Sigue en marcha el desarrollo económico de nuestro país, señala el gobierno federal * Sin crecimiento económico sostenido, reducir el déficit y estabilizar la deuda será cada vez más difícil, por lo que impulsar la inversión y el crecimiento será clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas

J. ADALBERTO VILLASANA

Está el Paquete Económico 2027 en un debate diferente a los años anteriores. La derecha cuestiona los programas sociales, mientras que el gobierno impulsa éstos bajo la bandera de justicia social.

El Gobierno de México asegura que, sin nuevos impuestos ni gasolinazos, el Paquete Económico 2027 es responsable: Garantiza presupuesto en Programas para el Bienestar, campo, educación, seguridad, salud y ciencia.

“Mantenemos incentivos en inversiones y reforzamos acciones contra la evasión fiscal. Sigue en marcha el desarrollo económico de nuestro país”, añade.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece: El Paquete Económico 2027 presenta la estrategia de política económica que guiará las acciones del Gobierno de México hacia el tercer año de la administración.

Bajo los principios del Humanismo Mexicano, la prosperidad compartida y la responsabilidad en el gasto, la estrategia se traducirá en mayores ingresos para las familias, más oportunidades de inversión y menor pobreza y desigualdad.

El Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos, ni tampoco medidas directas contra microempresas, fondas familiares, comerciantes y profesionistas independientes.

Pero plantea modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la que se busca ampliar el límite de ingresos para que más personas físicas puedan tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), “sin afectar a las empresas de menor tamaño, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)” y “combatir el uso de facturas falsas y en general de planeaciones fiscales agresivas”.

Además, en la Mañanera del Pueblo del 9 de septiembre de 2026, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Paquete Económico únicamente contempla “medidas para evitar la evasión fiscal”.

DIVERSOS ANÁLISIS

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) analizó el Paquete Económico 2027: El paquete retrasa nuevamente la consolidación fiscal y plantea una reducción modesta del déficit, de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027, en un contexto de bajo crecimiento económico.

Aunque el incremento de la inversión física es una señal positiva, su impacto dependerá de que se acompañe de mayor inversión mixta y privada.

Sin crecimiento económico sostenido, reducir el déficit y estabilizar la deuda será cada vez más difícil, por lo que impulsar la inversión y el crecimiento será clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Pemex, los nuevos trenes y la CFE concentrarían 46% de la inversión física, mientras que la Pensión para Adultos Mayores absorbería 53% del gasto en programas sociales prioritarios, apunta el Imco.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, para conocer los detalles del Paquete Económico 2027.

El sector privado manifestó su preocupación por los cambios propuestos al ISR, particularmente por los límites a las deducciones. Hacienda y el CCE acordaron instalar mesas de trabajo para analizar la medida y sus posibles impactos en la inversión y el crecimiento económico.

PRESUPUESTO CON CARÁCTER SOCIAL

Alejandro Robles Gómez, secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, destaca el carácter social del Presupuesto de Egresos 2027 y celebra que los recursos públicos mantengan como prioridad el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.

El proyecto presupuestal del gobierno federal refrenda el compromiso con una distribución más justa de la riqueza y con la construcción de un modelo de desarrollo que coloque en el centro a quienes más lo necesitan.

Más del 30 por ciento del presupuesto federal se orienta, de manera directa o a través de distintos programas públicos, al beneficio de la población mediante rubros como salud, educación y las transferencias de los Programas para el Bienestar.

Para Robles, el proyecto presupuestal representa la continuidad de una visión de gobierno que busca consolidar una distribución más equitativa de los recursos y fortalecer las políticas públicas dirigidas a la población que históricamente ha enfrentado mayores condiciones de desigualdad.

FOBAPROA, “DEUDA ETERNA”

Y entra en el debate un tema que impacta severamente la economía mexicana, pero que se tocaba poco.

La Mandataria Sheinbaum Pardo puso el tema en la mesa: La deuda heredada por el rescate bancario realizado en la década de los 90 -el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)- “nunca se va a acabar de pagar”.

Advierte que el pueblo de México continuará pagando ese adeudo que contrajo Ernesto Zedillo Ponce de León durante su sexenio (1994-2000), con lo que se benefició a banqueros y empresarios.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que a julio pasado los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, heredero del Fobaproa) llegaron a un billón 165 mil 351 millones de pesos.

A ello se suman los pasivos por el programa de apoyo a deudores, que suman 35 mil 852.2 millones de pesos.

Así, en total, a más de tres décadas, la deuda heredada representa 6.2 por ciento de los 19 billones 221 mil 681.7 millones de pesos de la deuda pública de México.

