PULPO POLÍTICO
¿Golpe mortal a Salinas Pliego?
Publicado
Hace 8 mesesen
Por
Redacción
La SCJN desecha los amparos directos en revisión que Grupo Salinas tramitó en contra de resoluciones de los tribunales colegiados * La Corte de AMLO, sumisa al Poder Ejecutivo * Gran visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006: “¡Al diablo con sus instituciones!”
MARCO ANTONIO FLORES***
Fue hasta el 5 de febrero de 2023, cuando el Poder Judicial actuaba sin presiones y de manera autónoma, conforme a la División de Poderes -Montesquieu-, que es un principio político de las democracias del mundo para que los tres Poderes puedan ser ejercidos, cada cual cumpliendo su función con autonomía, establecida en nuestra Constitución Política desde hace 200 años.
En 2023 nació un rencor y una venganza personal-presidencial que se transformó en desaparición y sometimiento del Poder Judicial. Durante la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro, Norma Piña, presidenta de la SCJN, tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían a AMLO.
En la Mañanera del dia siguiente, el presidente López Obrador intensificó sus ataques y agresiones al Poder Judicial. La ministra Norma Piña aclaró que el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de energía electrica y avaló diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos (ocurrencias) presidenciales anticonstitucionales.
El 5 de junio de 2024 se eligió “democráticamente” a los integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros de la SCJN. Los “elegidos” fueron los candidatos que Morena y el oficialismo propusieron a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.
Fue así como el Poder Judicial se convirtió en una herramienta política del oficialismo. Obedecerá y estará controlada directamente por el expresidente Andrés Manuel, ni siquiera por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que AMLO impuso a las ministras: Lenia Batres, la “ministra del pueblo”; Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y Loretta Ortiz, férrea militante y fundadora de Morena, así como a María Estela Ríos González, quien fue su consejera jurídica y, eventualmente, la autora material o intelectual de la “Reforma Judicial”.
De igual manera planeó y fabricó al “indígena” ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, quien había trabajado para él en la operación para expropiar bienes ejidales y comunales, para dar paso al Tren Maya.
Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”. Habrá que reconocer la probada habilidad y perversidad política de “alta escuela” del expresidente para lograr apropiarse del Poder Judicial de tal forma.
El jueves 13 de noviembre de 2025 quedó demostrada la indubitable sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. El pleno de la SCJN se apresuró a desechar los amparos directos en revisión que Grupo Salinas tramitó en contra de resoluciones de los tribunales colegiados que confirmaban la obligación de pagar los créditos fiscales que hasta ahora suman 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos, aproximadamente.
Ya lo había advertido un expresidente de México: “El peligro es que nos convirtamos en un país de cínicos”. Los créditos fiscales del Grupo Elektra y TV Azteca, empresas de Grupo Salinas, se mantuvieron en litigio desde 2013, pero a partir de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente con la ayuda y en alianza con Ricardo Salinas Pliego, presidente de ese grupo, se congelaron los procedimientos legales y fue del dominio público que le serían condonados gran parte de esos créditos fiscales.
Sin embargo, se empezaron a distanciar AMLO y Salinas, debido a que el magnate no estaba de acuerdo en decisiones presidenciales que atentaban contra nuestro régimen democrático constitucional y las libertades empresariales, tales como la desaparición de organismos autónomos, la captura del Poder Judicial y de los órganos electorales.
Así, otra de las herencias “malditas” que le dejó AMLO a la Mandataria Sheinbaum Pardo fue una abierta confrontación entre el multimillonario y el Poder Ejecutivo, ya que como todos sabemos es el que controla totalmente al Poder Judicial.
Y por si alguien lo duda, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esta resolución de la SCJN no fue por consigna, sino que los ministros declararon firmes las sentencias de otras instancias del Poder Judicial.
En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum retomó el comunicado publicado por la Suprema Corte y pareció argumentar, “conocer” y ratificar “jurídicamente” que “no debieron admitirse a trámite en la SCJN porque no tenían que ver directamente con lo que resuelve la Corte”, además de que “no se presentaron cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional”, relacionado con la negativa de pagar los créditos fiscales y las multas.
“Lo que hace la Corte es desechar siete recursos a estos grupos” y finalmente “deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT”, indicó.
“Ya otras autoridades habían negado a empresas de Grupo Salinas, le dijeron ‘no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal’”.
Al final “se van a la Corte y dice ya resolvieron otras instancias del Poder Judicial, si vas a la Corte es por un asunto constitucional” o incluso de un asunto de violación de derechos humanos, lo que no fue el caso.
Gran visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”. Es una sentencia que cumple a cabalidad su sucesora.
Con las mayorías calificadas en el Poder Legislativo, quedarán atrás los salvavidas que el Poder Judicial lanzó al país, cuando AMLO desde 2023 arremetia contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por echar abajo el Plan B de la reforma electoral, al asegurar en tono molesto y agresivo: “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”, luego de que el pleno de la SCJN invalidó con 9 votos contra 2 la primera parte del plan B.
Desde entonces AMLO advirtió que pondría en marcha el Plan C de la reforma electoral para que pueda continuar la Cuarta Transformación.
Explicó que dicho plan consistía en lograr -en 2024- la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (334 curules) para que las reformas constitucionales que envíe sean aprobadas. Claudia Sheibaum (léase AMLO) lo logró en 2024.
Por lo antes expuesto, suena fuerte la alarma, por la pretensión de instaurar el populismo autoritario, al no respetar la División de Poderes, que es uno de los pilares del régimen republicano y federal que establece la Constitución Política.
Con un Poder Legislativo dócil y sometido que no cambia una coma a las iniciativas presidenciales (propuestas de AMLO) y un Poder Judicial controlado por el expresidente, quién puede dudar que estamos viviendo un “maximato” actualizado, remasterizado y avalado “mayoritariamente” por una población con los menores niveles educativos y con mayor grado de pobreza, que tiene la creencia que se vive una “transformación” para su beneficio, sin darse cuenta que estamos ante una simulación que traerá consigo enormes retrocesos en crecimiento económico, seguridad, vivienda, salud, educación, infraestructura básica, así como destrucción de nuestras instituciones democráticas.

