Involucrados instituciones y dependencias oficiales * Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización * Gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa

EMMA ESPÍNDOLA

El contenido de este espacio no es un cuento de las Mil y Una Noches.

Tampoco una ficción.

Hechos reales, cifras auténticas y personajes de carne y hueso, muestran que -lejos de ser un mito- involucra instituciones y dependencias oficiales que generan complicidad y tolerancia.

Mas no se trata de resignación o pasividad involuntaria, sino de una confabulación que genera ganancias por miles de millones de pesos.

Además del personal aduanero, están involucradas en el contubernio esferas del Poder Ejecutivo federal, gobernadores, presidentes municipales, legisladores y corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno.

La historia de Alí Babá, que ha inspirado adaptaciones a la ópera, el cine y numerosas obras artísticas, es aplicable a las Aduanas ante el botín tolerado que ha construido grandes fortunas.

Al iniciar el contenido de esta columna para los lectores de IMPACTO, surgieron escenarios que motivaron cuál título estaría más acorde para esta colaboración.

Entre ellos los siguientes:

Vampiros aduanales chupan del huachicol.

Aduanas, refugio de maleantes.

Sistema aduanero, cueva de Ali Babá.

Porque tal pareciera que apegado al relato de la época medieval, los cómplices en el huachicol y el huachicol fiscal, descubrieron el tesoro oculto en una guarida de ladrones, en donde no fue necesario entrar con la frase mágica de “¡ábrete sésamo!”.

El huachicol es el combustible robado o adulterado en México. A las personas que cometen este delito se les llama huachicoleros.

Están tipificados dos tipos de huachicol: el tradicional, que es el robo físico de gasolina o diésel de los tubos de Pemex usando tomas ilegales que han ocasionado tragedias.

Otro es el huachicol fiscal, que es el contrabando de combustible que entra al país por puertos o fronteras terrestres con documentos falsos para no pagar impuestos.

El modus operandi del huachicol fiscal incluye una falsa declaración: El ingreso de diésel, nafta o gasolinas declarados como aceites lubricantes o aditivos para pagar menos impuestos.

Además de una subvaluación de los contenedores con valor fiscal mínimo frente a los volúmenes reales transportados.

Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización.

Y, desde luego, autoridades aduanales y corporaciones policiales en recintos fiscales terrestres o marítimos que no ven lo que ven.

Para que se tenga una idea del impacto económico del huachicol en México, durante un año alcanza los 123,500 millones de pesos, impulsado principalmente por el daño financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la evasión fiscal.

Las dos vertientes principales de esta crisis son el robo tradicional de ductos y el huachicol fiscal.

El robo físico directo de los ductos genera un boquete estimado en más de 56,000 millones de pesos anuales para la empresa paraestatal.

Mientras que con la evasión fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deja de percibir más de 67,000 millones de pesos al año.

En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrió una tragedia al estallar la fuga de combustible causada por una toma ilegal en un poliducto de Pemex.

La explosión dejó un saldo de 139 personas. 69 personas murieron en la explosión, otras 68 en hospitales

También durante su sexenio, López Obrador afirma reiteradamente que el huachicol había sido prácticamente erradicado.

Las incautaciones del huachicol y el contrabando de combustible en México registran importantes operativos federales recientes, destacando el aseguramiento de centros de almacenamiento ilegal y el desmantelamiento de instalaciones donde se procesan hidrocarburos.

Las acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se concentran en estados con alta incidencia delictiva.

En Veracruz, en julio de 2026, las autoridades aseguraron un centro ilegal de almacenamiento de hidrocarburos en Coatepec.

En el Estado de México fueron desarticuladas células ligadas al narcomenudeo y almacenamiento de Gas LP con la intervención de 14 inmuebles y decomiso de vehículos y dinero en efectivo.

Tamaulipas, con sus refinerías ilegales que ahí están, pero que para los gobiernos federal, estatal y municipal son cosa normal.

Cifras oficiales y de aduanas reportan acumulación de decenas de millones de litros incautados en operativos recientes.

Autoridades federales informaron la incautación de más de 98 millones de litros de hidrocarburo robado durante un año de operativos coordinados.

Destacan eventos como el aseguramiento de 15 millones de litros en carrotanques en Coahuila y diversos operativos en estados como Tabasco y Tamaulipas, que suman varios millones más a nivel regional.

Entre los aseguramientos de combustibles obtenidos o transportados de manera ilegal destaca el operativo realizado en Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel.

Dicen que el combate al llamado ‘huachicol’ se desarrolla bajo cuatro ejes fundamentales: La prevención; la inteligencia estratégica; la operatividad coordinada entre autoridades federales y autoridades locales, así como la judicialización de los responsables.

