Ruffo Appel, ¿“cortina de humo” para ocultar el escándalo de Marina del Pilar? * Con la 4T hay otros casos sin investigar: Rubén Rocha Moya y Cía., Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc…

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Con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición -PAN, 1989-, que se da en medio del escándalo de la actual gobernadora morenista de la misma entidad, Baja California Norte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confiesa en una plática telefónica estar dispuesta a dar “información” de seguridad nacional al FBI.

En un audio, difundido por el periodista Héctor de Mauleón, y ante lo expresado por Ávila Olmeda, surgen preguntas lógicas: ¿Se trata de una “cortina de humo” para ocultar ese escándalo? ¿Se trata de una persecución política? ¿Se tienen los elementos y las pruebas para presumir que se trata del auténtico “rey del huachicol”?

Y hay otra interrogante mucho más cuestionable: ¿Qué relación tiene este caso con la investigación -sin avanzar- del gigantesco contrabando de huachicol fiscal por un monto estimado de 600 mil millones de pesos, en el que están involucrados los sobrinos del exsecretario de Marina, políticos morenistas de primer nivel y funcionarios de Aduanas (que opera Semar)?

No es por comparar, pero los 600 mil millones de pesos del “huachico fiscal” es el mayor caso de corrupción en toda la historia mexicana.

La forma es fondo, decía con sapiencia don Jesús Reyes Heroles. Los grandes pendientes de los últimos sexenios de todos los partidos políticos han sido los siguientes: La procuración y administración de justicia -que corresponde al Poder Ejecutivo-, así como la impartición de justicia -valga la redundancia-, que es responsabilidad del Poder Judicial.

Con Enrique Peña Nieto se logró la reforma que dio lugar a la creación de la Fiscalía General de República que -al sustituir a la Procuraduría General de la República- tuvo como propósito fundamental gozar de autonomía para procurar justicia de manera imparcial y apegada a la legalidad, lo que quedó plasmado en nuestra Carta Magna.

Sin embargo, la primera Fiscalía General de la República se convirtió en una Fiscalía facciosa, dedicada a la persecución política y a la omisión de la investigación de los graves delitos que aquejan al país.

Con la llegada de la 4T se perdió la forma y el fondo. En materia de impunidad y justicia penal, la Cuarta Transformación ha quedado a deber a millones de mexicanos la expectativa de avanzar y mejorar.

La gestión del primer fiscal, Alejandro Gertz Manero, mostró que los casos más relevantes que operó se caracterizaron por tratarse de burdas, persecuciones y “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

A esta línea de trabajo parece darle continuidad la actual fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, lo cual no resulta sorprendente si se recuerda el caso de los familiares de Gertz Manero; el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal “Abogado de la Nación”, quien se ocupó de meterlas a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

En ese caso, la entonces fiscal General de Justicia de la CDMX, Godoy Ramos, le hizo “segunda”, violando garantías fundamentales, como la “garantía procesal” y “plena seguridad”.

Otros célebres casos de “venganzas políticas” y uso faccioso de la justicia penal fueron: El de Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Francisco García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya Cortés, por mencionar los más relevantes. La forma en que se han operado estos casos significan una regresión respecto a tres aspectos fundamentales: Vulneran el “debido proceso”, atentan contra el principio de “presunción de inocencia” y admiten la presentación de “pruebas ilícitas”.

La actual FGR parece mostrar la misma forma facciosa de operar de su antecesor. Tiene su primer caso escandaloso con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ya que luego de que el juzgador de carrera Elizondo Martínez rechazó otorgar la orden de aprehensión en junio de 2026 por falta de pruebas, el 13 de julio de 2026 la FGR presentó una nueva solicitud de captura, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, una juez de elección popular (del famoso “acordeón”), quien concedió la orden de aprehensión.

Lo burdo de la maniobra es obvio. La juzgadora aclaró en su resolución que atendió el caso por encontrarse de guardia, aunque el proceso penal corresponde resolverlo al juez Elizondo Martínez.

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, defendió al expanista Ernesto Ruffo Appel y cuestionó a la FGR por no estar investigando a los funcionarios de Aduanas, quienes debieron permitir la comisión de dichos delitos, supuestamente por parte de la empresa fundada por Ruffo Appel.