El caso del Grupo Salinas y su presidente Ricardo Salinas Pliego no debe verse sólo como el de un multimillonario que no quiere pagar los impuestos que le corresponden, sino lo que significa que cualquier empresario o ciudadano no tenga los recursos jurídicos -que antes garantizaba el Poder Judicial- contra actos de autoridad que contravengan la Constitución Política.
El gran riesgo y peligro es la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales, de los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley.
También se prende la alarma en el derecho de propiedad, libertad de creencias, incluso que la autoridad pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.
Es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por Poderes Judiciales.
Nuestros principios constitucionales democráticos ya fueron vulnerados. ¡La alarma está encendida!
El caso de Salinas Pliego ya no tiene vuelta de hoja: O paga o paga.

Pero ¿qué pasa si no lo hace? Viene el embargo, congelamiento de cuentas, marcas, acciones y todo lo que venga.
“El crédito se vuelve exigible y el Servicio de Administración Tributaria puede iniciar el trámite correspondiente”, explicó Jesús Rodríguez, presidente de la Comisión de Evaluación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
La fiscalista Virginia Ríos explica que Salinas Pliego podría optar por pagar en parcialidades hasta en 36 meses. Eso sí, con intereses: la tasa de recargos pasó de 1.86% mensual en 2025 a 1.97% en 2026.

