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PULPO POLÍTICO

¿Fuego amigo o pifia?

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Tremendo error dar una información en la Mañanera del Pueblo sin verificar al ciento por ciento * Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable como el “Huachicol Fiscal”

 

MARKOFLOS

 

Pareciera que hay “fuego amigo”, que se empeña en hacer quedar mal a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque seguramente ella está más ocupada en resolver los problemas que agobian al país que tener tiempo para revisar todas las iniciativas y acciones que se anuncian de manera oficial, con bombo y platillo, y que al final se convierten en “pifias”.

La duda que surge es si de veras le ayudan a la Primera Mandataria los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, porque ante los hechos está acorralada por el coordinador de Asesores, Jesús Ramírez; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, por mencionar a los involucrados en los hechos recientes.

En el Poder Legislativo cada uno de los diputados y senadores se la deben al “caudillo” de Palenque, Chiapas, empezando por los líderes.

En el Poder Judicial sucede lo mismo, con cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Ya no me ayudes, compadre”, dijera el clásico.

 

UNA TRAS OTRA

Aquí les va las últimas salidas principales en falso: El “decomiso de huachicol más grande de la historia”; la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizada como la “Ley Antimemes”, que provocó que los caricaturistas de México (una tradición desde el siglo XIX) satirizaran la iniciativa con múltiples cartones en la prensa nacional.

Tampoco se entiende la ausencia de la titular del Poder Ejecutivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seguramente sus asesores no la convencieron de que la mejor forma de defender la soberanía nacional era acudir al máximo foro mundial y atender la convocatoria anual que se hace a todos los jefes de Estado del mundo.

“Que dijo mi mamá que siempre no”… que siempre no era cierto que se hubiera realizado “el decomiso de huachicol más grande en la historia de México”, como lo habían anunciado el 17 de septiembre de 2026 la propia Presidenta de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando se dijo que se había logrado la incautación de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento ubicada en Guanajuato.

El caso dio un giro total cuando el Gabinete de Seguridad y la propia Presidencia reconocieron anomalías y la falta de comprobación inicial del carácter ilegal de todo el producto.

Y es que resultó que el sitio era una terminal formal con permisos donde terceras empresas (incluyendo marcas reconocidas y Pemex) almacenan petrolíferos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso y el delegado de la FGR en Guanajuato, que encabezó el operativo, fue destituido ante la sospecha de haber inflado o malinterpretado la cifra como un decomiso definitivo de contrabando sin verificar previamente la trazabilidad documental.

El “hilo se rompió por lo más delgado”, pero la interrogante que surge es quién informó a Sheinbaum Pardo y al titular de la SSPC que se había asestado “el gran golpe”.

¿Acaso fue el delegado cesado de la FGR o la propia titular Ernestina Godoy, quienes sin verificar la operación se apresuraron para dar la información “bomba”?

A principios de 2019, cuando el gobierno de López Obrador cerró los ductos de distribución para combatir el robo de combustible y hubo casi dos semanas de desabasto en el país, esta planta pudo seguir suministrando a las gasolineras debido a que recibía su producto en trenes.

Andrés Manuel anunció ante el país su estrategia para acabar con el robo de combustible: Cerrar los ductos de Pemex y sustituirlos por pipas. Cientos de autotanques recorrerían México llevando gasolina y diésel directamente a las estaciones de servicio, sin que los huachicoleros pudieran interceptarlos. Era, dijo, un golpe definitivo al crimen organizado.

Lo que el expresidente no dijo -y que ahora revela el libro Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas, de Raúl Olmos- es que -para operar ese esquema- el gobierno recurrió a una filial de Pemex llamada Servicios, S. A. de C. V., la cual terminó pagando millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Sergio Carmona Angulo, identificado como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México, el llamado “Rey del Huachicol” y señalado de haber financiado campañas electorales de Morena.

Unas semanas después, como consecuencia del desabasto de gasolina provocado por el anuncio de AMLO, el huachicol adquirió un gran valor a nivel popular.

