1980); Peñitas (1987). La mayoría de irrigación, para la agricultura. Algo se hizo en nuestro siglo XX.

Junto con eso, en ese negro pasado mexicano, en 1953 se otorgó el voto femenino, para votar y ser votadas; en 1977 se hizo la Reforma Política, dando registro legal a los partidos de oposición y garantizando su representación proporcional en el Congreso para que todos tuvieran voz y voto.

¡Ah!, fueron creados, en 1983 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); en 1990 el IFE (hoy INE) y el Tribunal Federal Electoral (Trife), hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y en 1993 se otorgó autonomía constitucional al Banco de México. Poquita cosa.

Ya en este siglo antes de los ma-ra-vi-llo-sos años cuatroteros, fueron fundados los órganos constitucionales autónomos, para vigilar las andanzas del gobierno: en 2003 el Instituto Federal de Acceso a la Información (desaparecido en 2024); en 2013 la Comisión Federal de Competencia Económica (desaparecida en 2025); y en ese mismo 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (desaparecido también en 2025).

No debe pasarse por alto que el Poder Judicial como lo conocíamos, como siempre fue, con todo y sus yerros, desapareció; ahora tenemos la Suprema del Bienestar que junto con la desaparición de los órganos autónomos es como querer jugar un partido de futbol sin árbitros, aduciendo que no hacen falta, que su equipo nunca comete faltas ni faules, a ver qué equipo le acepta eso… o qué inversionista.

Si tiene tiempo revise este apretado resumen y se va a encontrar con que las instituciones creadas en México funcionaron y fueron de gran beneficio para nosotros los del gallardo peladaje y junto con eso, busque alguna de las grandes obras construidas, a ver si encuentra alguna inútil, que no sirva, que haya tenido enormes sobrecostos o se haya impedido su auditoría, no hay, ni una.

OBRAS CUATROTERAS

En cambio, las obras cuatroteras, Tren Maya (no funciona), la Refinería Olmeca (funciona a medias), y el AIFA (que pierde dinero) salieron en 1 billón 178 mil millones de pesos, nada más 673,000 millones de pesos arriba de lo presupuestado, y no se pueden auditar por seguridad nacional (léase, seguridad de los ladrones cuatroteros, militares incluidos, pero-por-supuesto-que-sí).

Lo más destacado que consiguió este régimen transformador de México (¡vaya que lo transformaron!) fue que por primera vez (primera) el gobierno de los EUA, por escrito lo señala por su “alianza intolerable” con el crimen organizado; que la ONU por primera vez en su historia, eleve a su Asamblea General la crisis mexicana de desapariciones forzadas por los indicios de que se practican de forma generalizada y sistemática.

Presidenta, usted elija, la espera la historia: ¿gobernante o encubridora?

Una burla la elección de “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía” * Es una manera nada disimulada de hacer fraude, de aparentar que se respeta la ley, pero haciendo trampa. Lo sabe Dios, lo sabe el mundo, de esos “coordinadores” salen sus candidatos a elecciones

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Pronóstico reservado.

Ya muy viejita, tía Rebeca, de las de Autlán, contó que una vez le dijo a su marido, tío Macro, un gigantón temido y muy atravesado, por qué no decía nada de que sus cinco hijas fueran unas güilas redomadas y que él contestó, “cada quien sus calzones”, y ella entonces agregó “entonces no te molesta” y tío Macro muy tranquilo, soltó: -… mientras no cobren… porque en esta casa, putas, no -eran sus ideas.

ASOCIACIONES DELICTUOSAS

A ver, sin apasionarse, sin aplaudir antes de tiempo, en frío: el movimiento (que no partido, no todavía, tal vez nunca) llamado Morena y el gobierno (el federal y no todos, pero no pocos, de las entidades) son asociaciones delictuosas.

No se trata de insultar a nadie, se trata de revisar dónde estamos y a dónde vamos. Habrá gente de buena fe en el movimiento y el gobierno, sin duda; gente inteligente, por supuesto; pero eso no cambia la naturaleza de ambas entidades, son organizaciones delictivas.

Importa advertir que, conforme a nuestras leyes, no son delincuencia organizada, ni Morena ni el gobierno, pero sí asociaciones delictuosas.

Dice la Constitución Política (Artículo 16, párrafo 9) que es delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan para cometer los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por ejemplo: terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, otros muy feos… y delitos en materia de hidrocarburos.

Así, los políticos y funcionarios corruptos y tramposos no son delincuencia organizada, pero los que están metidos en lo del huachicol fiscal, sí.