“Si a ti te dan un permiso para meter 10 millones de litros de combustible y resulta que metes 110 millones, como dice Ernestina [Godoy], pues el que revisa eso es la aduana, que controla el gobierno, no el agente aduanal. Es el gobierno el que permite que meta más gasolina.

“Yo no veo que estén investigando a Rafael Marín, a Horacio Duarte ni a Ricardo Peralta. Ahora resulta que están presentando a Ernesto Ruffo como ‘el rey del huachicol’. Eso es imposible, ¿quién puede tener tanto control y tanto poder sobre el contrabando de combustible si no es el gobierno?”, cuestiona Acosta Naranjo.

El líder partidista asegura -de manera personal- que él platicó con Ruffo sobre las acusaciones que pesaban contra él desde hace más de un año y comprendió que era un intento de “lavarle la cara a la gente del gobierno”.

Al primer gobernador de oposición -del PAN- que asumió la gubernatura de Baja California Norte en 1989, la referida juzgadora le dictó como medida cautelar la prisión preventiva y Ruffo Appel ya se encuentra en el penal del Altiplano.

No sabemos si Ernesto Ruffo sea responsable de alguno de los delitos que se le imputan, pero sería lamentable que se tratara de una persecución política, como ocurrió con Rosario Robles, a quien el fiscal Gertz Manero metió a la cárcel con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, quien es enemiga pública de Robles, “judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito”, como lo afirmó en un documento escrito Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles.

Moguel Robles señala que “su madre enfrenta un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos importantes como la presunción de inocencia, el principio pro persona, el debido proceso y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Rosario Robles afortunadamente pudo ser liberada por el anterior Poder Judicial, pero ahora con un Poder Judicial del acordeón, totalmente subordinado al Poder Ejecutivo, ¿quién podrá salvar a Ruffo Appel?

Otro caso que fue resuelto por el aún Poder Judicial “independiente” fue el del exgobernador de Tamaulipas; el Primer Tribunal Colegiado Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la FGR para apelar el fallo de un juez federal, que lo amparó contra la orden de aprehensión.

A principio del gobierno que encabeza la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo la expectativa de que habría reformas que permitirían avances y mejoras en materia de justicia y combate a la impunidad.

Repito, la forma es fondo. El expresidente Enrique Peña Nieto, aún sin contar con una Fiscalía independiente, metió a la cárcel a seis gobernadores de su sexenio y de su partido, aplicó la procuración y administración de justicia sin excepción, por encima de sus intereses partidistas, no protegió ni eximió a alguno de sus correligionarios. Asumió el costo político de sus decisiones en materia de justicia.

Pero con la 4T se inició la regresión con una Fiscalía General dependiente y sumisa a intereses políticos, que no investiga a ningún morenista -léase Rocha Moya y camarilla, Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc.

En esa ruta la FGR perderá toda la credibilidad y la capacidad para avanzar en la mejora de la administración y procuración de justicia.

Se alejará la esperanza de que 130 millones de mexicanos cuenten con auténtica justicia y de que se fortalezca nuestro demeritado Estado de Derecho.

México tendrá que esperar para otro gobierno… y es que hay propuestas serias para mejorar la justicia penal. La primera es, sin duda, la voluntad del Poder Ejecutivo para avanzar en esa materia.

Hay otras reformas de carácter técnico, de las que sólo enunciamos dos que son la “clave”: La “Renovación del Ministerio Público” -apoyado de la policía investigadora eficaz-, que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista; y segundo, la creación de un “nuevo y único Código Penal Nacional”. Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no están en la agenda de la Cuarta Transformación.

Por ahora sólo nos queda observar hasta dónde se destruirán los logros y avances que después de 14 años se habían logrado con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

A México le urge contar con un Sistema de Justicia Penal eficiente y garantista.

“Era suyo, lo tenían y lo dejaron ir”… como dijera el cronista deportivo Enrique ‘El Perro’ Bermúdez * Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía

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Parodiando al popular cronista deportivo Enrique “El Perro” Bermúdez, podríamos referirnos al piloto de la nave que trasladó al Mayo Zambada, aludiendo a la Fiscalía General de la República (FGR): “Lo tenían, era suyo y… lo dejaron ir”.