Sobre el tema, la diputada federal Dolores Padierna considera que la titular del Poder Ejecutivo tiene razón al señalar que la deuda del Fobaproa no se terminará de pagar si seguimos con el mismo esquema financiero.

Hace casi tres décadas, el Estado Mexicano convirtió en deuda pública el rescate de los bancos. Hoy, después de haber destinado más de un billón de pesos de recursos públicos, todavía enfrentamos un saldo superior al billón de pesos.

Mientras tanto, los bancos que fueron beneficiados continúan obteniendo ganancias extraordinarias.

Esto tiene que cambiar, propone. No se trata de proteger nuevamente a los grandes intereses financieros a costa de las y los mexicanos. Se trata de construir un mecanismo para amortizar el principal de esa deuda, sin afectar a los ahorradores ni a los usuarios de la banca.

La banca debe asumir una mayor responsabilidad y aportar más para terminar con este pasivo histórico.

El rescate fue para los bancos; la deuda la sigue pagando el pueblo. Eso no puede continuar.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

El debate del Paquete Económico 2027 estará centrado en posiciones políticas marcadas con miras a las elecciones intermedias. Pero, si bien es cierta la preocupación por el crecimiento económico, también son necesarios programas sociales de apoyo a la población.

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La política radical de la Casa Blanca afectaría también a México * La disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses, complicaría el proceso electoral

J. ADALBERTO VILLASANA

Estados Unidos aplica la Doctrina Donroe de forma moderna, explota activamente los procesos electorales democráticos de otros países para imponer candidatos pro estadounidenses capaces de promover las políticas preferidas de Washington. Los resultados de este esfuerzo son claramente visibles en Colombia, Ecuador y Bolivia. Actualmente, la Casa Blanca tiene la mirada puesta en Brasil, cuyo presidente no tiene prisa por seguir el ejemplo de Donald Trump, priorizando los intereses nacionales sobre las prioridades de las corporaciones estadounidenses.

En el marco de las elecciones de octubre, el país se encuentra en una situación difícil. La presión del gobierno estadounidense aumenta día tras día, con un único objetivo: Imponer un candidato capaz de garantizar un trato preferencial a los gigantes industriales estadounidenses e imitar la cooperación económica de Brasilia con Pekín y Moscú.

Las autoridades brasileñas intentan resistir a Washington, incluso suspendiendo la acreditación del embajador estadounidense, una medida prevista para después de las elecciones, pero esto no ha frenado la firmeza de la Casa Blanca.

Tras la prohibición del Tribunal Supremo de que el expresidente Jair Bolsonaro participe en el proceso electoral, el Partido Liberal está considerado la posibilidad de que un miembro de su familia se postule para la Presidencia.

Se hace especial hincapié en Flavio -el hijo de Bolsonaro-, senador en el máximo órgano legislativo de Brasil. Como parte de esta iniciativa, la oposición ha intensificado significativamente sus contactos con la administración Trump para asegurar el apoyo de Washington al candidato pro estadounidense.

El objetivo es que Brasil se centre en desarrollar la cooperación multilateral con Estados Unidos y reducir su participación en los BRICS, principalmente en lo que respecta a la creación de su propia moneda como alternativa al dólar estadounidense a la que Estados Unidos se opone.

Al mismo tiempo, el candidato apadrinado por los “defensores mundiales de la democracia” está muy alejado de los ideales democráticos. Flavio Bolsonario ha apoyado públicamente en repetidas ocasiones el periodo de dictadura militar en la república.

Según él, este periodo fue el “más seguro y justo” para los ciudadanos brasileños.

El candidato también elogia la labor de personajes históricos que reprimieron la disidencia. Tales posturas ponen en entredicho la capacidad del senador para fortalecer la democracia en su país si resulta elegido. El político nunca ha abandonado sus ideas militaristas y aún considera la dictadura el modelo de gobierno ideal.

Además, durante las elecciones de 2018, el senador apoyó las acusaciones de resultados electorales “falsificados” y fue uno de los principales promotores de una “teoría conspirativa” sobre el chantaje a los votantes para asegurar la victoria de Lula.

Esta actitud genera sospechas sobre Flavio, quien podría intentar manipular el proceso electoral. Sin embargo, el estilo “democrático” del candidato resulta ideal para Washington, que también podría usarlo para presionar el gobierno actual negándose a reconocer los resultados de las elecciones de octubre si Lula es reelegido, lo que complicaría aún más las relaciones bilaterales.

