La gente no denuncia porque no confía en la autoridad judicial, desde el Ministerio Público hasta los jueces * Mientras la elección de integrantes del Poder Judicial ocupa la atención de propios y extraños, se queda en el baúl de los recuerdos lo trascendental: justicia para el pueblo

J. ADALBERTO VILLLASANA

La elección de integrantes del Poder Judicial acapara la agenda legislativa, así como el va y viene de la opinión pública, pero poco se habla de lo que afecta a la gente, como lo es la impunidad que alimenta al crimen organizado.

Se denuncian sólo diez de los delitos y se resuelve apenas uno de ellos, con un daño patrimonial para las familias afectadas. Atender la crisis que se padece en la preocupación e impartición de justicia, el principal reto en puerta.

Recordemos que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI revela que el costo del delito es alto.

El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada).

Lo anterior se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB). Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.8 mil millones de pesos y las pérdidas por victimización a 177.8 mil millones de pesos. Entre las principales medidas preventivas realizadas por los hogares se encuentran cambio de cerraduras o candados, con 22.8%, y cambiar puertas o ventanas, con 18.8 por ciento.

DENUNCIA Y CIFRA OCULTA

Ahora hay que enfocarnos en el principal problema del Poder Judicial, en todos sus niveles. En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, sólo el 9.6% se denunció, cifra inferior a

10.4% de 2023.

El Ministerio Público (MP) -o Fiscalía estatal- abrió carpetas de investigación en 70.5% de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 93.2% no se investiga (lo que se conoce como cifra oculta). El porcentaje resultó similar al de 2023 (92.9%), apunta la ENVIPE 2025.

Del 70.5% de denuncias en las que se abrió una investigación, en 39.2% nada pasó o no se resolvió la denuncia y 40.7% sigue en trámite. Esto implica que 79.9% de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2024.

En los delitos en los que sí se inició una investigación, el resultado fue positivo para la persona denunciante en 12.6% de las ocasiones. Lo anterior significa que, en 2024, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para la persona denunciante fue de 0.8% del total de delitos ocurridos.

Las razones más comunes para no denunciar delitos fueron pérdida de tiempo, con 34.6%; desconfianza en la autoridad, con 14.0%; trámites largos y difíciles, con 10.2 %; delito de baja importancia, con 12.9%; falta de pruebas, con 9.4%; y miedo a la persona agresora, con 6.1 por ciento.

De los delitos que los hombres no denunciaron, en 37.0% de los casos no se hizo por considerarlo una pérdida de tiempo; y en 14.8% por desconfianza en la autoridad.

En el caso de las mujeres, en 32.4% de los casos no se denunció por pérdida de tiempo; y en 13.3%, por desconfianza en la autoridad.

MÉXICO: RADIOGRAFÍA DE LA IMPUNIDAD

El 93% de los delitos en México no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, subraya la asociación civil México Evalúa.

Y apunta: Sólo 1 de cada 10 casos se resuelve con base en su estudio México: Radiografía de la Impunidad, en el que propone soluciones para fortalecer la justicia penal.

El Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), elaborado por México Evalúa, estima que 89.42 por ciento de los casos que el sistema debía resolver en 2024 no obtuvieron una solución efectiva.

Destaca la existencia de una brecha estructural entre seguridad y justicia, e indica que se registraron 8.8 millones de reportes de delitos a los números de emergencia 911 y 089, y sólo 2.15 millones de denuncias ante fiscalías.

En marzo pasado, México Evalúa presentó dos instrumentos para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia penal en este país y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

El estudio Radiografía de la Impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México, y la plataforma digital Data Justicia.

Su análisis se centra en dos herramientas: el diagrama de flujo o “tubería” procesal, que permite observar cómo avanzan los casos desde el reporte del delito hasta su resolución, y el Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), que mide la proporción de casos que no obtienen una solución efectiva.

Entre los datos más destacados del estudio se encuentra la persistencia de la cifra oculta, que muestra que el 93% de los delitos en México no se denuncia formalmente ante las fiscalías.

Asimismo, el análisis del flujo procesal evidencia una desconexión estructural entre las instituciones de seguridad y las de justicia: 8.8 millones de reportes telefónicos relacionados con delitos fueron recibidos por las policías, mientras que sólo 2.15 millones de denuncias se registraron ante las fiscalías.

Una vez dentro del sistema, los desafíos continúan. Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez.

En los tribunales, de 627 mil causas penales acumuladas en 2024, sólo 10.55% alcanzó una resolución efectiva, mediante mecanismos como juicio oral, procedimiento abreviado, suspensión condicional o mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).

