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PULPO POLÍTICO

ASF, sometida al Poder Ejecutivo

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Un sello que viene desde 2018 * La Auditoría Superior de la Federación debe reafirmar su “autonomía” como uno de los más valiosos baluartes de la organización política y democrática que hemos construido los mexicanos a lo largo de décadas

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

La desaparición de los organismos constitucionales autónomos, o su vulneración, es “un retroceso para la democracia en nuestro país”, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es otro organismo constitucional alineado al Poder Ejecutivo.

Al igual que la CNDH, INAI, Cofece, IFT, Coneval y Mejoredu en la praxis será paso a ser otro contrapeso nulificado y sometido al Poder Ejecutivo.

Esto ocurrió desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018 y ató de manos a la ASF y su titular David Colmenares.

Ahora, con la elección del nuevo titular, todo apunta a que queda garantizada la impunidad del gobierno anterior, del actual y una parte del que seguirá en 2030, al menos en lo que atañe al ejercicio del gasto público.

El pasado 10 de marzo de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados eligió, con 472 votos, a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, el organismo supremo, revisor del ejercicio de los recursos federales en los tres niveles de gobierno: Municipal, estatal y federal.

El nuevo auditor ocupará el cargo durante los próximos ocho años, del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034, y relevará al actual auditor, David Colmenares Páramo. Aureliano Hernández ocupaba el cargo de auditor especial del Gasto Federalizado en la misma ASF desde 2025, encargado de la revisión y auditorías al gasto de los recursos federales ejercidos en los estados y municipios.

Un dato relevante respecto al nuevo auditor, que hicieron notar algunos legisladores, es que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fuera secretario particular de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México, sin embargo, también se reconoce su “trayectoria, profesionalismo y honorabilidad”.

Se desempeñó también como director general de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

 

EL GRAN RETO DE AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS CARDEL

El nuevo auditor asegura que “no vengo a cumplir con nadie, mi trabajo va a ser sólo el compromiso con la honestidad y nunca le voy a fallar a la soberanía”.

Destaca que ejercerá el cargo “con total independencia, honestidad, no con el fin de cumplirle a nadie. Estoy muy orgulloso de aceptar este cargo”.

Por su experiencia y trayectoria habría que creer en su palabra y propósito, a no ser que se consideren algunos puntos que ya han publicado diversos analistas respecto a su trayectoria.

En la administración de la Primera Mandataria, como alcaldesa de Tlalpan, Hernández era su director de Jurídico y Gobierno.

Durante el sismo de 2017, donde fallecieron menores de edad en el Colegio Rébsamen, Aureliano Hernández dio la cara por su jefa, ya que fue quien encabezó la estrategia jurídica de desvinculación penal, civil, administrativa y de responsabilidades.

Vecinos de Tlalpan señalan que la gente de la Dirección de Gobierno se encargaba del otorgamiento de licencias de construcción y para la operación de negocios comerciales. Clausuras y permisos eran operadas en su oficina. Todas las actividades del comercio informal en la alcaldía también pasaban por él y su equipo de trabajo.

Las anteriores menciones han circulado en redes, además de publicarse y comentado en algunos medios.

Por nuestra parte daríamos el beneficio de la duda a la gestión del nuevo auditor Superior de la Federación y nos atrevemos a creer que ejercerá ese importante cargo, como afirma que lo hará, “con total independencia y honestidad”.

El sometimiento de la ASF al Poder Ejecutivo se hizo evidente desde febrero de 2022, con motivo de la entrega de la cuenta pública 2020.

David Colmenares, en entrevista con el prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, afirma que en la refinería Dos Bocas y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “identificamos irregularidades del 0.2% y 0.01%, respectivamente”.

Ningún auditor Superior de la Federación había identificado obras “cuasi perfectas” en la Administración Pública Federal, desde el año 2000, que fue cuando se creó esta instancia revisora y de fiscalización del gasto federal.

Hace ya 27 años se abrogó la Contaduría Mayor de Hacienda y se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que creó la Auditoría Superior de la Federación.