Por ello el 18 de enero de 2019 ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que perdieron la vida 137 personas con decenas de heridos por las quemaduras que ocasionó la explosión de un ducto de gasolina. Se estimaron en 800 personas las que se acercaron para recoger gasolina.

Aunque el manejo de huachicol se llevaba a cabo desde hace al menos cuatro décadas, éste se limitaba a la venta ilegal de gasolina robada en ductos de Pemex, en cantidades relativamente pequeñas, pero en forma creciente, y se dio en todos los gobiernos priístas y panistas.

El huachicol fiscal cobró gran relevancia y comenzó a expandirse de forma masiva a partir de 2019, coincidiendo con la apertura del mercado de importación de combustibles y las acciones para frenar el robo físico en ductos.

Aunque existen antecedentes de contrabando aduanero, esta modalidad específica despegó con fuerza tras los cambios en la política energética y el control de aduanas que realizó AMLO con su reforma en la materia y el manejo de las aduanas por parte de la Secretaría de Marina, con un mecanismo más novedoso.

No perfora ductos; ingresa gasolina o diésel desde el extranjero declarándolos falsamente ante la aduana como aceites minerales, lubricantes o aditivos.

Al clasificar erróneamente el producto, los implicados evaden el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y otros aranceles.

Esto permite vender el hidrocarburo más barato en el mercado informal y competir con grandes márgenes de ganancia frente al combustible legal, complementado con la apertura de permisos a empresas privadas para importar combustibles, lo que facilitó la triangulación documental en puertos y fronteras.

Así se configuró una extensa red de corrupción que involucra la complicidad u omisión en aduanas y puntos de revisión para falsear los pedimentos de entrada.

Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable.

La red de corrupción que se tejió y operó durante el sexenio de AMLO, conocida como “Huachicol Fiscal”, quedó al descubierto en febrero de 2026, cuando el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta red habría operado al interior de la Secretaría de Marina con la participación de altos mandos, con una evasión fiscal que se estima en 600 mil mdp.

La trama salió a la luz tras la difusión de un audio, obtenido por los reporteros de Aristegui Noticias, en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, una red criminal vinculada al “huachicol fiscal”.

En la grabación se escucha al contraalmirante señalar directamente a sobrinos políticos del almirante Ojeda como parte de la estructura.

El secretario le habría pedido presentar la denuncia por escrito y aunque la Marina aseguró no encontrar irregularidades en sus investigaciones, la FGR mantiene abierta una causa penal derivada de las acusaciones de Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024.

En total 34 oficiales habrían trabajado en la red, con presencia en aduanas estratégicas como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Los hermanos Farías Laguna, sobrinos del extitular de la Semar, están presos. Otros altos mandos de la Marina han sido mencionados en esta extensa red de corrupción ligada con grupos delictivos y el trasiego de drogas por puertos de todo el país, pactando con distintos cárteles, particularmente con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Si bien existen críticas y cuestionamientos hacia la administración de Claudia Sheinbaum, nunca se ha mencionado algún vínculo de ella o su gente cercana, con la gigantesca red de corrupción del “Huachicol Fiscal”. Por el contrario, se considera una decisión valiente y honesta que su Gabinete de Seguridad anunciara que la investigación está en marcha, a pesar de que personajes muy importantes y cercanos a su antecesor, como Adán Augusto López Hernández y Andy López Beltrán, han sido mencionados.

Lo que se cuestiona es la permanencia de estas y otras figuras políticas vinculadas a escándalos de corrupción, lo que -según “detractores”- mantiene intactas prácticas de corrupción e impunidad.

Se entiende que Sheinbaum tiene un enorme dilema: Continuar siendo leal -o cómplice- con su antecesor, o ir hasta las últimas consecuencias.

A grandes males, grandes remedios. En 1936, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de acabar con el “maximato” de su antecesor, Plutarco Elías Calles.

El peligro de compartir el poder es que se pierda paulatinamente. La Patria es primero.

