Ruffo Appel, ¿“cortina de humo” para ocultar el escándalo de Marina del Pilar? * Con la 4T hay otros casos sin investigar: Rubén Rocha Moya y Cía., Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc…

MARKOFLOS

Con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición -PAN, 1989-, que se da en medio del escándalo de la actual gobernadora morenista de la misma entidad, Baja California Norte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confiesa en una plática telefónica estar dispuesta a dar “información” de seguridad nacional al FBI.

En un audio, difundido por el periodista Héctor de Mauleón, y ante lo expresado por Ávila Olmeda, surgen preguntas lógicas: ¿Se trata de una “cortina de humo” para ocultar ese escándalo? ¿Se trata de una persecución política? ¿Se tienen los elementos y las pruebas para presumir que se trata del auténtico “rey del huachicol”?

Y hay otra interrogante mucho más cuestionable: ¿Qué relación tiene este caso con la investigación -sin avanzar- del gigantesco contrabando de huachicol fiscal por un monto estimado de 600 mil millones de pesos, en el que están involucrados los sobrinos del exsecretario de Marina, políticos morenistas de primer nivel y funcionarios de Aduanas (que opera Semar)?

No es por comparar, pero los 600 mil millones de pesos del “huachico fiscal” es el mayor caso de corrupción en toda la historia mexicana.

La forma es fondo, decía con sapiencia don Jesús Reyes Heroles. Los grandes pendientes de los últimos sexenios de todos los partidos políticos han sido los siguientes: La procuración y administración de justicia -que corresponde al Poder Ejecutivo-, así como la impartición de justicia -valga la redundancia-, que es responsabilidad del Poder Judicial.

Con Enrique Peña Nieto se logró la reforma que dio lugar a la creación de la Fiscalía General de República que -al sustituir a la Procuraduría General de la República- tuvo como propósito fundamental gozar de autonomía para procurar justicia de manera imparcial y apegada a la legalidad, lo que quedó plasmado en nuestra Carta Magna.

Sin embargo, la primera Fiscalía General de la República se convirtió en una Fiscalía facciosa, dedicada a la persecución política y a la omisión de la investigación de los graves delitos que aquejan al país.

Con la llegada de la 4T se perdió la forma y el fondo. En materia de impunidad y justicia penal, la Cuarta Transformación ha quedado a deber a millones de mexicanos la expectativa de avanzar y mejorar.

La gestión del primer fiscal, Alejandro Gertz Manero, mostró que los casos más relevantes que operó se caracterizaron por tratarse de burdas, persecuciones y “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

A esta línea de trabajo parece darle continuidad la actual fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, lo cual no resulta sorprendente si se recuerda el caso de los familiares de Gertz Manero; el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal “Abogado de la Nación”, quien se ocupó de meterlas a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

En ese caso, la entonces fiscal General de Justicia de la CDMX, Godoy Ramos, le hizo “segunda”, violando garantías fundamentales, como la “garantía procesal” y “plena seguridad”.

Otros célebres casos de “venganzas políticas” y uso faccioso de la justicia penal fueron: El de Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Francisco García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya Cortés, por mencionar los más relevantes. La forma en que se han operado estos casos significan una regresión respecto a tres aspectos fundamentales: Vulneran el “debido proceso”, atentan contra el principio de “presunción de inocencia” y admiten la presentación de “pruebas ilícitas”.

La actual FGR parece mostrar la misma forma facciosa de operar de su antecesor. Tiene su primer caso escandaloso con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ya que luego de que el juzgador de carrera Elizondo Martínez rechazó otorgar la orden de aprehensión en junio de 2026 por falta de pruebas, el 13 de julio de 2026 la FGR presentó una nueva solicitud de captura, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, una juez de elección popular (del famoso “acordeón”), quien concedió la orden de aprehensión.

Lo burdo de la maniobra es obvio. La juzgadora aclaró en su resolución que atendió el caso por encontrarse de guardia, aunque el proceso penal corresponde resolverlo al juez Elizondo Martínez.

