Paulina Moreno, lista para la Subdirección General de Administración y Finanzas del Metro, fue corrida de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; sería bueno que la jefa de Gobierno Clara Brugada preguntara a Delfina Gómez el motivo de su salida
LOS MALOSOS
Nos comentan que antes de hablar de nombres hay que entender el momento: el Metro atraviesa una etapa de alta sensibilidad interna, con un sindicato activo, demandas salariales en curso y una exigencia clara de interlocución directa.
Nos señalan que en ese contexto cualquier movimiento en la administración deja de ser técnico y se vuelve político, y que el margen para improvisar es prácticamente nulo.
Aun así, nos dicen que el relevo ya se mueve y que el nombre que vuelve a circular es el de Paulina Moreno.
Su historial, nos comentan, genera resistencias: retrasos presupuestales y choques recurrentes en el Estado de México, incluida una confrontación directa con Horacio Duarte que la volvió políticamente insostenible.
Delfina Gómez optó por removerla sin escalar el conflicto. A ello se suma el antecedente en Nafin, cuando trabajadores sindicalizados bloquearon Insurgentes tras no ser atendidos, derivando en un paro laboral, y un paso posterior por Pemex que tampoco se consolidó.
El trasfondo del movimiento, nos dicen, estaría vinculado al entorno de Andrés Manuel López Beltrán, con Juan Pablo de Botton empujando la decisión y Adrián Rubalcava como el operador encargado de procesar el ajuste.
En los corrillos no lo colocan como puente con el sindicato, sino como un perfil formado en la lógica del control y la confrontación, lo que enciende alertas en un sistema que depende de acuerdos finos para funcionar.
El punto, nos señalan, es que el Metro no requiere una administración de choque, sino una capaz de contener, negociar y sostener la gobernabilidad cotidiana.
La pregunta que empieza a ordenarse es si la jefa de Gobierno Clara Brugada priorizará estabilidad y diálogo o permitirá un reacomodo donde el control del presupuesto pese más que la paz laboral. Porque cuando la política falla en el Metro, nos dicen, el costo no se queda en la oficina: se traslada directo a los usuarios.
Un año de encierro le cambió la vida al primo Cravioto Fernández * Al estilo Florencia Serranía: Claudia Sheinbaum Pardo solamente es la Presidenta de México
LOS MALOSOS
No cabe duda que traen la misma sangre tanto el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, como su primo Germán Cravioto Fernández para vivir holgadamente de los demás, no importa si es de forma ilícita.
Su cercanía con el poder los hace pensar que están tocados por la mano de Dios y amparados por Morena.
El funcionario, que está en el gabinete de Clara Brugada, recientemente se vio involucrado en un tema por demás penoso, como fue el que se le descubrió ese conflicto de interés entre él y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
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Cómo olvidar que el secretario de Gobierno “rentaba” un departamento perteneciente a la citada Fundación en medio de la disputa por la recuperación del predio del Refugio Franciscano, la cual, por cierto, está presuntamente envuelta en actos de corrupción por la venta de inmuebles y terrenos.
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Además, los directivos de la Fundación Antonio Haghenbeck tienen acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia (FJG) de la Ciudad de México por despojo, fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas, delitos financieros y ambientales.
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César Cravioto habitaba en un departamento ubicado en la calle Isaac Newton, número 256, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en una exclusiva zona de la Ciudad de México, inmueble perteneciente a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.
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En su momento, el funcionario morenista negó que existiera un conflicto de interés y reveló que pagaba 20 mil pesos al mes por la renta del departamento que habitó durante 15 años.
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Mas su dicho no convenció a propios ni a extraños, debido a que sus “cuates” corrían con sus gastos.
EL PRIMO EN MALOS PASOS
Por su parte, su primo Germán Cravioto Fernández tuvo que haber pensado muy bien a qué se iba a dedicar en cuanto salió del Reclusorio Oriente, pues más de un año de encarcelado le cambia la vida a uno.
Ante esta situación, tuvo que ordenar sus ideas y alejarse de su “pandilla”, la cual también estuvo privada de la libertad por despojo.
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Y es que el famoso primo, junto con Guadalupe Rodríguez Pérez y Juan José de los mismos apellidos fueron detenidos y metidos a prisión por el delito de Despojo en Pandilla en agravio del Instituto de Vivienda que hoy dirige Inti Muñoz.
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Este trío de pelafustanes entró “como Juan por su casa” al predio ubicado en la calle de Encinos número 81 o indistintamente número 327, colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan, y se apostaron a vivir en el lugar como si fuera suyo, lo que originó que el INVI -junto con una constructora- los denunciara penalmente logrando su encarcelamiento.
