Mientras los contribuyentes cumplen con su pago de la Tenencia o refrendo vehicular, las vialidades del Estado de México están destrozadas e intransitables * Diversos han sido los argumentos de la administración estatal sobre su abandono, una de ellas es que las empresas privadas responsables del mantenimiento no han cumplido con sus compromisos
ALFREDO IBÁÑEZ
El Gobierno del Estado de México, que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, presiona a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones en materia de impuestos.
De manera permanente lanza campañas para recordarles que cubran los importes correspondientes; sin embargo, como gobierno evade su responsabilidad: Cobra, pero no aplica el dinero.
Un ejemplo de la doble regla con la que opera la administración estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es la tenencia o refrendo vehicular.
Quienes por alguna razón no pudieron realizar el pago, viven un verdadero viacrucis, debido a que de inmediato son impedidos para verificar su unidad.
Ante esa doble sanción son presa fácil de los policías municipales, de los diferentes colores partidistas, quienes todos los días están a la caza de sus presas, a los cuales no los invitan a ponerse al corriente, sino que los amenazan con llevarlos al corralón para finalmente extorsionarlos.
Como puede advertirse no hay escapatoria… y los impuestos se pagan. Todo está estructurado para exprimir el bolsillo de los automovilistas, para que paguen multas y recargos, que se traducen en importante cantidad de dinero que se supone va a parar a las arcas públicas del estado, pero que inexplicablemente no se aplican.
Es sorprendente y sospechoso que los cientos de millones de pesos que se recaudan por esos conceptos no se reflejan en mejores servicios públicos, como es el buen estado de las carreteras.
Las vialidades del Estado de México están destrozadas e intransitables. En tanto los contribuyentes cubren su responsabilidad fiscal, la gestión de la gobernadora Delfina Gómez no cumple con la parte que le corresponde.
La titular del Poder Ejecutivo estatal no puede argumentar que el abandono de las arterías de comunicación sea por falta de dinero, toda vez que la recaudación de impuestos es millonaria, además que la entidad es la que más número de vehículos tiene registrados.
A principios de este año el total de unidades ascendía a 9.4 millones, entre automóviles y motocicletas.
Conocida esta cifra, es importante destacar el millonario monto obtenido, pues el costo por el refrendo vehicular es de 917 pesos y 677 para motocicletas.
Como puede advertirse dinero hay, los contribuyentes pagan sus impuestos como para que las carreteras del Estado de México estén en mejores condiciones.
Diversos han sido los argumentos de la administración estatal sobre su abandono, una de ellas es que las empresas privadas responsables del mantenimiento no han cumplido con sus compromisos.
Incluso dio a conocer que se han aplicado multas del orden de los 43 millones de pesos. Pero todo ha quedado en declaraciones, no hay castigos enérgicos y menos la reparación de las carreteras.
El Gobierno del Estado de México no puede lavarse las manos ante la seria problemática que enfrentan millones de automovilistas.
Esa actitud de culpar a las empresas privadas del mal estado de las arterías de comunicación no es convincente, porque finalmente es el responsable del patrimonio estatal.
El desperfecto de las vialidades genera grandes pérdidas económicas y además pone en riesgo la seguridad de los conductores. Los daños que todos los días sufren los automotores son millonarios.
Recientemente el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local dio a conocer que los perjuicios por baches van desde los 2 mil pesos hasta los 40 mil, dependiendo del tipo de vehículo y del deterioro sufrido.
¿Quién absorbe esos gastos?, como siempre, los propios afectados. Hoy más que nunca cobra relevancia la propuesta que ese partido presentó en su momento, encaminada a que la administración estatal pague una indemnización a los ciudadanos que sufran afectaciones por consecuencia de los baches.
Si el gobierno estatal tolera o encubre a las empresas privadas encargadas del mantenimiento carretero y que no han cumplido con su responsabilidad, entonces que pague por los daños causados.
Es evidente que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez no ha traído avances ni mejoras para la entidad, no obstante que es uno de los estados más ricos del país.
En menos de dos años que lleva gobernando el partido guinda, asoma con fuerza el deterioro.
Cómo es posible que un estado que recauda al año más de 50 mil millones de pesos en impuestos y que ejerce un presupuesto anual de 388 mil millones de pesos, se encamine al atraso.
No hay obras importantes en la presente gestión, a ese paso es imposible siquiera imaginar la construcción de hospitales de tercer nivel, como los que pusieron en marcha los gobiernos del PRI.
Hoy lo recurrente son las inundaciones, drenaje colapsado, el desbordamiento de las aguas negras que se esparcen lo mismo por las calles que por las casas de los pobladores, las carreteras destrozadas, obras inconclusas, la inseguridad, las extorsiones, el huachicoleo de hidrocarburos y de agua, las invasiones, en fin, una larga lista de calamidades.
El abandono de las carreteras es lo más evidente, le sigue el sector salud, en el que los trabajadores una y otra vez denuncian la falta de medicamentos… al paso que va, pronto será el educativo y otros más.
REGAÑO PRESIDENCIAL
La lentitud en la implementación del Bachetón -el programa federal para responder a una de las demandas más sentidas de la población- en territorio mexiquense detonó el regaño presidencial.
Los alcaldes señalaron al presidente de la Junta estatal de Caminos, el ex diputado izcallense Ariel Juárez, como el principal obstáculo, pero la gobernadora le ha dado su respaldo incondicional.
La llamada de atención ocurrió en el marco de las mesas para la paz, el mecanismo interinstitucional coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Y allí se han analizado a detalle los indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.
Para el Estado de México, la información es contundente: en Toluca, Ecatepec y Mexicaltzingo, más del 88% de los ciudadanos encuestados identifican los baches como uno de los principales problemas urbanos.
La infraestructura vial, ya precaria desde administraciones anteriores, parece haberse agravado en los últimos meses, generando molestias, accidentes y un deterioro generalizado del entorno urbano.
La Junta de Caminos del Estado de México administra un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales mediante esquemas de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).
Pese a ello, los resultados son prácticamente nulos. No hay evidencia de mejoras sustantivas, ni en el mantenimiento de caminos ni en la coordinación intermunicipal para atender la red vial secundaria.
Ante la inacción de la Junta de Caminos, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría instruido a la maestra Delfina Gómez a replantear el modelo de gestión: Ahora los municipios, especialmente los del oriente mexiquense, podrán recibir fondos federales de manera directa para atender las vialidades y el alumbrado. Hace más de un mes, la misma Presidenta anunció que el gobierno federal entregara a los municipios maquinaria para realizar esos trabajos.
Esto representa no sólo un cambio de estrategia operativa, sino una desautorización tácita de la Junta y de la propia gobernadora. Este rediseño podría derivar en una pugna de competencias y presupuestos dentro del aparato estatal. Algunos alcaldes, sin embargo, ven con buenos ojos esta nueva posibilidad de manejo directo de recursos, sobre todo ante la lentitud de las instancias estatales.
La ENSU también subraya otro aspecto crítico: el alumbrado público deficiente. En municipios como Almoloya de Juárez, Ecatepec y nuevamente Mexicaltzingo, la percepción de inseguridad crece al ritmo que disminuye la iluminación en calles y avenidas.
La falta de coordinación entre municipios y el gobierno estatal ha provocado zonas completamente a oscuras, donde la delincuencia encuentra terreno fértil.
Aquí también, la Junta de Caminos ha fallado. Aunque su mandato incluye la supervisión de estas áreas, su intervención ha sido, en el mejor de los casos, marginal.