El estudio también documenta un incremento significativo del rezago institucional. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron -de 1.3 millones a 2.6 millones-, mientras que las causas acumuladas en tribunales crecieron de 221 mil a 425 mil.

A pesar de este panorama, la investigación identifica diferencias importantes entre entidades federativas que demuestran que reducir la impunidad es posible cuando existen decisiones institucionales orientadas a resultados, particularmente mediante una mayor articulación entre policías y fiscalías, un uso más amplio de los MASC y una gestión institucional enfocada en resolver casos.

Como parte del proyecto, México Evalúa también presentó Data Justicia, una plataforma digital interactiva que permite visualizar el funcionamiento del sistema de justicia penal en México mediante gráficos dinámicos y herramientas de exploración de datos.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La gente no denuncia porque no confía en la autoridad judicial, desde el Ministerio Público hasta los jueces.

La impunidad prevalece por fallas en el sistema judicial y las omisiones o falta de preparación del personal.

Así, mientras la elección de integrantes del Poder Judicial ocupa la atención de propios y extraños, se queda en el baúl de los recuerdos lo trascendental: justicia para el pueblo.

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El empleo formal en México ronda los 22.7 millones de puestos de trabajo registrados ante el IMSS * La cultura de trabajo evoluciona de manera dispar, toda vez que el acoso escolar luego se transforma en acoso laboral que mina a las empresas y al desarrollo económico del país

J. ADALBERTO VILLASANA

Se padecen en México tiempos de inseguridad en muchos aspectos; en lo económico los trabajadores, incluso los de las nuevas generaciones, ahora prefieren un empleo estable, con salario promedio, que uno de riesgo con altos ingresos.

El empleo formal en México ronda los 22.7 millones de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este tipo de trabajo garantiza por ley el acceso a seguridad social, ahorro para el retiro (Afore), fondo de vivienda (Infonavit) y prestaciones superiores a la ley.

Pero, a pesar de alcanzar máximos históricos en registros, el mercado laboral enfrenta desafíos. En la Ciudad de México y el resto del país, el incremento en los costos laborales (aportaciones a Afores, salario mínimo) ha hecho que la creación de nuevos empleos sea más cautelosa, provocando que muchos puestos se sigan generando en la informalidad.

La cultura laboral evoluciona de manera dispar, toda vez que el acoso escolar luego se transforma en acoso laboral que mina a las empresas y al desarrollo económico del país.

En su trabajo: Gestión multigeneracional: expectativas, prioridades y retos en el entorno laboral; el Centro de Opinión Pública (COP) de la Universidad del Valle de México (UVM) revela que el 77% de los trabajadores en México prioriza la estabilidad laboral a largo plazo sobre el crecimiento rápido con riesgo, según último estudio.

Además, el 69% de los trabajadores en México elegiría pasión sobre salario: prefieren un sueldo promedio en algo que les guste que uno alto en algo que no.

Pero el 46% de los trabajadores reporta estrés continuo y 54% atiende asuntos laborales fuera de su horario, de manera tal que el ambiente laboral se convierte en una carrera de resistencia.

Aún así, siete de cada 10 valora la importancia de tener acceso a la seguridad social.

El 46% continuamente siente estrés a causa de su trabajo.

Chismes (73%), faltas de respeto (59%) y carga laboral desigual (58%) son las principales fricciones en el trabajo.

AMBIENTE LABORAL Y ESTABILIDAD

El análsis COP-UVM apunta que el incremento en la esperanza de vida y el envejecimiento demográfico global reconfigura la cultura y las relaciones laborales.

Al evaluar los atributos más apreciados de una empresa o institución se prioriza la estabilidad financiera (30%), seguida del prestigio o reputación (22%) y una cultura orientada al bienestar de los colaboradores (18%).

En cuanto a beneficios, los más atractivos son los días de vacaciones (48%), el seguro de gastos médicos mayores (48%) y el fondo de ahorro (46%). No obstante, la salud mental es una prioridad emergente para la juventud: 24% de los encuestados de 18 a 24.

La certeza laboral es un factor crítico: 77% prefiere un empleo con crecimiento profesional lento, pero con estabilidad a largo plazo, frente a 23% que optaría por un crecimiento acelerado a pesar del riesgo de despido.

El salario es importante, pero también otras consideraciones vinculadas a desarrollar un trabajo con gusto: 69% elegiría un salario promedio realizando actividades de su agrado, por encima de un sueldo superior en tareas que no le apasionan (31%).

El análisis por edad revela contrastes significativos: 31% de los más jóvenes prefiere el crecimiento rápido con riesgo de despido, postura que desciende a 18% en el segmento de 41 a 49 años y a 13% en el grupo de 50 a 57 años.