 

PULPO POLÍTICO

Imperan oligopolios de proveedores en todo el gobierno

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  • Nada nuevo lo del INE al dejar en el olvido la transparencia, competencia y combate a la corrupción
  • De acuerdo con una revisión realizada en el portal de Compras MX, la gran mayoría de los contratos es otorgada por adjudicación directa

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Los avances que se habían logrado en la administración pública federal en materia de transparencia, competencia y combate a la corrupción, se frenaron partir de 2018, con la desaparición de la Cofece, el INAI, así como dejar en el olvido al Sistema Nacional Anticorrupción que, si bien no eran la panacea, sí eran perfectibles y el único camino para combatir la corrupción a través de mecanismos institucionales y no sólo con discursos llenos de demagogia y mentiras.

El escándalo de corrupción en el INE -al conocerse la burda, obvia y corrupta relación de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala- con el principal proveedor ha puesto al descubierto que existe un oligopolio de proveedores en esa institución, pero eso no es alguna novedad.

En la práctica existe en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, pero este fenómeno no exime a Taddei Zavala de los delitos que habría cometido, ni a la 4T de su relación de complicidad y hasta de encubrimiento si deja en la impunidad las graves acusaciones que tiene en su contra.

El Gobierno de México de la 4T, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuya titular es Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre un oligopolio de proveeduría de materiales y documentación electoral que ha operado en el país durante más de 25 años.

Se informó que la red está vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, junto a 13 individuos y al menos 5 empresas principales que actuaban, en muchos casos, como intermediarias (simulando competencia o sin acreditar personal y capacidad técnica).

Entre 2014 y 2024 (abarcando las gestiones de Lorenzo Córdova y los primeros años de Guadalupe Taddei en el INE), además de contratos con 23 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), esta red obtuvo contratos por 2 mil 461 millones de pesos con presuntos sobreprecios.

De acuerdo con la información expuesta, los antecedentes de estas contrataciones datan de finales de la década de los 90 (hace 27 años) con el entonces Instituto Electoral del Estado de México, por lo que el señalamiento cruza múltiples administraciones y partidos.

Al respecto la Primera Mandataria ha cuestionado que los titulares de los órganos electorales no intervinieran para frenar la concentración y la intermediación con sobreprecios.

Sin embargo, si revisamos algunos ejemplos, esta práctica la ha fomentado el propio Poder Ejecutivo con empresarios como Carlos Slim.

Durante la administración de Sheinbaum Pardo, las principales empresas de Carlos Slim Helú han obtenido al menos 169 contratos públicos por un total de 29,447 millones de pesos (mdp).

De acuerdo con una revisión realizada en el portal de Compras MX, la gran mayoría de dichos contratos fue otorgada por adjudicación directa, es decir, sin un proceso de competencia abierta de por medio.

Para dimensionar, el monto equivale a alrededor de la mitad de los contratos que Slim obtuvo durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, por más de 60,000 mdp.

Entre los principales contratos en el gobierno de Claudia Sheinbaum (2025–2026) están el del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo: Este contrato fue otorgado a CICSA (Carso Infraestructura y Construcción, S. A.) por un monto de 27,451 millones de pesos para el diseño y construcción de los tramos 13 y 14.

En obra pública tiene un contrato adicional por 9’309,260 pesos otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el sector energético y Pemex, el Grupo Carso ha ampliado su participación a través de contratos mixtos y desarrollo de campo. En servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, filiales de Telmex (como Triara, SITUM y Uninet) continúan prestando servicios críticos de centros de datos, ciberseguridad, redes e infraestructura informática para instituciones como el Banco del Bienestar y el Renapo.

Todo esto ha dado continuidad a los convenios que el expresidente Andrés Manuel López Obrador otorgó a las empresas de Slim más de 2,500 contratos con el gobierno federal por un valor estimado superior a los 61,000 millones de pesos.

Grupo Carso duplicó sus ingresos de 96,639 millones de pesos en 2018 a 181,538 millones de pesos en 2022, mientras que la utilidad de la compañía aumentó un 55%, pasando de 28,618 millones de pesos a 44,359 millones de pesos en el mismo periodo.

