• El argumento perfecto para decir que nada es culpa de ellos
• El INE, una institución obligada a recuperar su credibilidad
• Reconstrucción cronológica de una trama de relaciones empresariales y conflictos de interés
• “Ya por favor, Señora Presidenta. No es el momento de evadir responsabilidades”: José Woldenberg

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas”: Mario Benedetti.

La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) y la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, constituyen uno de los acontecimientos políticos e institucionales más relevantes de las últimas semanas y años en el país. No se trata solamente de la salida anticipada de quien llegó a la presidencia del organismo en abril de 2023. Se trata de una sucesión de importantes revelaciones periodísticas que pusieron bajo escrutinio las relaciones entre funcionarios electorales y proveedores, los procedimientos de contratación, el manejo de recursos públicos y los mecanismos de vigilancia interna de una institución cuya principal responsabilidad es garantizar la organización de elecciones confiables.

Lo ocurrido merece una reconstrucción cronológica de los medios que estuvieron atentos al desarrollo de una información de tal envergadura. Porque la historia no comenzó con la renuncia de Taddei: inició con las publicaciones que fueron revelando una trama de relaciones empresariales, contratos y posibles conflictos de interés que terminó por colocar al árbitro electoral en el centro de la controversia.

LAS PUBLICACIONES QUE CREARON EL ESCÁNDALO

Primera etapa: las relaciones con proveedores salen a la luz.

Durante la segunda mitad de octubre, las primeras publicaciones periodísticas, entre ellas las de Reforma, comenzaron a documentar presuntos vínculos entre personas cercanas a Guadalupe Taddei y empresas que habían obtenido contratos de organismos electorales. El nombre de José Alfredo Hernández Casillas comenzó a aparecer de manera recurrente. Se trata de un empresario relacionado con diversas compañías proveedoras de materiales y servicios electorales, entre ellas Corporativo ZEG y Cajas Graf.

Las investigaciones periodísticas comenzaron a señalar que algunos antiguos colaboradores de esas empresas habían ocupado posteriormente puestos dentro de la estructura administrativa del INE. El asunto dejó de ser una discusión sobre afinidades personales y comenzó a convertirse en hipótesis sobre posibles conflictos de interés entre quienes participaban en las decisiones de contratación; las relaciones que mantenían con los proveedores; y la existencia o no, de mecanismos suficientes para evitar que intereses particulares intervinieran en el ejercicio de recursos públicos.

El 21 de octubre: la respuesta institucional. En medio de los cuestionamientos, Taddei presentó el proyecto de un micrositio de transparencia denominado INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso. La propuesta pretendía facilitar la consulta de los procedimientos de contratación, los montos, los proveedores y los servicios adquiridos.

La medida fue presentada como una respuesta a la necesidad de fortalecer la transparencia. Sin embargo, la discusión pública ya no se limitaba a conocer cuánto contrataba el Instituto, sino a determinar si las adjudicaciones se habían realizado conforme a la legalidad y bajo condiciones de competencia. El Economista.

El 22 y 23 de octubre: la controversia llega a la sesión del Consejo General y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El 22 de octubre, Guadalupe Taddei rechazó los señalamientos y sostuvo que los cuestionamientos buscaban afectar a la presidencia del INE y debilitar a la institución. La situación adquirió otra dimensión cuando, el 23 de octubre, la ASF anunció el inicio de una investigación de oficio. La institución informó que contaba con indicios relacionados con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

La importancia de este anuncio radicó en que el tema dejó de ser exclusivamente una confrontación entre versiones periodísticas y respuestas políticas. Entró en el terreno de la fiscalización institucional. La investigación comprendía procedimientos de contratación del INE y de organismos públicos locales electorales, así como la posible participación de empresas, proveedores y servidores públicos.

Es importante subrayar que el anuncio de una investigación no significaba que las responsabilidades estuvieran acreditadas. Significaba que existían elementos que debían ser examinados por las autoridades competentes. El País.

El 24 y 25 de octubre: las revelaciones aumentan la presión. La cobertura periodística comenzó a incorporar nuevos elementos sobre las relaciones personales y empresariales de Taddei con Hernández Casillas. Se difundieron imágenes de reuniones y celebraciones privadas, así como materiales audiovisuales que involucraban al empresario y al entorno familiar de la entonces consejera presidenta.

Entre las publicaciones que mayor repercusión estuvo un video difundido por Latinus, en el que aparece uno de los hijos de Taddei acompañado por Hernández Casillas en París.

El contenido provocó cuestionamientos sobre la naturaleza de esas relaciones y sobre la posible existencia de beneficios o vínculos que pudieran comprometer la imparcialidad de la autoridad electoral. En paralelo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se investigaran las denuncias y que no existiera alguna sombra de corrupción en el organismo. La ASF confirmó que iniciaría su investigación de oficio.

El domingo 25 de octubre, Guadalupe Taddei anunció que renunciaría a la presidencia del INE. Argumentó que la estabilidad, la credibilidad y la independencia institucional debían estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural. La renuncia se convirtió en un acontecimiento inédito por producirse en medio de señalamientos de presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés. El País.

El 26 al 29 de octubre: el INE entra en una etapa de reorganización. La salida de Taddei no cerró el problema. Por el contrario, abrió una nueva discusión: quién asumiría la conducción del organismo y cómo se revisarían las decisiones administrativas tomadas durante su gestión. El Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Comenzaron a conocerse renuncias de funcionarios de confianza y se anunció una revisión de la estructura administrativa y de las áreas directivas.

La nueva conducción informó que las decisiones relevantes se adoptarían de manera colegiada, que se revisarían los contratos y que se suspenderían temporalmente nuevas contrataciones mientras se examinaban los procedimientos. El debate también alcanzó una reforma legal aprobada en octubre de 2024, que había ampliado las facultades de la presidencia del INE para designar y remover titulares de áreas ejecutivas y unidades técnicas sin requerir los ocho votos que anteriormente se exigían. La discusión sobre esas facultades adquirió especial relevancia: ¿hasta dónde debe llegar el poder de una presidencia dentro de un órgano constitucional autónomo? N+1.