Si no tiene para pagar, entonces toca embargar. E incluso los socios o administradores de las empresas deudoras pueden hacerse responsables de saldar los pagos, incluyendo el ISR.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
¿Filtraciones, testigos protegidos o injerencia extranjera?
Publicado
Hace 5 díasen
julio 5, 2026Por
Redacción
Tras las publicaciones de Los Angeles Times y de The New York Times * Morena rechaza la información sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos * El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envía un comunicado a la dirección editorial del NYT
MARCO ANTONIO FLORES***
En medio de la euforia del certamen futbolero, parecen perderse algunas noticias que se están publicando en Estados Unidos.
Aunque la avalancha de información -respecto a narcofuncionarios mexicanos que se venía formando a raíz del caso Rocha Moya y sus nueve cómplices- parece que se enfría, la realidad es que está más caliente que el máximo evento del futbol.
Sólo hay que revisar lo que publicó The New York Times, el pasado 27 de junio, en un artículo firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, cuyo texto señala: “El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el gobierno de México y, a medida que esos esfuerzos avanzan, algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones”.
Por su parte, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho del cuestionamiento a esas investigaciones un grito de batalla para su partido político de izquierda, Morena, al calificar las acusaciones como una injerencia extranjera.

Lo publicado por NYT dice lo siguiente:
“Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum.
“Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia.
“El cierre de filas a que convoca la Presidenta desde arriba no se corresponde desde abajo”, dice Carlos Bravo Regidor, un destacado analista político mexicano.
“Hay gente abajo que es parte de la propia escena que, lejos de cerrar filas con la Presidenta, va corriendo a Estados Unidos para salvar su pellejo”, añade.
“En las últimas semanas (Sheinbaum) ha optado por ponerse de lado de su partido y ha rechazado las exigencias de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena en el estado de Sinaloa, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran de proteger al poderoso cártel de su estado a cambio de ayuda para ganar las elecciones”, agrega.

Sobre esto, Sheinbaum Pardo dice que los investigadores estadounidenses no han presentado pruebas que justifiquen su detención y que la exigencia implica una injerencia en los asuntos de México.
También dijo que la Fiscalía mexicana abriría sus propias investigaciones sobre los funcionarios acusados. Pero Claudia Sheinbaum ha acusado varias veces al gobierno de Trump de hacer política.
“Ya no estamos hablando de cooperación”, añadió, “estamos hablando de injerencia”.
No es la primera vez que una importante publicación de Estados Unidos arremete contra un gobierno mexicano.
Es conocido el “modus operandi” de agencias como la DEA y la CIA que filtran datos para presionar y apresurar la pesca de información.

Sin embargo, los mensajes cifrados o abiertos que se están mandando al gobierno que encabeza la Mandataria Claudia Sheinbaum, no deben subestimarse o tomarse a la ligera, después de todas las declaraciones y advertencias que han hecho importantes personajes del gobierno norteamericano.
El artículo del NYT agrega: “Los políticos de Morena que ahora colaboran en las investigaciones se suman a una lista cada vez mayor de informantes mexicanos.
“Los fiscales estadounidenses han obtenido información de dos líderes de cárteles encarcelados -hijos de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo- que se declararon culpables el año pasado de delitos relacionados con las drogas.
“Y en los últimos 18 meses, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a 92 miembros de los cárteles mexicanos, varios de los cuales han empezado a hablar con las autoridades estadounidenses, según las cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones.
“Dijeron que entre los que han proporcionado información se encuentran altos mandos de los hijos del Chapo, uno de sus pilotos principales y uno de sus asesores más importantes”.
Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA, dijo que -los funcionarios de Morena que están colaborando y el grupo de narcotraficantes que ahora están bajo custodia de Estados Unidos- aumentan la probabilidad de que las autoridades estadounidenses estén preparando casos importantes.