La responsabilidad sin duda es de la FGR de haber entregado a Estados Unidos al piloto mexicano -que llevó a ese país al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada- cuando ya estaba detenido en México y era una valiosa fuente para aclarar el secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Ahora que se sabe fue un operativo arreglado por el FBI, esto implicaría que sólo lo podrían haber sabido los cuatro o cinco protagonistas de esa operación encubierta, entre ellos el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, quien fue deportado a México sin que alguien advirtiera de quién se trataba, hasta que fue detenido en flagrancia y luego entregado nuevamente a la justicia de Estados Unidos, sin darse por enterados que era el piloto de planta de “Los Chapitos”.

No es que seamos mal pensados, pero surgen las siguientes interrogantes: ¿Nadie se percató de quién se trataba? ¿Se le interrogó aquí sobre la extracción de “El Mayo”?

De acuerdo con el fiscal regional David Boone de la Garza, fue la FGR la que ordenó la entrega a Estados Unidos del piloto Núñez Ojeda.

Si eso ocurrió antes del 3 de diciembre de 2025, la responsabilidad de la entrega del piloto recaería en Alejandro Gertz Manero, quien hasta ese día fue fiscal general de la República y que como premio a su “brillante” desempeño fue designado embajador en el Reino Unido.

Dos años llevaba el Estado Mexicano esperando que el gobierno norteamericano le entregara información sobre la captura del Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024.

Hace apenas unos días, un reportaje de Luis Chaparro reveló una declaración del FBI, en la que el organismo aceptó que el operativo contra ‘El Mayo’ Zambada fue suyo: planeado, organizado y ejecutado la misión en territorio mexicano, con Joaquín Guzmán López como el principal ejecutor en campo.

El reportaje también señala que el avión fue modificado: Le cambiaron el motor, la pintura, las luces y el número de serie. El FBI donó el avión en el que trasladaron al ‘Mayo’ Zambada al War Eagles Air Museum.

El 8 de julio de 2026, la Fiscalía General de la República ofrece una conferencia en la que planteó diversas anomalías: Violaciones graves al derecho mexicano e internacional, un pacto fuera de los canales legales entre países y una mentira del embajador Ken Salazar, quien violaría el principio de buena fe diplomática.

Además, la FGR solicitó -otra vez- formalmente al gobierno de Estados Unidos que proporcione información sobre lo ocurrido con el caso Zambada.

México tiene 32 investigaciones abiertas contra ‘El Mayo’ Zambada, con órdenes de aprehensión vigentes. Aun así, se ve imposible traerlo de regreso.

Durante la referida conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República recriminó que el FBI entregara información “falsa, parcial e insuficiente” sobre lo sucedido en julio de 2024, cuando el narcotraficante Ismael Zambada fue secuestrado tras una traición de sus socios en el Cártel de Sinaloa y entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Sobre este punto, y muy polémico por cierto, es relevante esclarecer que en estricto el FBI no violó alguna ley mexicana, si nos atenemos a que el acuerdo FBI-Joaquín Guzmán debió haberse limitado al compromiso del Chapito mayor de poner al Mayo Zambada en territorio norteamericano, sin que formalmente el FBI pusiera pie en territorio mexicano.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, hizo varios señalamientos: “En agosto de 2024, personal de la Fiscalía General de la República acudió a inspeccionar en las oficinas de El Paso, Texas, los indicios encontrados en la aeronave, y posteriormente el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México”.

Godoy Ramos asegura que no se les facilitó el acceso para “realizar las acciones pertinentes” ni “se proporcionó la información requerida”, “ni se permitió tomar fotografías” y que en las “constancias se advierte que las autoridades norteamericanas han dado datos falsos e imprecisos de identificación de ese avión”.

Ante esto, surge otra pregunta: ¿De cuándo acá una agencia norteamericana, como el FBI o la CIA, tienen obligación de proporcionar a un gobierno extranjero información sobre sus “misiones secretas”?

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el gobierno norteamericano nunca proporcionó información respecto al referido operativo.

