Pese a su relevancia demográfica y económica, sus derechos político-electorales siguen siendo limitados * Migrantes podrán votar por todos los cargos de elección popular * Priístas denuncian desigualdad entre estados que sí permiten el voto desde el exterior y los que no
ERIC GARCÍA
El senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 329 y 332, y adicionar fracciones al artículo 334 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
La propuesta establece que los ciudadanos mexicanos fuera del país puedan votar no sólo en las elecciones presidenciales y de senadurías, como ocurre actualmente, sino también en las de diputaciones federales y locales, gubernaturas, jefaturas de Gobierno, presidencias municipales y alcaldías.
“Esta situación genera una disparidad en el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos”, argumenta el legislador, al señalar que mientras algunos estados permiten esta participación, otros no han legislado al respecto.
El senador de Puebla recordó que, a pesar de avances como las reformas de 1996, 2005 y 2014, subsisten limitaciones normativas que restringen el derecho a votar de quienes radican fuera del país.
En particular, sólo 23 de las 32 entidades federativas han legislado para permitir el voto desde el extranjero en elecciones locales, lo que genera una desigualdad de trato entre ciudadanos mexicanos, dependiendo del lugar de origen.
Camarillo Medina denunció que actualmente quienes viven fuera de México no pueden participar en la elección de diputados federales, lo que limita su representación en el Congreso de la Unión.
“Esta omisión representa una restricción significativa al derecho de los mexicanos a participar en la selección de quienes toman decisiones clave para el desarrollo de sus comunidades”, añade.
En la exposición de motivos, se destaca que más de 12 millones de mexicanas y mexicanos viven en el extranjero, el 97.33% de ellos en Estados Unidos, y que en 2023 enviaron remesas por 63,313 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México.
A pesar de su relevancia demográfica y económica, sus derechos político-electorales siguen siendo limitados.
También presentó cifras que muestran el crecimiento sostenido de la participación electoral desde el extranjero: 33 mil votos en 2006; 40 mil 714 en 2012; 98 mil 470 en 2018 y 184 mil 326 en 2024.
Esta tendencia, señala, evidencia un mayor interés de la comunidad migrante en los asuntos públicos del país.
El dictamen propuesto contempla que el Instituto Nacional Electoral determine los mecanismos para emitir el voto desde el extranjero, ya sea por correo, en módulos consulares o por vía electrónica, con el fin de garantizar el acceso efectivo al sufragio en todos los niveles de gobierno.
Por el posible uso indebido de recursos públicos, expresa Nora Arias Contreras
ILDEFONSO PEREYRA
El Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a la Contraloría General de la Capital investigar al alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por el posible uso indebido de recursos públicos, ante la toma de las instalaciones del Comité del PRD en esta demarcación.
De la misma manera, se pidió dar vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de que se abrió la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1S/D/01258/06-2025 por el delito de despojo.
En tribuna de Donceles y Allende, la coordinadora del PRD, Nora Arias Contreras, denunció que en la alcaldía Coyoacán hay personal que devenga un sueldo con recursos públicos, y además participa en la toma y ocupación de las instalaciones de dicho instituto político ubicadas en esa demarcación territorial.
“Esto no es sólo una falta de respeto a la legalidad y función pública, puede constituir un indebido uso de recursos públicos, abandono de funciones y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad institucional”, sentenció.
En la fundamentación de su proposición, la diputada Arias Contreras dijo que no se debe permitir que las alcaldías se conviertan en instrumentos de presión o control, porque esas no son sus funciones.
Presenta iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública * Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el propósito de erradicar la discriminación, el acoso sexual, la violencia institucional y la falta de oportunidades que enfrentan las mujeres en las corporaciones policiacas del país.
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia, además de impulsar medidas afirmativas que promuevan su ascenso, profesionalización y permanencia dentro de las instituciones de seguridad.
Vargas del Villar señala que, a pesar de los avances en materia de inclusión, las mujeres continúan enfrentando brechas de género dentro de las fuerzas de seguridad.
Citó el Diagnóstico Nacional sobre las Condiciones de Ingreso, Permanencia y Ascenso en las Instituciones de Seguridad Pública, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revela que solo el 29.1% del personal operativo son mujeres, y de ellas menos del 15% ocupan mandos medios o superiores.
El senador también refirió estudios de ONU Mujeres y la organización Intersecta, los cuales indican que 45% de las mujeres policías ha sido víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo, mientras que 74% enfrenta obstáculos para ascender de puesto.