Este crecimiento se dio pese a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto en el cual CICSA había sido adjudicada con trabajos millonarios. Como compensación, el gobierno asignó a esta empresa el tramo 2 del Tren Maya, por un monto de 18 mil 553 millones de pesos. Además, CICSA recibió otros contratos con Pemex por 13,906 millones de pesos en 2019.

Otro ejemplo de oligopolio de proveedores se da en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de miles de millones de pesos anuales en contratos públicos repartidos entre cientos de proveedores registrados en la plataforma oficial ComprasMX. Las empresas con mayores montos acumulados y número de adjudicaciones operan principalmente en los ramos de impresión de materiales didácticos, evaluación educativa, arrendamiento, soluciones de TI, logística, seguros y servicios generales.

De acuerdo con los registros consolidados de fallos y contratación pública, los contratistas y proveedores más recurrentes e importantes por sector son: Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V. (IEPSA), históricamente uno de los proveedores con más adjudicaciones para la producción de materiales didácticos y apoyo a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg); Siglo XXI Editores, S. A. de C. V., destaca en las partidas destinadas a la adquisición y licenciamiento de contenidos editoriales y libros especializados; Creatividad y Espectáculos, S. A. de C. V. (Creatura), una firma recurrente para la organización de eventos institucionales, logística de foros educativos y grandes convenciones de la secretaría; El Mundo es Tuyo, S. A. de C. V. y Artmex Viajes, S. A. de C. V., agencias que concentran múltiples contratos para la gestión y reservación de pasajes aéreos y transportación del personal de la SEP; Seguros Azteca Daños (Grupo Salinas), firma que ha obtenido licitaciones para el aseguramiento de la robusta infraestructura física, bienes muebles e inmuebles de la secretaría.

Respecto a tecnología, arrendamiento e infraestructura digital figuran: Integra Arrenda, S. A. de C. V. (Sofom ENR), una empresa enfocada en proveer esquemas de arrendamiento de equipos de cómputo, transporte o maquinaria para las oficinas centrales y planteles; Oracle de México, S. A. de C. V., uno de los pilares de software de base de datos y licencias tecnológicas para el control de los sistemas de datos escolares y de nómina.

En el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ocurre algo similar. Las carreteras y autopistas en México son impulsadas principalmente por el gobierno federal a través de la SICT y Capufe, además del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). En lugar de que el gobierno construya directamente la totalidad de las vías, las obras se desarrollan mediante concesiones y licitaciones públicas en las que participan empresas privadas y mixtas.

Las siguientes firmas concentran la mayor cantidad de kilómetros construidos, operados o mantenidos en el país mediante contratos y concesiones federales o estatales: Aleática, ICA, una de las constructoras de infraestructura más grandes de México, con participación histórica y actual en autopistas y proyectos federales; Pinfra (Promotora y Operadora de Infraestructura), líder en concesiones de autopistas de cuota; Coconal, especializada en construcción y operación de carreteras, conservación de vías federales y proyectos de gran escala; Grupo HYCSA, constructora de vías terrestres, autopistas, puentes y distribuidores viales; DICSSA, Grupo Indi, Vise, Esma Instalaciones y Desarrollo y Construcciones Urbanas.

En el sector salud se intentaron realizar compras consolidadas, sin embargo, se descuidó la logística de distribución y se provocó el mayor desabasto en la historia del sector. Recuérdese la pifia de la “Megafarmacia”, un fracaso de AMLO. Todo resultó en un rotundo fracaso para las instituciones participantes: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Secretaría de Salud, Birmex, Pemex, entre otras. Aún no se acaban de proveer miles de claves de medicamentos (incluyendo oncológicos, vacunas, tratamientos para diabetes, VIH y materiales de curación).

En procesos como el de 2027-2028, se integran volúmenes masivos de hasta miles de millones de piezas… veremos si se logra abatir el gigantesco desabasto provocado en el sexenio del “presidente López Obrador”, como así llama la Primera Mandataria a su antecesor.