Pero toda esa logística pone en evidencia la tolerancia, la corrupción y la impunidad.

Las principales aduanas y puertos involucrados en el contrabando de combustible o “huachicol fiscal” en México son Matamoros, Reynosa, Tampico y Altamira, además de otros puntos en estados costeros y fronterizos.

Las investigaciones oficiales apuntan a un total de 21 aduanas bajo sospecha en 13 estados del país. Destacan aduanas y puertos como Matamoros (Tamaulipas); Aduana terrestre fronteriza señalada por el ingreso irregular millonario de litros de hidrocarburos con presunta complicidad de mandos militares.

Otros lugares son Tampico y Altamira (Tamaulipas), puertos clave en el Golfo de México. Otros recintos estratégicos son aduanas de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada, Guaymas y La Paz, donde se registró un aumento inexplicable en el volumen de sustancias importadas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), desde su creación en 2021, ha tenido a 5 titulares oficiales: Héctor Alonso Romero Gutiérrez, André Georges Foullon Van Lissum y Rafael Marín Mollinedo.

Romero Gutiérrez fue nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Rafael Marín Mollinedo nombrado por López Obrador, pero luego de un par de años renunció y de octubre de 2024 a marzo de 2026 tuvo un segundo periodo bajo el gobierno de la doctora Sheinbaum.

André Georges Foullon Van Lissum ocupó el cargo de junio de 2023 a febrero de 2025 designado por el expresidente Andrés Manuel. Rafael Marín Mollinedo fue en dos ocasiones titular de Aduanas y ahora busca ser gobernador de Quintana Roo.

Horacio Duarte Olivares, ahora secretario de Gobierno en la administración de Delfina Gómez en el Estado de México, fue titular de la ANAM y previamente desde mayo de 2020 como administrador general de Aduanas del SAT.

Ricardo Peralta Saucedo fue administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, fecha en la que pasó a ser subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asumió el cargo al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguno de ellos, cabeza visible del sistema aduanero, jamás han sido investigados o citados a declarar por el escandaloso robo.

Diversos actores políticos han sido señalados o investigados por su presunta vinculación con redes de contrabando e introducción ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Entre los casos recientes más sonados figura el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido por la FGR en julio de 2026 debido a su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando, ligado a operaciones de una empresa accionista vinculada al combustible no declarado.

Pero Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y ex colaboradores de su gobierno han sido señalados por supuestos lazos con el manejo ilegal de hidrocarburos en aduanas fronterizas.

Otras figuras políticas como Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Mario Delgado han sido señalados de forma reiterada por sus ligas con Sergio Carmona, el famoso “Rey del Huachicol”.

Carmona venía con frecuencia a la Ciudad de México y operaba en un departamento que tenía en Polanco. Ahí solía recibir las visitas de altos personajes del gobierno y del partido morenista, a los que agasajaba con comidas, fiestas y reuniones, además de entregarles dinero en efectivo.

Fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, justo cuando era mencionado como un mecenas porque era señalado en el financiamiento a campañas de candidatos del partido oficial Morena.

Incluso se habían publicado diversas fotos de miembros del partido, incluyendo al entonces líder nacional Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, viajando en aeronaves pagadas por Carmona Angulo.

Oficialmente desde hacía años Carmona era un exitoso contratista de diversas dependencias federales y estatales, pero en realidad la verdadera fuente de su inconmensurable riqueza era el tráfico ilegal de hidrocarburos que compraba masivamente en Estados Unidos y metía ilegalmente a México, gracias a sus contactos al más alto nivel con el gobierno federal.

Ante este panorama, gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa.

Fantasmas que recorren gran parte del territorio nacional, pero las autoridades, que evaden su responsabilidad, buscan ocultar * Entidades de la República Mexicana convertidas en campos de batalla por la disputa del territorio, el cobro de piso, trasiego y venta de drogas, la recaudación de dinero obtenido por los secuestros y una serie de delitos que se documentan solos

EMMA ESPÍNDOLA

Las ruidosas proclamas y festejos desaforados en los micrófonos, se apagan con el estruendo de las balas.

Esos anuncios victoriosos que retumban en la palabrería, quedan sepultados por las escenas de pánico y de dolor.

El panorama no puede ser más aterrador.

Hechos violentos que, ante la sociedad de todos los niveles, son espeluznantes, aunque entendibles por la ineptitud gubernamental.

