¿Dónde quedó el pacto entre Morena y la CNTE? * Quizá a la Primera Mandataria le cueste muchos millones de pesos para que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación suspenda sus movilizaciones… hasta nuevo aviso

MARCO ANTONIO FLORES***

Lo dice el refrán popular: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. La Primera Presidenta ha señalado lo siguiente: “…al parecer hay en esa organización ‘rijosos’, intolerantes, que no quieren negociar y representan otros intereses políticos contra el gobierno”.

Ante esto, surge la pregunta: ¿Dónde quedó el pacto que tenían Morena y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contra los neoliberales?

La CNTE ha tenido el mismo “modus operandi” desde hace 40 años, el chantaje y la extorsión al gobierno en turno, para mantener sus canonjías, además de obtener grandes sumas de dinero para suspender sus movilizaciones y protestas.

La reforma educativa 2013 de Enrique Peña Nieto había logrado el antídoto contra ese nefasto mecanismo, al modificar, fundamentalmente, la Ley General del Servicio Profesional Docente, en ella se estableció la evaluación obligatoria.

La reforma condicionaba la permanencia y promoción de los maestros a la aprobación de evaluaciones. Si los docentes no aprobaban, perdían sus plazas o eran removidos de sus cargos.

Al quitar el control de las plazas de maestros a los sindicatos y dárselo al gobierno, la CNTE perdió parte de su poder de movilización tradicional, ya que muchos profesores participaban en marchas sabiendo que el Estado ahora tenía el control de su permanencia laboral.

Así, tras la implementación de la ley, cientos de maestros de la Coordinadora Nacional que participaban en paros y protestas indefinidas fueron cesados por acumular faltas injustificadas.

La reforma educativa de 2013, que beneficiaba a todo el sistema educativo nacional y desactivaba un enorme mecanismo de presión contra el gobierno en turno, fue abrogada en 2019 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se devolvieron a la CNTE sus privilegios y permisos para continuar extorsionando y chantajeando, dejando sin clases a miles de niños y perjudicando la vida de millones de habitantes de ciudades como CDMX, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Morelos y otras entidades del país, bloqueando vías de comunicación, así como aeropuertos y vías de ferrocarril.

Además, López Obrador prometió a sus “aliados” derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una promesa que refrendó Claudia Sheinbaum Pardo en campaña, por lo que no le debería sorprender que la CNTE insista en esa y otras desmesuradas demandas y exigencias.

ORIGEN DE LA CNTE

La Coordinadora Nacional nació en 1979, como una organización alternativa para enfrentar el control corporativo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenía en estrecha alianza con el Estado Mexicano.

Sus demandas originarias fueron auténticas y legítimas: La exigencia de democracia sindical y la lucha por mejoras laborales y salariales para los docentes.

Sin embargo, en las secciones 7, 9, 18 y 22, los dirigentes se apropiaron y reprodujeron las prácticas que sus antecesores habían combatido y, en lugar de promover sus demandas legítimas, ejercieron sobre sus agremiados un férreo control político y maestros críticos fueron acallados y sometidos. Desde la década de los 80s se convirtió en un grupo de presión que basa su poder de movilización en el control político clientelar de maestras y maestros de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México.

Lo más cuestionable es que la CNTE se ha puesto a disposición de personas y partidos con gran poder político y económico que financian sus movilizaciones y demandas de acuerdo con sus intereses.

Un caso ilustrativo del manejo de la CNTE para el apoyo de intereses políticos es el de Manuel Bartlett. Esto inició cuando organizaba, promovía y patrocinaba manifestaciones de la CNTE contra las políticas de gobierno de Vicente Fox Quesada en materia energética.

Todo indica que la cercanía de Bartlett con la CNTE nació cuando este fue secretario de Educación Pública. Desde entonces la CNTE fue una valiosa herramienta que puso a las órdenes de AMLO y le valió su acercamiento y alianza con él, desde los años previos a las elecciones presidenciales de 2006.