Morena y el gobierno son asociaciones delictuosas como las define el artículo 164 del Código Penal Federal que a la letra dice: “Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir (…)”.

No excluye delitos, cualquier delito y peor: no se necesita cometer un delito, basta el solo hecho de “formar parte de la asociación”.

Pero hay que hilar fino porque no toda violación a la ley es delito. A brocha gorda, en México es delito lo que sanciona el Código Penal.

Lo demás puede ser infracción o falta administrativa, por los que nadie se va al bote. Quedamos.

Una advertencia: los grupos de funcionarios que se coluden para robar del erario no hacen de Morena y el gobierno asociaciones delictuosas; ellos, los coludidos, serán asociaciones delictuosas, cada grupo por su lado, pero no todo el gobierno ni Morena, aunque haya más que varias de esas asociaciones para delinquir en el gobierno, nada más piense en esa enormidad de organización gubernamental para lo del huachicol fiscal o en la obvia complicidad-colusión de algunos gargantones con el crimen organizado.

Lo que hace de Morena y el gobierno asociaciones delictuosas es su descarada violación a la ley electoral.

El partido guinda, con el cinismo que los caracteriza y la seguridad que les da saberse impunes, publicó su convocatoria para seleccionar “a las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía”; esto, lo entiende cualquier tenochca debidamente destetado, es la precampaña de quienes busquen ser candidatos a gobernador en los 17 estados en que habrá elecciones.

Es una manera nada disimulada de hacer fraude a la ley electoral, de aparentar que se respeta, pero haciendo trampa. Lo sabe Dios, lo sabe el mundo, de esos “coordinadores” salen sus candidatos a elecciones.

Algunas violaciones a la ley electoral están sancionadas con cárcel en el Código Penal, por lo que son delitos. Así, Morena y el gobierno son asociaciones delictuosas.

Y no lo dude, el artículo 406 del Código Penal, receta hasta seis años de cárcel al funcionario partidista o al candidato que (fracción VII) eche mano de dinero proveniente de actividades ilícitas para su campaña electoral; y esas actividades ilícitas, no se sorprenda, incluyen las del crimen organizado.

Aparte, el artículo 407 fracción III, obsequia con hasta nueve años “a la sombra” a quien apoye a un partido político o candidato con dinero del erario o bienes del gobierno; y si hace eso, pero no es funcionario, si es de un partido político o es de los que organizan campañas, le tocan los mismos nueve años de hospedaje pagado en alguna cárcel.

Y si lo anterior fuera poco, los que acuerden o preparen la realización de estos delitos (artículo 13, I) no alcanzan libertad provisional. Es cosa seria y todo eso hacen Morena y el gobierno. Todo.

De estos descarados actos anticipados de campaña, la ley electoral dispone sanciones que llegan a la cancelación de la candidatura y del registro del partido. No lo veremos.

No lo veremos y no lo vimos, por ejemplo, con doña Sheinbaum Pardo, que podía empezar legalmente su precampaña hasta el 20 de noviembre de 2023, pero -bajo la batuta del entonces Pejecutivo- la empezó a mediados del año 2022, cuando nos pintaron el país entero con eso de “Es Claudia”; luego en 2023 ya realizó giras nacionales y eventos masivos, hasta llegar a la fecha oficial.

Se anticipó unos 16 meses y se gastaron carretadas de dinero. ¿Y?… y nada, igual que en las elecciones de gobernadores del 2021, cuando aparte de esas triquiñuelas, el crimen organizado -de manera abierta- operó electoralmente, a su violento estilo, en favor de los candidatos de Morena.

En rigor la autoridad electoral debió cancelar la candidatura de doña Sheinbaum (aparte de auditar de dónde salió esa catarata de dinero).

No pasó, claro que no, pero eso no quita el origen ilícito de su candidatura y su elección. ¿Y?… y nada, ya quedamos.

Ahora como Morena y el gobierno ya conocen el caminito, están repitiendo esa estrategia de burlarse de la ley electoral, nada más que las cosas han cambiado, no poco, aunque no se note.

De aquí a las elecciones intermedias de 2027, el problema no será que los partidos políticos opositores documenten todo eso y lo informen al Instituto Nacional Electoral (INE) y luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde los mandarán a volar, sino que el Tío Sam está muy atento a que no siga creciendo en México esa Hidra de siete cabezas de la influencia política del narco. Y eso es de pronóstico reservado.