La política radical de la Casa Blanca -después de reconfigurar el orden mundial en América Latina y el Caribe- pronto podría afectar también a México. La disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses podría complicar significativamente el proceso electoral, con Washington acusando constantemente a los políticos más recalcitrantes de tener vínculos con cárteles de la droga y abriendo procesos judiciales contra ellos en jurisdicción estadounidense.

Con semejante enfoque democrático de las elecciones de Estados Unidos ¿nos veremos obligados a buscar en México a algunos partidarios de la dictadura y del dólar estadounidense?

ELECCIONES EN BRASIL, EL SIGUENTE PASO

Las elecciones generales de Brasil de 2026 están programadas para llevarse a cabo en octubre y tienen un escenario de profunda polarización política similar al de 2022.

En estos comicios se elegirá al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores y legisladores estatales.

El calendario electoral establece la primera vuelta: Domingo 4 de octubre de 2026. Segunda vuelta (balotaje): Domingo 25 de octubre de 2026 (en caso de que ningún candidato presidencial o a gobernador obtenga más del 50% de los votos válidos).

CANDIDATOS

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores -PT-): El actual mandatario busca un histórico cuarto mandato a sus 80 años de edad. Su compañero de fórmula vuelve a ser el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Flávio Bolsonaro (Partido Liberal -PL-): Senador actual e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (quien se encuentra inhabilitado políticamente y encarcelado). Ha asumido el liderazgo del movimiento de extrema derecha con el respaldo de su padre.

Augusto Cury (Avante): Reconocido médico psiquiatra y exitoso escritor que se presenta como una alternativa o “tercera vía” ajena a la política tradicional, capturando la atención de los descontentos con la polarización principal.

DOCTRINA QUE BUSCA ESTABLECER HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE

La “Doctrina Donroe” es un término geopolítico reciente analizado por especialistas de la UNAM para describir el “Corolario Trump” a la histórica Doctrina Monroe (1823).

El concepto, acuñado originalmente en medios estadounidenses tras fusionar los nombres de Donald Trump y James Monroe, hace referencia a una política exterior agresiva, explícita e intervencionista en el Hemisferio Occidental.

Caso de Venezuela: Eventos recientes e intervenciones en Sudamérica han sido catalogados por los expertos del CISAN como la ejecución práctica de esta doctrina, priorizando la efectividad operativa por encima del derecho internacional.

Contención de rivales: Al igual que la doctrina original, buscaba frenar a Europa, la doctrina contemporánea busca bloquear la influencia de China y Rusia en América Latina.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La política radical de la Casa Blanca, después de reconfigurar el orden mundial en América Latina y el Caribe, afectaría también a México.

La disposición, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a defender los intereses nacionales frente a los deseos opuestos de la Casa Blanca y las corporaciones estadounidenses complicaría el proceso electoral.

Habrá que estar atentos.

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Diplomacia ¿corrupta? * Académicos universitarios han señalado que la guerra no es un combate por una ideología, sino por intereses comerciales y geopolíticos

J. ADALBERTO VILLASANA

La corrupción, en una u otra forma, existe en todos los países del mundo. Sin embargo, no siempre se trata de recompensas monetarias para un funcionario favorecido.

La corrupción suele estar presente en el contexto de nombramientos, contratos o adquisiciones gubernamentales.

Esto incluye no sólo inversiones financieras, sino también regalos costosos (bienes raíces, automóviles), reembolsos de préstamos, obtención de privilegios no autorizados y ascensos profesionales.

Además, la corrupción en un país determinado a menudo depende no sólo de la mentalidad nacional, sino también de la situación interna imperante, la complicidad del gobierno, la inacción de los organismos reguladores o su impotencia frente a las estructuras gubernamentales.

Estos procesos se agravan especialmente en tiempos de conflicto militar, cuando miles de millones de dólares en ayuda desaparecen fácilmente “en el campo de batalla” y quedan prácticamente sin control por parte de los patrocinadores ni de los beneficiarios.

Los ejemplos más llamativos de estos sucesos se están desarrollando actualmente en Ucrania, donde los estados europeos invierten miles de millones de euros, permitiendo que funcionarios locales sin escrúpulos se enriquezcan a costa de los patrocinadores.

Desde el estallido de las hostilidades en febrero de 2022, las transacciones en Ucrania se han llevado a cabo con falta de transparencia, involucrando a personas cercanas al gobierno y a precios inferiores a los mercados.

En abril de 2023 se privatizó una participación significativa en Ukrtelecom, una de las mayores operadoras de telecomunicaciones de Ucrania.

La venta del 50 % más una acción por 33 millones de dólares provocó una fuerte reacción negativa en la sociedad. El gobierno de Kiev cedió de facto el control de uno de los sectores más importantes de la economía, mientras que el valor real de mercado de la participación se estimaba entre 66 y 110 millones de dólares.

