El show apenas empieza de Estados Unidos * En jaque al aparato oficial, ya que EU deja sin argumentos a la Fiscalía General de la República para afirmar que no hay pruebas contra los exfuncionarios acusados * Políticos delincuentes, herencia de AMLO

MARKOFLOS

“A confesión de parte, relevo de pruebas” es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.

Y este axioma nos viene muy bien para entender mejor el fondo jurídico del proceso legal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició contra diez exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que encabezaba el ahora gobernador con licencia -y protección oficial- por presuntos nexos con el crimen organizado, con el cártel más grande del mundo, el de Sinaloa.

Con la detención de los primeros dos exsecretarios del gobierno de Sinaloa: el de seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el de administración y finanzas, Enrique Díaz Vega, y su público deseo de declararse culpables y convertirse en testigos protegidos, se reconfigura el proceso legal de todo este escándalo internacional.

Por el lado de Estados Unidos, se facilita el acceso a información y más pruebas de cómo operaba esta red integrada por funcionarios y miembros de este cártel declarado “terrorista”, para efecto de las leyes norteamericanas.

Por el lado de México pone en jaque al aparato oficial, ya que deja sin argumentos a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, y a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para afirmar que no hay pruebas contra los exfuncionarios acusados desde el 29 de abril de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció el pasado viernes 15 de mayo en un tribunal de Estados Unidos, después de su arresto en Arizona.

El exsecretario, de 66 años de edad, es el primero en comparecer y no se le requirió presentar un alegato de culpabilidad durante su comparecencia inicial ante un tribunal federal en Manhattan, informó la agencia The Associated Press.

Permanecerá encarcelado y debe volver a comparecer ante el tribunal el próximo 1 de junio. Está acusado de conspiración para exportar narcóticos, conspiración para tener y por poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y enfrenta de 40 años a cadena perpetua si fuera declarado culpable.

En la acusación de Estados Unidos, se señala que Gerardo Mérida recibía al menos 100 mil dólares mensuales por protección y alertamiento de redadas que se iban a realizar contra laboratorios de drogas.

Mérida Sánchez había sido jefe de las zonas militares de Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca, cuando hubo mayor presencia del crimen organizado en esas entidades.

Tras la detención del exsecretario de seguridad, el titular de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregó a autoridades de Estados Unidos, según informaron medios nacionales.

Según el periódico Reforma, que cita fuentes oficiales, Díaz Vega se habría entregado voluntariamente a autoridades de Estados Unidos.

La acusación de la justicia norteamericana señala que fue Díaz Vega quien elaboró y proporcionó a Los Chapitos la lista de personas que colaboraron para los partidos de oposición –PRI- en las elecciones para gobernador, para que fueran golpeados, amedrentados y secuestrados en los dias previos y durante las elecciones que “ganó” Rocha Moya.

De ello dio cuenta el candidato a gobernador del PRI, Mario Zamora, durante el proceso electoral, pero sus acusaciones fueron ignoradas por todas las instancias electorales y el gobierno federal.

En el caso del senador Enrique Inzunza Cázarez, aunque se decía que también se entregaría a la justicia norteamericana, hasta el momento lo último que publicó en redes sociales es que se encuentra en su tierra y con su familia.

La acusación de la justicia norteamericana contra diez exfuncionarios de Sinaloa señala que los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

De acuerdo con autoridades de EU, la red operó para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a ese país con el apoyo desde estructuras del gobierno en Sinaloa. El exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya rechazó previamente las acusaciones y solicitó licencia al cargo el pasado 2 de mayo.

Los diez acusados por la justicia norteamericana son: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de gobierno y actual senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administarción y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policiaco; Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”; Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad; José Antonio Dionisio Hipólito, “El Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “El Juanito”.

La investigación sostiene que estos exfuncionarios de Sinaloa habrían facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y protección política.

Confesos los imputados por el gobierno americano se agota y resulta falaz la narrativa populista de pretender envolverse en la Bandera Nacional en defensa de la soberanía, cuya definición es muy sencilla, “nada por encima del Estado”, que está conformado por los elementos territorio, pueblo y gobierno.

Luego entonces, si el crimen organizado domina gran parte del territorio nacional y tiene bajo control a gobiernos de diferentes niveles, nuestra soberanía está siendo vulnerada por el crimen y no por los Estados Unidos o los “conservadores” como quieren hacer creer en el discurso oficial.

El mejor ejemplo es el del cínico senador Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que la defensa de la soberanía nacional no debe convertirse en una excusa para descuidar labores de inteligencia y vigilancia sobre personas bajo sospecha.

“Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional’, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?”, expresó en alusión a las autoridades encargadas de la seguridad nacional. ¿O acaso es que el miedo no anda en burro (Noroña)?

El show apenas empieza y si se descuida la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser arrastrada por el enjambre de políticos delincuentes que le heredó Andrés Manuel López Obrador.

La lista de políticos de Morena que estarían en fila para ser imputados por EU, publicada por la periodista Anabel Hernández, ha sido ampliamente difundida en redes y medios nacionales: Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y María Elena Lezama (Quintana Roo).

También se menciona a Adán Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila.

Si a lo antes expuesto le agregamos el escándalo “huachicol”, que implica 600 mil millones de pesos de robo.

La captura en Argentina de Fernando Farías Laguna -contraalmirante y subsecretario de la Marina, sobrino del titular de la Semar en la administración de AMLO- se llevó a cabo el 23 de abril de 2026 en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Las autoridades argentinas lo arrestaron a partir de una ficha roja de Interpol emitida por México.

Con todo este cocktail, todo se torna contra el gobierno de la 4T.

Los Chapitos y los nuevos testigos protegidos seguirán aportando información al gobierno norteamericano y esto crecerá como bola de nieve, que podría llegar hasta Palenque. Al tiempo.

Con sus justificaciones el titular de la SEP enseña el cobre y la Primera Mandataria le endereza la plana * El calendario escolar oficial se mantiene sin cambios y las clases continuarán de manera normal en México hasta nuevo aviso * Nelson Mandela consideraba la educación como “el arma más poderosa para cambiar el mundo”

MARCO ANTONIO FLORES***

Pues finalmente se impone la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y echa abajo la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026.

Sheinbaum da un golpe de autoridad en la educación, que finalmente se rompió por lo más Delgado.

Con sus justificaciones el titular de la SEP enseña el cobre y la Primera Mandataria le endereza la plana, así que el proyecto o “borrador” de recortar el calendario escolar quedó para mejor ocasión.

Se veía venir el fracaso, pues la SEP comenzó a recular en su intención de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026, luego de que la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo desautorizara públicamente el anuncio realizado por el titular de la dependencia, Mario Delgado, por lo que todo quedó en un chasCarrillo.

LA CRÓNICA DE UNA PROPUESTA ANUNCIADA

Tras varios días de polémica, críticas de padres de familia, escuelas privadas, especialistas y gobiernos estatales, el gobierno federal confirmó que el recorte del calendario escolar aún era “una propuesta” y no una decisión definitiva.

La corrección presidencial obligó a la SEP a revisar nuevamente el tema apenas horas después de que Delgado asegurara públicamente que las clases terminarían el 5 de junio por el Mundial 2026 y las altas temperaturas.

De entrada, aquí se aprecia claramente que no hay coordinación entre la titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Educación Pública.

Durante su Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum aclaró que no existe todavía un calendario escolar definitivo y sostuvo que cualquier modificación deberá analizarse nuevamente con autoridades estatales y priorizando el aprendizaje de los estudiantes.

Horas después, Mario Delgado tuvo que salir a matizar sus declaraciones y anunció una nueva reunión con secretarios estatales de Educación para revisar el calendario escolar.

La propuesta original contemplaba terminar el ciclo escolar el 5 de junio, más de un mes antes de lo previsto, mientras el regreso a clases seguiría programado para finales de agosto.

El anuncio detonó una ola de críticas en todo el país.

Organizaciones de padres de familia acusaron que el gobierno estaba priorizando el Mundial de Futbol sobre la educación de millones de estudiantes.

También gobiernos estatales como Jalisco y Guanajuato rechazaron aplicar el ajuste federal y anunciaron que mantendrían sus calendarios escolares normales.

Escuelas privadas incluso advirtieron posibles acciones legales al considerar que reducir más de un mes de clases podría violar los días mínimos establecidos en la Ley General de Educación.

Ante la presión social y política, Delgado reconoció que “faltaron voces” en la discusión y aceptó que la SEP debe abrir un debate más amplio sobre cualquier modificación al calendario escolar.

Pero lo más lamentable fueron las justificaciones que dio para adelantar el fin del ciclo escolar.

La verdad, Delgado Carrillo se quiso dar “baño del pueblo” y quedar bien con todos, padres, maestros y alumnos, porque tendrían más días de vacaciones, pero le salió el tiro por la culata.

Ya salió “quemado”, pero con sus argumentos que expresó públicamente quedó todavía mal parado.

Entre los disparates que dijo Mario Delgado, unas horas antes de la reunión del Consejo con secretarios estatales, fue lo siguiente:

1) Después del 15 de junio ya no se enseña nada en las escuelas. “Después del 15 de junio se cae en un periodo de descarga administrativa… se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico”.