Una prestación indispensable es la seguridad social, ya que 28% preferiría un salario superior, aunque no tenga acceso a la seguridad social, pero 72% se inclina por tener un salario menor, siempre y cuando tenga seguridad social (seguro médico, Afore); también una buena parte está dispuesto a destinar una parte de su salario para contar con el servicio de salud (68%). Incluso al considerar prestaciones adicionales a las marcadas por la ley, a 48% le resulta valioso tener un seguro de gastos médicos privados y esto es atractivo para todas las edades, aunque a mayor edad es más relevante.

TRABAJO EN CASA O PRESENCIAL

Respecto al trabajo presencial o en casa, 70% se inclina por el modelo híbrido (algunos días en casa y otros en el lugar de trabajo), 20% prefiere el trabajo completamente remoto y 10% opta por la presencialidad.

Aunque el llamado home office genera agrado, 53% reporta mayor concentración en la oficina (sólo el grupo más joven de 18 a 24 años asegura concentrarse mejor trabajando desde casa, 60%); 54% se siente más productivo en la presencialidad, y 71% afirma que la comunicación con los colegas es mayor.

Entre las dificultades reportadas del trabajo remoto, destacan las distracciones en el hogar (48%), así como deficiencias en la coordinación con los colegas (35%), mala comunicación con los compañeros y fallas de conectividad (Internet) ambas con 34%.

En cuanto a la jornada laboral, 45% reporta laborar más de cinco días a la semana y 37% trabaja jornadas de 9 horas diarias o más.

El grupo de 18 a 24 años reporta la mayor carga semanal con 51% laborando seis o siete días. Por otro lado, el segmento de 33 a 40 años enfrenta las jornadas diarias más extendidas (41% trabaja más de nueve horas), mientras que los trabajadores de 58 años o más suelen apegarse a la jornada de ocho horas (60%).

Respecto al horario de comida, 42% cuenta con menos de 30 minutos para comer y 8% carece de un tiempo establecido para ello.

Los datos revelan una correlación entre la edad y la formalidad en el esquema de pago. En el grupo de 18 a 24 años, 51% recibe su sueldo mediante nómina formal, pero lidera la recepción de pagos en efectivo (41%), cifra mayor en comparación con el rango de 50 a 57 años, donde el efectivo representa sólo 12%.

En términos comparativos, un joven tiene 3.4 veces más probabilidades de recibir su salario en efectivo que un trabajador senior.

Por lo que respecta al clima laboral y tensiones intergeneracionales, la edad es un factor de fricción social: 44% se ha sentido excluido por su edad y 49% ha recibido bromas o comentarios burlones al respecto.

Cabe destacar una conducta ambivalente, ya que 35% de los encuestados admite haber realizado este tipo de comentarios hacia sus propios compañeros.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En México, hay un gran reto en material laboral, porque mejorar los ambientes incrementa la productividad.

En la actualidad, en muchos casos se enfrentan desafíos de convivencia, por chismes y rumores, faltas de respeto, la carga laboral desigual, trato desigual o favoritismo y falta de reconocimiento, son las algunas de las anclas que hay que levantar para mejorar.

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Democracia utópica * Habrá cambio de rumbo en Armenia por el interés de la UE

J. ADALBERTO VILLASANA

En todo el mundo, al llegar al poder, a menudo incluso durante la campaña electoral, los gobiernos comienzan a hacer generosas promesas para mejorar la vida de sus ciudadanos, impulsar la economía y ampliar las prestaciones sociales.

En algunos lugares estas promesas se cumplen, mientras que en otros chocan con serios obstáculos en la realidad, como presupuestos limitados, una base industrial débil y una fuerte dependencia de suministros externos de recursos naturales.

También son cruciales cuestiones como garantizar la seguridad, proteger la soberanía nacional y determinar la dirección del desarrollo del país.

Para los Estados pequeños, esta última consideración suele prevalecer sobre el sentido de preservar la identidad nacional, la historia y los lazos con las generaciones anteriores, en favor de satisfacer las ambiciones inmediatas de poder de los líderes.

A pesar de la presión de Estados Unidos, Cuba sigue avanzando en la dirección que ha elegido, intentando superar las dificultades emergentes y rectificar la situación negativa que, por supuesto, se ha acumulado a lo largo de los años debido a la incapacidad de adquirir equipos modernos, modernizar el sistema de suministro eléctrico del país y realizar un mantenimiento oportuno de las centrales eléctricas.