“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, dijo.
También señala el referido artículo: “En general, Sheinbaum ha establecido una relación positiva con el gobierno de Trump”.
Según datos del gobierno, los homicidios entre enero y mayo se redujeron un 63 por ciento respecto al mismo periodo de hace dos años. Pero iniciar procesos jurídicos contra funcionarios es mucho más complicado políticamente para Sheinbaum.
Algunos de los personajes investigados por Estados Unidos no sólo son miembros de su partido, sino también aliados cercanos de su predecesor y benefactor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su libro, escribió que, según le había contado un contacto común, López Obrador estaba preocupado por la captura -por parte de autoridades estadounidenses- de un líder de un cártel en 2024, por la información que el delincuente pudiera revelar.
Adicionalmente se reseña en la publicación que “dos objetivos en las investigaciones por corrupción de Estados Unidos son los gobernadores de Morena de los estados de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública.

“Los gobernadores han negado acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. En torno a estos gobernadores se refiere que López Obrador es aliado de ambos: Durazo fue su secretario de Seguridad y apoyó públicamente a Villarreal cuando se enfrentó a una serie de acusaciones de corrupción en 2022, que él negó”.
LOS ANGELES TIMES YA LO HABÍA PUBLICADO
Las investigaciones sobre los gobernadores ya las había publicado antes el diario Los Angeles Times.
Como se recuerda, el periodista Steve Fisher publicó con anticipación la acusación contra Rocha Moya y sus secuaces, y es el mismo que firmó el artículo que involucra a estos dos gobernadores de Sonora y Tamaulipas.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había rechazado con antelación lo publicado en Los Angeles Times y ahora acaba de enviar un comunicado a la dirección editorial del New York Tomes, en el que señala: “En relación con las referencias a mi persona contenidas en la nota ‘Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump’, bajo la firma de Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer en su edición del 27 de junio.
“La decisión editorial de The New York Times de publicar y presentar como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración, conlleva un alto componente especulativo. “Reitero: no he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas.

“En consecuencia, solicitamos que The New York Times aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial pública confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna.
“Atentamente
Alfonso Durazo”.
MORENA RECHAZA LA INFORMACIÓN
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechaza la información publicada por The New York Times sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos como informantes en investigaciones relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado.
Montiel afirma que se trata de una narrativa dirigida a desacreditar al movimiento y sostiene que cualquier investigación deberá realizarse conforme a la ley… lo mismo que han venido diciendo durante varios meses.

“Es una campaña que inició contra el presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, nuestra presidenta cuando fue candidata y es la narrativa de la ultraderecha que ha venido construyendo en estos últimos años”, añade.
También rechaza que Morena proteja a personas involucradas en actividades ilícitas y reitera el respaldo del partido a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Nosotros no somos cómplices de nadie. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional”.
Ante ese escenario, Montiel asegura que Morena dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y reitera que cualquier actuación deberá desarrollarse dentro del marco legal.
En fin, mientras son peras o manzanas, quizá sepamos si toda esta información que publica el New York Times y otra que proviene de los Estados Unidos, nuestro vecino y principal socio comercial, se refiere a filtraciones de testigos protegidos o se trata de injerencia extranjera que tiene sólo como propósito “atentar contra la soberanía nacional”.
***Académico y consultor.
Egresado del IPN.
El Consejo General del INE resuelve el estatus formal de las organizaciones que buscan ser nuevos partidos políticos * Somos México afirma obtiene su registro, pero tendrá que cambiar de nombre, al igual que Construyendo Sociedad en Paz * Se les niega como fuerzas políticas a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia por irregularidades graves
MARCO ANTONIO FLORES***
Negar el registro a nuevas fuerzas políticas como “Somos México” sería un golpe a la democracia, la pluralidad y las libertades consagradas en nuestro régimen democrático constitucional hace más de cuatro décadas.
En las últimas semanas ha estado latente el temor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudieran frenar o dilatar el registro del partido “Somos México”, dado que Morena recurrió a buscar todo tipo de pretextos para interponer recursos por diferentes motivos.
Entre otros, presuntas afiliaciones en sus filas de personas que ya militaban en su partido, o bien por acusar que estaban haciendo nombramientos en sus dirigencias de ministros de culto religioso, lo cual está prohibido por la ley.
Sin embargo, el TEPJF desechó recursos legales de Morena que buscaban invalidar las asambleas y afiliaciones de la organización. Con esto, Somos México logró acreditar los requisitos técnicos exigidos.
El Consejo General del INE celebró este jueves 25 de junio una sesión decisiva en la que resolvió el estatus formal de las organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos.
Un día antes de la resolución, Somos México aseguró que están a un paso de obtener su registro como partido político nacional, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una impugnación presentada por Morena y validó las afiliaciones realizadas por el movimiento durante su proceso de conformación.