En una foto de “Hemeroteca” se muestra que Manuel Bartlett y José Murat patrocinaban, encabezaban y manejaban a la CNTE.

Prueba de lo anterior es su participación en una marcha realizada en noviembre de 2003.

Ese día los dos personajes se habían reunido a desayunar en el Centro Libanés, con dirigentes de la CNTE y el SME.

Momentos después salieron a encabezar la marcha que la reportera Mireya Cuéllar, de “La Jornada”, describió así:

“El senador Manuel Bartlett había dejado atrás a José Murat y al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, con quienes marchó por Reforma con tal número de guaruras que ellos solos -más los fotógrafos que los rodeaban- formaban un pelotón”.

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hubo muchas manifestaciones de la CNTE y del SME contra su gobierno, mismas que se prolongaron y multiplicaron durante el sexenio de Peña Nieto y se resolvían con grandes cantidades de dinero que les entregaba Luis Miranda, subsecretario de Gobernación.

Resultaban una buena inversión para quien las financiaba, ya que al final obtenían mucho más dinero del que gastaban en su movilización.

Recuérdese que gobiernos estatales de oposición al presidente Andrés Manuel, como el de Michoacán de Silvano Aureoles, padeció las movilizaciones radicales de la CNTE, incluso bloqueando las vías del ferrocarril y que en cuanto llegó su sucesor morenista cesaron.

En Oaxaca, el único gobernador -de los últimos cuatro- que no fue amagado por la sección 22 de la CNTE fue el de Alejandro Murat.

Ahora, con el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo, se repite el “modus operandi” de la CNTE; quizá a la Primera Mandataria le cueste muchos millones de pesos para que la CNTE suspenda sus movilizaciones… hasta nuevo aviso.

Las actuales movilizaciones de la CNTE coinciden con lo publicado en el diario norteamericano Los Angeles Times la semana pasada, anticipando que los próximos gobernadores que serán acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos son Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Este diario norteamericano también anticipó la acusación contra Rocha Moya y secuaces. Resultó extraño que este hecho motivara la reaparición de AMLO en el escenario político nacional, con la difusión de una carta en la que, con el pretexto del apoyo a la Presidenta para defender la soberanía, ofrece una serie de explicaciones no pedidas sobre la relación que tuvo con Trump, al tiempo que mezcla el caso Salvador Cienfuegos.

Más preocupante que la Mandataria Claudia Sheinbaum acepte con beneplácito esa reaparición, porque esto implicaría que no existe autoridad política más importante que la de Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Máximo de la Cuarta Transformación”.

En este contexto, valdría la pena saber qué tan vigente se encuentra la alianza AMLO-CNTE, por aquello de la “revocación de mandato”, a la que deberá someterse la Presidenta.

A casi dos años del inicio de su gobierno, Sheinbaum se encuentra en una verdadera encrucijada. Si continúa protegiendo a los distinguidos políticos que heredó de su antecesor, como lo ha hecho en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios acusados de delitos graves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Presidenta corre el grave riesgo de que México sea objeto de fuertes presiones no sólo en el área de seguridad, también en materia económica en medio de la negociación del T-MEC o, en el peor de los casos, una eventual intervención territorial.

El desgaste y la presión para la Mandataria será irreversible y creciente por diversos frentes, incluido el de la CNTE.

El reto es enorme y aunque Sheinbaum Pardo haya negado que se encuentra entre “la espada y la pared”, esto es, entre Washington y Palenque, los escenarios son innegables.

Es tiempo de definiciones: O el segundo piso de la transformación está contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad… o con el silencio y la omisión corre el riesgo de ser acusado de encubrimiento, si no por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sí por millones de mexicanos que no confunden defensa de la soberanía con complicidad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha empezado a dar buenos resultados y tiene el voto de confianza de millones de mexicanos. Es tiempo de iniciar la auténtica transformación.

Por el bien de México, “La Patria es primero”.