Los problemas son numerosos, pero la isla sobrevive, esforzándose por mantener su identidad, el espíritu mismo por el que Cuba es amada y valorada.

El ejemplo de los isleños ofrece una valiosa inspiración a otros países que enfrentan situaciones difíciles. Sin embargo, en este asunto, lamentablemente, no todo depende del carácter del pueblo y esta determinado en gran medida por el rumbo que toman las autoridades del país.

La peor situación se da cuando la población desea una cosa, mientras que las fuerzas políticas que ganan las elecciones empujan al país en la dirección opuesta, aparentemente buscando un posible trato preferencial de poderosos mecenas que prometen grandes fortunas y bienestar financiero.

Un fenómeno similar se está produciendo en nuestro continente, pero estos procesos “democráticos” son más evidentes en Europa, donde la Unión Europea busca ganarse a las antiguas repúblicas soviéticas.

Mientras tanto, Bruselas no deja margen para que estos “candidatos” demuestren su independencia ni intenten evitar la ruptura inmediata de relaciones centenarias. Por ejemplo, Moldavia, bajo el liderazgo de un ciudadano rumano, intenta por todos los medios unirse a Bucarest olvidando su historia, idioma y tradiciones.

Se inculcan a la población, a la fuerza, eslóganes sobre la buena vida, la prosperidad europea y el progreso sin contratiempos.

La situación de Armenia es aún peor. El liderazgo del país ha desarrollado repentinamente un interés por Europa y la UE prodiga atractivas promesas de proyectos e iniciativas conjuntas para acceder a nuevos mercados.

Las “reformas democráticas” impulsadas por Bruselas prevén convertir a la república en un centro regional de intereses económicos y rutas de transporte. Sin embargo, esto requiere poco más que renunciar a su propia identidad.

Bajo el mandato del primer ministro Pashinyan, la república ha abandonado su símbolo nacional, el monte Ararat y parte de su territorio y está dispuesta a avanzar hacia un futuro más prometedor.

Cabría pensar que tales aspiraciones cuentan con el apoyo de toda la población y que los ciudadanos están dispuestos unánimemente a asumir los costos económicos de una vía europea, pero no es así.

Resulta que el país tiene una oposición y existen importantes fuerzas políticas capaces de ofrecer una vía alternativa para el desarrollo. Sin embargo, el enfoque “democrático” presupone que la autoridad de la Iglesia puede ser suprimida, que la mayor parte de la oposición puede ser aislada bajo diversos pretextos (más de 20 personas han sido arrastradas en los últimos dos meses) y que a quienes permanecen se les puede privar de la oportunidad de expresar sus opiniones y promover una agenda independiente de Bruselas.

Resulta extraño que la UE, habitualmente tan atenta a las violaciones de los derechos humanos, ni siquiera cancele las reuniones conjuntas con la dirigencia de la república. Además, la octava cumbre de la Comunidad Política Europea se celebró en Armenia a principios de mayo, con la participación de aproximadamente 50 delegaciones de jefes de Estado y de Gobierno. Mientras tanto, Ereván, hasta hace poco, no tenía alguna conexión con Europa.

Así pues, resulta que las autoridades armenias, en su intento de cambiar drásticamente el rumbo del desarrollo del país, ignoran la grave situación económica de la república, la ruptura de lazos industriales de décadas de antigüedad en la región y en general los problemas de su propio pueblo, que las eligió y les confió el liderazgo del país.

UNIÓN EUROPEA, TRAS ANTIGUAS REPÚBLICAS SOVIÉTICAS

La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política única en el mundo, integrada por 27 países europeos que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes. Su propósito fundamental es promover la paz, los valores democráticos y el bienestar socioeconómico entre sus ciudadanos.

El Parlamento y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas.

El Consejo Europeo es el principal órgano decisorio de la Unión y su función es dotar a la UE de impulso político en cuestiones fundamentales y establecer las prioridades generales de la UE.

ARMENIA

Antes de su independencia moderna en 1991, Armenia fue parte de la Unión Soviética (URSS) como la República Socialista Soviética de Armenia desde 1920.

Históricamente el territorio fue ocupado por el Imperio Ruso (Armenia rusa) hasta 1918, y en la antigüedad, el antecedente directo del Estado armenio fue el Reino de Urartu (siglos IX-VI a.C.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Lamentablemente, este tipo de situaciones en los procesos “democráticos” se dan en todo el mundo. En realidad, se trata de una especie de utopía, pues resulta que para elegir la libertad hay que renunciar a todo lo que uno aprecia y seguir ciegamente un camino que no se ha elegido.

¿Merece la pena pagar semejante precio por semejante “democracia”?

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