NACEN DOS NUEVOS PARTIDOS
El Consejo General del INE aprobó los registros de los ahora nuevos partidos Somos México, aunque tendrá que cambiar de nombre, y de Construyendo Sociedad de Paz, y niegan el registro por irregularidades graves a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

Lo anterior luego de una discusión de varias horas, en donde las consejeras Frida Gómez, Norma Irene de la Cruz y Arturo Chávez argumentaron que por rebasar más del 20% de irregularidades en sus reportes de fiscalización y por inconsistencias en sus afiliaciones las dos últimas no podrían obtener su registro.
La presidenta Guadalupe Taddei aseguró que “la decisión que hoy nos corresponde no es política, no se decide aquí si una organización nos resulta cercana o lejana. Si compartimos o no sus planteamientos, ni se valoran simpatía, afinidades o expectativas electorales. El parámetro de nuestra decisión es uno solo, el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de las reglas que fueron conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso”.
Taddei Zavala subraya que “México necesita fuerzas, políticas que contribuyan a procesar las diferencias por la vía institucional, que escuchen a la ciudadanía, que privilegien el debate público informado y que actúen con responsabilidad frente a los desafíos del país. Esta es una exigencia para los partidos existentes y también para que el hoy, quienes hoy aspiran a integrarse a este sistema”.
SOMOS MÉXICO TENDRÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: AMADO AVENDAÑO
En entrevista con un diario nacional, Amado Avendaño, secretario de Comunicación de Somos México, afirma que la resolución representa el principal obstáculo superado dentro del proceso de registro y acusó a Morena de buscar impugnar afiliaciones que la organización había presentado como propias.
“Morena pretendía adjudicarse afiliaciones que son en realidad nuestras y que el Tribunal Electoral validó, tal cual como nuestras. Entonces, quedan en firme las asambleas y las afiliaciones que nosotros hicimos”, añade.

Al concretarse el registro en la sesión del 25 de junio, Somos México iniciaría actividades formales como partido político a partir del 1 de julio y podrá participar en las elecciones de 2027.
El dirigente destaca que la nueva fuerza política busca diferenciarse de los partidos tradicionales mediante mecanismos de participación ciudadana.
Entre sus principales propuestas menciona que los dirigentes partidistas no podrán convertirse en candidatos ni designar directamente a quienes compitan por cargos de elección popular.
Reitera que las candidaturas serán definidas mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y que al menos una tercera parte de las postulaciones estaría reservada para personas menores de 35 años, para combatir las prácticas cupulares y permitir que sean los ciudadanos quienes decidan directamente a sus representantes.
“Lo que buscamos es refrescar un poco la política y que no sea cupular, que sea la gente la que decida y que asuma la responsabilidad de elegir a quienes quieren que estén en la boleta representándole”, agrega.
Amado niega que Somos México fragmente aún más el voto opositor, pues busca atraer principalmente a los ciudadanos que, actualmente, se abstienen de votar y existe un amplio sector de la población disgustado con la oferta política actual y podría impulsar una mayor participación electoral.
Afirma que la apuesta es ofrecer una opción política surgida de organizaciones ciudadanas y movimientos sociales, como el Frente Cívico Nacional y la denominada Marea Rosa, con una agenda enfocada en el ingreso de las familias, el acceso efectivo a la salud, la seguridad pública y el combate a la corrupción.
SOMOS MÉXICO, POR SER UNA AUTÉNTICA OPOSICIÓN
No hubo sorpresa por parte del TEPJF, el nuevo partido político Somos México obtuvo su registro esta misma semana y comenzará a funcionar como tal en el escenario político nacional.
Somos México podría convertirse en la nueva y auténtica oposición ante la poderosa maquinaria oficial en que se ha convertido Morena.
La integración de su Consejo Consultivo puede dar una idea del potencial político que podría desplegar y estaría integrado por hasta 100 personalidades, entre ellas los ministros en retiro Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y José Ramón Cossío; activistas y víctimas como la madre buscadora Ceci Flores y Adrián LeBarón; el exconsejero electoral Lorenzo Córdova, e incluso figuras del ámbito artístico como Joaquín Cosío.
Durante la asamblea de integración del Consejo, se explicó que el objetivo de este órgano partidista será que haya hombres y mujeres libres, que en su mayoría no están afiliados al partido, puedan señalar los aciertos y errores de la organización con total libertad.
Para proteger esta autonomía y evitar compromisos partidistas, se determinó que los miembros de este consejo “no tienen voto, pero tienen voz para mantener su independencia” en las asambleas.
Desde su nacimiento y fundación, este partido se ha manifestado con un fuerte discurso de oposición frontal contra el gobierno de Morena.