Con López Obrador se dio algo inédito, que un Presidente de la República rechazara el informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en la Cuenta Pública 2019, cuando inicialmente informó el titular de la ASF que el costo de cancelación del aeropuerto “Texcoco” era de 331 mil millones de pesos; después del reclamo presidencial, reculó y dijo que había un “error”.

El “manotazo” de AMLO logró amedrentar al auditor Superior de la Federación, quien desde ese momento se encontraba literalmente sometido y condenado a los designios presidenciales y de la 4T.

A partir de 2020, los informes de la ASF perdieron credibilidad. Por ello, ya nadie cuestionó la opacidad de los gastos en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería Dos Bocas, en el Tren Maya, el Insabi, el Banco Bienestar, la CFE, y en programas sociales de la 4T, entre otros.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 79, que la ASF tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Entre las facultades constitucionales y legales de la Auditoría Superior de la Federación se destaca su responsabilidad de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales en años específicos y cuando ya fueron ejercidos.

Asimismo, “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales”.

Gran responsabilidad e importante misión le confiere la Constitución Política a la ASF. Sin embargo, por lo antes comentado, queda claro que la ASF está vulnerada y alineada.

Al parecer, con la llegada del nuevo auditor, Aureliano Hernández, este importante organismo constitucional seguirá alineado y sometido al Poder Ejecutivo.

La ASF ha sido, y debe seguir siendo, una institución que representa un contrapeso y una indispensable instancia revisora, cuyo mando regulado por el Poder Legislativo (no alineado) es parte de nuestro entramado institucional, en cuya labor descansa un principio democrático de nuestra organización política, la división de Poderes y la vigilancia del gasto público en todos los niveles y órdenes de la Administración Pública.

Lo que está ocurriendo con la ASF es lamentable. El organismo revisor del gasto público debe ser fortalecido para recuperar su credibilidad y trabajar de forma más eficiente y transparente.

Debe reafirmar su “autonomía” como uno de los más valiosos baluartes de la organización política y democrática que hemos construido los mexicanos a lo largo de décadas. Desde que se creó la ASF -en el año 2000 hasta el 2019-, sus informes eran creíbles, respetados y hasta temidos, lo cual daba un sentido de cuidado y responsabilidad en el ejercicio de los recursos de la nación.

A los titulares de ese organismo se les permitía independencia y autonomía en su gestión. Ojalá no tengamos que esperar hasta 2034 para que llegue un auditor Superior que -sin temor a ser relevado- cumpla con dignidad y eficacia su papel, además de salvaguardar la esencia y misión institucional de la Auditoría Superior de la Federación.

 

***Maestro Lic. y C.P. académico.

PULPO POLÍTICO

Docena trágica

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La historia se repite: El periodo 2018-2030 recuerda al de 1970-1982 * El poder de AMLO no concluyó en 2024 con funestos resultados, pues todo indica que se prolongará hasta 2030 * Al paso que vamos, en cuatro años tendremos uno de los peores escenarios del México contemporáneo: Economía en picada, retrocesos gravísimos en salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, democracia, así como en combate a la corrupción e impunidad

 

MARKOFLOS

 

El término “Docena Trágica” lo acuñó el vox populi, en referencia al resultado de la gestión de dos sexenios continuos: El de Luis Echeverría Álvarez (1970-76) y el de José López Portillo (1976-82), cuyo común denominador fue una política estatista y populista, con consecuencias económicas para México desastrosas en los siguientes años como lo fueron: las más altas tasas de inflación, devaluación del peso hasta de un 500%, la creación de decenas de empresas estatales improductivas, la nacionalización de la banca y la quiebra de las finanzas públicas.

La “Docena Trágica” surgió en analogía a la Decena Trágica. Un golpe de Estado militar que se llevó a cabo del 9 al 19 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, con el fin de derrocar al presidente constitucional Francisco I. Madero.

Ahora, 44 años después, nos invade un “Deja -vu”, parece que reviviéramos la crónica de una “Docena Trágica” anunciada en los sexenios 2018-24 y 2024-30, formalmente con dos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, pero de facto, parece que el poder de AMLO no concluyó en 2024 con funestos resultados, pues todo indica que se prolongará hasta 2030.