Al parecer los oligopolios de proveedores en todo el gobierno seguirán presentes y la corrupción in crecendo si no se actúa con transparencia y decisión mediante mecanismos institucionales, como la Cofece, el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción, desaparecidos a partir de 2018.

Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de revertir los daños causados al país en esta materia por su antecesor. Millones de mexicanos se lo agradecerán. La Patria es primero.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

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Renovación INEludible

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  • Cuando el árbitro pierde credibilidad, la democracia está en riesgo
  • El país requiere un instituto que garantice elecciones limpias, transparentes y confiables ante la INEficiencia para defender el Estado de Derecho, ante la INEptitud constitucional disfrazada de autonomía, ante la INEsperada sumisión ante la 4T, por lo que es INEvitable rendir cuentas para poner fin a la ola de escándalos por los casos de corrupción

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los escándalos de corrupción de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, son sólo la gota que derramó el vaso de la degradación a que ha llegado el instituto electoral.

Es únicamente un síndrome del estado de putrefacción que alcanzo la institución, al ser capturada, vulnerada y manipulada por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Con Guadalupe Taddei, el gobierno de la 4T selló una velada complicidad, le dio carta abierta, le otorgó el más amplio poder que ningún presidente del INE había tenido.

Ante la ola de críticas y señalamientos, tuvo que renunciar Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, tras acumularse señalamientos de corrupción y conflicto de interés con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

La salida, formalizada el 27 de octubre, desató una crisis que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una traición “a la confianza del pueblo de México”.

“¡Al diablo con sus instituciones!”, había sentenciado el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo sentenció, lo planeó y lo logró.

AMLO acabó con la división de Poderes y destruyó los organismos autónomos constitucionales uno a uno, incluido el Instituto Nacional Electoral, que era la institución democrática constitucional que garantizaba elecciones limpias, transparentes y confiables para 100 millones de mexicanos, e incluso llegó a ser reconocido a nivel internacional.

Después de 30 años que llevó construir al INE (primero Instituto Federal Electoral -IFE-), bastó un sexenio para su derrumbe.

En 2022 y 2023, el exmandatario López Obrador inició su andanada contra el Instituto Nacional Electoral y la respuesta de cientos de miles de mexicanos fue salir a las calles a defender esa institución con mucho entusiasmo y vehemencia.

El 13 de noviembre de 2022, la primera gran marcha, se realizó en la Ciudad de México y se replicó en más de 50 ciudades del país.

Una segunda concentración masiva llenó el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas del país bajo el lema “El INE no se toca”.

Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o resignada de lo que está pasando. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran capturados por el partido gobernante.

Desde que llegó Guadalupe Taddei a presidir el Instituto Nacional Electoral, en abril de 2023, y se dieron relevos de consejeros afines al oficialismo, la misión democrática del pilar electoral de nuestra democracia dio muestras de sometimiento hacia el poder.

En la campaña presidencial y de gubernaturas de 2024, ambos organismos mostraron ausencia y tolerancia en violaciones a las leyes electorales.

Se ignoraron las demandas de los partidos de oposición por campañas anticipadas, comenzando por la presidencial, así como las públicas y abiertas denuncias de la intervención del crimen organizado en campañas como las de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, entre las más evidentes.

El TEPJF avaló la tramposa mayoría calificada del Poder Legislativo para Morena que le permite modificar la Constitución Política a su antojo.

En 2027 tendremos elecciones nacionales intermedias para renovar el Poder Legislativo federal, 17 gubernaturas y cientos de cargos de elección popular locales.

Ante este importante proceso electoral, resulta de gran importancia encontrar un árbitro electoral que garantice imparcialidad, transparencia y cumplimiento de la ley para evitar las campañas anticipadas y que diversas normas electorales se conviertan en un cero a la izquierda, en un fraude y flagrante violación a la ley, generando desinformación y desconfianza ciudadana.