Mas no es justificable el cuadro donde los sucesos consumados revelan un espectáculo de terror:

Decapitados, crímenes arteros, mensajes intimidatorios y reveladores, secuestros, corrupción de autoridades, insolvencia moral, torpeza y un cinismo absurdo.

Fantasmas que recorren gran parte del territorio nacional, pero las autoridades, que evaden su responsabilidad, buscan ocultar.

Esconder acontecimientos flagrantes, en los que imperan la violencia y las imágenes descarnadas.

Ineficientes para combatir, detener y procesar a las bandas criminales, recurren a los argumentos que únicamente contribuyen a evidenciar la torpeza que les caracteriza.

Entidades de la República Mexicana convertidas en campos de batalla por la disputa del territorio, el cobro de piso, trasiego y venta de drogas, la recaudación de dinero obtenido por los secuestros y una serie de delitos que se documentan solos.

Y para acreditar ese magro panorama, los servidores públicos acuden a querer implantar un sistema de mordaza.

Porque al final, para garantizar la impunidad, culpan a los medios informativos.

Como si las ejecuciones, los colgados, los expresidentes municipales sacrificados, los alcaldes ajusticiados, los empresarios victimados, los periodistas muertos para silenciarlos, fueran quienes matan y quitan la vida.

Zacatecas, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz acaparan la atención por la violencia y las acciones de sus gobernantes.

Vea usted:

El hallazgo de 10 personas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Las víctimas presentaban visibles huellas de violencia y en el sitio fue localizada una cartulina con mensajes de un grupo de la delincuencia organizada.

Un exalcalde, funcionarios municipales y empresarios se encontraban entre las víctimas halladas colgadas en un puente en Zacatecas.

De las nueve víctimas identificadas, ocho eran originarias de Zacatecas y una provenía de Durango.

Ante la masacre, el gobernador David Monreal Ávila no dio la cara, incluso permaneció oculto varios días y alejado de los medios de comunicación.

En el estado de Guerrero fue ejecutada la encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Martina Amates González, de 49 años de edad.

Fue asesinada a balazos y hallada con huellas de maltrato junto a su hija, de 26 años, y su chofer, quienes fueron hallados en el poblado Crucero de Grutas, del municipio de Pilcaya, en la zona norte del estado, a orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, Estado de México.

También perdió la vida el presidente municipal de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores.

El silencio ha sido usado por la gobernadora Evelyn Salgado para dejar que los crímenes se vayan olvidando y se deje de hacer ruido.

El panorama para Margarita González, gobernadora del estado de Morelos, es más negro. Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, fue asesinado dentro de la presidencia municipal.

Militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lavín fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en su oficina dentro del Palacio Municipal de Temoac, en el oriente del estado de Morelos.

Dos hombres armados ingresaron al edificio y dispararon directamente contra él, posteriormente huyeron en una motocicleta con rumbo a la comunidad de Popotlán.

Como respuesta, en medio de protestas, la gobernadora Margarita González se limita a pedir no creer en redes sociales ni medios de comunicación.

El mensaje durante un evento de las “Caravanas del Pueblo”, en Atlatlahucan, la mandataria estatal simplemente dijo: “No vean las redes, no vean los medios… bueno, los de nosotros sí”.

Como argumento manifestó que existe un constante ataque mediático en contra de la administración federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en las redes sociales se exagera la difusión de contenidos sobre violencia.

Ante las declaraciones, que generaron una fuerte polémica y críticas en diversos sectores, siendo interpretadas por críticos y usuarios como un intento de desviar la atención de la crisis de inseguridad que enfrenta el estado y una limitación a la libertad de expresión.

En Veracruz se pide al Congreso local el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, para avanzar en las investigaciones relacionadas con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio en su domicilio en Nanchital y hallada sin vida un mes después.

La Fiscalía tiene un testigo que presuntamente escuchó al alcalde comunicarse con un líder criminal de la zona para indicarle que privara de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella tenía en su poder una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga. Los alcaldes notificados tienen siete días hábiles para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Pero la gobernadora Rocío Nahle permanece impávida y gira instrucciones para que el tema se mantenga alejado de los medios de comunicación mientras se desvanece el asunto.

Salomón Jara, gobernador oaxaqueño que durante un vuelo en avión comercial es increpado por viajar en primera clase, recurre al cinismo frente a una cruda realidad.

En lo que va del gobierno de Jara Cruz, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, en Oaxaca han sido asesinados cinco presidentes municipales, ocho exalcaldes; nueve líderes sindicales, así como 21 activistas, dirigentes indígenas y representantes comunitarios, según cifras oficiales. Además, al menos 310 mujeres y 2 mil 800 hombres han muerto de manera violenta.

