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EL ÁGORA

Eliminando los contrapesos constitucionales se implementa una presidencia imperial

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El siguiente paso es aplicar la autocensura y libertad de expresión * La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias * Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Una de las consecuencias del modelo de comunicación política de un régimen cuasi autocrático es la confrontación social y el control de la prensa.

La narrativa oficial genera la polarización y la ideologización de los mensajes gubernamentales para justificar su permanencia en el poder.

No hay una política pública que defina la comunicación con los gobernados, pero sí tiene claro su objetivo de trascender con un esquema populista basado en la administración de la pobreza y el uso electorero de los programas asistencialistas.

La 4T ha sabido implementar una presidencia imperial y eliminado los contrapesos constitucionales.

Sometidos los Poderes de la República, desaparecida la transparencia en la función pública, enseñoreada la opacidad y alentada la división ciudadana, el siguiente paso es intentar el control de la prensa.

La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias. Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”.

Imponen la infodemia y la posverdad, el pensamiento uniforme.

La prensa, el cuarto poder, no sólo es un poder fáctico, sino interlocutor de la sociedad y contrapeso que exige la rendición de cuentas a los servidores públicos, lo que es un peligro para un régimen autárquico.

Por eso, recientemente la conversación pública ha girado en torno de la libertad de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información y la regulación de los medios.

Nada nuevo si consideramos que la libre manifestación está consagrada desde la Carta Magna de 1917, que la Ley de Imprenta data también de principios de la centuria pasada y que la garantía sobre el acceso a la información está desde los setenta.

No debiera extrañarnos que los medios cuenten con una regulación, incluidos la radio y la televisión.

Sin embargo, las “benditas redes sociales” dieron un buen pretexto a las autoridades para pretender socavar la función social de todos los medios.

La polarización, la interpretación maniquea de la realidad y la imposición de una narrativa ideologizante son gran “caldo de cultivo” para satanizar a periodistas, dueños de medios, opinadores e intelectuales. La labor de zapa empieza a dar resultados.

Los dueños de diarios o concesionarios, que ven amenazados sus negocios -en ocasiones diversos a la información-, han optado por prescindir de colaboradores críticos.

El acoso fiscal y la falta de publicidad provocan el cierre de espacios y las soterradas reprimendas han alineados a los grandes consorcios que, además, ven peligrar sus concesiones y demás empresas.

Pero también se ha incrementado la autocensura periodística. Ves las barbas de tu vecino cortar… pero no sólo es por las amenazas o acciones gubernamentales, también es el miedo a ejercer la labor informativa independiente y veraz por el asesinato de comunicadores.

No en vano se dice que México es el país más peligroso para la profesión periodística.

Muchos medios ya no tienen secciones policiacas u optan por la cobertura light de las notas informativas. Nada policiaco, nada político.

También los comentócratas acuden a la antigua máxima de no hablar mal del presidente, del Ejército o de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué será más dañina para la democracia: La acción avasalladora de un gobierno autárquico o la claudicación resignada de los periodistas?

 

APOSTILLA

Con el objetivo de avanzar en la cultura de la prevención contra los incendios y que el fuego no apague una vida, la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (Conapci) demandaron un marco normativo y regulatorio moderno, homologado y nacional que no se quede solo en leyes, sino se promulguen códigos y reglamentos de estricto cumplimiento.

En México se registra un incremento del 10 por ciento anual de incendios en casas, comercios e industria.

Los organizadores de la expo fire mx & safety -Víctor Espínola (director de AMRACI y Conapci), Esteban G. Martínez y Yazmín K. Rodríguez- precisaron que la actual Norma Mexicana 02 data de 2010 y no contempla los avances tecnológicos ni obliga a que edificios muy altos, grandes unidades habitacionales o industrias que manejan materiales más flamables, cuenten con equipos fijos de extinción y no sólo extintores o mangueras.

En 2025, el 43 por ciento de los siniestros se registraron en hogares y casi el 60 por ciento en industrias y almacenajes. En 2012, 124 mil personas sufrieron quemaduras y por cada deceso, hubo 220 sobrevivientes con secuelas permanentes; el tratamiento para un menor con heridas es superior al medio millón de dólares.

La falta de una cultura de prevención contra los incendios se refleja en que menos del 5 por ciento de las casas está asegurada y no llega al 20 por ciento las pequeñas y medianas empresas con seguro.

Hay pérdidas anuales por 34 mil millones de pesos y las aseguradoras pagan 33 millones de pesos diarios por daños en empresas aseguradas.

El 70 por ciento de los siniestros ocurren en los hogares y provocan más víctimas al año que un sismo.