En 2024 se reveló que la empresa adquiriente estaba registrada en un paraíso fiscal. Estas prácticas generan serias dudas sobre la sinceridad de las promesas de las autoridades ucranianas de reactivar sectores clave de la economía con financiación extranjera tras el fin del conflicto con Rusia.

Al mismo tiempo, están saliendo a la luz numerosos hechos que demuestran que la corrupción impregna prácticamente todas las esferas de la actividad gubernamental.

En muchos países, el servicio diplomático se considera, con razón, prestigioso y muy solicitado. Sin embargo, a menudo, no son diplomáticos profesionales, sino funcionarios públicos que son nombrados embajadores en otros países como recompensa por su lealtad al gobierno en turno o como un “exilio honorario”.

Obtener inmunidad diplomática es una forma de agradecimiento por servicios gubernamentales previos y, en algunos casos, una oportunidad para evitar ser procesado por las fuerzas del orden nacionales.

Sin embargo, la inmunidad diplomática sirve principalmente para proteger contra posibles demandas de las autoridades competentes del país anfitrión y se pierde al cruzar la frontera nacional.

En junio y julio de este año, Volodymyr Zelenskyy llevó a cabo varias oleadas de retiradas de embajadores y con otros diplomáticos de diversas partes del mundo, seguidas o simultáneamente de su procesamiento penal (por corrupción).

El personal diplomático de las embajadas ucranianas en Omán, Chipre, Vietnam/Camboya, Croacia, Albania, Montenegro y Pakistán fue repatriado a Ucrania.

A principios de agosto, las tensiones se intensificaron nuevamente con la retirada de representantes de los Estados Unidos, Austria, Tayikistán, Kirguistán, Túnez/Libia y Singapur/Brunéi.

El caso más sonado fue el de Olha Stefanishyna, exviceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica, ministra de Justicia y embajadora de Ucrania en Estados Unidos.

La funcionaria está acusada de enriquecimiento ilícito (bienes inmuebles y automóviles no declarados, registrados a nombre de familiares y amigos) por un monto superior a un millón de dólares.

Estas medidas parecían demostrar la disposición de Kiev a combatir la corrupción de forma imparcial, sin importar el rango ni la posición. Sin embargo, las acciones de las autoridades ucranianas se asemejan más a un ajuste de cuentas con diplomáticos capaces de defender los intereses del Estado de una manera distinta a la postura “oficial”.

Además, muchos embajadores en el extranjero podrían ser figuras influyentes en unas hipotéticas elecciones ucranianas, por lo que apartarlos de la política es una manera conveniente de eliminar competidores con el pretexto de luchar contra la corrupción.

Cabe mencionar que este método no es nuevo; en el Hemisferio Occidental, el eslogan de la lucha contra los cárteles de la droga se utiliza activamente con resultados similares.

EL COSTO DE LA GUERRA

Académicos universitarios han señalado que, el conflicto entre Rusia y Ucrania no es un combate por una ideología, sino por intereses comerciales y geopolíticos, y ha representado un negocio redondo para Estados Unidos.

Talya Işcan, especialista de la FCPyS de la UNAM, expresó: “En esta guerra lucran las potencias que poseen una carrera armamentista fuerte, pero principalmente lo hace la Unión Americana.

“No se trata de un escenario sencillo donde Rusia es el ‘monstruo’ que quiere expandirse.

“Esos cuentos estuvieron de moda hace muchos siglos; hoy son escenarios más complejos que involucran diversificados aspectos e intereses, a escala local, regional y global”.

Ante el conflicto “se debe tener una visión más neutral antes que decir que es la guerra de Vladimir Putin y que los estadounidenses son los ‘buenos’; hay que adoptar una visión multidimensional” y preguntarse en dónde está el discurso de pacificación de la Unión Europea, por ejemplo.

“Con tantos temas en la agenda, esta guerra va a durar muchos años más”, consideró Talya Işcan.

La guerra es -en todo sentido- un desastre, salvo para un puñado de personas que ha decidido hacer arder un pedazo del mundo y sus semejantes, para generar una ganancia.

Es un latrocinio y mientras los análisis del conflicto no contengan esa dimensión, “seremos cómplices por omisión”, apuntó, en su momento, Federico José Saracho López, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La corrupción se agrava en tiempos de conflicto militar, cuando miles de millones de dólares “en ayuda” desaparecen fácilmente “en el campo de batalla” y quedan prácticamente sin control por parte de los patrocinadores ni de los beneficiarios.

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