El 29 y 31 de octubre: las investigaciones amplían el alcance del caso. Una de las publicaciones de mayor relevancia fue la investigación de El País, difundida el 29 de octubre, sobre la red empresarial relacionada con los hermanos Hernández Casillas. El diario documentó que cinco empresas vinculadas entre sí habían obtenido 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales en las que, según su investigación, algunas de ellas aparentaban competir entre sí.

El 31 de octubre, el mismo periódico informó sobre la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, ante la Cámara de Diputados. De acuerdo con lo expuesto por el contralor, las contrataciones bajo sospecha de cinco empresas vinculadas alcanzaban 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, en 27 organismos electorales locales. Esta cifra amplió considerablemente la dimensión del asunto: ya no se trataba solamente de revisar contratos adjudicados durante la presidencia de Taddei, sino de investigar una posible estructura de relaciones empresariales que habría operado durante varios años en distintas autoridades electorales. La propia comparecencia abrió otra interrogante: ¿qué hicieron los órganos de control para detectar y frenar estas prácticas antes de que fueran expuestas por los medios? El País.

El 3 de noviembre: una nueva grabación vuelve a colocar el caso en el centro de la agenda. Cuando parecía que la renuncia de Taddei comenzaba a cerrar la primera etapa del escándalo, Latinus difundió un nuevo video, correspondiente a una reunión del 16 de febrero de 2026, en la que aparecen Guadalupe Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas. La grabación, retomada por Aristegui Noticias, Infobae y otros medios, muestra al empresario hablando de cantidades, porcentajes y posibles ganancias relacionadas con contratos para la fabricación de la credencial para votar, servicios de autenticación y códigos QR. Uno de los contratos mencionados es la fabricación de la credencial, adjudicado el 10 de diciembre de 2025, con un monto máximo de 71 millones de dólares y vigencia hasta 2031.

En el fragmento difundido, Hernández Casillas habla de cantidades que corresponderían a distintas personas. Taddei aparece en la conversación, aunque no se le escucha hablar en ese segmento. El material introduce un elemento adicional a las revelaciones anteriores: ya no solamente se muestran encuentros personales entre la entonces presidenta del INE y el proveedor, sino una conversación en la que se mencionan cifras y posibles participaciones económicas relacionadas con servicios electorales. Su contenido deberá ser contrastado con los contratos, los expedientes de adjudicación, los pagos y las investigaciones oficiales. Pero, indudablemente, la difusión vuelve a colocar el caso en el centro de la discusión pública. Aristegui Noticias.

El 4 de noviembre en la revista Nexos, José Woldewnberg, académico de la UNAM y expresidente del IFE, lanza un fuerte llamado a Claudia Sheinbaum a fin de que asuma su responsabilidad en el complejo entramado de la crisis en el INE. “Ya, por favor, señora presidenta. No es el momento para esparcir insidia en relación a lo que pasó en el INE. No es momento de evadir responsabilidades, sino de buscar una salida productiva para todos. En su momento todos lo vimos y tratar de buscar excusas sólo develan que no sabe o no quiere o no puede salir del laberinto que ustedes construyeron.

“Todos saben que en la conformación del Consejo General del INE ustedes no buscaron el acuerdo con las otras fuerzas políticas. A contracorriente de lo que había sucedido en el pasado (salvo en 2003), en el cual los nombramientos de los consejeros se hacían con el acuerdo de todas las bancadas, ustedes decidieron dejar al margen a sus opositores. Son por ello responsables exclusivos de esos nombramientos. Todos saben que ustedes modificaron la ley para otorgarle a la presidenta del Consejo General facultades para nombrar de manera unilateral a los directores y jefes de unidad del INE. Con ello no sólo rompieron la lógica colegiada del máximo órgano de gobierno del Instituto, sino que construyeron una presidencia omnipotente y por ello capaz de actuar de manera caprichosa.

“Así que las ganas de repartir culpas a diestra y siniestra no serán capaces de borrar su responsabilidad. Es el momento de asumir los errores y tratar de solucionarlos. Elevarse por encima de grillas laberínticas y ver por el conjunto, por México y su futuro electoral”.

¿QUE ESTÁ DETRÁS DE LAS PUBLICACIONES?

Hasta aquí, la cronología permite identificar tres dimensiones que conviene separar para entender el verdadero alcance del problema.

1.- La dimensión administrativa y financiera.

Las investigaciones sobre las empresas proveedoras, las licitaciones y los contratos obligan a revisar los mecanismos mediante los cuales el INE adquirió bienes y servicios. Si se acredita que existió simulación de competencia o colusión entre proveedores, estaríamos ante un problema que trasciende a una administración y que comprometería los controles de contratación de distintas autoridades electorales.

2.- La dimensión política.

La renuncia de Taddei abrió un debate sobre la concentración de facultades en la presidencia del Consejo General, a las que aludió Woldenberg. La reforma que amplió sus atribuciones para designar funcionarios sin los votos que anteriormente se requerían merece una revisión a fondo. La autonomía de un órgano electoral no solamente depende de su relación con el Poder Ejecutivo o con los partidos políticos. También requiere contrapesos internos, decisiones colegiadas y mecanismos eficaces de vigilancia.

3.- La dimensión institucional.

Quizá ésta sea la más delicada. El INE es resultado de una larga transformación del sistema político mexicano. Su antecedente inmediato, el IFE, surgió en 1990, después de las controversias electorales que marcaron la elección presidencial de 1988. A partir de entonces, el país construyó gradualmente un sistema electoral con mayores niveles de autonomía, pluralidad y vigilancia, que hoy ya no existen.