***Académico y consultor.

“Que ching… a su mad…”, sabias palabras de Porfirio Muñoz Ledo hacia la bancada morenista * El actual Congreso de la Unión, integrado mayoritariamente por legisladores de Morena, pasará a la historia como el más nefasto, sumiso y destructor de nuestro régimen democrático constitucional

MARKOFLOS***

Lo dijo uno de los mejores políticos que ha tenido México, Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la Cámara de Diputados: “Ching… a su madre… qué manera de legislar”, dirigiéndose a la bancada mayoritaria de Morena. Lo mismo les diría ahora -si aún viviera- al ver las atrocidades cometidas al aprobar tres reformas constitucionales absurdas y ridículas.

La relativa a declarar nulas elecciones por injerencia extranjera; la segunda, que pospone la fecha para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que incluye la reelección de los magistrados del TEPJF. Asimismo, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

El actual Congreso de la Unión, integrado mayoritariamente por legisladores de Morena, pasará a la historia como el más nefasto, sumiso y destructor de nuestro régimen democrático constitucional.

Seguramente todos y cada uno de sus integrantes tendrán que rendir cuentas ante la historia, ante sus hijos y sus nietos por haber destruido la democracia mexicana, con el reconocimiento a dos honrosas excepciones: Luis Armando Melgar y Olga Sánchez Cordero.

Por si lo anterior no bastara, le dieron RIP a la división de Poderes con la desastrosa reforma judicial, oyendo la voz de un capricho y venganza presidencial, ahora dan continuidad a esa absurda y regresiva reforma simplemente cambiando la fecha de la nueva o complementaria elección del Poder Judicial, agregando permiso de la reelección de magistrados del TEPJF, dado que los actuales magistrados se convirtieron en sus dóciles y sumisos vasallos dispuestos a atender las indicaciones del partido en el poder a cambio de permanencia en el “hueso”, con mucha carne para roer.

Entre las polémicas y “absurdas” reformas está la ley “Monreal”, el ilustre doctor en derecho, demagogo, convertido en francotirador y asesino de la democracia con su reforma de nulidad electoral por injerencia extranjera, que no es otra cosa sino un pretexto para anular cualquier elección que no favorezca al partido en el poder.

REFORMA ABSURDA E INNECESARIA

Los que sí saben, expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y legisladores de oposición han señalado que es una legislación redundante.

El sistema electoral mexicano ya contempla mecanismos para anular comicios por violaciones a la equidad. Además, la ambigüedad del término “injerencia” carece de límites claros y omite la verdadera preocupación: la intervención del crimen organizado.

Respecto a la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, las críticas se centran en los riesgos que conlleva trasladar la responsabilidad de investigar vínculos con la delincuencia organizada desde las fiscalías y agencias de seguridad hacia el Instituto Nacional Electoral (INE). La Cámara de Diputados aprobó este dictamen, el cual ha generado fuertes debates y posturas divididas.

La propuesta contempla la creación de esta comisión dentro del INE para verificar la integridad de las candidaturas previo a los procesos electorales. El objetivo planteado es evitar que personas con nexos criminales accedan a cargos de elección popular. Sin embargo, voces analíticas y consejeros electorales han señalado que esta medida actúa como un “subsidio a la incompetencia” del Estado.

Argumentan que las instituciones con capacidad legal, bases de datos y herramientas de inteligencia (como la Fiscalía General de la República o las áreas de seguridad) son las que deberían realizar esta labor, en lugar de trasladarla al árbitro electoral. Además, se advierte que asignar esta tarea al INE pone en riesgo su imparcialidad, ya que el organismo no cuenta con las facultades de investigación penal ni la infraestructura de inteligencia para comprobar fehacientemente dichos vínculos sin cometer arbitrariedades o sufrir presiones políticas.

Las Legislaturas de Morena de este y el pasado sexenio han cumplido a cabalidad las instrucciones del jefe máximo de la “Transformación”, haciendo realidad lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”.

La destrucción de las instituciones parece irreversible, los esfuerzos de las clases media y alta, periodistas, intelectuales y ciudadanos por circular artículos, videos, declaraciones, memes, tuits y evidencias contra los escándalos y pésimos resultados del gobierno de la 4T no han tenido algún efecto para corregir el rumbo.