Y a manera de respuesta gubernamental, Jara pide lista negra de medios. Lanza una amenaza directa contra la libertad de prensa en Oaxaca al anunciar la creación formal de una “lista negra” institucional para vetar el escrutinio de los medios de comunicación que resulten incómodos a su administración.

Con la finalidad de justificar su proceder, bajo la etiqueta descalificativa de “portales de odio”, el mandatario estatal es claro: “Vamos hacer una descripción de todos los portales que nos odian para que cuando ustedes me pregunten de esos portales si está dentro de eso no se los voy a contestar”.

Esa declaración, que representa una clara violación al derecho a la información de la ciudadanía, condiciona el acceso a las respuestas gubernamentales a la sumisión de la línea editorial del medio.

Por otra parte, en Tabasco fueron encontrados dos cuerpos desmembrados y abandonados en bolsas en la ranchería Río Tinto, en el municipio de Centro, y José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno del estado, aplica una fórmula familiar.

En entrevista con medios de comunicación, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó este hecho de violencia a una disputa entre organizaciones criminales, en específico a La Barredora y al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mas “Pepín” López Obrador, quien de manera constante ha chocado con la prensa debido a cuestionamientos sobre la violencia, acusa a los medios de buscar muertos, promover a la oposición y exagerar la crisis de seguridad en el estado.

Frente a las críticas y la información difundida por la prensa, el hacendado, ganadero y dueño de una fortuna salida de la noche a la mañana, se refiere a los homicidios y restos humanos como argumento de los medios y termina acusándolos de favorecer a grupos opositores y criticar obras oficiales.

Como se verá (en la postura de satanizar a los medios informativos), el más chimuelo masca rieles.

Una palabra que aparece en mantas, folletos, consignas y mensajes en los que las explicaciones carecen de evidencias para darle el sustento y el valor que representa * Lo que realmente constituye una inmoralidad es que los aspirantes a las 17 gubernaturas mancillan el significado * Ignorantes de la Teoría General del Estado, de manera arbitraria usan a los incautos para expresarles algo que no existe * Recurrir a la defensa de la Soberanía Nacional, no pasa de ser una demostración y testimonio de un argumento para validar la manipulación electoral

EMMA ESPÍNDOLA

Convertido en slogan de campañas políticas, término para dar lustre a discursos vanos, premisa para generar polémica y parte central de una retórica sin argumentos, el vocablo circula impunemente.

Es una expresión que aparece en mantas, folletos, consignas y mensajes en los que las explicaciones carecen de evidencias para darle el sustento y el valor que representa.

Prácticamente, se ha convertido en una moda durante las campañas preelectorales que se realizan fuera de los tiempos que las leyes establecen.

La pregunta, que parece inocente, tiene un fondo más profundo que el Océano Pacífico.

Quienes pregonan y usan la palabra “Soberanía” están muy lejos de poder demostrar que sea vulnerada o esté en riesgo.

Son esos charlatanes y merolicos, quienes la pisotean al recurrir al concepto cuya trascendencia les es ajena.

En lo que realmente constituye una inmoralidad, los aspirantes a las 17 gubernaturas que serán renovadas en el proceso electoral de 2027, mancillan el significado.

Ignorantes de la Teoría General del Estado, de manera arbitraria usan a los incautos para expresarles algo que no existe.

Militantes de diversos partidos políticos fracturan la credibilidad de quienes, urgidos por satisfacer sus carencias económicas, son acarreados a mítines y concentraciones a cambio de una dádiva.

Atraídos por un caudal de promesas y la esperanza de ver mejoras económicas en su vida diaria, los ingenuos se convierten en grupos vulnerables frente a la verborrea que se derrama.

Generalmente los concurrentes a las asambleas manipuladas en las comunidades, principalmente rurales, carecen de estudios y niveles educativos que les hagan comprender los vocablos que utilizan en su palabrería los embusteros.

Pero eso no importa, al final lo destacable para los promotores de la mentira es tener concentrados para llenar la sillería, que aparezcan en fotografías y videos para presumir un arrastre popular.

Soberanía es la palabra hueca utilizada como bandera para congraciarse con el régimen y la consigna que se pregona a fin de validar los acarreos populares.

Término con fines mediáticos, el concepto es un instrumento incomprensible para diversos niveles de la sociedad, pero que se ha convertido en un argumento repetitivo hasta desgastar su auténtico valor.

Cerrar filas con esa maligna consigna, dictada desde Palenque por el que se fue a La Chingada, es la orden tajante para los acelerados militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Todos los suspirantes por ocupar las gubernaturas que se disputarán en las urnas, tienen la orden de pregonar que la soberanía está en peligro.