EN JUEGO CONFIAR EN LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA

La confianza en el árbitro no se consigue mediante declaraciones ni campañas de comunicación. Se construye con reglas claras, procedimientos verificables y autoridades capaces de investigar incluso a quienes forman parte de su propia estructura. El INE tiene ante sí una doble responsabilidad: investigar hasta sus últimas consecuencias las presuntas irregularidades y garantizar que sus estructuras administrativas y técnicas no queden sujetas a intereses ajenos a su función constitucional.

También existe un riesgo que no debe perderse de vista. La crisis de una institución autónoma puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan modificar su funcionamiento, reducir sus contrapesos o influir en sus decisiones. Por eso, la discusión no puede limitarse a determinar quién se va y quién llega. Lo verdaderamente importante es saber si el árbitro electoral conservará la independencia que le corresponde.

No se trata pues de escribir la historia de la caída de una funcionaria, sino la historia de una institución que está por encima de quienes la dirigen. Porque cuando el árbitro entra en controversia, no solamente está en juego su prestigio. Está en juego la confianza en las reglas de la competencia democrática.

ALACENA

Una para aclarar. Ante las diversas acusaciones que recibió Guadalupe Taddei, Claudia Sheinbaum salió al paso y ordenó a la Auditoría Superior de la Federación hacer un barrido histórico tanto de la administración actual como de las anteriores “a fin de que se audite todo”. La ASF emitió un comunicado el pasado 4 de noviembre, anunciando tres líneas de trabajo: Investigación de Oficio; Estudio Histórico 2000-2025 y Auditoría Integral.

Y la respuesta del jurista Francisco Burgoa en su cuenta de X, para centrar los dichos de la institución, no se hizo esperar.

Aquí el texto: El comunicado de la ASF es lamentable: si hoy dice descubrir “irregularidades históricas” desde el año 2000, está reconociendo que sus propias auditorías anuales al IFE, al INE y a los OPLEs no las detectaron, o las ocultaron.

Nadie explica quién auditó al auditor ni si responderán sus titulares y funcionarios de esos años. La Constitución Política, en su artículo 79, establece la anualidad y solo permite revisar ejercicios previos de forma casuística y concreta, no mediante un “estudio histórico” masivo.

Los OPLEs son autónomos (Artículo 116-IV Constitucional) y la ASF solo puede fiscalizar recursos federales. Eso implica que, en teoría, también los órganos superiores de cada entidad federativa van a auditar a su OPLE. En principio, casi todos los hechos anteriores a 2019 se encuentran prescritos, considerando que el plazo de prescripción es de siete años para las faltas administrativas graves o faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Hablar de “trabajos de inteligencia” y de “prácticas ilegales” (como reza en el boletín) sin expediente, sin personas ni fundamento legal prejuzga y viola la presunción de inocencia y el debido proceso. Cuando un caso concreto, el de la presunta corrupción en el INE encabezado por la expresidenta, Guadalupe Taddei, exige una auditoría puntual, la respuesta es abrir veinticinco años de investigación. Eso no es rigor técnico: es una cortina de humo y acompañar la narrativa de Morena de que “todo es culpa del pasado y nada es culpa de ellos”.

REFERENCIAS: Reforma; El Economista; N+, El País; La Jornada; Aristegui Noticias; Latinus; Nexos; Infoabe; @FranciscoBurgoa en X; wikipedia.org; Chat GPT

FOTOGRAFÍAS: Grupo Reforma; Facebook Latinus; Gráfico Chat GPT, Infoabe

El escándalo, las responsabilidades y la disputa por el árbitro electoral * La renuncia es el principio de la investigación * La confianza electoral no se decreta, no se hereda y tampoco se recupera con una renuncia. Se construye con hechos entre ciudadanos, partidos, gobierno y medios de comunicación * La transición democrática de México no podría entenderse sin la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas. Falleció el pasado miércoles 28 de octubre

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

“El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal”: Lázaro Cárdenas del Río.

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una crisis que rebasa simplemente la salida de una funcionaria. Las acusaciones sobre posibles conflictos de interés en contrataciones públicas, la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las dudas sobre la autonomía del organismo colocaron bajo escrutinio tanto a la exconsejera presidenta como a los mecanismos de control de la institución encargada de organizar las elecciones.

La prensa nacional ha abordado el episodio desde distintos ángulos: las presuntas irregularidades, la responsabilidad política de quienes condujeron el instituto, la necesidad de investigar los contratos y la disputa por la conducción del árbitro electoral antes de los comicios de 2027. Conviene separar desde el principio tres cuestiones: lo que se ha documentado periodísticamente, lo que está bajo investigación y lo que todavía debe probarse.

El 26 de octubre, la Cámara de Diputados recibió oficialmente la renuncia de Taddei. Dos días después, el debate se desató; ya no se limitaba a quién ocuparía la presidencia, sino a cómo esclarecer las posibles irregularidades y revisar las áreas administrativas que operaron durante su encargo.

1.- LOS TITULARES: CÓMO SE CONSTRUYÓ LA CRISIS INFORMATIVA

La revisión de algunas de las principales publicaciones entre el 25 y el 28 de octubre permite identificar cuatro líneas editoriales. Los encabezados no solamente informaron sobre una renuncia: también establecieron el marco desde el cual el público interpretaría la crisis.

“Guadalupe Taddei renuncia al INE acorralada por el escándalo de corrupción con contratistas”. El País. 25 de octubre

El encabezado vincula directamente la salida con la acumulación de señalamientos y la investigación de la ASF. El reportaje reconstruye la secuencia de revelaciones sobre proveedores, relaciones personales y contrataciones. La palabra corrupción aparece ya en el título como marco de la controversia.