YA NO VIVIMOS EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO: ACOSTA NARANJO
El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, declara frente a los militantes: “En México, lo digo convencido, no vivimos ya en un sistema democrático”.
También acusa al gobierno de querer “terminar de destruir la Constitución Política”, luego de asegurar que el partido oficial también ha acabado con el Poder Judicial, a los órganos autónomos y se ha aprovechado de una “sobrerrepresentación inconstitucional” en el Congreso.
Por si lo anterior fuera poco, lanza un señalamiento directo sobre la inseguridad.
“El partido político que hoy gobierna está profundamente vinculado al crimen, a la delincuencia organizada”, añade.

También critica la forma en que se está administrando el país actualmente, asegurando que existe un doble mando que afecta a la nación.
“Gobierna Claudia, pero también gobierna López Obrador, y eso no es lo que señala la Constitución Política. De ahí la confusión”, agrega.

Durante su primer discurso como presidente del partido, Acosta Naranjo también celebra “haber cumplido con creces” los requisitos de las autoridades electorales, logrando realizar 246 asambleas en los 32 estados y sumando a “más de 310 mil afiliados”.
Así, la dirigencia fija metas electorales muy ambiciosas a mediano y largo plazo.
“Vamos en 2027 a recuperar gobiernos y Cámara de Diputados, pero sobre todo vamos a ganar la Presidencia de la República en 2030“, afirma Acosta Naranjo.
Para lograrlo y diferenciarse de los partidos políticos tradicionales, prometieron que la selección de sus representantes será diferente.
“Los candidatos y candidatas de Somos México ya no serán nombrados arbitrariamente por las cúpulas. Serán electos en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía”, expresa.
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
Con la obtención del registro como partido político de Somos México, se confirma que nuestros órganos electorales -INE y TEPJF- no pretenden regatear la democracia al padrón electoral conformada por 100 millones de mexicanos, que buscarían encontrar una nueva alternativa democrática para el país.
Una opción democrática que busque balancear la balanza del poder que se ha convertido en un régimen cuasi dictatorial que ha suprimido la división de poderes, desaparecido los organismos autónomos constitucionales de transparencia, evaluación de programas sociales y competencia económica, entre otros.
Un partido mayoritario que con una mayoría calificada ficticia está reformando la Constitución Política a su antojo, con disposiciones regresivas, como las recién aprobadas de la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones o la certificación de candidaturas para asegurar que no tienen vínculos con la delincuencia organizada. ¿Enhorabuena por nuestra democracia? Usted tiene la palabra, estimado lector.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
La tormenta que viene: El registro de celulares
Publicado
Hace 3 semanasen
junio 20, 2026Por
Redacción
Mientras Carlos Slim pide ampliar el plazo porque el tiempo se agota, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirma que no habrá prórroga… ¿Qué pasará? * La ciudadanía muestra desconfianza… Si el pueblo manda, ¿por qué es obligatorio vincular los móviles cuando la gente no quiere? * Está claro que los delincuentes se darán sus mañas para nunca aparecer sus datos en las compañías telefónicas * Aunque alisten prórroga, la incertidumbre sigue
MARCO ANTONIO FLORES***
El próximo 30 de junio vence el plazo para registrar 150 millones de líneas que existen en México.
Hasta la fecha se estima que sólo se han registrado 50 millones, sin embargo, la vinculación no lo han hecho directamente los usuarios sino las grandes compañías que incluyen sólo a los usuarios que tienen contratados planes con Telcel, AT&T, Movistar y otras.
Por ello, a dos semanas de que venza el plazo, aproximadamente 100 millones de usuarios se encuentran sin completar este proceso, lo que ha motivado que surjan grupos de ciudadanos que cuestionan la obligación de proporcionar datos personales para conservar el servicio, que incluso pretenden ampararse contra esta disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Desde que fue anunciada esta medida, la mayoría de los usuarios manifestó su desacuerdo con la elaboración de este padrón de registro, ya que existe desconfianza y preocupación relacionadas con la privacidad, el almacenamiento de información personal y la seguridad de las bases de datos que concentrarán millones de registros.