Acusa al exembajador Ken Salazar de haber mentido en su momento. Asimismo, subraya que a partir del secuestro de Zambada se desató una guerra civil en el Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en dicho estado, “la que se hubiera evitado” en caso de que el gobierno estadounidense hubiera pedido permiso al Estado Mexicano para capturar al Mayo, toda vez que Zambada no había sido detenido en México desde hace cuarenta años que inició su liderazgo en el cártel más poderoso del mundo.

En relación a lo expresado por la Mandataria Sheinbaum Pardo, el exembajador Salazar acaba de publicar unas memorias en las que aborda su paso por México.

En ellas Ken escribe que el antecesor y mentor de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por lo que Ismael Zambada pudiera decir a las autoridades norteamericanas sobre su gobierno y los vínculos del narcotráfico.

“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, es más bien la participación de Estados Unidos en la captura del Mayo”, replicó Sheinbaum.

Al parecer este desencuentro “verbal” con nuestro socio y vecino del norte sólo servirá para dar continuidad a la narrativa de la 4T: La guerra del narcotráfico es culpa del expresidente Felipe Calderón, así como la guerra de Chapitos contra Mayitos en Sinaloa es culpa del gobierno norteamericano, por no “pedir permiso” para realizar sus operaciones encubiertas.

Adicionalmente se seguirá alimentando el gastado discurso de envolverse en la Bandera Nacional. Que a los “mexicanos se les respeta” y que “si osare un extraño enemigo profanar con su planta nuestro suelo”; que nuestra soberanía pretende ser vulnerada.

Mientras la información sólida, las evidencias, las declaraciones provienen de las agencias y Supremas Cortes de Estados Unidos, la narrativa oficial en México se ha reducido a la consabida estrategia de victimizarse con el discurso del nacionalismo lastimado y proteger a los presuntos delincuentes acusados por EU de estar coludidos con los cárteles mexicanos.

Y aquí nace una enésima cuestión: ¿Qué se intenta evadir detrás de la bandera de la soberanía?

Las pruebas documentales ya obran en expedientes de los juzgados americanos. El Mayo Zambada declaró en su primera audiencia haber sido emboscado tras acudir a una reunión, a la que fue convocado por el gobernador Rubén Rocha Moya, bajo el engaño de mediar en una disputa política entre liderazgos locales. En esa reunión fue secuestrado y enviado a Estados Unidos, al tiempo que se cometió el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y rival político del gobernador.

La Fiscalía estatal fabricó un video y una versión falsa de un asalto en una gasolinera, después la FGR desmoronó el montaje al hallar sangre de los escoltas de El Mayo en la camioneta de la simulación.

Ante esas pruebas documentales, “evidencias” que obran en los expedientes de los juzgados de Nueva York, surge otra vez esta pregunta: ¿Por qué el gobierno mexicano continúa protegiendo al exgobernador de Sinaloa?

Recuérdese que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Rocha Moya como su “hermano”, para muchos López Obrador marcó su “línea” como inamovible.

Y seguimos con las dudas: ¿Por qué no se ha investigado la actuación del exgobernador ni los presuntos vínculos de su gabinete con estructuras delictivas ni el impacto de la violencia en el proceso electoral de Sinaloa?

Es de resaltar que los reportes sobre secuestros o “levantones” de operadores políticos opuestos a Morena, las amenazas directas a candidatos y el control territorial durante los comicios locales forman parte de un expediente que existe en Estados Unidos, pero no en México.

El misterio del piloto y de la aeronave en la que viajaron los capos pone en preocupación al Estado Mexicano, y es que radares de las autoridades de Aeronáutica Civil ni de la Fuerza Aérea Militar registraron el despegue de un avión de territorio nacional con uno de los criminales más buscados, sin que algún sistema de inteligencia, seguridad, o vigilancia lo detectara.

El misterioso piloto que estuvo en las narices de las autoridades tampoco fue detectado y fue expulsado a Estados Unidos sin alguna investigación ni procedimiento legal de extradición.

Este caso evidencia al menos incompetencia que raya en el ridículo. Repito: El FBI no violó alguna ley mexicana, ni tratado internacional en estricto y formal sentido, asi como el exembajador Ken Salazar no mintió.

Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía.

¿Hasta cuándo la impunidad y el presunto encubrimiento de correligionarios del poder?

El mayor peligro de México, la advertencia de José López Portillo * El cinismo de la 4T es burdo y evidente * La Austeridad Republicana funciona muy bien en el discurso, pero en los hechos está del carajo

MARKOFLOS***

Hay similitud en lo que pasaba en México hace cuarenta años: Se celebraba el certamen futbolero en nuestro país y la oncena tricolor había llegado a las eliminatorias de octavos de final.

Por esas fechas el expresidente José López Portillo había advertido que el mayor peligro para México era que se convirtiera en un país de cínicos.

En la hora actual parece que el “Deja-vu” nos alcanza, fuimos una de las sedes de la pasión del futbol, pero también la profecía de JLP parece estarse cumpliendo… y es que el cinismo de la 4T es burdo y evidente.

Como prueba de ello, sólo basta remitirnos a algunos de los ejemplos más recientes.

A partir de abril de este año, a pesar de que fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos -de estar vinculados con el Cártel de Sinaloa-, el exgobernador de Sinaloa y nueve de sus excolaboradores gozan de total libertad, ninguno de ellos ha sido objeto de investigaciones serias sobre esas graves acusaciones y lejos de tener algún rubor o al menos de cubrir las formas respecto a su estatus jurídico, andan tan “campantes” exhibiéndose o escondiéndose con la complicidad y protección del gobierno de la 4T.

RUBÉN ROCHA Y ENRIQUE INZUNZA

El exgobernador Rubén Rocha Moya goza de casi todas las prerrogativas que tenía en funciones, escoltas y seguridad, recursos económicos a discreción e impunidad total.

Por su parte, otro de los coacusados, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, continúa recibiendo su salario íntegro que ronda entre los $120,000 y $190,000 pesos mensuales (dieta legislativa), a pesar de estar ausente de sus funciones y tener las cuentas bancarias congeladas por investigaciones en Estados Unidos.

Debido a este bloqueo financiero, el Senado le emite su pago mediante cheques de caja.

Su escaño ha permanecido vacío durante meses, lo que ha generado fuertes críticas y reclamos por parte de legisladores de oposición.

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN

Otro escándalo de cínica Austeridad Republicana y dispendio es el que protagonizó en estos días José Ramón López Beltrán, después de que circularan videos en los que aparece durante unas vacaciones en el parque temático Magic Kingdom, en Orlando, Florida.

A partir de esas imágenes, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanza nuevos señalamientos sobre el estilo de vida del hijo del expresidente y cuestiona el origen de los recursos con los que realiza esos viajes.

El intercambio de declaraciones entre José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario volvió a escalar en estos días en redes sociales, luego de que ambos protagonizaran un nuevo enfrentamiento por acusaciones de presunta corrupción y el origen del patrimonio del integrante de la familia del exmandatario.

A través de su cuenta en X, el empresario afirmó que revisará “punto por punto” los argumentos presentados por López Beltrán y reiteró diversas acusaciones que ha hecho anteriormente.

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS

Otro personaje que actúa cínicamente es el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; se desempeña actualmente como Cónsul General de México en Miami, Florida.

En el ámbito público y de la opinión pública, su patrimonio ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por propiedades millonarias -incluyendo un extenso rancho y diversas residencias- y la opacidad sobre una casa valuada en más de 26 millones de pesos que desapareció de sus declaraciones.

Escandón Cadenas dejó de reportar en sus declaraciones patrimoniales una casa de más de 2 mil metros cuadrados justo cuando concluyó su gobierno en Chiapas y asumió como cónsul en Miami.

La propiedad apareció en los documentos oficiales del entonces gobernador hasta 2023; sin embargo, desapareció en la declaración patrimonial presentada en 2024 ante el Servicio Exterior Mexicano.

La omisión ocurre en medio del crecimiento patrimonial del exmandatario que actualmente reporta ingresos anuales por rentas de propiedades superiores a los 2.4 millones de pesos.

Al concluir su administración en Chiapas y ser designado cónsul, la referida propiedad dejó de aparecer entre los bienes reportados por el funcionario.