Los programas sociales, convertidos en clientela electoral, alcanzan para mantener a 30 millones de mexicanos, los más pobres y los más ignorantes, apoyando ciegamente la “Transformación” (simulación), sin darse cuenta de las consecuencias para ellos, pero sobre todo para sus hijos.

Para quienes no se explicaban por qué el gran apoyo popular a la “transformación”, en la Mañanera del 2 de febrero de 2022, lo explicó con precisión el entonces presidente López Obrador al afirmar: “Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9. Con la clase media-media, alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de 1”.

Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento entre las personas. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en Maestría y en Doctorado, perdemos”. Por ello no les preocupa que el número de pobres crezca. A mayor pobreza, mayor clientela electoral.

También se entendería el desprecio que AMLO mostró contra la democracia, diplomacia, educación, salud, ciencia, transparencia, justa impartición de la justicia y el combate real a la impunidad y corrupción.

Lo dicho por el expresidente, en esa Mañanera, explicaría la destrucción de las instituciones nacionales. Lo increíble y asombroso es que su afán destructor haya trascendido su sexenio y siga vigente en el actual. Ahí están la inútil, demagógica y electorera “revocación de mandato” (patentada en Venezuela por Hugo Chávez), además, lo caro que nos cuesta a los mexicanos (la de AMLO costó 700 mdp), sobre todo a los más pobres e ignorantes del país.

En este sexenio se convalidó la desaparición de la división de Poderes con la elección (del acordeón) del Poder Judicial. Con el reciente cambio de la fecha de la elección complementaria del Poder Judicial, se le da continuidad a esa regresiva y absurda reforma que incluye la reelección de los magistrados del TEPJF, los mismos que le dieron la mayoría ficticia a Morena y que se hicieron de la vista gorda con la elección del acordeón del Poder Judicial. Ahora estos serviles magistrados del TEPJF podrán permanecer en su cargo hasta 18 años.

Del mismo modo, la reforma contra la injerencia extranjera en elecciones resulta un burdo mecanismo para evitar que algún otro candidato o partido que no sea de Morena pueda ganar alguna elección, con ello el cínico propósito de perpetuarse en el poder.

Por otra parte, las señales para combatir la impunidad y procurar la impartición de justicia parece lejana, cuando tenemos una FGR al servcio de los encargos políticos del oficialismo. Ahí están los casos de Rocha Moya y la gobernadora Maru Campos que se quieren poner en la misma balanza, cuando son diametralmente opuestos.

El combate a la corrupción, otro gran pendiente de los gobiernos de la transformación. Ahí están, sólo como ejemplos ilustrativos, el fraude del huachicol fiscal por 600 mil mdp y Segalmex por 15 mil mdp, sin algún pez gordo detenido, así como los delitos relacionados con el narcotráfico que hizo públicos el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Basta del demagógico discurso de la defensa de la soberanía. Es sólo atole con el dedo para los más pobres y más ignorantes del país, ya que la soberanía nacional está vulnerada en gran parte del territorio nacional -donde manda el narcotráfico y la delincuencia organizada-.

Así la destrucción de las instituciones parece irreversible. No existe poder formal o informal, ni oposición política, ni grupos, ni intelectuales, ni periodistas, ni clases medias, ni empresarios que puedan penetrar el blindaje demagógico-electoral que tiene la “transformación”.

Al parecer nuestra esperanza para enderezar el rumbo se limita a lo que nuestro socio y vecino Estados Unidos pueda hacer por México, sobre todo en materia de narcotráfico, corrupción y democracia.

Nuestro país no se lo merece. ¿Hasta cuándo cesará y hasta dónde llegará la demolición del Estado Mexicano?

Con el paso del tiempo siguen vigentes las sabias palabras de Muñoz Ledo: “¡Ching… a su madre, qué manera de legislar!”.