Diversos análisis sobre percepción ciudadana reflejan que la confianza se ha convertido en un factor determinante para el éxito del programa.
Datos de The Competitive Intelligence Unit señalan que siete de cada diez personas aún no realizan el trámite y mencionan la desconfianza como la principal razón para mantenerse fuera del padrón.

El recelo que ha surgido entre los ciudadanos se ha manifestado en las redes sociales, en donde se señala, con ejemplos de casos ciertos, que ya están a la venta celulares con registro, con datos de personas que tienen planes con grandes telefónicas.
Por ello se duda que se logre responder a la razón principal para poner en práctica esta disposición que es evitar el uso de la delincuencia de celulares para cometer delitos como la extorsión, fraude, secuestros y otros.

Respecto al vencimiento del plazo para registro, el empresario Carlos Slim solicita revisar la fecha límite del registro obligatorio de líneas telefónicas en México, prevista para el 30 de junio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha reiterado que no contempla una ampliación formal del plazo, pero en la práctica millones de usuarios tendrán más tiempo para regularizar su situación, gracias a mecanismos previstos en la propia regulación y a una nueva interpretación emitida por la autoridad.

Telefónica Movistar y empresas del Grupo Televisa solicitaron a la CRT una confirmación de criterio para saber si podían considerar registradas aquellas líneas de pospago, cuyos usuarios ya habían sido identificados al momento de contratar el servicio. La respuesta de la autoridad fue afirmativa.
La CRT determinó que la información entregada previamente por los usuarios de pospago es suficiente para considerar que esas líneas ya están vinculadas a una identidad.
Además, estableció que esta interpretación será aplicable para toda la industria, siempre que los operadores ya cuenten con los datos correspondientes y respeten las disposiciones de protección de datos personales.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de 120 días para que los usuarios regularicen su situación.
Durante ese tiempo las líneas enfrentarán restricciones graduales antes de quedar limitadas únicamente a llamadas de emergencia.
En los hechos, este periodo funciona como una extensión operativa del plazo original y reduce la posibilidad de una desconexión masiva inmediata.
La medida cobra relevancia porque especialistas y consultoras -como The Competitive Intelligence Unit (The CIU)- han advertido que suspender millones de líneas podría afectar servicios bancarios, plataformas digitales, aplicaciones de transporte, servicios de reparto y otros sistemas que dependen de números celulares activos para autenticación.

