• ¿México regresa a los sesentas?
• Como en el pasado, seguramente tampoco resolverán su pliego petitorio, se utilizará la fuerza pública para disuadirlo o se deslegitimará su causa al infiltrarles a los porros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

De repente tuve la sensación de experimentar un Dejá vu. Las movilizaciones y protestas de estudiantes y personal del sector salud me hicieron regresar a la sexta década de la centuria pasada, cuando los médicos, inicialmente del Hospital 20 de Noviembre, se manifestaron en 1964 por la falta de pagos y la demanda de mejores condiciones de trabajo.

Aunque el problema se inició en la administración del presidente Adolfo López Mateos, quien privilegió la construcción de infraestructura hospitalaria, clínicas y viviendas, sobre mejores salarios para personal sanitario, tocó al mandatario Gustavo Díaz Ordaz enfrentar el conflicto de los galenos que se extendió del ISSSTE -creado por el oriundo de Atizapán- al IMSS y luego a todo el sector salud, lo que originó la creación de la Alianza de Médicos Mexicanos.

A pesar de sus justas demandas, sólo fue cumplido parcialmente el pliego petitorio, por lo que los granaderos reprimieron, en 1965, a los facultativos y desalojaron el Hospital de las calles de Félix Cuevas.

Sesenta años después, médicos y trabajadores del IMSS toman las calles para protestar no sólo contra el irrisorio aumento salarial, la falta de pagos y contra su sindicato charro -que agrupa a casi 500 mil empleados-, sino por la falta de condiciones óptimas de trabajo, el desabasto de medicamentos e instrumental quirúrgico, las carencias en laboratorios y de aparatos para estudios especializados.

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Están hartos de que ellos tengan que poner sus herramientas de trabajo e incluso, auxiliar a los pacientes con soluciones o medicamentos.

Como en el siglo pasado, las autoridades priorizaron otras necesidades, pero no como las satisfechas por López Mateos: clínicas, nosocomios y unidades habitacionales; ahora, recortan el presupuesto de salud para usarlo en los programas clientelares con fines electoreros.

Como en el pasado, seguramente tampoco resolverán su pliego petitorio, se utilizará la fuerza pública para disuadirlo o se deslegitimará su causa al infiltrarles a los porros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Nuevamente se utilizó a los granaderos para liberar Reforma. Curioso, los gobiernos neoliberales y represores consintieron en 2006, casi un año, el bloqueo de la misma avenida, con pérdidas económicas y de empleo que quebraron a la CDMX.

En mi regreso al pasado, recordé las protestas estudiantiles del 68, también en el sexenio del poblano Díaz Ordaz, quien hizo oídos sordos a las demandas de los universitarios, su rechazo a la represión y la exigencia de más participación en la vida nacional.

Quedó grabada en la conciencia colectiva el baño de sangre en Tlatelolco y la detención de centenas de alumnos, torturados y desaparecidos por la policía y los militares.

Sin embargo, obtuvieron un triunfo con la apertura democrática. Los estudiantes sufren la violencia nuevamente, no necesariamente a cargo de un gobierno, pero sí del crimen organizado, de sus propios compañeros, de las autoridades a través de los porros, de jóvenes esquizofrénicos, de la influencia del Internet, de feminicidas o de parejas tóxicas.

Cada día son más recurrentes los ataques a pubertos en sus centros escolares, ante la apatía e indolencia de las autoridades educativas.

Las protestas que realizan los alumnos encuentran la negativa a sus demandas y la utilización de porros para agredirlos o apanicarlos. Tampoco están conformes con la mala educación que reciben y exigen instalaciones, laboratorios y talles dignos y equipados.

Todavía no es demasiado tarde para dar instrucción de calidad, seguridad y tranquilidad al futuro de México.

No debiera verse como algo lejano las protestas estudiantiles de Francia, las de vivienda en la España de Maricarmen Abascal o las sindicales de Bélgica.

Si bien es cierto que aquí nuestra generación Z no va a prender una primavera árabe, bien puede despertar la primavera de Praga o el Mayo francés de 1968. Desatender las demandas sociales lleva siempre a la represión.

APOSTILLA

Para fortalecer el control sobre los recursos públicos, prevenir prácticas discrecionales y consolidar una gestión institucional basada en la ética de la responsabilidad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México puso en marcha un Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La iniciativa fue presentada por la doctora Gisela Zaremberg al asumir la dirección general (2026-2030) de este organismo internacional, autónomo e intergubernamental especializado en ciencias sociales.

Zaremberg explicó que el nuevo sistema establece facultades, reglas, responsabilidades, procedimientos y mecanismos de operación y supervisión para reducir riesgos de opacidad, discrecionalidad y concentración indebida de funciones.

El modelo contempla medidas para prevenir conflictos de interés, desvío o pérdida de activos y mecanismos para detectar y disuadir incumplimientos.