Ante la problemática, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum quiere democratizar al IPN * El conflicto empieza a generar preocupación por posibles afectaciones académicas, ante el aumento de planteles en paro y la posibilidad de una mayor radicalización de las protestas

MARCO ANTONIO FLORES***

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace una propuesta innovadora y trascendental que cayó muy bien en toda la comunidad politécnica: Democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), para dar mayor participación a sus más de 800 mil egresados, 220 mil alumnos, 20 mil profesores, investigadores, empresarios, servidores públicos y ex directores generales, para una elección más transparente.

Desde hace décadas el nombramiento se hace como lo establece la Ley Orgánica del IPN, en su artículo 12: “El director general será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro periodo”.

Respecto a este nombramiento, que podría darse en noviembre de 2026 -o antes si fuera el caso-, la Primera Mandataria da una extraordinaria noticia para los politécnicos. Dijo: “Es más, vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director general del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así; una consulta para ver qué la gente opina, quién puede ser el mejor director o directora”.

El IPN requiere una reconfiguración normativa a fondo para frenar el saqueo y la corrupción de que ha sido objeto en las últimas administraciones, incluida la actual.

El propio Poder Ejecutivo o el Legislativo deberían presentar una iniciativa de nueva ley orgánica -tiene casi 50 años- que cambie el sistema vertical en el que tanto el Consejo General como la administración dependen ciento por ciento del director general. El OIC ha sido rebasado, en algunos casos se vuelve cómplice de corruptelas.

Urge crear un “Comité Anticorrupción” independiente, integrado por al menos cinco distinguidos politécnicos externos, que tenga dientes para canalizar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía General de la República (FGR).

El Instituto Politécnico Nacional atraviesa una de las más severas crisis institucionales de su historia. Esto ocurre desde la llegada de Arturo Reyes Sandoval a la dirección del IPN en 2020. Su nombramiento resultó sorpresivo para la comunidad politécnica, nadie lo conocía, ya que llegó al Politécnico luego de una estancia de once años en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y aunque venía de ser un buen investigador en el área de ciencias biológicas, su falta de conocimiento del IPN, su nula experiencia en la administración pública y su docilidad y subordinación a siniestros personajes de la 4T, han propiciado una de la etapas de mayor estancamiento, corrupción e ineficiencia de la otrora institución rectora de la educación tecnológica nacional.

Por ello, en las postrimerías del final de su segundo periodo de gestión, Reyes Sandoval enfrenta crecientes movilizaciones estudiantiles, que son una “bomba de tiempo”. Los alumnos exigen su destitución, argumentando presunta malversación de presupuesto, falta de mantenimiento y mejoras a las instalaciones académicas, reclamos por corrupción, falta de transparencia, desvío de recursos y exigen auditorías a la administración.

Han sido públicas las recientes tomas y bloqueos: Se han realizado cierres viales en avenidas estratégicas como Circuito Interior (a la altura del Casco de Santo Tomás), tomas de las instalaciones de Canal Once y plantones en la Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob).

Asimismo, diversas escuelas han entrado en paros de actividades académicas -hasta por 36 horas-, como medida de presión ante la falta de diálogo resolutivo por parte de las autoridades.

Sin pretender apartar al IPN de su papel fundamental de apoyar al gobierno en turno para coadyuvar en el desarrollo nacional, en el ámbito exclusivamente académico y técnico: “La técnica al servicio de la patria”.

Nos parece que la actual dirección general del IPN, encabezada por Arturo Reyes Sandoval, ha pasado por alto la autonomía y la dignidad del IPN, ya que ha mantenido una abierta y exagerada subordinación al gobierno de la transformación.

El mejor ejemplo, el Canal Once, que durante décadas se ostentó como orgullo politécnico y se llamaba “El canal del IPN”, pero ahora está convertido en una caja de resonancia de la propaganda “ideológica”, con noticiarios y programas tendenciosos conducidos por burdos, serviles y arrastrados voceros dóciles, del más bajo nivel, del gobierno federal de Morena.