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Por lo que su defensa se movió y logró que se les diera el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de Pena y el sustitutivo penal de Tratamiento en Libertad.
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Dicha sentencia le fue concedida a Germán Cravioto el 29 de diciembre de 2021, por lo que tuvo que exhibir un billete de depósito (W524635) por 10 mil pesos.
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Pero eso sí, su defensa pidió que toda la información de su defendido fuera encriptada, es decir confidencial, sin acceso para nadie.
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Ahora bien, en sentencia de fecha del 29 de diciembre de 2024, Cravioto Fernández fue sentenciado, junto con sus cómplices, a la reparación del daño material derivado del delito de despojo consistente en restituir en favor del INVI.
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Tristemente la citada finca fue desmantelada por los delincuentes, es decir, se llevaron puertas, baños, lavabos y todo tipo de accesorios originando un fuerte hueco millonario por el robo de esos enseres.
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Lamentablemente este delito, esta acción, detuvo el sueño de cientos de familias que desean tener un departamento o casa digna y propia, es decir, un patrimonio que pasaría a manos de sus familiares cuando los titulares fallezcan.
SHEINBAUM, AL ESTILO FLORENCIA SERRANÍA
¿Se acuerdan de Florencia Serranía? ¿De su famosa frase que se hizo viral y que provocó miles de críticas?
Pues resulta que al estilo de la entonces directora del Metro, la Presidenta Claudia Sheinbaum señala que a ella no le corresponde combatir la corrupción.
¿Cómo la ven? Que no le toca esa chambita, que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República.
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Es increíble su comentario, pues fue su bandera para llegar a la Presidencia de la República, el mismo discurso de López Obrador que siempre pregonó que acabaría con la corrupción.
Pues toma tu banana, ahora resulta que eso no le corresponde a ella y su deslinde nos hace recordar a Florencia Serranía, cuando expresó el 10 de enero de 2021 “yo sólo soy la directora del Metro”, una declaración para librarse de la responsabilidad directora del mantenimiento tras el incendio en la subestación Delicias.
Fonseca y Omaña llegan “embriagados” de poder a sus oficinas de la FGR, e incluso “crudos” en horas de trabajo * Muy lamentable que no guarden la discreción, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador
LOS MALOSOS
Todo indica que el ejemplo de Raúl Tovar en la Dirección General de Comunicación Social y en la Vocería de la Fiscalía General de la República todavía impera en dicha dependencia.
Es por todos sabido que Raúl Tovar se “embriagó” de poder, pues tenía doble entrada por desempeñar dos funciones, pero se le “subió” tanto que ya no contestaba llamadas del personal que tenía a su cargo.
Tovar hacía y deshacía en el área de Comunicación Social, él “palomeaba” las plazas y colocaba en buenos puestos a sus “recomendados”.
Pero, bueno, Raúl ya se fue, pero todo indica que la mala “maña” ya se les pegó a Roberto Fonseca y a Alejandro Omaña.
En los pasillos de la FGR se escucha la pregunta de por qué el personal de Comunicación Social se “marea” de poder, ¿por qué será? ¿Qué pasa en la FGR?
Y es que presuntamente el Dios Baco tomó posesión de áreas como la de Comunicación Social de Insurgentes y Reforma, pues son diversas las ocasiones en las que el personal del equipo de la fiscal Ernestina Godoy_ llega ebrio o “crudos” a sus oficinas; obviamente, en horario de trabajo.
De la lista de asiduos a las bebidas embriagantes, espirituosas, está Roberto Fonseca, responsable de atención a medios y segundo de a bordo de Omar Cruz, el titular de la Unidad de Comunicación Social.
Otro de los que gusta empinar el codo con singular alegría es Alejandro Omaña, cercano a la fiscal Godoy y quien hasta hace unos días operaba para el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.
Muy lamentable que Roberto y Alejandro no sean tan discretos, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador.
Con todo respeto, doña Ernestina no resuelve ningún caso de su competencia, como el de su amigo y compañero de partido, Morena, Adán Augusto, o el de la Marina, involucrada en huachicol fiscal.
Pero no se vale que funcionarios menores a Ernestina se sientan más “poderosos” que ella, y es que su mal proceder afecta la imagen de Godoy, quien de por sí ya bastante problema tiene para recuperar la tranquilidad y seguridad de todos los mexicanos.
No estaría mal un correctivo para Fonseca y Omaña, pues la buena juez por su casa empieza… y es que no es la primera vez que llegan “embriagados” a sus oficinas en horas de trabajo.