Esto se podría resumir en la intervención que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas tuvo en el Senado de la República en días recientes.

El senador de Movimiento Ciudadano cuestionó los resultados de Morena tras ocho años en el poder. Dio cuenta del gran poder que tiene Morena: la Presidencia de la República, 23 gubernaturas, la mayoría en dos Cámaras, dos años con una mayoría calificada -artificial, sí, pero con la posibilidad de reescribir la Constitución Política a su antojo- y la mayoría en los Congresos locales. Recordó que se apropiaron del Poder Judicial.

Y todo sin la vigilancia y contrapesos de los órganos autónomos que también se encargaron de demoler. Ocho años en el poder.

Y Luis Donaldo Colosio destacó los siguientes cuestionamientos: ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más para que puedan surtir recetas médicas completas? ¿Cuántos años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?

Y ya encarrerado, sentencia el legislador: “La corrupción que juraron enterrar sigue viva y todos sabemos dónde está.

“El derroche sigue, únicamente cambió de manos. La violencia sigue, los desaparecidos siguen, la pobreza sigue, la impunidad sigue; México ha caído del lugar 51 a 62 en competitividad. Nuestro desempeño académico en matemáticas, en ciencia, en lectura, ha sufrido un retroceso; Pasamos de 10 a 20 billones de pesos de deuda. Y en términos de nuevas inversiones, en términos reales, sufrimos una caída del 50% del 2018 al 2025”.

En relación con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el senador Colosio puntualiza: “Su llegada fue histórica y con ella mi hija María Emilia, junto con millones de niñas, tienen en usted un referente, un ejemplo de que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Se convirtió en un símbolo.

“Usted, Presidenta, tiene en sus manos la oportunidad de marcar un antes y un después. Sin embargo, hasta ahora ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas y poner la lealtad a su partido por encima de la justicia. Ha elegido darle más valor a la protección de un movimiento político, hoy ampliamente cuestionado, que a los intereses de la República”.

Denuncia el senador emecista que una Fiscalía ciega y lentísima para atender las denuncias de las y los ciudadanos, recupera de pronto la prisa y la vista cuando se trata de perseguir a un adversario o de proteger a un aliado.

Califica como “imperdonable” que mientras se condena la conquista de hace cinco siglos, se le recorte año tras año a los pueblos originarios el presupuesto en agua, en vivienda y en salud.

Imperdonable también que mientras Sinaloa vive una crisis de inseguridad y de violencia, desde el poder protejan a Rubén Rocha Moya y a toda su camarilla, miembros de su partido, en lugar de exigirles rendir cuentas.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue lapidario al sentenciar: “Este gobierno necesita dejar de simular, dejar de poner a la soberanía como pretexto para dar pie a la impunidad, dejar de gastar en obsesiones y en necedades y comenzar a invertir en lo que sí salva vidas: hospitales con medicinas, escuelas dignas, agua que llegue, calles seguras, programas sociales que sirvan como escaleras y no como cadenas, como motores de desarrollo que levanten a la gente y no como listas para comprar voluntades cada tres años. La dignidad se conquista con oportunidades”.

Su mensaje se centró en la falta de soluciones, a pesar de contar con más poder que casi cualquier gobierno contemporáneo en México.

En la pieza oratoria del senador Luis Donaldo Colosio se expresa con claridad y valentía el estatus actual del país, destacando su afirmación de que “hasta ahora la Primera Presidenta ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas… esto por encima de los intereses de la República”.

Tiene razón Colosio Riojas, porque el segundo piso de la Cuarta Trasformación se ha convertido en la prolongación del peor sexenio en la era contemporánea de México.

Y no es una opinión personal, los datos duros hablan por sí solos: el más bajo crecimiento económico en 40 años, los peores retrocesos en salud, educación e infraestructura, así como la demolición de nuestro régimen democrático constitucional con la captura de los Poderes de la Unión y de los organismos Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un plan iniciado e ideado por López Obrador, pero continuado al pie de la letra por su sucesora, todo en medio de una burda corrupción e impunidad sin precedentes.

Si bien el sexenio de Enrique Peña Nieto fue satanizado por la corrupción de varios gobernadores, hay que recordar que el mismo EPN puso en la cárcel a seis de esos gobernadores.