Las recientes reformas generan dudas y ponen en tela de juicio el papel que desempeñará el INE. Reformas como la facultad de anular elecciones por “intervencionismo extranjero”, la creación de la Comisión para “detectar” e impedir candidaturas con antecedentes o nexos con la delincuencia y, la más reciente ocurrencia, de pretender impedir candidaturas con doble nacionalidad -con dedicatorias personales-, el panorama que se dibuja no es nada halagador para la oposición, ni para la ciudadanía, ni para el futuro democrático de México.

Hoy parece que retrocedemos a 1988 y a los 70s, cuando el partido hegemónico no permitía la participación de las minorías.

Durante décadas, las reformas electorales respondieron a una exigencia básica: abrir espacios para todas las voces.

A pesar de sus limitaciones, los cambios permitieron que oposiciones ganaran espacios, consolidando un sistema multipartidista y permitiendo alternancias en el poder en los tres niveles de gobierno.

Sería muy lamentable y mala señal que ante las evidencias de corrupción y conflicto de interés que propició Guadalupe Taddei por su relación con los proveedores a los que se les asignaron contratos por cientos de millones de pesos, se le diera blindaje de impunidad.

También resulta irónico y simplista tratar de desviar la atención, inculpando de la actual corrupción a gobiernos anteriores al de la 4T.

La interrogante que surge es saber la intención de la Primera Mandataria cuando señala que “la revisión -que realicen los órganos de control y auditoría- debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas”.

Ante sus declaraciones, ya hay “sospechosismo” de que culparán a personajes del ayer en los escándalos de corrupción del hoy en día. ¿Y Taddei? Bien, gracias.

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral nombró a Blanca Yassahara Cruz como consejera presidenta interina, se informó que ya suman 15 renuncias de funcionarios cercanos a la exconsejera presidenta.

Y los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) ante el organismo electoral, exigieron eliminar los “superpoderes” otorgados a la presidencia del INE y revisar los nombramientos realizados durante la gestión de Taddei Zavala.

La Cámara de Diputados deberá integrar un comité técnico para convocar a la presidencia definitiva, un proceso que podría extenderse entre cuatro y seis semanas.

Reitero, estimado lector, en 2022 y 2023, millones de mexicanos salieron a la calle a defender al INE con la consigna “El INE no se toca”… y hoy que ha sido ultrajado y denigrado, es hora de que la ciudadanía manifieste su exigencia de que se restaure la institución y que, al menos, se le devuelva la credibilidad, transparencia, legalidad, imparcialidad y honestidad con que contaba hasta 2018.

Rescatar y restaurar al instituto electoral es de vital importancia para el futuro democrático de México en lo interno y en el ámbito de la comunidad internacional.

Con un Instituto Nacional Electoral confiable habrá un México viable, sin el INE se cancela el futuro del país, no sólo en su régimen democrático constitucional, también se derrumban las aspiraciones de millones de mexicanos de vivir en un país con Estado de Derecho, justo y con mejor estatus económico y social.

El instituto electoral debe continuar siendo el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpias y confiables.

El Instituto Nacional Electoral es una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales.

Los mexicanos no debemos permitir que el último reducto democrático y de contrapeso que tenemos (INE y TEPJF) sean capturados por el gobierno en turno.

En estos días críticos se pone en tela de juicio la transparencia, imparcialidad y credibilidad de nuestros procesos electorales, así como la participación ciudadana.

En las elecciones de los últimos 20 años, han participado millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales en la integración de funcionarios de casillas, en el recuento de votos, en las representaciones partidistas, así como su voto libre y secreto.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo debería dejar atrás las nocivas herencias que recibió y apoyar la restauración de las instituciones emblemáticas de nuestro régimen democrático constitucional.

Lo anterior definirá si pasa a la historia como una verdadera jefa de Estado o como una simple defensora de un movimiento político que no trascenderá.

Millones de mexicanos tenemos fe en que la Primera Presidenta tiene la visión de una jefa de Estado que no sólo piensa en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. Que así sea. La Patria es primero.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

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¿Francisco Garduño Yáñez al IPN?