Las compañías de seguros desembolsan 12 mil millones de pesos por siniestros al año.

La prevención no sólo evita la pérdida de vidas, que es prioritario, protege también inversiones, continuidad operativa, cadenas de suministro y competitividad del país. Los incendios, además, emiten 10 mil toneladas de CO2, lo que impacta al medio ambiente.

El 25 y 26 agosto se llevará a cabo la expo fire en el WTC y contará con especialistas de 15 países y la asistencia de 4 mil personas.

La industria contra los incendios crea 20 mil empleos y aporta un valor de mercado de mil millones de dólares al año.

En el evento se propondrá que el 8 de octubre se declare Día Nacional de la Prevención de Incendios. La consigna: un México más seguro.

EL ÁGORA

Señales de justicia en el caso CUDEC

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  • Vinculados a proceso los presuntos responsables de quebrantar el patrimonio y la operación administrativa del grupo educativo
  • El juez de la causa estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria
  • El sector inmobiliario, fundamental en nuestro crecimiento económico, aporta el 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Autoridades judiciales del Estado de México determinaron la vinculación a proceso de quienes presuntamente son responsables de abuso de confianza por más de 15 millones de pesos en contra del Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas, también conocido como Grupo CUDEC.

Las pruebas presentadas por el Consejo de Administración del Grupo ante el Ministerio Público mexiquense, quien consignó la carpeta de investigación, fueron suficientemente valoradas por el juez de control del distrito judicial de Tlalnepantla, Alejandro Rosales Díaz, para proceder formalmente en contra de Angélica “N”, exrectora del centro educativo, y de Juana Aidé “N”, quienes participaron en los actos para quebrantar el patrimonio y la operación administrativa del grupo educativo.

Desde el primer momento que sucedió el ilícito, Grupo CUDEC inició trabajos para encontrar y presentar todo tipo de evidencias y pruebas físicas, videos, grabaciones, expedientes, documentos y lo que resultara necesario para que la autoridad pudiera determinar la responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos.

El pasado 6 de noviembre, la parte acusadora fue notificada de la vinculación a proceso de las personas que presuntamente causaron daños administrativos y económicos que afectaron gravemente la vida académica y de los estudiantes, al no poder recibir a tiempo sus títulos y certificaciones.

Cabe recordar que el 24 de octubre de 2025, la exrectora con un grupo de personas irrumpieron en las instalaciones del CUDEC para sustraer documentación oficial, bancaria y fiscal, equipos de cómputo, dispositivos de acceso a cuentas bancarias, contratos, las facturas de 18 vehículos, joyas y dinero en efectivo.

Asimismo, Angélica “N” recibió en sus cuentas personales, de forma indebida, transferencias bancarias de las cuentas del Grupo Educativo, por cerca de 15 millones de pesos.

En octubre de 2025, con la intervención de la hija de la exrectora, Fernando René “N”, representante legal de DSM, S. A. de C. V., suspendió la plataforma digital del Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas, con lo que interrumpió trámites administrativos y académicos, incluso los correspondientes a la emisión de títulos y grados, lo que afectó a cerca de siete mil estudiantes.

A pesar de este daño, la institución recuperó el sistema digital y los expedientes para funcionar de manera regular en la atención de la comunidad estudiantil, padres de familia, académicos y proveedores que han puesto su confianza en Grupo Educativo CUDEC.

El Grupo Educativo CUDEC siempre estuvo en la mejor disposición de colaborar plenamente con las autoridades de procuración y administración de justicia para que, con las evidencias compiladas, pudieran integrar su propia averiguación.

Cabe señalar que el juez de la causa estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El Grupo Educativo CUDEC, para tranquilidad de la comunidad estudiantil y padres de familia, hizo todo lo posible para no afectar la vida académica y mantiene su compromiso de construir una sociedad más justa y equitativa, donde la educación sea accesible para todos y se fortalezca como motor de cambio.

 

APOSTILLA

El LV Congreso Internacional Inmobiliario -organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en su 70 aniversario- reunirá a más de mil miembros de la industria inmobiliaria de ocho países y líderes de los organismos empresariales de México, quienes disertarán sobre los desafíos del mercado inmobiliario, las perspectivas de la inversión en 74 áreas del sector, el cual aporta el 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que es fundamental en nuestro crecimiento económico.

Participarán en el Congreso desarrolladores, inversionistas, emprendedores, brókeres hipotecarios y tomadores de decisiones.

Habrá ponentes internacionales que hablarán sobre la tecnología, la Inteligencia Artificial y nuevos proyectos en la materia.

Los inversores abordarán temas como el acceso a la vivienda, el financiamiento, así como el nicho de oportunidades que hay en el arrendamiento.