Todo lo contrario con el gobierno de la Cuarta Transformación, que no investiga ni aplica la ley a algún correligionario por más corrupto o criminal que se presuma.

Por todo lo anterior, advertimos al inicio de este escrito que estamos ante una nueva versión de la “Docena Trágica”.

Al paso que vamos, en 2030 tendremos uno de los peores escenarios del México contemporáneo: Economía en picada, retrocesos gravísimos en salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, democracia, así como en combate a la corrupción e impunidad.

Quizá la diferencia entre la docena trágica 1970-82 y la que se está configurando, periodo 2018-30, sea que en la primera el país quedó severamente dañado en su economía, pero con mucha mayor infraestructura: presas, proyectos de exploración de petróleo en marcha, redes eléctricas y de telecomunicaciones, cientos de hospitales, decenas más de universidades estatales y regionales de muy buen nivel, cientos más de escuelas de educación básica, media y superior, organismos y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en todo el país, así como centros de difusión de la cultura y el deporte.

Sin embargo, en la nueva docena trágica -la del maximato de AMLO- sólo se avizoran las obras faraónicas, ineficientes, improductivas y costosísimas que el expresidente Andrés Manuel dejó.

Nadie pretende ser agorero de males para nuestro querido México, el daño está hecho, el mal de males inició en 2018 y nadie lo para.

Ante los hechos, todo indica que se acentuará y perdurará hasta 2030, por lo menos.

Los últimos acontecimientos políticos confirman que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prefiere dar continuidad a la “herencia maldita” de su antecesor; no sabemos si por elección, convicción personal o porque simplemente no tiene margen de maniobra para deslindarse de la “sombra del caudillo” e iniciar una auténtica transformación y dejar atrás la simulación y la demagogia, también heredadas.

Retomar el camino de la prosperidad, la justicia, la democracia, el crecimiento económico y diferentes y mejores políticas públicas en todos los órdenes del desarrollo y del bienestar.

Estamos a tiempo. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo sigue teniendo la aceptación de millones de mexicanos, cuya esperanza está latente y optimista.

Es hora de consolidar el poder. Por el bien de México, “La Patria es primero”.

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PULPO POLÍTICO

INEvitable violación a ley electoral

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Las consecuencias de no ponerle un alto a Morena desde un principio con sus llamados coordinadores de la defensa y las famosas “asambleas informativas” * Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o ignorante de lo que está pasando * El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran “capturados” por el partido gobernante

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En 2022 y 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su andanada contra el Instituto Nacional electoral (INE), cientos de miles de mexicanos salieron a las calles a defender esa Institución, con entusiasmo y vehemencia.

El 13 de noviembre de 2022 fue la primera gran marcha que se realizó en la Ciudad de México -desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución- y se replicó en más de 50 ciudades del país.

Los asistentes protestaron contra la iniciativa de reforma constitucional que buscaba modificar la estructura del órgano electoral.

El 26 de febrero de 2023 fue la segunda concentración masiva que llenó el Zócalo capitalino y otras plazas del país bajo el lema “El INE no se toca”.

Las principales demandas fueron defender la autonomía, independencia y el presupuesto del INE, argumento que las reformas del gobierno buscaban debilitar al árbitro electoral y afectar la democracia.

Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o ignorante de lo que está pasando. El INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran capturados por el partido gobernante.

Desde que llegó Guadalupe Taddei Zavala a presidir el INE, en abril de 2023, y se dieron relevos de consejeros afines al oficialismo, la misión democrática del pilar electoral de nuestra democracia dio muestras de sometimiento hacia el poder.

En la campaña presidencial y de gubernaturas de 2024, ambos organismos mostraron ausencia y tolerancia en violaciones a las leyes electorales.

Se ignoraron las demandas de los partidos de oposición por campañas anticipadas, comenzando por la presidencial, así como las públicas y abiertas denuncias de la intervención del crimen organizado en campañas como las de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, entre las más evidentes.

El TEPJF avaló la tramposa mayoría calificada del Poder Legislativo para Morena que le permite modificar la Constitución Política a su antojo.