“Sin desmentir corrupción, Taddei anuncia que hoy renunciará al INE”. La Jornada — 25 y 27 de octubre

La cobertura pone el acento en la ausencia de una respuesta concluyente a los señalamientos y, posteriormente, en que la carta formal de renuncia no aborda las acusaciones. También informa sobre las diferencias políticas en torno a la sucesión y la posible remoción de funcionarios nombrados durante su gestión.

“Una purga necesaria”, columna de Raymundo Riva Palacio. El Financiero — 27 de octubre

El columnista examina la reacción de los espacios de opinión. Reporta que, en una síntesis de prensa de la Cámara de Diputados, 30 columnas y artículos abordaron el asunto y que casi todos tuvieron una valoración crítica.

“La sucesión de Guadalupe Taddei pone a prueba al INE; la credibilidad está en riesgo”. Expansión Política — 27 de octubre

La perspectiva de la nota central, se desplaza de la persona a la institución. El reportaje recoge cuestionamientos a la concentración de facultades en la presidencia, las divisiones internas y la necesidad de elegir una figura capaz de generar confianza. Cuál es la lectura editorial: mientras unos medios privilegiaron la dimensión del escándalo, otros subrayaron la falta de explicaciones y varios trasladaron el problema a la credibilidad del sistema electoral. Son enfoques distintos, aunque coinciden en que la renuncia no cierra el caso.

2.- LOS COLUMNISTAS: CUATRO INTERPRETACIONES DE LA CRISIS

A.- La renuncia no elimina las responsabilidades.

Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, plantea que el escándalo continúa a pesar de la salida de Taddei. Su revisión del espacio de opinión subraya la extensión de las críticas en diversos periódicos. La cuestión de fondo es institucional: una renuncia termina una relación laboral o un encargo público, pero no sustituye las auditorías ni extingue automáticamente las responsabilidades que pudieran acreditarse.

B.- La autonomía electoral vuelve al centro del debate.

En su análisis del 27 de octubre, El País relaciona la crisis con el proceso que llevó a Taddei a la presidencia, el respaldo político que recibió y las facultades administrativas que se ampliaron durante su gestión. Esta lectura recupera una discusión anterior al escándalo: ¿cómo garantizar que quien organiza las elecciones tenga suficiente independencia respecto de los actores que compiten por el poder?

El nombramiento de una presidencia no es la única variable. También importan las reglas de contratación, la colegialidad de las decisiones, los controles internos y la transparencia de los nombramientos directivos.

C.- El relevo debe reconstruir la confianza.

Expansión Política recoge la preocupación de especialistas por el deterioro de la credibilidad y la necesidad de un nombramiento con experiencia técnica y capacidad para generar consensos.

Esta perspectiva plantea que la sucesión no debería reducirse a una negociación de cuotas entre partidos. El procedimiento legal exige una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y contempla un mecanismo de insaculación si no se alcanza el acuerdo requerido, conforme a las reglas aplicables.

D.- La crisis no debe convertirse en una sentencia anticipada sobre 2027.

El debate también ha abierto espacio para advertencias sobre un supuesto fraude electoral futuro. El videoanálisis publicado por El País el 28 de octubre cuestiona precisamente la idea de que los comicios de 2027 estén inevitablemente definidos por ese desenlace.

Aquí una crisis de confianza puede justificar vigilancia ciudadana, fiscalización y exigencias de transparencia.

3.- SHEINBAUM, MORENA Y LA OPOSICIÓN: EL COSTO POLÍTICO DEL CASO

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia como una buena decisión frente a los señalamientos, pero también reclamó una investigación y auditorías para esclarecer las posibles irregularidades. La Jornada.

El 28 de octubre, además, planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para disminuir la dependencia de un grupo reducido de proveedores de material electoral y pidió revisar contratos de años anteriores. El País.

Estas declaraciones abren dos planos de análisis.

• Para el Gobierno y Morena: la crisis obliga a explicar cómo se garantizarán la transparencia y los controles de una institución cuya conducción respaldaron políticamente.
• Para la oposición: el episodio ofrece argumentos para exigir rendición de cuentas y garantías de independencia electoral.

La posición presidencial también merece seguimiento: pedir investigaciones es una declaración política; su credibilidad institucional dependerá de que permitan que las indagatorias puedan desarrollarse sin interferencias y produzcan resultados confiables y verificables.

4.- EL INE DESPUÉS DE TADDEI: LAS DECISIONES INMEDIATAS

1.- Esclarecer las contrataciones

Revisar licitaciones, expedientes, criterios de adjudicación, empresas participantes, entregables y pagos. Las auditorías deben determinar si existieron irregularidades y quiénes intervinieron en ellas.

2.- Revisar la estructura directiva

La presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz y las demás consejerías deberán asegurar la continuidad de las funciones del instituto y colaborar con los órganos fiscalizadores. La revisión de funcionarios no debe convertirse en una sustitución indiscriminada por afinidades políticas. Reuters.

3.- Garantizar una sucesión transparente

La Cámara de Diputados deberá conducir el procedimiento de designación conforme a las reglas constitucionales y legales. La convocatoria, los perfiles, las evaluaciones y la votación serán elementos relevantes para valorar la transparencia del proceso.

4.- Proteger la preparación de las elecciones de 2027

El relevo debe evitar que la crisis administrativa interfiera con la organización electoral, la fiscalización de partidos y las tareas de coordinación con los organismos locales.

La información publicada el 28 de octubre señala que el INE inició una revisión de puestos directivos y licitaciones, mientras se preparaba el procedimiento para nombrar a quien completará el periodo que debía concluir en 2032. El País.

5.- LA DISPUTA POR EL ÁRBITRO ELECTORAL

La controversia adquiere una dimensión mayor porque ocurre antes de una elección federal intermedia que renovará la Cámara de Diputados y coincidirá con elecciones locales.

El INE no necesita únicamente una nueva presidencia. Necesita reglas y procedimientos capaces de reducir la discrecionalidad, detectar conflictos de interés y permitir que las decisiones administrativas sean revisadas de manera independiente.