Sus objetivos: mejorar la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos, armonizar la normativa institucional en el marco nacional e internacional aplicable y establecer una mayor trazabilidad en los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones.

La propuesta también fortalece la supervisión de las áreas operativas, delimita responsabilidades y avanza hacia una rendición de cuentas integral.

Como parte de la nueva etapa institucional, la directora general informó del Departamento Flacso Cooperación Técnica y Social para ampliar la vinculación de la institución con organismos públicos y sociales.

El nuevo departamento desarrollará proyectos de formación profesional, investigación aplicada, evaluación y asesoría, con la intención de incrementar el impacto social de la institución y contribuir a la generación de recursos propios.

Flacso México es un organismo internacional, aquí desde 1975, para desarrollar investigación, programas de posgrado, educación continua y proyectos de cooperación técnica, con énfasis en el análisis de los problemas públicos de México y América.

SENSIBLE PÉRDIDA EN EL PERIODISMO

Se fue uno de los grandes del periodismo: Francisco Garfias. México pierde a una excelente pluma y mejor amigo. Descanse en paz.

La juventud  y el 2027 * Es la oportunidad de los jóvenes para definir el país que quieren. Ser mediocres y mantenidos u optar por un gobierno que cuente con políticas públicas que garanticen el futuro aspiracional de esos mexicanos, quienes pueden ser el motor que active el verdadero desarrollo nacional

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

El INEGI dio a conocer su encuesta intercensal 2026 y hay datos interesantes que inciden en la vida cotidiana y en el proceso electoral 2027.

Cayó el mito de que México contaba con poco más de 134 millones de habitantes, en realidad sólo somos 130 millones 911 mil 314, lo que modifica el padrón electoral del próximo año.

Hay más mujeres que hombres, 51.9 por ciento contra 48.1 por ciento.

En la encuesta trimestral sobre percepción de seguridad del propio Instituto, se ha hecho histórico el porcentaje de la población femenil que se siente mucho más insegura que el género masculino.

De persistir esa tendencia, el humor social puede definir tendencias a la hora de votar.

Envejecemos como país, se incrementó la población con más de 65 años de edad, la tasa de fecundidad bajó de 2.1 a 1.9.

La tasa de crecimiento pasó de 1 por ciento a 0.7 por ciento en una década.

PLANES ELECTORALES

Será interesante conocer las estrategias electorales partidistas para ganar el sufragio de la gente de la tercera edad.

El gobierno tiene los dados cargados en favor de su movimiento con las pensiones a los viejitos, las ayudas económicas a madres trabajadoras y las becas a los “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero votan.

La encuesta intercensal revela que el 41.4 por ciento de los hogares recibe ingresos por algún tipo de programa asistencialista.

¿Qué harán los institutos políticos para convencer al electorado de que los programas sociales son -erróneamente desde mi punto de vista- derechos constitucionales que no les pueden quitar por un eventual cambio de gobierno, y que no son dádivas gubernamentales creadas por el tlatoani tabasqueño, sino partidas presupuestales alimentadas con los impuestos o la extinción de fondos y programas prioritarios?

Los viejitos se sienten felices con los seis mil pesos bimestrales, aunque gasten más en sus medicamentos porque hay desabasto en el sector salud.

Prefieren abstenerse de sus medicinas y postergar su salud, porque ese dinero ya está considerado como parte del gasto familiar.

Las madres trabajadoras ven incrementado su ingreso, aunque hayan cerrado las guarderías gratuitas y las escuelas de tiempo completo.

Los “ninis” serán esenciales en el proceso electoral 2027 porque creció el segmento poblacional entre 18 y 35 años.

Nadie les ha explicado que con las becas perdieron lo más por lo menos.

Serán una generación perdida, gente sin preparación académica ni oportunidades de empleo, salvo en la informalidad o el sicariato.

DESERCIÓN ESCOLAR

Durante la pandemia se incrementó la deserción escolar en todos los niveles y no se ha recuperado la matricula pre-Covid 19.

Los padres de familia prefieren unos pesos y mantener a sus hijos en escuelas oficiales -aunque no aprendan nada-, que hacer el sacrificio de costear la educación particular.

Mientras el mundo globalizado demanda profesionistas, técnicos o científicos mejor preparados y más competitivos, la nueva escuela mexicana (sic) masifica e ideologiza la instrucción, abandona la educación de calidad y elimina la excelencia académica y la justa competencia entre alumnos al prohibir calificaciones reprobatorias o cancelar los exámenes de admisión.

La cereza del pastel es la proliferación de bachilleratos y universidades públicas sin instalaciones adecuadas ni claustro de profesores capacitados. Pocos son los egresados… y mucho menos los titulados.

La compra de conciencia de esos jóvenes sólo es un paliativo a su mediocridad y pobreza.