En 2027 tendremos elecciones nacionales intermedias para renovar el Poder Legislativo, 17 gubernaturas y cientos de cargos de elección popular locales.

Ante este importante proceso electoral, todo parece indicar que el árbitro se encuentra ausente y que se está normalizando la violación a la ley electoral.

Prueba de ello son las campañas anticipadas que ha iniciado Morena y que ahora estan siendo secundadas por los partidos de oposición ante la apatía del INE y del TEPJF.

Al respecto, el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y la expresidenta del TEPJF, Janine Otálora, expresaron su preocupación por el riesgo de las campañas anticipadas y la permisividad de las autoridades electorales. Lorenzo Córdova lamenta que el INE y el TEPJF no apliquen la ley para evitar las campañas anticipadas a través de las llamadas Coordinaciones para la Defensa de la Transformación que impulsa Morena y que han comenzado a replicar los Partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

Janine Otálora denuncia que -con la elección de coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional- el TEPJF valida procesos electorales adelantados mediante “equivalentes funcionales” y un fraude y flagrante violación a la ley, generando una realidad jurídica paralela, desinformación y desconfianza ciudadana.

Explica que -al convalidar estos procesos internos en Morena- el TEPJF comete un fraude a la ley, figura que se configura cuando se contraviene una norma, no de manera directa, sino eludiendo su aplicación o su correcta aplicación o su interpretación.

Si a lo anterior agregamos las recientes reformas, como la facultad de anular elecciones por “intervencionismo extranjero”, la creación de la Comisión para “detectar” e impedir candidaturas con antecedentes o nexos con la delincuencia y, la más reciente ocurrencia, de pretender impedir candidaturas con doble nacionalidad -digan lo que digan, lleva dedicatorias personales-, el panorama que se dibuja no es nada halagador para la oposición, la ciudadanía y el futuro democrático de México.

El que está feliz es AMLO, propiciar un retroceso para nuestro régimen democrático constitucional se está consolidando en el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Después que en los últimos 30 años se había construido un sistema político electoral plural y democrático, hoy parece que retrocediéramos al año 1988 y los 70s, cuando el partido hegemónico no permitía la participación de las minorías. Durante décadas, las reformas electorales respondieron a una exigencia básica: Abrir espacios para todas las voces. A pesar de sus limitaciones, los cambios permitieron que oposiciones ganaran espacios, consolidando un sistema multipartidista y permitiendo alternancias en el poder. Eso es un logro que se le debe reconocer a los gobiernos anteriores, porque con la Cuarta Transformación llegó la destrucción del país, en donde no se escucha a la oposición y con su mayoría calificada hacen y deshacen con la Constitución Política.

La más reciente iniciativa de reforma electoral que planteó el gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo, que pretendía la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, no logró concretarse porque afectaba a los principales aliados de Morena, los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT).

Otro ejemplo del afán por neutralizar el pluralismo político es la negación del INE para reconocer el nombre del nuevo partido “Somos México”, así como los colores que desde su fundación tuvo, así como los repentinos cambios a las reglas para la creación de nuevas fuerzas políticas, la integración de coaliciones y la fusión de partidos a nivel nacional y local.

El INE es el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpias y confiables. Se trata de una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales.

Es de resaltar que el último reducto democrático y de contrapeso que tenemos los mexicanos son el INE y el TEPJF… y lamentablemente parecen desmoronarse.

Se pone en tela de juicio la transparencia, imparcialidad y credibilidad de nuestros procesos electorales, así como la participación ciudadana.

En las elecciones de los últimos 20 años, han participado en ellas millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales, en la integración de funcionarios de casillas, en el recuento de votos, en las representaciones partidistas, en la garantía de un voto libre y secreto.

México necesita reformas electorales que fortalezcan la democracia, no que limiten su pluralidad, que no debiliten las instituciones y que no atenten contra la representatividad.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, para fortalecerse, requiere una oposición fuerte. Ya lo decía don Jesús, “lo que resiste apoya”.

 

***Académico y Consultor.

Egresado del IPN.