La sucesión puede analizarse mediante tres preguntas:

• Independencia: ¿el procedimiento de selección permitirá acreditar que la persona designada puede actuar sin subordinación a intereses partidistas?
• Capacidad institucional: ¿se mantendrán los equipos técnicos, la experiencia operativa y los controles que requiere la organización electoral?
• Rendición de cuentas: ¿las investigaciones llegarán a conclusiones públicas, documentadas y sujetas a los procedimientos legales correspondientes?

No hay que confundir la independencia de una institución con la ausencia de críticas hacia sus integrantes. Precisamente porque el INE ejerce una función pública fundamental, debe estar sujeto a escrutinio, auditoría y exigencias de transparencia.

EL ÁRBITRO BAJO SOSPECHA

La renuncia de Guadalupe Taddei no representa el punto final de la crisis del INE. Es el comienzo de una etapa en la que las explicaciones deberán sustituir a las declaraciones, las auditorías a las descalificaciones y las pruebas a las especulaciones. Los reportajes publicados durante la última semana de octubre pusieron bajo escrutinio las relaciones de la exconsejera presidenta con personas vinculadas a empresas proveedoras del organismo, así como las condiciones de diversas contrataciones.

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación ante indicios de posibles irregularidades. Corresponde ahora a las autoridades determinar si hubo infracciones, quiénes participaron y qué responsabilidades proceden.

La salida de Taddei tampoco resuelve el debate sobre la autonomía del INE. La sucesión obliga a revisar las reglas de designación, la concentración de facultades administrativas y la eficacia de los controles internos. Elegir a una nueva persona para la presidencia será necesario, pero insuficiente si no se corrigen las condiciones que hayan permitido posibles irregularidades.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha pedido investigar los señalamientos. La oposición exige explicaciones y garantías de independencia. Ambas posiciones deberán medirse por sus actos: por la disposición a transparentar la información, respetar las investigaciones y aceptar sus resultados.

En una democracia, el árbitro electoral no está por encima de la ley ni debe quedar sujeto a la voluntad de los partidos. Su autoridad depende de reglas claras, decisiones verificables y confianza pública. Las elecciones de 2027 se acercan. Antes de que comience la disputa por los votos, el país necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido en el INE.

Porque la confianza electoral no se decreta, no se hereda y tampoco se recupera con una renuncia. Se construye con hechos entre ciudadanos, partidos, gobierno y medios de comunicación.

ALACENA

Una que duele. A los 92 años de edad, la noche del miércoles 28 falleció Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial, gobernador de Michoacán de 1980 a 1986 y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por el voto popular.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1934. Vivió sus primeros años en la Residencia Oficial de Los Pinos.

En 1954, siendo estudiante de Ingeniería de la UNAM, incursionó por primera vez en la escena política al encabezar un movimiento estudiantil nacional en protesta por la invasión de Estados Unidos a Guatemala, que derrocó al presidente democrático Jacobo Árbenz.

En 1961, se unió activamente al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), una organización de izquierda impulsada por su padre Lázaro Cárdenas, intelectuales y activistas para defender la soberanía del país, promover la reforma agraria y rescatar los ideales de la Revolución Mexicana.

A mediados de la década de los setenta comenzó su carrera dentro de la estructura institucional. En 1976 fue senador de la República por Michoacán.

En 1980 fue postulado y elegido gobernador de ese estado, el último escalón de relevancia antes de su histórica ruptura con el régimen priísta.

La Corriente Democrática

En 1986, Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, formaron la Corriente Democrática al interior del PRI que exigía democratizar los procesos de selección de candidatos y cambiar el rumbo de la política económica del país. La ruptura definitiva se concretó en octubre de 1987, cuando fue expulsado del Revolucionario Institucional. Tras su salida, fue postulado a la presidencia en las elecciones de 1988 por el Frente Democrático Nacional (FDN).

A esa candidatura se unió otro ingeniero: Heberto Castillo, quien declinó sus aspiraciones por el Partido Mexicano Socialista (PMS) para unirse a Cárdenas. Al no alcanzar la Presidencia de la República en 1988, Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las aportaciones de Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas ocupa un lugar central en la historia política del país. Su contribución permitió la apertura del sistema político, la construcción de una izquierda con presencia nacional y la defensa de un proyecto de Estado sustentado en la soberanía y la responsabilidad pública. La transición democrática de México no podría entenderse sin la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas. (laaurorademexico.com)

El fallecimiento de Cárdenas generó pronunciamientos desde Morena, PRI, PAN, PT y diversas corrientes políticas, así como personajes de la política en México. Enrique Peña Nieto, vía su cuenta de X, expresó: Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental en la transición democrática de México.

Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz.

Una en proceso. En el entramado político que envuelve la renuncia de la ex presidenta del INE, el PAN presentó, con fecha 27 de octubre, una denuncia ante la FGR por seis posibles delitos en el Instituto Nacional Electoral; y precisa que la renuncia de Guadalupe Taddei no puede significar impunidad. De acuerdo con lo establecido por el presidente blanqiuazul, Jorge Romero, la denuncia contempla posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El abogado Roberto Gil Zuarth señaló además presuntas irregularidades en contratos por más de mil 600 millones de pesos y adjudicaciones por materiales que, según la denuncia, no fueron entregados.

“Acción Nacional exige una nueva presidencia independiente, un proceso de selección transparente y una reforma para evitar la concentración de facultades administrativas en una sola persona”.

Una de alcance mundial. De Ecatepec para el mundo. ¡Sí!, Charlyn Corral, jugadora de futbol en el Club Pachuca, y nacida en el noroeste del Estado de México, fue reconocida en la gala del Balón de Oro como la “Goleadora del Año 2026”. La también jugadora de la selección mexicana fue galardonada por ser “la delantera más letal de todo el planeta futbol”, señaló el sitio del Ballon d’Or.