Por otra parte, se encuentra el reciclaje de números. Las compañías telefónicas reutilizan desde hace años las líneas que permanecen inactivas durante largos periodos.
Según la revista Expansión, Telefónica recicla números después de 180 días, Telcel tras 246 días y AT&T luego de 365 días.
Ahora, con millones de líneas aún fuera del padrón, este proceso podría convertirse en una especie de prórroga no oficial administrada por los propios operadores.
El problema es que especialistas advierten riesgos importantes. Un usuario que recibe un número reciclado podría heredar vínculos digitales asociados al propietario anterior, desde cuentas bancarias y aplicaciones hasta mecanismos de autenticación y registros de actividad.
De acuerdo con un especialista en telecomunicaciones del ITAM, citado por Expansión, la falta de plazos homogéneos para reutilizar números podría trasladar riesgos y costos a los consumidores.
Por ello considera necesario establecer reglas comunes y procesos obligatorios de limpieza digital antes de reasignar cualquier línea.
Reitero: Oficialmente no habrá prórroga, pero entre las líneas de pospago ya identificadas, los 120 días de regularización y el reciclaje de números, el registro celular en México parece encaminado a tener más tiempo del que originalmente sugería el calendario.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene una campaña informativa para detallar los pormenores de este trámite, el cual exige la vinculación del número de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.
De acuerdo con los informes publicados en abril de 2026, existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas en el territorio nacional.
La distribución de este sector muestra que América Móvil (Telcel) concentra el 57.90 por ciento del total, seguida por AT&T con el 16.42 por ciento, Telefónica (Movistar) con el 14.05 por ciento y Grupo Walmart (Bait) con el 7.04 por ciento, mientras que el resto se divide entre otros veintitrés concesionarios.
Al corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, se contabilizan 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas exitosamente. Esta cifra representa un crecimiento diario de registros del 15 por ciento en comparación con el mes de abril.
La CRT descarta que el gobierno maneje los datos de usuarios registrados. El organismo enfatizó que el trámite de registro recae de manera exclusiva en las empresas telefónicas, las cuales asocian únicamente el nombre y la CURP de 18 caracteres con el número correspondiente.
También señala la CRT que el gobierno federal no administra bases de datos centralizadas ni realiza el registro directamente; además, cualquier acceso a esta información requiere una orden judicial expedida conforme a la legislación aplicable.
La CRT ha reiterado que el plazo definitivo para cumplir con la vinculación vence el próximo 30 de junio y que las líneas que permanezcan sin registro después de esta fecha enfrentarán restricciones severas en su conectividad.
Imagínese qué pasaría en el país si 100 millones de usuarios no pudieran realizar ni recibir llamadas telefónicas, tampoco tendrían la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS convencionales.
Aunado a lo anterior, los equipos no regularizados perderían el acceso a los datos móviles, lo que impedirá el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, servicios bancarios y plataformas de transporte.
Aunque la CRT ha exhortado a la ciudadanía a completar el trámite con sus respectivas operadoras para garantizar la continuidad de sus servicios, se debe considerar que los tiempos ya se acortaron, además que la gente no está correctamente informada de cómo verificar si ya está registrada.

Debe tomarse en cuenta que en estos días una gran mayoría de mexicanos se encuentra distraída con el certamen deportivo más importante de todo el planeta.
En todo caso, se requiere una intensa y amplia campaña para el registro, sobre todo para convencer a millones de mexicanos que la medida será util para combatir la delincuencia.
En concreto: Aunque el gobierno ya aliste una prórroga, la desconfianza persistirá y lo único que se hará será alargar la tormenta que ya está en todo el país, porque finalmente los usuarios seguirán con desconfianza y no se registrarán. ¿En que terminará esto? Con imponer crece la molestia ciudadana y con desconfianza por la falta de seguridad en el resguardo de los datos pues crece la incertidumbre.
Ya veremos en unos meses en qué termina esto.
***Académico y consultor.
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