Con acciones de sumisión como esa y con la permisividad del director general para nombrar a los más altos directivos del IPN por encargo de siniestros personajes como Martí Batres, Marcelo Ebrard, Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, se tiene alineado al IPN.

Si bien Reyes Sandoval no milita oficialmente en Morena, su designación original presuntamente fue por ser sobrino de la exsecretaria Irma Sandoval, de igual manera su ratificación fue impulsada por el movimiento obradorista.

El actual director general del IPN -de investigador a politiquillo- ha politizado la institución. Ha permitido e impulsado a diversos grupos estudiantiles y sindicatos, alineados a la 4T como el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) y el Movimiento de Estudiantes No Asignados (MENA); han tenido entre sus líderes a consejeros nacionales y locales activos de Morena.

Organizaciones académicas, como el Bloque de Delegaciones Democráticas, también han mostrado apoyo abierto a las políticas del partido.

El pasado 6 de mayo la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que se investigaran los problemas y acusaciones contra Arturo Reyes Sandoval, ya que se han multiplicado.

Estudiantes becados en el extranjero han sido abandonados, los que están en los planteles del país se quejan de que no hay recursos necesarios para sus investigaciones, incluso el equipo de futbol americano también está sin apoyo alguno.

Se destacan las denuncias de corrupción, malversación de fondos y represión a la comunidad estudiantil. En especial se conoció la denuncia de la Fundación Politécnica en contra de Reyes Sandoval por presunto desvío de recursos públicos hacia una asociación civil o patronato denominado Corazón Guinda y Blanco, ante lo cual la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades.

Esta denuncia ha ocasionado protestas en amplios sectores de la comunidad politécnica en las últimas semanas, como la del 17 de abril, cuando un grupo de alumnos tomó un estudio del Canal 11 y transmitió a nivel nacional sus quejas contra el director del instituto.

Se hizo público que se trata de una burda maniobra entre la Fundación Politécnica y el recién creado patronato, ya que, a través de éste, el director del IPN y otros funcionarios de esa institución cobraron como “donativos” de más de 200 mil estudiantes, conceptos de inscripciones, exámenes de admisión y otros trámites escolares, cuyos pagos se depositaron en cuentas del patronato.

En la operación del nuevo patronato también participaron Javier Tapia Santoyo, antes de ser destituido como secretario de Administración del IPN, por una investigación sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos; el abogado Marx Yazalde Ortiz; y el secretario general, Ismael Jaidar Monter, entre otros.

El IPN y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son las instituciones públicas de educación superior más conocidas, reconocidas y emblemáticas del sistema educativo nacional.

En la UNAM la elección de rector la realiza la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario con sus propias reglas, ha sido transparente y han ocurrido los cambios de rector de manera legítima, pacífica, democrática y bien aceptada por toda la comunidad universitaria.

El caso del IPN ha sido muy diferente, ya que, si bien parte de la comunidad politécnica veía como un privilegio que fuera el Presidente de la República el que nombrara a su director general, en los últimos años se ha discutido de manera amplia y creciente la necesidad de cambiar este procedimiento para democratizar esta designación y dar mayor participación a toda la comunidad politécnica.

Por ello la propuesta de la Presidenta Sheinbaum Pardo puede convertirse en un parteaguas histórico dentro del Instituto Politécnico Nacional, que tantas aportaciones ha hecho al desarrollo nacional en las últimas décadas, a través de sus médicos, arquitectos, químicos, biólogos, enfermeras, técnicos-medios, administradores, contadores, economistas, físico-matemáticos; así como ingenieros civiles, electromecánicos, petroleros, en aeronáutica, telecomunicaciones y recientemente en robótica e informática, que fueron el factor humano clave para la construcción de la infraestructura nacional en hospitales, escuelas, carreteras, red de telecomunicaciones y de electricidad, así como desarrollo de la industria petrolera, al menos de las últimas siete décadas.

Enhorabuena por la modernización, depuración y democratización que la Mandataria Claudia Sheinbaum quiere para el glorioso Instituto Politécnico Nacional.

***Académico y consultor, egresado del IPN.