2) Del 15 de junio al 15 de julio los papás usan la escuela de guardería. “La escuela no es guardería”.

3) “Los maestros necesitan descanso”.

No se ría, es en serio, todo eso dijo el señor Delgado, y ya muchos futuristas auguran que su cabeza pende de un hilo en la titularidad de la SEP.

Su salida es algo muy difícil, pues tiene el VoBo de Palenque.

‘LA EDUCACIÓN, EL ARMA MÁS PODEROSA PARA CAMBIAR EL MUNDO’

Nelson Mandela consideraba la educación como “el arma más poderosa para cambiar el mundo”.

En México el gobierno de la Transformación parece no considerar a la educación como una prioridad. Son significativas las señales que el gobierno de la 4T ha mandado para afirmar que el sistema educativo nacional se encuentra en franco deterioro.

El retroceso educativo inició cuando al asumir la Presidencia, en 2018, Andrés Manuel López Obrador destruyó la “reforma educativa” que se había logrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta reforma había establecido, entre otros puntos, contar con educación de calidad, sin embargo, el instituto encargado de la evaluación educativa lo desapareció AMLO en 2019, era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un órgano constitucional autónomo encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, se habían suprimido los privilegios que tenía la CNTE, como la facultad legal para obligar a los maestros a asistir a sus concentraciones políticas, ésta y otras prebendas le fueron devueltas a la CNTE por la “contrarreforma” de la transformación.

Al menos 15 años podría tomar que México recupere los niveles educativos de países similares dentro de la OCDE. Eso si se corrigen las deficiencias tanto en el sistema educativo nacional como en otros rubros que inciden en los educandos.

En 2022 fuimos reprobados en el “Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes”, que es la prueba educativa científica y reconocida más relevante del mundo, creada por la OCDE en 2000.

PISA es un programa de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que agrupa a los 38 países más desarrollados del mundo y a la que pertenece México desde 1994.

El objetivo del programa PISA es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real.

El informe PISA sitúa a México en la posición 51 de 81 países valorados. En las tres materias evaluadas, sólo la mitad de los alumnos pudieron superar la prueba.

Para López Obrador, la prueba PISA era un procedimiento neoliberal, cuando en todo el mundo, incluida China comunista, es una medición plenamente reconocida, ya que permite a los jóvenes conseguir mejores trabajos.

Para medir con objetividad el retroceso educativo de la 4T, deberíamos analizar cuál es el estatus de la educación, no sólo en el nivel básico, sino en el nivel medio superior y superior.

El Estado Mexicano y el gobierno de la Presidenta Sheinbaum debe seguir garantizando el “derecho a una educación de calidad”, alineada con el Artículo Tercero Constitucional. Que así sea por el bien de la educación en México.

***Académico y consultor.

Ante acusaciones de Estados Unidos ¡sálvese quien pueda! * Capacidad tiene la Presidenta Sheinbaum Pardo y debe tomar la mejor decisión para bien del país, pues “la patria es primero”

MARKOFLOS**

“Todos los caminos llevan a Roma” es un proverbio que resalta que, independientemente del camino elegido, el resultado final suele ser el mismo.

En medio del mayúsculo escándalo, que ha provocado la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de fiscal de Nueva York -que también acusó a Nicolás Maduro-, el ambiente se ha tornado agitado contra políticos del partido en el poder.

La periodista Anabel Hernández reveló la “lista negra” de políticos de Morena que estarían en fila para ser imputados por EU.

Entre los políticos señalados se encuentran gobernadores actuales como Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y María Elena Lezama (Quintana Roo).

También se menciona al “hermano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández, misma frase que expresó sobre Rocha Moya.

Asimismo, se menciona a Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila.

Aunque hasta el momento la DEA ni las autoridades mexicanas han confirmado oficialmente la existencia de dicha lista, ni los políticos mencionados han emitido declaraciones al respecto, este tipo de noticias circulan en redes y en diversos medios de difusión de todo el país.

Lo que todo mundo se pregunta es ¿cómo es que México ha llegado a ser considerado un “narcoestado”, incluso por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?, cuando afirma que a México lo dirigen los cárteles, no el partido en el poder, y asegura que le ha preguntado a Sheinbaum sobre si quiere que Estados Unidos se deshaga de los cárteles de la droga en suelo azteca y ella ha dicho que “no”.

No olvidar que el gran político Porfirio Muñoz Ledo, antes de su fallecimiento, también puso el dedo en la llaga y expresó que México era un narcogobierno.

Habrá que preguntarse qué información tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la avasalladora presencia de los cárteles en México. Es obvio que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está aliada, los ha combatido como no se hizo antes.