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, defendió al expanista Ernesto Ruffo Appel y cuestionó a la FGR por no estar investigando a los funcionarios de Aduanas, quienes debieron permitir la comisión de dichos delitos, supuestamente por parte de la empresa fundada por Ruffo Appel.

“Si a ti te dan un permiso para meter 10 millones de litros de combustible y resulta que metes 110 millones, como dice Ernestina [Godoy], pues el que revisa eso es la aduana, que controla el gobierno, no el agente aduanal. Es el gobierno el que permite que meta más gasolina.

“Yo no veo que estén investigando a Rafael Marín, a Horacio Duarte ni a Ricardo Peralta. Ahora resulta que están presentando a Ernesto Ruffo como ‘el rey del huachicol’. Eso es imposible, ¿quién puede tener tanto control y tanto poder sobre el contrabando de combustible si no es el gobierno?”, cuestiona Acosta Naranjo.

El líder partidista asegura -de manera personal- que él platicó con Ruffo sobre las acusaciones que pesaban contra él desde hace más de un año y comprendió que era un intento de “lavarle la cara a la gente del gobierno”.

Al primer gobernador de oposición -del PAN- que asumió la gubernatura de Baja California Norte en 1989, la referida juzgadora le dictó como medida cautelar la prisión preventiva y Ruffo Appel ya se encuentra en el penal del Altiplano.

No sabemos si Ernesto Ruffo sea responsable de alguno de los delitos que se le imputan, pero sería lamentable que se tratara de una persecución política, como ocurrió con Rosario Robles, a quien el fiscal Gertz Manero metió a la cárcel con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, quien es enemiga pública de Robles, “judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito”, como lo afirmó en un documento escrito Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles.

Moguel Robles señala que “su madre enfrenta un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos importantes como la presunción de inocencia, el principio pro persona, el debido proceso y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Rosario Robles afortunadamente pudo ser liberada por el anterior Poder Judicial, pero ahora con un Poder Judicial del acordeón, totalmente subordinado al Poder Ejecutivo, ¿quién podrá salvar a Ruffo Appel?

Otro caso que fue resuelto por el aún Poder Judicial “independiente” fue el del exgobernador de Tamaulipas; el Primer Tribunal Colegiado Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la FGR para apelar el fallo de un juez federal, que lo amparó contra la orden de aprehensión.

A principio del gobierno que encabeza la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo la expectativa de que habría reformas que permitirían avances y mejoras en materia de justicia y combate a la impunidad.

Repito, la forma es fondo. El expresidente Enrique Peña Nieto, aún sin contar con una Fiscalía independiente, metió a la cárcel a seis gobernadores de su sexenio y de su partido, aplicó la procuración y administración de justicia sin excepción, por encima de sus intereses partidistas, no protegió ni eximió a alguno de sus correligionarios. Asumió el costo político de sus decisiones en materia de justicia.

Pero con la 4T se inició la regresión con una Fiscalía General dependiente y sumisa a intereses políticos, que no investiga a ningún morenista -léase Rocha Moya y camarilla, Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc.

En esa ruta la FGR perderá toda la credibilidad y la capacidad para avanzar en la mejora de la administración y procuración de justicia.

Se alejará la esperanza de que 130 millones de mexicanos cuenten con auténtica justicia y de que se fortalezca nuestro demeritado Estado de Derecho.

México tendrá que esperar para otro gobierno… y es que hay propuestas serias para mejorar la justicia penal. La primera es, sin duda, la voluntad del Poder Ejecutivo para avanzar en esa materia.

Hay otras reformas de carácter técnico, de las que sólo enunciamos dos que son la “clave”: La “Renovación del Ministerio Público” -apoyado de la policía investigadora eficaz-, que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista; y segundo, la creación de un “nuevo y único Código Penal Nacional”. Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no están en la agenda de la Cuarta Transformación.

Por ahora sólo nos queda observar hasta dónde se destruirán los logros y avances que después de 14 años se habían logrado con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

A México le urge contar con un Sistema de Justicia Penal eficiente y garantista.