Asimismo, destaca que el acceso a licencias de maternidad, servicios de cuidado infantil y equipo táctico adaptado a sus necesidades es limitado o inexistente.
“Muchas de ellas enfrentan condiciones laborales desiguales, discriminación, violencia institucional, acoso sexual y falta de oportunidades para su ascenso, lo que limita su desarrollo profesional y vulnera sus derechos”, afirma Vargas del Villar.
La propuesta legislativa plantea modificaciones al Artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de que las instalaciones policiacas cuenten con guarderías y lactarios equipados conforme a los estándares internacionales de higiene y seguridad. También busca garantizar uniformes y equipamiento adecuados a las características físicas y necesidades de cada elemento.
Además, se propone incorporar la perspectiva de género en los artículos 14 y 22, con el propósito de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública considere políticas de igualdad sustantiva en la mejora de condiciones laborales y de seguridad social de las mujeres policías.
En el Artículo 61, la iniciativa impulsa medidas afirmativas para el ascenso, permanencia y profesionalización del personal policial en igualdad de condiciones, así como remuneraciones equitativas entre hombres y mujeres.
Por su parte, el Artículo 119 establece que el personal operativo deberá contar con uniformes y equipo adaptado a sus funciones y necesidades específicas, mientras que el Artículo 135 contempla la creación de protocolos contra el acoso sexual y la violencia institucional, además de mecanismos de acompañamiento y protección para las víctimas.
Vargas del Villar enfatiza que estas reformas permitirán fortalecer la igualdad sustantiva en las instituciones de seguridad pública y mejorar su legitimidad y eficacia.
“Es necesario establecer principios rectores de igualdad sustantiva en las corporaciones, crear protocolos contra el acoso y la violencia de género, y garantizar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres policías”, agrega.
Revela la legisladora que sólo los cercanos a Monreal y Haces tienen privilegios * La diputada federal denuncia un acto de violencia política de género luego de que se le negara el permiso para viajar a Ginebra y participar en una reunión de la Comisión de Salud de la UIP
EL TOPO
Definitivamente Selene Ávila es una legisladora morenista incómoda para sus propios compañeros de partido.
Demostró su valentía y amor al pueblo cuando criticó a los diputados morenistas por no dar los recursos económicos para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.
Tan molesta estaba porque se le negó la ayuda al pueblo guerrerense que presentó su renuncia a la bancada de Morena, decisión que finalmente no le fue aceptada.
Ahora se lanza a la yugular contra Ricardo Monreal y Pedro Haces por sufrir violencia política de género.
“No tengo un carácter dejado, pero eso no me hace reventadora ni antisistema… yo vengo a trabajar”, afirma la diputada morenista con un claro mensaje para Haces y para Monreal, quien le negó la autorización para viajar a Ginebra a la reunión de la Comisión de Salud, de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), evento en el que la legisladora buscaría presidir dicho Comité en nombre de México.
“Ricardo Monreal sabía que yo estaba nominada y me dio como respuesta que no hay dinero”, explica Ávila, quien interpretó la negativa como una muestra de favoritismo hacia ciertos grupos.
“No es posible que a un grupito les diga que sí a todo”, añade Selene, quien ya es miembro del Comité Internacional de Salud de la UIP.
“No tengo nada en contra del señor @RicardoMonrealA, no tengo nada contra el señor @PedrohacesO, los respeto, pero no coincido en sus formas. No puede ser nada más que un grupito cercano a ellos sean los privilegiados”, agrega.
En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”, la diputada morenista revela una conversación con el senador Pedro Haces, quien le habría dicho: “A ver Selenita, te voy a llevar dos días antes de shopping a Ginebra”, un comentario que podría ser considerado como violencia política de género.
Selene comenta que cuando llegó al evento, los organizadores le dijeron: “Usted no está acreditada como parte de la delegación”, lo que consideró una humillación espantosa.
El objetivo del viaje era presentar varios proyectos clave en el ámbito de la salud. Entre ellos, destacó la necesidad urgente de que el país canalice al menos el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, lamentando que en México “no estamos ni a la mitad” de esa meta.
Pese al rechazo sufrido, la diputada destaca el apoyo de figuras como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo, quienes han mostrado empatía con ella.
Sin embargo, lamentó que sus compañeros legisladores busquen relegarla a tareas secundarias como entregar premios a cantantes. “Eso es violencia de género”, afirma de manera categórica Selene Ávila, quien es una mujer con principios, defensora de las mujeres y servidora del pueblo de México. Personajes y liderazgo como ella es lo que requiere nuestro país.