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  • Tiene todo el apoyo del “presidente López Obrador”, como así lo llama la Primera Mandataria
  • En mayo de 2026, Claudia Sheinbaum Pardo prometió democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional, pero hasta el momento no hay convocatoria… ¿albazo o dedazo?

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “el(a) Presidente(a) de la República deberá nombrar nuevo director general”.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre se refiere a su antecesor como el “presidente López Obrador”.

El candidato de Andrés Manuel López Obrador, ni duda cabe, es Francisco Garduño Yáñez. Luego entonces el nuevo director general del IPN será el exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM) por indicación llamado “presidente López Obrador”… a menos que la Primera Mandataria tenga otro candidato o someta la selección a una elección entre la comunidad politécnica, como lo había ofrecido, pero que hasta el momento no hay ni siquiera convocatoria.

Ante el inminente relevo de director general del IPN que, por ley, debe realizarse en poco menos de un mes, flota en algunos sectores de la comunidad politécnica el “sospechosismo” de que la carta fuerte del gobierno de la Cuarta Transformación es nada menos que Francisco Garduño Yáñez, el célebre exdirector del INM, designado en ese cargo en junio de 2019 por el “presidente López Obrador”.

A raíz del escándalo del incendio que terminó en tragedia, Garduño Yáñez dejó el cargo en 2025… y en enero de 2026 fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (¿plataforma para el IPN?).

Francisco Garduño se tituló como optometrista por el IPN en 1972 y en 1987 trabajó como asesor del director general del IPN (¿preparación para el puesto?).

El candidato del “presidente López Obrador” para ocupar la Dirección General del IPN es Francisco Garduño. Siempre ha sido un colaborador muy cercano.

En la CDMX, siendo Andrés Manuel el jefe de Gobierno intentó nombrarlo como secretario de Seguridad, pero fue vetado por el entonces mandatario Vicente Fox Quesada y para ese puesto se designó a Marcelo Ebrard.

Cuando se venía la primera designación de director del Politécnico, al “presidente López Obrador”, en 2020, se le preguntó si Garduño podría ser designado.

La respuesta del “presidente López Obrador” hace evidencia la simpatía, cercanía y alta estima que le profesaba a Garduño Yáñez.

“Él sería un muy buen director”, pero expresó que lo necesitaba más al frente del INM.

 

¿PREPARANDO EL CAMINO PARA SU ARRIBO EN EL IPN?

Comento esto porque en política nada es casual y resulta que hace apenas unas semanas Francisco Garduño fue exonerado, con “bombo y platillo”, por un juez de los cargos por su responsabilidad en el incendio y tragedia ocurrido en Ciudad Juárez.

Un hecho que se hizo público el 27 de marzo de 2023, un incendio registrado dentro del área de alojamiento de varones de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez.

Ahí inició la tragedia, debido a que un grupo de migrantes inició una protesta quemando colchonetas. Las puertas del área permanecieron cerradas bajo candado durante el siniestro, lo que impidió la evacuación de las personas atrapadas.

En el siniestro murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos; la mayoría de las víctimas provenía de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia.

También se detectó la ausencia de extintores operativos en la celda, la inexistencia de salidas de emergencia adecuadas y la falta de un plan de protección civil actualizado.

Pese a la gravedad de la tragedia y el mayúsculo escándalo que creció con el paso de los días, Garduño permaneció en su cargo con todo el apoyo público del “presidente López Obrador”.

 

SHEINBAUM NO DA SEÑALES DE UNA ELECCIÓN MÁS DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE

En mayo de 2026, Sheinbaum Pardo hizo una propuesta innovadora y trascendental, una noticia que cayó muy bien en toda la comunidad politécnica: Democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del IPN y así dar mayor participación a sus más de 800 mil egresados, 220 mil alumnos, 20 mil profesores, investigadores, empresarios, servidores públicos y exdirectores generales, para una elección más democrática y transparente.