Las declaraciones patrimoniales no explican si la casa fue vendida, donada o transferida a terceros, ni existe un apartado donde se detalle la baja del inmueble.

El exgobernador tampoco incluyó información adicional sobre el movimiento de esa propiedad en los documentos entregados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las declaraciones patrimoniales de Rutilio Escandón muestran variaciones importantes en el número de propiedades reportadas entre un año y otro.

De manera cronológica, los documentos consultados indican que entre 2021 y 2023 mantenía registrados 15 bienes inmuebles.

Posteriormente, en 2024, añadió dos propiedades heredadas vinculadas a su esposa, Rosalinda López Hernández, hermana del senador Adán Augusto López Hernández.

No obstante, varios de esos bienes permanecieron clasificados como confidenciales durante años.

Además de la desaparición de la residencia de más de 2 mil metros cuadrados, las declaraciones no precisan qué propiedades generan actualmente los más de 2 millones 425 mil pesos anuales que recibe por concepto de rentas.

El exgobernador de Chiapas pasó de reportar ingresos derivados de fondos de inversión a sostener gran parte de sus percepciones adicionales mediante arrendamientos inmobiliarios.

DAVID MONREAL ÁVILA

Oro ejemplo de cinismo rampante e impunidad es el del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Ha estado envuelto en múltiples polémicas, siendo la más notoria un video de 2021, en donde fue captado tocando inapropiadamente a una candidata.

Recientemente ha enfrentado controversias por denuncias de patrimonio, conflictos internos con su hermano y acusaciones de represión.

Durante su campaña electoral por la gubernatura, circuló un video en el que se observa a Monreal tocar el glúteo y posteriormente la cintura de Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila.

Aunque tanto él como la afectada negaron la agresión, el material causó gran indignación pública. En septiembre, su hermano, el senador Saúl Monreal, lo acusó públicamente de estar manipulado por un grupo político opositor dentro de su mismo partido.

Saúl afirmó que este grupo orquestaba campañas en su contra para bloquear sus aspiraciones políticas.

Respecto a su patrimonio, líderes de partidos -como el PRI y el PVEM- han señalado al mandatario por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, mencionando montos que superarían los 200 millones de pesos, aunque las denuncias han quedado sin seguimiento judicial claro.

Adicionalmente, en septiembre de 2025, el colectivo de madres buscadoras “Sangre de mi Sangre” denunció represión por parte de las fuerzas de seguridad del estado de Zacatecas mientras realizaban una manifestación pacífica en un puente peatonal.

Y AÚN HAY MÁS

El cinismo y la “austeridad” se presentan en la 4T en todos los niveles de gobierno.

En un día laborable, el 24 de junio, la alcaldesa de Morena del municipio de Villaflores, Valeria Rosales, su padre Mariano Rosales y su pareja asistieron al partido de futbol entre México y la República Checa que se realizó en el Estadio Ciudad de México, en donde pagaron boletos en la zona VIP, que de acuerdo con la FIFA tienen un costo de 80 mil pesos.

Hasta ahora la alcaldesa Valeria Rosales no ha emitido alguna comunicación para saber el monto que gastó en las tres entradas al estadio, que pueden estar valoradas en 240 mil pesos, más los boletos de avión, alimentación, hospedaje, traslados de aeropuertos y otros.

Después del video del partido entre México y República Checa, los miembros de la familia Rosales ya no han vuelto a hacer más publicaciones del partido, pero en Villaflores aseguran que también asistieron al encuentro entre México y Reino Unido, por lo que habrían erogado unos 720 mil pesos, sin contar otros gastos.

Estos ejemplos recientes contradicen los lineamientos que pregona la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su partido Morena, en el sentido de que el gobierno de la transformación y sus integrantes deben actuar con austeridad, honestidad, que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre” y que se combate la corrupción y la impunidad sin excepción alguna.

Los correligionarios de la Mandataria no deben distraerla con escándalos de cinismo, corrupción e impunidad. Del mismo modo que ella no debe tolerarlos.

Es tiempo de ejercer el poder presidencial de manera plena y sin excepciones. Por el bien de México, “La patria es primero”.