A la premiación que organiza la revista France Football desde 1956 y que fue celebrada en Londres, asistieron astros del balompié mundial. De hecho, de acuerdo con la reseña de la BBC News, el inglés Harry Kane, quien al igual que Corral, se coronó como el mejor delantero del año, alzándose también con el Balón de Oro. Kane es el centro delantero del Bayern Munich y de la selección inglesa de futbol.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento”, fueron las palabras de Charlyn en el escenario en que muchos futbolistas sueñan con pararse algún día.

¡Enhorabuena Charlyn!, y que sigan los éxitos.

REFERENCIAS: EL PAÍS, La renuncia y los señalamientos sobre proveedores, 25 de octubre; La Jornada, El anuncio de renuncia, 25 de octubre; El Financiero, Raymundo Riva Palacio, 27 de octubre; Expansión Política, La sucesión y la credibilidad del INE, 27 de octubre; EL PAÍS, La revisión interna del INE, 28 de octubre; EL PAÍS, Sheinbaum y la revisión de proveedores, 28 de octubre; Agencia REUTERS.com; wikipwedia.org; Chat GPT; pan.org.mx; bbc.com.

FOTOGRAFÍAS: cuartoscuro.com; elpais.com; eluniversal.com; bbc.com; instagram.com; posta.com.mx; wikipol.com; wikipedia.org; Chat GPT.

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HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

Si bien el proceso electoral del Estado de México para renovar la Legislatura local y los 125 ayuntamientos dio inicio formal -de acuerdo con el calendario publicado en la página oficial- el 24 de septiembre, la contienda por las candidaturas y la disputa por el voto ciudadano tendrán otros momentos decisivos: las precampañas comenzarían el 21 de enero de 2027 y las campañas se desarrollarían del 29 de abril al 2 de junio.

En las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la consejera presidenta Amalia Pulido Gómez llamó a los partidos políticos, aspirantes y demás actores a respetar las distintas etapas previstas en el calendario y evitar adelantarse a los tiempos electorales.

Aunque la competencia todavía no comienza formalmente, el organismo electoral ya tiene una movida agenda de preparación. Entre las tareas previstas se encuentran la selección de vocalías y consejerías de los órganos desconcentrados, así como la búsqueda de los inmuebles que albergarán las estructuras encargadas de organizar los comicios en los distritos y municipios.

Mientras el IEEM prepara la maquinaria institucional, los partidos comienzan a mover sus piezas. Una cosa son los plazos legales y otra diferente, los tiempos políticos; las negociaciones, los acuerdos internos, las mediciones de popularidad y las disputas por las candidaturas ya comenzaron en la entidad, previo a que la ley permita pedir formalmente el voto.

El calendario especifica que las precampañas se desarrollarán del 21 de enero al 12 de febrero de 2027. Posteriormente, del 10 de marzo al 7 de abril, se abriría el periodo relacionado con el registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. Será entonces cuando empiece a definirse quiénes aparecerán en las boletas y cuáles fuerzas políticas competirán en los municipios.

Las campañas están previstas para comenzar el 29 de abril y concluir el 2 de junio. Después vendrá un compás de espera por parte del electorado y, finalmente, la jornada electoral, señalada en el calendario oficial para el 6 de junio de 2027, donde se prevé que acudan a votar 13.5 millones de habitantes.

Y para tener el pulso de la jornada electoral a nivel nacional, es decir, el tamaño del monstruo que se presentará el 6 de junio, el Grupo Estrategia Política, gepelecciones.com, ofrece la numeralia general de la actividad electoral: se renovarán 20 mil 109 cargos públicos a lo largo de las 32 entidades federativas.

Destaca la renovación de las gubernaturas en 17 estados; Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán; Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, se renovará el Congreso de la Unión con 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional; 1,089 diputaciones locales; 31 Congresos locales (excepto Coahuila); 1,802 presidencias municipales, (excepto Durango y Veracruz), 16 mil 255 sindicaturas y regidurías, (excepto las anteriores entidades); y 437 presidencias de juntas municipales.

Y volviendo a la elección mexiquense, más allá de las fechas, los procedimientos y los llamados a respetar la ley, los comicios en la entidad plantean una pregunta de mayor alcance: ¿quién logrará consolidar su presencia territorial en una de las entidades con mayor peso electoral del país?

Si la elección nacional será una medición de fuerzas, el Estado de México será uno de sus principales campos de batalla.

Y no solamente por su enorme peso electoral. El Estado de México representa mucho más que una entidad dentro del mapa político nacional. Es un territorio heterogéneo, con zonas urbanas densamente pobladas, municipios metropolitanos con problemas compartidos y regiones donde las prioridades de los ciudadanos son muy distintas.

Y aunque en estos comicios no habrá elección a gobernador, estará en juego el control territorial de una de las entidades políticamente más importantes de México.

MORENA: LA FUERZA TERRITORIAL Y EL DESAFÍO DE CONSERVARLA

El punto de partida es claro: las elecciones municipales de junio de 2024 modificaron profundamente el mapa político mexiquense. Morena y sus aliados (PVEM y PT) ampliaron su presencia territorial y llegaron a gobernar, en conjunto, 89 de los 125 municipios, según el recuento publicado por La Jornada al inicio de las administraciones 2025-2027. Entre ellos se encuentran varios de los municipios más poblados y políticamente relevantes de la entidad… pero una cosa es administrar una ventaja electoral y otra conservarla.

La presencia de Morena en los principales municipios del Valle de México constituye un activo político importante. Sin embargo, el número de ayuntamientos gobernados no equivale automáticamente a una mayoría permanente de ciudadanos identificados con el partido. Cada elección tiene sus propias circunstancias y cada municipio presenta condiciones distintas.

En Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, la evaluación de los gobiernos municipales tendrá un peso relevante en la discusión política. La seguridad pública, el abasto de agua, la movilidad, el alumbrado, la recolección de basura y la calidad de los servicios son asuntos que los habitantes pueden valorar a partir de su experiencia cotidiana.

La pregunta para Morena no será únicamente cuántas candidaturas puede registrar o cuántas estructuras territoriales mantiene activas. También tendrá que responder qué resultados pueden atribuirse a sus gobiernos y cómo evitar que los conflictos internos, las disputas por las candidaturas o el desgaste administrativo afecten su relación con los ciudadanos.

El reto de sus aliados tampoco es menor. El Verde y el PT cuentan con presencia propia y participan en la distribución del poder municipal. Las negociaciones para definir candidaturas comunes obligarán a resolver una cuestión recurrente en las coaliciones: cómo conciliar los intereses de cada partido con la necesidad de presentar opciones competitivas y evitar fracturas que terminen beneficiando a sus adversarios.

Porque la unidad electoral no se decreta. Se negocia.

PAN Y PRI: ¿UNA OPCIÓN CAPAZ DE RECOMPONERSE?

Frente a Morena y sus aliados, PAN y PRI enfrentan una discusión que va más allá de decidir si compiten juntos o por separado.

Y vuelvo al 2024. El PAN conservó presencia municipal en zonas como Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Coacalco. Son referencias territoriales relevantes para entender la persistencia de espacios de gobierno opositores dentro de una entidad en la que Morena y sus aliados ampliaron considerablemente su presencia. El mapa de aquella elección también mostró que la oposición no desapareció, aunque quedó replegada en una porción menor del territorio municipal (el.economista.com.mx, 6 de junio de 2024).

El PAN dispone de gobiernos municipales que pueden funcionar como escaparate de su oferta política. También tendrá que resolver si mantiene una estrategia centrada en sus espacios tradicionales o busca ampliar su presencia en municipios donde Morena ha consolidado una base electoral.

El PRI, por su parte, enfrenta el desafío de reconstruir su relación con sectores del electorado que durante décadas formaron parte de su base política. Su historia organizativa y su conocimiento de la estructura municipal siguen siendo antecedentes importantes, pero no sustituyen la necesidad de renovar candidaturas, propuestas y liderazgos; además, tendrá que presentar ofertas políticas atractivas a sus dirigentes locales que se dan a la fuga hacia otras fuerzas políticas.

En este escenario, una eventual alianza entre PAN y PRI tendría que superar varios obstáculos.

El primero sería programático: acordar qué proyecto municipal ofrecerían a los ciudadanos. El segundo sería territorial: decidir dónde conviene presentar candidaturas comunes y dónde cada partido tiene incentivos para competir por su cuenta. El tercero sería político: establecer un mecanismo creíble para seleccionar candidatos sin convertir la negociación en una disputa por cuotas o posiciones.

Una coalición puede sumar votos, pero también puede enfrentar resistencias entre sus propias bases. La suma aritmética de los resultados anteriores no garantiza que todos los electores de un partido acepten votar por el candidato de otro.

Y hay un cuarto factor que no debería ignorarse: Movimiento Ciudadano.

Su presencia en municipios donde compite por cuenta propia puede modificar la distribución del voto y las condiciones de competencia. Por eso, cualquier análisis sobre una posible alianza opositora debe considerar no solamente a Morena, PAN y PRI, sino también a las fuerzas que decidan mantener candidaturas independientes de los bloques principales.

LOS MUNICIPIOS NO SON PIEZAS INTERCAMBIABLES

El mapa electoral mexiquense exige distinguir, al menos, tres espacios de competencia. El primero es el corredor de municipios densamente poblados del oriente. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco tienen un peso demográfico y electoral considerable. Sin embargo, sus historias políticas, sus gobiernos y sus condiciones sociales no son idénticos. Agruparlos bajo una sola etiqueta partidista puede ocultar diferencias importantes.

El segundo es el corredor del norte y norponiente metropolitano. Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tecámac conforman un conjunto estratégico por su población, su actividad económica y su vinculación con la Ciudad de México. En esta zona conviven municipios con distintas tradiciones electorales y experiencias de gobierno. La competencia deberá analizarse municipio por municipio, no mediante una generalización, sobre todo el Valle de México.

El tercero es el espacio de articulación entre la capital del estado y los municipios metropolitanos del Valle de Toluca. Aunque sus dinámicas no son las mismas que las de la zona conurbada con la Ciudad de México, Toluca y los municipios de su entorno también forman parte de la disputa por el control político de la entidad.

Un municipio ganado por una coalición no debe contabilizarse como si todos los votos pertenecieran a un solo partido. Tampoco es correcto suponer que una fuerza política conservará en 2027 el mismo respaldo que obtuvo en 2024.

Las elecciones anteriores ofrecen un punto de comparación, no una sentencia anticipada.

LA VERDADERA DISPUTA: GOBIERNO, CANDIDATOS Y CIUDADANOS

En la contienda municipal se cruzan tres variables que conviene observar por separado: el desempeño de los gobiernos, la calidad y aceptación de las candidaturas y la capacidad de los partidos para organizar una campaña legal, competitiva y cercana a los problemas de cada comunidad.

Una administración con resultados reconocibles puede aportar argumentos a la candidatura de su partido; una gestión cuestionada puede generar costos políticos. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias determina por sí sola el resultado de una elección.

También importa cómo se seleccionan los candidatos. Las encuestas, los acuerdos entre dirigencias, las negociaciones con grupos locales y la participación de las militancias pueden influir en la cohesión interna de cada partido. Si el proceso deja inconformidades, habrá que observar si estas se traducen en rupturas, candidaturas rivales o desmovilización. Si produce acuerdos aceptados por los principales grupos, el efecto podría ser distinto.

Los electores pueden respaldar a un partido en una elección federal y evaluar de otra manera a sus autoridades municipales. Pueden mantener sus preferencias, cambiarlas o abstenerse de participar.