 

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El golpe a-visa

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Manotazo de autoridad de la Presidenta * El huachicol fiscal, el show de un solo día de Rubén Rocha Moya y la carta “mandona” de Andy López Beltran convergen en un mismo camino * “Si las fiscalías no encuentran pruebas, deberán proceder al cierre de los casos”, afirma Sheinbaum Pardo

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El inesperado regreso de Rubén Rocha Moya, el viernes 21 de agosto pasado, a la gubernatura de Sinaloa y la inmediata salida al otro día, el sábado 22, nos deja sorprendidos a todos: morenistas y no morenistas. Una primera interpretación de estos hechos es que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría dado el primer “golpe de timón” de su mandato… como dijeran en La Merced: “El golpe a-visa”.

Se infiere que Rocha Moya sólo recibió aprobación -si no es que instrucción- del expresidente Andrés Manuel López Obrador para retomar la gubernatura sin consultar -cuando menos avisarle- a la Primera Mandataria.

Un dato a resaltar es que por primera vez Sheinbaum Pardo mostró desacuerdo con una decisión desde Palenque. Esta decisión sería una auténtica señal que demuestra que la autoridad presidencial sí está en Palacio Nacional y no en la quinta La Chingada.

Resulta extraño que López Obrador no haya “medido los camotes” con el regreso de Rocha Moya al gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación. O quizá así fue su plan: Mandar al matadero a su “hermano” Rubén Rocha como un reto a Estados Unidos para ver su reacción, luego de la cancelación de la visa de su junior, el conocido “Andy”, y es que Andrés Manuel lo tomó como una agresión personal, que le provocó un enorme coraje y enojo, que se reflejó en la carta que elaboró para que la firmara Andy y la enviara como respuesta al mismísimo presidente de EU, Donald Trump.

 

LA HISTORIA

El pasado 28 de abril, el Departamento de Justicia de EU exigió a México la entrega de Rocha Moya y otras nueve personas, a quienes acusó de encabezar una red de narcogobierno en Sinaloa. En respuesta, la titular del Poder Ejecutivo exigió pruebas y el gobernador sinaloense se separó del cargo el 1 de mayo.

Después de 112 días de licencia, el viernes 21 de agosto, sin avisarle a la Presidenta Sheinbaum Pardo ni a la dirigencia nacional de Morena, Rocha regresó a sus funciones. Más rápida que furiosa, la reacción guinda no se hizo esperar.

El Poder Legislativo, en voz de Ricardo Monreal, y todo el aparato oficial, incluidos los gobernadores, mostraron su inconformidad por el costo político que esto implicaba. Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en X, en el que señaló que ningún interés personal debe estar por encima de los intereses del pueblo y de México.

“El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso”. Ante el manotazo de autoridad, un día después, Rocha Moya solicitó una licencia indefinida como gobernador de Sinaloa, a través de un documento dirigido al presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa.

El caso Rocha Moya, la cancelación de la visa de Andy y el tema del “huachicol fiscal” estarían configurando un “show” digno de observarse. Habrá que retomar el consejo de Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU y apodado “El Quitavisas”, quien publicó en redes sociales el mensaje “¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas, amarás la siguiente parte”.

Andy López Beltrán calificó la medida como un ataque político. Lo dicho por Landau y los acontecimientos sobre la situación del exgobernador Rocha Moya y sus secuaces, ha provocado la especulación pública sobre posibles nuevas acciones de Estados Unidos contra otros políticos mexicanos. Además, en torno al caso Rocha Moya, esa misma semana, el jueves 20 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Fausto Corrales Rodríguez, considerado testigo clave en el caso del secuestro de Ismael Zambada García, “El Mayo”, ya que él fue quien acompañó, como su chofer, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa,en la que el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se reunió con el exgobernador Rocha Moya, según testimonio del propio Mayo Zambada -reunión en la que el exrector fue asesinado-, quien fue secuestrado y posteriormente entregado a EU.

La FGR señala que el testigo Corrales Rodríguez incurrió en contradicciones y ocultó información verídica para engañar a la autoridad, entorpecer la investigación y está acusado de encubrimiento.