En otras áreas se contemplan paneles sobre certeza jurídica y las perspectivas empresariales de inversión en esta industria, así como prevenir el lavado de dinero.

Uno de los objetivos de la AMPI -coincidieron la presidenta de la Asociación, Jenny Althair Rivas Padilla; la vicepresidente Maricela Rodríguez Pereyra, y el director general, Saúl Barrientos Ávila- es la certificación de sus miembros y la capacitación permanente para que estén preparados para las transformaciones que sufre el país y respondan con ética y profesionalismo ante los retos del mercado internacional.

Este foro, al que asisten dirigentes inmobiliarios de 100 países, será una ventana de oportunidades para inversionistas y empresarios inmobiliarios no sólo de la venta, compra y arrendamiento de casas, sino de parques industriales, nearshoring, sector logístico médico y centros de datos que cuentan con 115.1 millones de metros cuadrados y más de 70 áreas que componen la industria inmobiliaria.

Este diálogo busca abrir espacios de colaboración, identificar retos comunes y visibilizar oportunidades para para fortalecer la actividad inmobiliaria y su contribución al desarrollo económico de México, al que aporta el 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto.

El LV Congreso Internacional Inmobiliario se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre en el World Trade Center de la CDMX.

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EL ÁGORA

Rebeldía ciudadana en casi todo el planeta

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  • Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes
  • Las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar
  • La Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Diversos eventos políticos y sociales ensombrecen el futuro inmediato de la humanidad.

Si bien es cierto que no está en el mediano o largo plazo el fin del mundo, se visualiza una rebeldía ciudadana en casi todos los países del globo terráqueo.

Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes.

Toda proporción guardada, en pleno siglo XXI, hay regímenes con ansias de conquista -como en la era medieval-, guerras intestinas y entre naciones, muchos países todavía padecen hambre y la muerte desuela territorios enteros.

Pero mientras esas calamidades cumplen con su misión profética, existen otras formas que atentan contra la convivencia humana, lo que no se puede aceptar.

Con el contrato social, las comunidades acordaron renunciar a sus derechos naturales y reconocieron un mando único -el Estado, sus instituciones y leyes-, que les garantizaría la seguridad de su vida y patrimonio, además de facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades de un bienestar pleno.

A cambio de ello, se rechazó hacer justicia de propia mano y se reconoció en las leyes el derecho a la propiedad y la garantía de salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros beneficios.

Pero cuando fueran violentadas esas potestades, el aparato de justicia cumpliría la función de vengador social.

Sin embargo, desde la centuria pasada y lo que va del siglo XXI, las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar.

Más allá del sistema político o económico que prive en cada nación, los ciudadanos están más decepcionados de sus gobiernos y resienten los efectos negativos de las malas políticas públicas.

Así, cada día es mayor el descontento social en todas las partes del orbe.

Ya no sólo es el galope de los jinetes del Apocalipsis. La gente está harta de las guerras civiles y las conflagraciones entre países, con millones de inocentes muertos, o el hambre en naciones gobernadas por dictadores.

Nuevos jinetes provocan también el descontento social. La falta de respuesta oficial a las catástrofes naturales, el desempleo mundial, la carencia de vivienda o el despojo de ésta, las crisis financieras que dejan sin patrimonio a miles de personas o familias, la falta de oportunidades para estudiar o recibir educación de calidad, la angustia por procesos inflacionarios que agudizan la pobreza extrema o la miseria, colapsados sistemas de salubridad que no garantizan salud digna ni esquemas de vacunación preventiva o tratamientos. Economías que ahogan al campo y sistemas que sólo garantizan empleos de mano de obra barata.

Esos son algunos de los nuevos jinetes que han provocado las protestas sociales en varias partes del mundo donde se manifiestan los pobres, los estudiantes, los desempleados, los homeless, los burócratas o profesionistas como los médicos, los ahorradores que fueron atracados y despojados de sus ahorros, madres y niños sin atención médica o los hambrientos.

También hay ciudadanos que ven ahogadas sus protestas por la represión burocrática, insensible al dolor humano; pésimos para gobernar, pero buenos para robar.

Tal vez no ha sido lo suficientemente fuerte el humor social para provocar más revoluciones o derrocamientos de gobierno, pero ésta es una primera llamada de atención. El voto libre debe empoderar a reales administradores públicos y los líderes mundiales entender que el hartazgo social tiene un límite.

No únicamente han defenestrados dirigentes de Egipto, Túnez, Siria, Sri Lanka, Nepal, Madagascar, Bangladesh, Ucrania, Perú, Puerto Rico, Bolivia o Venezuela.