Por eso, antes de hablar de triunfos anticipados, será necesario observar los resultados de las encuestas con atención a sus fechas, muestras, metodologías y márgenes de incertidumbre, así como contrastarlos con los resultados electorales verificables.

El desafío para Morena consiste en demostrar que su presencia territorial se sostiene también en la gestión y en la confianza ciudadana. Para PAN y PRI, el reto es acreditar que pueden construir alternativas viables y acuerdos que no dependan exclusivamente de la suma de sus siglas. Para el Verde, el PT y Movimiento Ciudadano, la cuestión será definir cómo su presencia propia se relaciona con las coaliciones y con las demandas de cada municipio.

No hay una fórmula única para los 125 ayuntamientos.

EL MAPA NO VOTA, EL SUFRAGIO ES DE CIUDADANOS

La elección de 2027 comenzará a definirse mucho antes del inicio formal de las campañas, pero no necesariamente en el sentido que anticipen las dirigencias partidistas.

Se definirá en las decisiones sobre candidaturas, en la evaluación cotidiana de los gobiernos, en los acuerdos que alcancen las fuerzas políticas y en la capacidad de cada aspirante para presentar propuestas concretas ante comunidades con necesidades diferentes.

En política, los mapas muestran dónde se ganó. No explican por sí solos por qué se ganó ni garantizan que se volverá a ganar. Esa es la diferencia entre contabilizar ayuntamientos y comprender una elección. Y ésa será, en última instancia, la disputa que deberá observar MANO NEGRA: no sólo quién controla el territorio, sino cómo se construye, se conserva o se pierde la confianza de quienes viven en él.

ALACENA

Una buena. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) otorgó el 21 de octubre el Doctorado Honoris Causa en Derecho de la Información al doctor Ernesto Villanueva, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a esta disciplina jurídica.

Durante la ceremonia solemne, la rectora Yarabí Ávila González destacó que Villanueva representa un ejemplo de cómo el esfuerzo, la educación y el talento pueden transformar las instituciones y beneficiar a la sociedad.

Subrayó que su trayectoria ha vinculado la investigación universitaria con la elaboración de marcos jurídicos y el fortalecimiento institucional. Esta combinación de investigación, docencia e incidencia legislativa demuestra cómo el conocimiento puede trascender las aulas y contribuir a proteger los derechos fundamentales.

Al recibir el reconocimiento, el doctor Villanueva agradeció a las autoridades universitarias y manifestó su orgullo de ser nicolaita y formar parte de una institución históricamente vinculada al conocimiento, la libertad de pensamiento y la transformación social.

El investigador de la UNAM reflexionó sobre la responsabilidad universitaria en la preservación de la civilidad democrática. Señaló que las diferencias de percepción, pensamiento y criterio son inherentes a las sociedades plurales, pero deben resolverse mediante argumentos, conocimientos y diálogo, en lugar de recurrir a la descalificación o a la imposición de posiciones.

Sostuvo que las universidades deben ser ejemplo de convivencia respetuosa y espacios donde las ideas puedan confrontarse libremente, sin que las discrepancias se conviertan en motivos de exclusión o enfrentamiento. En ese contexto, planteó una interrogante sobre la misión universitaria: si las universidades no enseñan a pensar críticamente, a respetar las diferencias y a resolver los desacuerdos mediante la razón, ¿qué otras instituciones podrán asumir esa responsabilidad?

Villanueva destacó que el valor de la educación superior no reside únicamente en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de personas capaces de cuestionar, argumentar y convivir en sociedades plurales.

Una imperdible. Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, hace un concienzudo análisis del libro Pueblo, publicado por Andrés Manuel López Obrador. Su crítica apareció el 20 de octubre en la revista Nexos, y dentro de su columna Sociedad y Poder, titulada “AMLO: el pueblo ausente y la historia prestada”.

Aquí les comparto el párrafo inicial de su texto:

“Se llama Pueblo, pero la sociedad y las luchas populares están ausentes, o aparecen relegadas en el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Repleto de lugares comunes, se trata de un farragoso texto en donde se pretende reseñar dos siglos de historia mexicana para que, al lado de próceres como Morelos, Juárez y Madero, aparezca la figura, ya saben de quién.

La pretensión de ese autor para mostrarse como encarnación del pueblo no es sorpresa. Sí lo es, porque en 740 páginas podía esperarse algo más, la simpleza del discurso y la pobreza de fuentes bibliográficas. Nadie esperaba que López Obrador se hubiera encerrado en bibliotecas especializadas para mostrarse como historiador. Pero en cada uno de los 37 capítulos de Pueblo acude a muy pocas y siempre elementales fuentes”.

(https://trejodelarbre.nexos.com.mx/amlo-el-pueblo-ausente-y-la-historia-prestada/?utm_source=chatgpt.com

La crítica del investigador universitario se plantea en cinco ejes: 1. El pueblo como protagonista ausente; 2. Una interpretación de la historia con sesgo político; 3. La dependencia de otras fuentes y citas cuestionadas; 4. Omisiones en la historia de los movimientos sociales; 5. Construcción de una narrativa alrededor del propio López Obrador.

Diversos analistas del medio periodístico han propuesto a Raúl Trejo para el premio Serenidad y la Paciencia, por haber desmenuzado, como lo logró, el libro Pueblo.

El título fue publicado por editorial Planeta el 12 de octubre de 2026 y tiene 744 páginas, de acuerdo con  la ficha editorial.

REFERENCIAS: nexos.com.mx; eluniversal.com.mx; gepelecciones.com; planamayor.com.mx; hgrupoeditorial.com.mx; conexionh.com; lajornadaedomex.com; ChatGPT; wikipedia.org; ieem.org.mx; planetadelibros.com; umich.mx

FOTOGRAFÍAS: ieem.org.mx; wikipedia.org; facebook; umich.mx; Chat GPT;