El mismo jueves 20 de agosto, el vicealmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina con AMLO, fue trasladado a México desde Argentina. La FGR aclara que Fernando Farías no fue extraditado, sino expulsado de Argentina por falsificar su pasaporte.

Las autoridades buscan procesar a Farías Laguna por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias, lavado de dinero; operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

 

REACCIONES

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia en la que acusa a Andy de ser la “cabeza” del huachicol fiscal en México.

“Hay un testigo protegido detenido por huachicol fiscal que dice que cuando tenían que pasar huachicol solamente tenían que decirle al secretario de la Marina ‘es de parte de Andy’”, declaró Jorge Triana, vocero panista.

Omar García Harfuch, reconocido por el gobierno de EU como aliado eficiente en el combate a la delincuencia organizada, es quien inició la investigación del “huachicol fiscal”. ¿Será que atrás del golpe de timón que dio la Presidenta Sheinbaum, en el caso Rubén Rocha, se encuentra en ciernes una velada batalla entre Palacio Nacional versus Palenque? Por un lado, Claudia Sheinbaum-Omar García Harfuch, y por el otro, AMLO, Andy, Adán Augusto y radicales de Morena, como se ha publicado en diversos medios y redes, o será acaso que sólo se trata de especulaciones de los enemigos que quieren dañar al movimiento transformador.

Como dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU: “rellenemos nuestras palomitas y esperemos el siguiente acto del show”.

 

SHEINBAUM CONTRA ROCHA MOYA

Sheinbaum, en su Mañanera del Pueblo del lunes 24 de agosto, confirma que la FGR mantiene investigaciones sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las 10 personas mencionadas por autoridades de Estados Unidos. Reitera que será esa institución la que determine si existe algún elemento específico relacionado con el sinaloense.

Asevera que mientras una persona está bajo investigación, considera conveniente que permanezca separada de un cargo público.

“Todos saben que la Fiscalía tiene investigaciones contra las diez personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones”, añade.

La Primera Mandataria le manda mensaje a Rocha Moya: “Si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo”. Sheinbaum Pardo no afirmó que exista una acusación penal contra Rocha Moya ni que las investigaciones hayan determinado alguna responsabilidad.

Reitera que cuando EU solicita una acción de este tipo, debe presentar pruebas que sustenten la detención.

“¿Qué dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Preséntame prueba”, añade.

Sobre el caso Fausto Corrales Rodríguez, detenido y señalado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico,

sostiene que la existencia de una investigación corresponde a las fiscalías y que son ellas las que deben determinar si existen elementos para continuar con los procedimientos.

Sobre el caso Rubén Rocha, expresa: “Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial que está investigando la Fiscalía”.

Explica la Primera Mandataria que “si las fiscalías no encuentran pruebas, deberán proceder al cierre de los casos; mientras que, si encuentran elementos, tendrán que continuar con las investigaciones”.

Insiste que la autonomía de las fiscalías no significa ausencia de coordinación con el gobierno federal. “La autonomía no significa que no haya coordinación, tiene que haber coordinación particularmente pues para disminuir la violencia en el país”, agrega.

La Presidenta reitera que no tuvo conocimiento previo de la intención de Rocha Moya de regresar a la gubernatura, que se enteró mediante una publicación del propio mandatario, y también negó hablar él para pedirle que volviera a solicitar licencia. “No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él”, expresa.

También Sheinbaum Pardo califica como “política ficción” la versión de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría pedido a Rocha Moya regresar a la gubernatura. “Lo único que sé es que el exmandatario está por concluir un segundo libro, cuya publicación prepara”, comenta.

También enfatiza que el Congreso y el Poder Judicial de Sinaloa se encuentran en funciones, por lo que no existe una situación que amerite la desaparición de poderes.

El gobierno federal mantiene presencia de seguridad en la entidad e informó que hay alrededor de 15 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de mil 500 integrantes de la Secretaría de Marina, principalmente en Mazatlán.

La Primera Presidenta afirma de manera categórica que la Federación continuará atenta a la situación de seguridad de Sinaloa, donde el incremento de homicidios se ha mantenido en el contexto de la disputa interna de un grupo delictivo que, según explicó, comenzó después del traslado de un narcotraficante a Estados Unidos.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

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