Como siempre lo ha dicho la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se vale que usen instalaciones y dinero del pueblo para “ponerse alegre”.
Seguiremos pendiente de lo que se escucha en los pasillos de la FGR, autónoma e independiente, pero no confundirse con impunidad y sentirse “Juan Camaney”. No olvidar que los cargos son efímeros, está uno de paso, una lección que nunca entendió Raúl Tovar, quien siempre se sintió “todopoderoso”.
La personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la CDMX * Jueces de la Ciudad de México y la propia FGR no cedieron al engaño de Velázquez Rangel, pero sí el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Víctor Manuel recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México * En concreto: Ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa
LOS MALOSOS
El jueves pasado 12 de febrero, el Gobierno del Estado de México otorgó a Víctor Manuel Velázquez Rangel la posesión de la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el municipio Tula de Allende, en Hidalgo.
Velázquez Rangel ha sostenido en diversos medios de comunicación que la entrega se hizo en cumplimiento de un mandato judicial; pero se omite convenientemente decir que la orden fue otorgada por un juez de control (juez penal) del Estado de México, quien únicamente ordenó una entrega temporal y sujeta a las resultas de un procedimiento penal que se instruye por la comisión de delitos del orden común, que son competencia exclusiva de la Fiscalía del Estado de Hidalgo.
Así es, Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que dentro de la planta cementera de Hidalgo se estaban ejecutando hechos de naturaleza delictiva que eran de competencia local de las autoridades de Hidalgo; sin embargo, ningún juez de control de la CDMX concedió la medida de restitución temporal que solicitó, habida cuenta que los jueces eran conocedores que la personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la propia Ciudad de México.
Ante la imposibilidad de obtener la orden por medio del engaño a jueces de la CDMX, Velázquez acudió a jueces de control de la Federación; es decir, denunció ante la FGR de Alejandro Gertz, los mismos hechos que había puesto en conocimiento de Bertha Alcalde. Los jueces de control de la Federación tampoco accedieron a las peticiones de Velázquez Rangel y en una audiencia penosa, su abogado se desistió de la solicitud formulada ante la advertencia del juez que dicha medida únicamente podía ser dictada mediante debate en audiencia, en la que las personas acusadas de los supuestos delitos tuvieran oportunidad de justificar sus derechos. Ante esta posibilidad, Víctor Velázquez se desistió de la petición.
Este es el tercer intento, el financiamiento de la campaña de Delfina Gómez con dinero de la Cooperativa La Cruz Azul ayudó a que un juez de control del Estado de México, sin competencia territorial, emitiera una orden de restitución temporal de la planta (pues no les alcanza para más), la que ordenó con la mera denuncia y sin escuchar a las personas que estaban dentro de la planta (los supuestos delincuentes).
El gran burlado ha sido el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Velázquez recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México.
Personal de la Fiscalía del Estado de México, sin oficios de colaboración, ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa. La Fiscalía de Hidalgo se limitó a decir que apoyaba el “operativo” con el acordonamiento de la zona perimetral. Lo que no midió Delfina, ni tampoco el Gobierno de Hidalgo (cómplice por ineptitud), es que los socios cooperativistas de La Cruz Azul han sido beneficiados por tres resoluciones arbitrales que tienen el carácter de definitivas.
La primera de estas resoluciones declaró la ineficacia de la asamblea en la que resultó electo Velázquez; la segunda resolución expulsó a Velázquez de la cooperativa y la tercera resolución es la que otorga la posesión a los socios cooperativistas de manera directa.
Claudia Sheinbaum Pardo conoce de primera mano estas resoluciones, pues fue directamente conminada por el árbitro para la ejecución de las resoluciones correspondientes; su omisión es causa de responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, por inobservar resoluciones que le son obligatorias a todos los jueces mexicanos en virtud de los tratados internacionales que en materia comercial tiene firmados el Estado Mexicano.
En este caso, no será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Internacional de Arbitraje la que condene al Estado Mexicano a pagar los más de 400 mil millones de pesos que la inactividad del Estado Mexicano ha ocasionado, al impedir sistemáticamente la observancia de dichas resoluciones arbitrales.
El siguiente capítulo se peleará en un país con tribunales serios, con un Poder Judicial independiente y con autoridades administrativas con valor civil, que tengan respeto por sí mismas y que cumplan con su deber. Los paganos serán los más pobres, porque con su dinero Sheinbaum Pardo pagará la corrupción de su “nuevo” Poder Judicial.