Lo que no sabemos es la información que los americanos (Departamento de Estado, de Justicia, CIA y FBI) y los testigos protegidos tengan respecto al sexenio de López Obrador con la aplicación de la consigna “abrazos y no balazos”.

El caso del gobernador Rubén Rocha estaba cantado desde que Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel más poderoso del mundo, había denunciado -en la primera audiencia que tuvo en Nueva York en 2024- mediante una carta dirigida a los fiscales que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo convocó a una reunión que resultó ser una emboscada, en la que Joaquín Guzmán López lo “secuestró” y entregó a agentes del gobierno americano… una reunión en la que también fue asesinado el rector de la Universidad de Sinaloa.

También es de sobra conocido que Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín negocian actualmente con las autoridades estadounidenses con el objetivo de reducir sus condenas.

Recuérdese que al inicio de estas negociaciones se dio un hecho inédito, que el gobierno norteamericano arropara y permitiera el ingreso de 17 familiares de Los Chapitos a Estados Unidos.

Algunos analistas de estos procesos señalan que esa concesión da idea del tamaño de las revelaciones que pueden estar haciendo Los Chapitos acerca de políticos vinculados con sus actividades delictivas.

Todo el enjambre de políticos presuntamente vinculados con actividades delictivas es producto de la “herencia maldita” que la Primera Mandataria retomó de su antecesor, por ello se puede afirmar que “todos los caminos llevan a Palenque”.

Todos los oscuros personajes llevan el sello de AMLO y fueron designados e impuestos por él en algunos casos como el de Rubén Rocha, con el comprobado apoyo de la delincuencia organizada.

Algunos antecedentes y referencias al respecto son las siguientes: Cómo explicarse la cercanía del expresidente López Obrador con Adán Augusto López Hernández, su “hermano”, quien en forma prepotente y arrogante aborda los temas y escándalos que lo involucran, desde su cínica afirmación de que no conocía los antecedentes y mañas de su exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena (líder del cártel La Barredora), hasta la forma en que dio a conocer que tan sólo en dos años había obtenido 759 millones de pesos por trabajos profesionales personales, siendo senador de la República.

Otro ejemplo: Félix Salgado Macedonio, cuando fue presidente municipal de Acapulco, entre 2005 y 2008, con el PRD de AMLO, fue del dominio público que durante su gestión la violencia aumentó y la seguridad del principal centro turístico del estado se deterioró de manera brutal.

Desde 2007, diversos medios de comunicación locales y nacionales señalaron que, durante su gestión, se evidenció la presencia del Cártel de Sinaloa.

Arturo Beltrán Leyva, en ese tiempo todavía aliado a ese cártel, habría sido el operador en esa plaza. Alguien podría explicar la razón por la que el expresidente Andrés Manuel lo ha apoyado contra viento y marea en su carrera: ¿Política, méritos o qué compromisos existen con este personaje?

Salgado Macedonio fue designado por AMLO coordinador estatal de Morena en Guerrero durante su campaña presidencial. Como senador fue designado presidente de la Comisión de Defensa Nacional, como una muestra de “respeto” por las Fuerzas Armadas.

De igual manera todos los personajes de la “lista negra” fueron impulsados e impuestos por el expresidente López Obrador: Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y María Elena Lezama (Quintana Roo). Como lo dije líneas antes, “todos los caminos llevan a Palenque”.

En junio de 2021 el expresidente realizó una consulta popular -con un costo de 700 mdp- para que el “pueblo” decidiera si se debía juzgar a los últimos expresidentes de México. ¿Esa propuesta podría convertirse en un bumerang? Hay que recordar la frase que dice “Con la vara que midas serás medido”.

Repito, lo dijo un morenista, Muñoz Ledo, semanas antes de perder la vida, acusó a Andrés Manuel de tener alianza con el narcotráfico y advirtió sobre el peligro de que México fuera dominado por el crimen y por los militares.

En medio de su gran pugna y en su papel de testigos protegidos del gobierno norteamericano, los líderes del Cártel de Sinaloa pronto darán a conocer declaraciones, acusaciones y hechos contra personajes inesperados.

¿Estamos en la antesala del derrumbe del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Acaso la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo tiene la suficiente altura moral y capacidad política para deslindarse de los personajes del movimiento obradorista que resulten involucrados?

Todo un gran reto para la Primera Mandataria para salir bien librada de este megaescándalo, justo a días del inicio del Mundial de Futbol, y más ahora que se está en el marco de la renovación del T-MEC.

Capacidad tiene la Presidenta Sheinbaum y debe tomar la mejor decisión para bien del país, pues “la patria es primero”.