Como en toda familia, las diferencias se solucionaron en pro del bienestar del sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México

SERGIO M. ROMERO

La reciente argumentación suscitada por las diferentes opiniones transitorias de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, en la realidad institucional,  que aunque se manifestaron distancias entre Brugada Molina y Espino Arévalo, al final de las reuniones “fumaron la pipa de la paz”.

Finalmente privó la cordura y las coincidencias institucionales claras, tanto entre las dos opiniones legales como meritorias, de los dos servidores públicos en sus obligaciones de gobierno y de la sociedad.

Cada uno, no cabe ninguna duda, en las propias obligaciones de gobierno, que se manifestaron ordenadamente, en una jornada laboral diaria, teniendo como participantes a una servidora pública al más alto nivel en la capital de la República y una demanda sindical por la vía pacífica, legalmente expresada, como ocurre frecuentemente, que origina pacíficamente entre integrantes como servidores públicos, quienes plantean sus derechos públicos con motivo de insuficiencias salariales o retrasos de los derechos pendientes, entre una relación de trabajo obrero-patronal en 20 polos, una movilización valorada de seis millones de usuarios al día que se transportan en las catorce líneas del Metro sobre superficie, bajo suelo o elevadas que circulan de norte a sur y de este a oeste.

No hay duda que hay controversia entre los polos de la movilización de los seis millones de pasajeros diarios por toda la ciudad.

Lo anterior, lejos de ser una preocupación entre rivales, es en realidad las posturas que viajan en el mismo sentido sin excederse más allá de la búsqueda y de las coincidencias de la operación del sistema más poderoso del transporte capitalino, su mantenimiento y mayor presupuesto para la circulación del tren más rápido de la República.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México señala que durante su gestión se han invertido más de cincuenta mil millones de pesos en el mantenimiento del Metro, pero en realidad representa apenas una partida para mantener en óptimas condiciones al sistema de transporte de mayor movilidad en la capital del país.

Clara Brugada conoce el Metro, pues suele utilizarlo, remacha con las características que tienen para destacar y mantener en óptimas condiciones al STC, aunque señala que las fallas se presentan en todos los trenes urbanos que transitan en el mundo.

Brugada reafirma de manera categórica su compromiso para ofrecer un servicio seguro, eficiente y digno para todos los usuarios de la capital del país.

La movilización que tuvo el fugaz paro, convocado como recurso legal y efectivo por el SNTSTC, bajo el liderazgo de Fernando Espino Arévalo, fue para llamar la atención con una tenue operación involucrando sólo al 43% de su movilización cotidiana.

Esta situación insólita elevó la preocupación entre los millones de usuarios que a diario usan este medio de transporte.

Llamó mucho la atención el resultado referido, que sin el servicio del Metro y pese a las molestias a pasajeros, trabajadores y servidores públicos -en forma conjunta- mantuvieron el orden y la tranquilidad.

Fue una gran organización encabezada por Brugada Molina y Espino Arévalo, es decir, hubo esfuerzo conjunto entre la administración y el sindicato para atender la emergencia en las líneas de mayor concentración de los viajeros.

Por cierto, un detalle que palpé de primera mano fue que hubo viajeros extranjeros, que se sorprendieron de la calidad del transeúnte mexicano que nunca perdió la calma.

Hasta la próxima, estimado lector.

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Se prende la alerta en el sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México * Marcha pacífica para el miércoles 4 de febrero del Metro Balderas al Zócalo capitalino para exigir a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, que atienda las demandas laborales para beneficio de las tres partes: Empresa, trabajadores y usuarios

SERGIO M. ROMERO

La invitación a vecinos y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a presenciar en esta capital del país, de una movilización en la vía pública de los trabajadores sindicalizados de este medio de transporte, rápido, seguro y eficiente, al servicio para los millones de usuarios capitalinos que a diario lo usan para sus diversas actividades.

Es innegable que a este maravilloso medio de movilidad, rápido, extenso y técnicamente de ciencias aplicadas de avanzada, le urge el material técnico necesario para seguir operando a través de las 12 líneas en la Ciudad de México y una pequeña parte en la entidad mexiquense.