Cayó el presidente de Paraguay y el voto de castigo del americano de la calle dio un revés a Donald Trump.

El supermartes negro del neoyorquino debe preocupar al gobierno y reflexionar que el descontento social no hace eterno a un Congreso sumiso y que también el pueblo de México puede despertar.

 

APOSTILLA

En el mundo hay 382 millones de diabéticos y para 2035 habrá 592 millones. Hay 252 millones de personas con diabetes no diagnosticada.

En 2024 había en México 13.6 millones de enfermos con ese padecimiento y era el octavo lugar mundial.

En el Día Internacional de la Diabetes, la Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina, ya que en el país más del 59 por ciento de los pacientes con diabetes no toman los medicamentos ni aplican tratamientos, por mitos, costos, desabasto o señalamientos sociales.

La insulina, a más de cien años de su descubrimiento, es de gran ayuda para el control de la enfermedad y la mejor arma contra las complicaciones.

No provoca ceguera ni es último recurso; por el contrario, mejora la calidad de vida del diabético.

 

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EL ÁGORA

A un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli

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  • Sin Estado de Derecho no hay democracia
  • No olvidar que en los tiempos del priato, el titular de la Secretaría de Gobernación se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

México presentó un nuevo retroceso en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project al ubicarse en el lugar 125 de 143 naciones y ocupar el puesto 28 de 32 países de Latinoamérica y el Caribe.

El estudio mide el grado de libertades ciudadanas en el espacio cívico, tales como la libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación, participación ciudadana e influencia del Poder Ejecutivo sobre el sistema de justicia civil y penal, el debilitamiento institucional, el control y equilibrio sobre el poder gubernamental y la rendición de cuentas.

La métrica internacional nos pone en el sitito 139 de 143 en materia de justicia penal, el 135 en corrupción y justicia civil, así como el 132 en orden y seguridad.

El reto, según la organización mundial, es lograr el fortalecimiento institucional, la transparencia gubernamental y avanzar en la protección de derechos fundamentales.

Es evidente el debilitamiento del Estado de Derecho.

A ello ha contribuido el propio gobierno al acabar con los contrapesos constitucionales y la división de Poderes por tener un Congreso abyecto, sumisos e ignorantes jueces que sólo cumplen instrucciones y optar por la opacidad.

La estructura de poder formal dinamitó la democracia y su ciudadanización al cooptar al árbitro electoral con corruptos, pero leales consejeros, además de claudicar en la función primigenia de dar seguridad a los gobernados y dejar parte de la gobernanza en manos del crimen organizado.

Aunque la narrativa oficial se esfuerza por imponer, con argumentos falaces, una realidad cada vez más difícil de sostener.

Se privilegió el autoritarismo en la figura del Ejecutivo sobre cualquier consenso, aun cuando se criticaba el presidencialismo priísta.

Es curioso que ahora se quieran deslindar de la expresidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, a quien el propio sistema la hizo omnipotente y omnímoda para anular, en una institución colegiada, a sus pares para que pudiera tomar decisiones cupulares, con el riesgo, ahora evidente, de cometer actos en beneficio propio o de prevaricato.

Es evidente la corrupción de gente afín a la 4T, como ella, a pesar de los vanos intentos por deslindarse de su empatía política y partidista para hacerla aparecer como producto del pasado.

Bajo esa lógica, muchos de los gobernadores y legisladores con antecedentes priístas debieran ser llevados a la picota y no defenderlos por ser ahora militantes del régimen.

La crisis en el órgano encargado de organizar con imparcialidad los comicios en todo el país no sólo vulnera el Estado de Derecho, sino que destruye el sistema democrático y se pierde la credibilidad y confianza en la efectividad y respeto al sufragio ciudadano.

Eso sólo beneficia al presidencialismo que cada vez cobra más fuerza y se abroga el poder de decidir por los ciudadanos quién debe gobernarlos.

Hay que recordar que, durante el priato, era el propio gobierno el que organizaba las votaciones e imponía los resultados más allá de la duda razonable.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores.

Parece que estamos a un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli… muchas señales así lo indican.

Como bien marca el estudio del WJP, el reto para México es enorme.

Si no se acota el poder del Ejecutivo, se regresa a la verdadera división de Poderes, se fortalecen las instituciones de justicia penal y civil, se respetan los derechos humanos y se administra con transparencia, se impondrá el autoritarismo como antesala de un régimen dictatorial que compartirá la gobernanza con la delincuencia.

Ello cancelará la certeza jurídica y vulnerará las garantías individuales y sociales, lo que afectará no sólo a la democracia como sistema de vida, sino que retrasará el verdadero desarrollo nacional.

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