No saldrá de ninguna de ellas, porque no les interesan ofertas políticas que prometan educación de calidad, excelencia académica y exámenes de admisión para seleccionar a las mejores mentes y premiar el buen desempeño escolar.

RETO DE CANDIDATOS Y PARTIDOS

Ese es el mercado y el reto que tienen que conquistar los candidatos y partidos que compitan en los comicios del próximo año.

El bono demográfico se agota y, a mediano plazo, seremos un país de ancianos conformistas sin una clase política o empresarial que pueda sacar adelante un proyecto de nación viable y sustentable.

Es la oportunidad de los jóvenes para definir el país que quieren. Ser mediocres y mantenidos u optar por un gobierno que cuente con políticas públicas que garanticen el futuro aspiracional de esos mexicanos, quienes pueden ser el motor que active el verdadero desarrollo nacional.

¿Los partidos estarán a la altura de ese reto? Usted, estimado lector, tiene la mejor opinión.

Ediles: violencia y corrupción * Avanzan los grupos delictivos en el control político, económico y social en buena parte del territorio mexicano * Los cárteles financian campañas; imponen candidatos; eliminan, secuestran y amedrentan a adversarios, compran votantes, destruyen casillas, agreden a funcionarios electorales e intimidan a sufragantes

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La narrativa oficial niega la ingobernabilidad y el control territorial del crimen organizado sobre México; sin embargo, se ha documentado la intervención de las mafias en los procesos electorales recientes.

A pesar de los datos estadísticos que hablan de una continua reducción de la incidencia delictiva, sobre todo de los homicidios dolosos, es evidente que no cede la violencia política -especialmente a nivel municipal-, en todo el país.

La consultora Integralia da cuenta del avance de los grupos delictivos en el control político, económico y social -los mañosos hacen uso de su base social-, en buena parte del territorio mexicano y es evidente la participación de los cárteles en el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos, la eliminación, secuestro y amedrentamiento de adversarios, la compra de votantes, la destrucción de casillas y agresiones a funcionarios electorales e intimidación de sufragantes.

Finalmente, son los ahijados de los grupos delictivos quienes arriban a los cargos de elección popular.

Más aún, el experto en seguridad nacional e inteligencia, Eduardo Vázquez Rossainz, advierte del riesgo de que, en los comicios de 2027, jóvenes criminales ocupen los gobiernos municipales y se imponga una oclocracia criminal, es decir, un poder delictivo.

Enfatiza el estudioso que peligra la democracia mexicana ante la posibilidad de que miembros del crimen se incorporen a los partidos como candidatos y se hagan gobierno.

El problema es que también los cabildos designan a los jefes policiacos, los cuales no han sido nada impolutos y si poco eficientes.

Los alcaldes son la parte más vulnerable de la pirámide de gobierno.

Por un lado, se han convertido en víctimas directas, o sus familiares, de la violencia política y por otro, resultan abyectos empleados de los barones de la droga.

Integralia acredita que en el proceso electoral 2023-2024 hubo 889 víctimas de agresiones a aspirantes y candidatos, lo que significó el proceso más violento en la historia moderna del país; el 78 por ciento se concentró a nivel municipal.

En los últimos 25 años han asesinado a poco más de 130 alcaldes de todos los partidos, independientemente de los exfuncionarios que querían regresar al poder o los aspirantes a ediles, además de los atentados en contra de familiares directos de los munícipes, como padres, hermanos, esposas o hijos.

Los motivos varían desde el negarse a complicidades criminales hasta el incumplimiento de pactos por la connivencia con delincuentes.

Pero también están los casos de quienes son empleados de los zares del crimen y actúan con toda impunidad hasta que por eventualidades, circunstancias políticas o presión mediática son descubiertos y no hay más remedio que ser detenidos, destituidos y encarcelados al comprobarse su evidente participación en la delincuencia organizada, el control de grupos criminales, la corrupción de cuerpos policiales municipales o el consentimiento de la extorsión y el secuestro.

Tan sólo en lo que va de la presente administración han sido detenido 13 alcaldes. Todos relacionados con actividades ilícitas, perpetración de homicidios, autoría de secuestros o extorsiones.

Eso habla del riesgo que hay de que avance la delincuencia organizada y ejerza la gobernanza, no como poder fáctico sino real.

El gran reto de los tres niveles de gobierno y de las autoridades electorales, así como de los propios partidos políticos, es blindar las candidaturas a cargos de elección popular para evitar la infiltración del crimen en las estructuras de poder, que ya es un hecho, y el año entrante vigilar y asegurar que no haya violencia en los próximos comicios -los más grandes en la historia del país por el número de puestos a competir-, y que no intervenga la delincuencia para intimidar a aspirantes o electores.

La violencia política puede amenazar una democracia que cada día es más endeble.