Por eso quienes se cobijan en el lema Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, deben acatar las instrucciones con una sumisión que no deje dudas.

Sobresalen en su actuación aspirantes como Andrea Chávez, en Chihuahua, quien -cobijada bajo el manto de Adán Augusto López- ha desplegado una intensa campaña hace meses, dilapidando incuantificables recursos económicos.

En esa misma entidad, el presidente municipal (con licencia) de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, le hace segunda con la bandera del partido guinda, pero también respaldado por el Partido Verde Ecologista de México.

En el estado de Guerrero Morena tolera y solapa al: senador Félix Salgado Macedonio; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la senadora Beatriz Mojica Morga, Esthela Damián y 13 militantes más.

En el estado de Colima la presidenta municipal con licencia de Manzanillo, Rosa María Bayardo, es de las que como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional es arropada por la senadora Ana Karen Hernández Aceves.

Y con el beneplácito de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, debe agregarse a la diputada federal con licencia Gricelda Valencia de la Mora y a Joel Padilla Peña, quien hizo su registro desde el Partido del Trabajo (PT).

Un grupo de 10 aspirantes a la candidatura por la gubernatura de Baja California por el Partido Morena, PVEM y PT, amparados en tener la Coordinación estatal por la Defensa de la Soberanía, teóricamente van en alianza.

Porque derivado de los conflictos entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla, una posible candidatura de unidad está fracturada.

Mientras tanto la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla y el alcalde con licencia por Tijuana, Ismael Burgueño, son protagonistas de una cruenta lucha en la que se dan con todo.

Burgueño ha recurrido a planfleteros y equipos de “guerra sucia” para asegurar un triunfo en la contienda.

También Armando Ayala, senador con licencia, se registró como lo hizo el ex delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.

En Tlaxcala la pelea está entre la senadora Ana Lilia Rivera y el presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, quien es hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya y la exsenadora Maricarmen García.

Por cierto, el munícipe tlaxcalteca es promovido y respaldado en medios de comunicación por Alfonso Brito, quien fuera coordinador de Comunicación Social durante el gobierno de Sánchez Anaya.

Claro está que esto es en contubernio con Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, quienes desde Palacio Nacional mandan el mensaje de que el junior Sánchez García tiene la bendición presidencial.

En tierras michoacanas están apuntados: el senador con licencia Raúl Morón Orozco; la diputada local Fabiola Alanís Sámano; el exfiscal Carlos Torres Piña; la senadora Celeste Ascencio Ortega; la exsecretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y el diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar.

Nuevo León vive una guerra civil porque en la lista de aspirantes están Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y Judith Díaz, aunque también se han apuntado Waldo Fernández, Andrés Mijes, Felipe de Jesús Cantú y Jesús Elizondo.

En fin, en los 17 estados donde habrá renovación de gobernadores la guerra es entre los mismos morenistas y sus aliados del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

Particularmente llaman la atención Nuevo León y San Luis Potosí, en donde los gobernadores Samuel García y Ricardo Gallardo Cardona buscan heredar el cargo a sus esposas, Mariana Rodríguez Cantú y la senadora Ruth Miriam González Silva, respectivamente.

Debe asentarse que en la perorata de la Defensa de la Soberanía Nacional no está ajena la gran mayoría de los diputados y senadores que manifiestan y presumen una ignorancia absoluta al respecto.

Por ejemplo, los agraciados en tómbolas y sorteos que no están capacitados para presentar iniciativas de ley y validar con sustento los cambios constitucionales.

La mayoría de ellos carecen de argumentos sólidos para debatir en la tribuna y que utilizan regularmente el podio para llegar a la descalificación, el insulto y la agresión.

Ya no esperemos un sustento jurídico, sino apenas lógico, práctico y que encuadre en la realidad que vivimos los mexicanos.

Es necesario apuntar que en el Congreso de la Unión no hay legisladores electos directamente por tómbola, ya que la Constitución Política exige el voto popular.

Sin embargo, el partido Morena utilizó este método para insacular a candidatos de sus listas de representación proporcional (plurinominales) en las elecciones de 2024.

A través de este sorteo, el partido definió a varios de sus perfiles, quienes posteriormente alcanzaron un escaño en el Congreso de la Unión al obtener la votación proporcional requerida por sus listas.

Y como usted verá, recurrir a la defensa de la Soberanía Nacional, no pasa de ser una demostración y testimonio de un argumento para validar la manipulación electoral.

Pero para impedirlo, no hay remedio.