El tema es de enorme importancia para la empresa capitalina, para dar a conocer la necesidad de contar con el presupuesto que se requiere, y así tener las refacciones del equipo para las estaciones en las doce líneas (terrestres, subterráneas y aéreas).

Es de reconocer que el Metro es un transporte vital, que por la gran labor titánica que realiza para consolidarse como el sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México, requiere de una cotidiana actividad de subsistencia y equipo necesario para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan.

Así que, ante esta situación crítica, este miércoles 4 de febrero, a partir de las 15:30 horas, habrá una marcha pacífica hacia el Zócalo, en donde participarán ciudadanos y trabajadores sindicalizados.

El recorrido iniciará en el Metro Balderas y se dará a conocer a la opinión pública la situación que padece el STC, además de exigir a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, que atienda las demandas laborales para beneficio de las tres partes: Empresa, trabajadores y usuarios.

La agrupación sindical ha insistido en la atención urgente y necesaria a los temas que por esta vía se han señalado. Esperamos que las partes involucradas se sienten a dialogar y llegar a una solución consensuada. Los millones de usuarios se lo agradecerán.

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Mandan al carajo los reproches de la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo sobre los excesos o privilegios * Revelan que el exsecretario del Bienestar en Baja California no declaró una compraventa de un terreno de 3 mil metros cuadrados con un valor de 11 mdp, muy cercano a los 12 mdp de la casa del senador en Tepoztlán, Morelos

SERGIO M. ROMERO

Durante su gestión como secretario del Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe realizó una compraventa de un terreno de más de 3 mil metros cuadrados que no fue declarada, lo que según la Ley constituye un “enriquecimiento oculto”.

El exdelegado del gobierno de Jaime Bonilla fue incluido en un padrón oficial de la Secretaría de Bienestar como beneficiario de recursos públicos.

La transacción se efectuó a través de transferencias a una cuenta de Banorte a nombre de su padre, Jesús Ruiz Barraza, quien falleció semanas después de firmar el contrato.

El terreno, situado en Mexicali, se está desarrollando para construir 46 departamentos con precios entre 2.7 y 5 millones de pesos.

A pesar de la obligación legal de reportar ingresos, Ruiz Uribe no incluyó esta compraventa en sus declaraciones ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, contraviniendo la Ley de Responsabilidades Administrativas. Durante su tiempo en la Secretaría, su salario mensual bruto fue de 152 mil 337 pesos.

La compraventa, realizada en junio de 2023 con la empresa de Milton Adán Rubio Díaz, estableció un precio de 11 millones 172 mil 840 pesos, formalizada ante el notario Adolfo Ulises Silva Gutiérrez. Tres meses más tarde, la patente del notario fue revocada a petición del titular.

El contrato estipulaba que Ruiz Uribe recibiría 100 mil pesos como anticipo y 2 millones 134 mil 568 pesos el día de la firma, con el resto distribuido en siete transferencias mensuales de más de un millón de pesos cada una, siendo el último pago fijado para enero de 2024, seis meses después de la muerte de su padre.

En 2024, Ruiz Uribe debía reportar no sólo su sueldo, sino también cualquier ingreso por actividades profesionales o empresariales, así como las ganancias por la venta de propiedades.

Sin embargo, en sus declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025, la venta del terreno no aparece.

Según el Sistema Nacional de Transparencia, las declaraciones sólo reflejan un ingreso de 1.5 millones de pesos anuales como delegado y más de 2 millones por actividades privadas en tres escuelas, sin la mención de la compraventa millonaria.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales es un acto de “enriquecimiento oculto”, constituyendo una falta administrativa grave que puede resultar en destitución, sanciones económicas e inhabilitación.

Este caso hace recordar al escándalo de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña, una residencia con un valor de 12 millones de pesos.

El sábado pasado, en el Zócalo capitalino, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a morenistas no incurrir en excesos de lujos o privilegios mientras la mayoría de los mexicanos vive con un salario mínimo.

Por lo visto, y ante los hechos, funcionarios de la 4T mandan al carajo la instrucción presidencial.