Y es que desde hace décadas el nombramiento se hace como lo establece la Ley Orgánica del IPN, en su artículo 12: “El Director General será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro periodo”.

En una Mañanera del Pueblo realizado en mayo de este año, Sheinbaum Pardo dio una extraordinaria noticia para los politécnicos: “Es más, vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director general del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así; una consulta para ver qué la gente opina, quién puede ser el mejor director o directora”.

 

SAQUEO Y CORRUPCIÓN EN LAS ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES

Ya veremos qué pasa, pero por lo pronto el IPN atraviesa una de las más severas crisis institucional de su historia. Esto ocurre desde la llegada de Arturo Reyes Sandoval, cuya designación (obedeció a ser sobrino de la exsecretaria obradorista Irma Sandoval, según algunas publicaciones) ha pasado por mayúsculos escándalos de corrupción, rezagos en administración e infraestructura que repercuten en el deterioro del nivel académico, así como diversos paros, plantones y protestas que han pedido su destitución.

Reyes Sandoval -de investigador a politiquillo- ha politizado la institución y ha impulsado a diversos grupos estudiantiles radicales, como el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) y el Movimiento de Estudiantes No Asignados (MENA), así como organizaciones académicas, como el Bloque de Delegaciones Democráticas, con tintes ideológico-políticos.

El IPN requiere una reconfiguración normativa a fondo para frenar el saqueo y la corrupción de que ha sido objeto en las últimas administraciones.

El Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo deberían presentar una iniciativa de nueva Ley Orgánica –la actual tiene casi 50 años- que cambie el sistema vertical en el que tanto el Consejo General, como la administración, dependen totalmente del director general.

El OIC ha sido rebasado, en algunos casos se vuelve cómplice de corruptelas. Urge crear un “Comité Anticorrupción” independiente, integrado por al menos cinco distinguidos politécnicos externos, que tenga “dientes” para canalizar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque suene contradictorio, pero Garduño Yáñez, en el INM, para combatir la corrupción nombró como delegados a varios exmilitares.

 

IPN Y UNAM, INSTITUCIONES RECONOCIDAS Y EMBLEMÁTICAS

El IPN, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son las instituciones públicas de educación superior más conocidas, reconocidas y emblemáticas del sistema educativo nacional.

En el caso de la UNAM, la elección de rector la realiza la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario con sus propias reglas, ha sido transparente y han ocurrido los cambios de rector de manera legítima, democrática y bien aceptada por toda la comunidad universitaria.

El caso del IPN ha sido muy diferente, ya que si bien parte de la comunidad politécnica sentía como un privilegio que fuera el Presidente de la República el que nombrara a su director general, en los últimos años se ha discutido de manera amplia y creciente la necesidad de cambiar este procedimiento para democratizar esta designación y dar mayor participación a toda la comunidad politécnica.

Por ello la propuesta de Sheinbaum podría convertirse en un parteaguas histórico dentro del IPN, que tantas aportaciones ha hecho al desarrollo nacional en las últimas décadas, a través de sus médicos, arquitectos, químicos, biólogos, enfermeras, técnicos-medios, administradores, contadores, economistas, físico-matemáticos, así como ingenieros civiles, electromecánicos, petroleros, en aeronáutica, telecomunicaciones y recientemente en robótica e informática.

El talento politécnico fue un factor humano clave para la construcción de la infraestructura nacional en hospitales, escuelas, carreteras, aeronáutica, red de telecomunicaciones y de electricidad, así como desarrollo de la industria petrolera, al menos de las últimas ocho décadas.

Enhorabuena por la modernización, depuración y democratización que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció para el glorioso Instituto Politécnico Nacional, aunque el “sospechosismo” está porque no hay convocatoria a casi un mes de la designación del nuevo director general del IPN… ¿será acaso que ya está pactado con el “presidente López Obrador” para que el nombramiento sea bien “calmado”?

 

***Maestro, licenciado y contador público.

Egresado del Instituto Politécnico Nacional.

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