Gracias a su estrategia de la ambiciosa afiliación masiva * Miguel Ángel Yunes Márquez “avivó” el fuego tras su afiliación al partido del poder * Rocío Nahle hace público su descontento por estar acusado de lavado de dinero * Mayo Zambada podría colapsar la relación México-EU

ALFREDO IBÁÑEZ

Miguel Ángel Yunes Márquez, está en el ojo del huracán, es despreciado lo mismo por políticos del Partido Acción Nacional (PAN), su antiguo partido, que por los de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El rechazo hacia él se avivó tras afiliarse al partido que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enemiga de la familia Yunes, quien hizo público su descontento.

La mandataria solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no acreditar la afiliación del senador Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del Movimiento Regeneración Nacional.

Además, se comprometió a sustentar el motivo de su inconformidad y adelantó que en breve mostrará las pruebas correspondientes sobre la “carpeta azul”, (expediente que presuntamente advierte de manera detallada el desvío de recursos públicos), en donde destaca el lavado de dinero y otros delitos.

La ambición de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde y por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, de afiliar a 10 millones de personas, ha llevado a ese partido a abrir la puerta a los políticos más despreciables del país.

Los mismos que deberían ser investigados por la serie de presuntos delitos que pesan sobre ellos; sin embargo, son recibidos como los grandes próceres de la política y una vez en el partido guinda son purificados.

Sobre Miguel Ángel Yunes Márquez, al igual que su padre Miguel Ángel Yunes Linares, pesan una serie de acusaciones; el primero de ellos es señalado de enriquecimiento ilícito, uso de documentación falsa y lavado de dinero.

Del segundo, se puede advertir una serie de corruptelas, e incluso presuntos nexos con el narcotráfico.

De acuerdo con la revista Proceso, en su calidad de secretario de gobierno, durante la gestión del priísta Patricio Chirinos, habría dado protección al narcotraficante Jesús Albino Quintero Meraz a cambio de 15 millones de dólares.

Los Yunes, por décadas han ejercido férreo cacicazgo en Veracruz, lo mismo desde las filas del PRI  que de las del PAN y ahora pretenden continuar desde Morena.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN Y LUISA MARÍA ALCALDE, CEGADOS

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario López Obrador, junto con Luisa María Alcalde, dirigentes de ese partido, equivocan el camino, su ambición política y económica los ciega.

Por años el gobierno del expresidente AMLO combatió a los Yunes, y ahora -pese a que arrastran una serie de acusaciones e investigaciones penales e incluso órdenes de aprehensión por delitos como lavado de dinero, quebranto del erario público, fraude y posibles nexos con el narcotráfico- son protegidos por Morena.

López Beltrán es el artífice de la afiliación masiva, gradualmente ha sumado a políticos del PAN y del PRI de dudosa calidad moral; ahí está el caso de Alejandro Murat.

Sus determinaciones no son bien vistas al interior de ese partido. La misma Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, no quiso involucrarse y le cedió la responsabilidad a su partido.

En el afán de dar la sensación de pulcritud de sus actos, la dirigencia de Morena turnó el caso a las instancias partidistas para ver si queda firme o no la afiliación del panista.

Habrá que ver quién al interior de ese partido se atreve a contradecir a López Beltrán, a no ser que la orden provenga de Tabasco.

CEDE GOBIERNO DE MÉXICO ANTE LA PRESIÓN DE EU: INICIA COMBATE CONTRA EL NARCOTRÁFICO

A escasos días de que venza el plazo impuesto por Estados Unidos a México respecto a la imposición de aranceles del 25 por ciento en diversos productos, si no combate el narcotráfico y la migración, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha visto obligado a ejecutar diversas detenciones de líderes narcotraficantes, así como decomiso de drogas.

En esa lucha emprendida contra el crimen organizado destaca además el desmantelamiento de laboratorios en Sinaloa, donde se producía fentanilo… hechos que fueron negados sistemáticamente por la anterior gestión.

Hasta ahora los grupos que más bajas han sufrido son los Chapitos y la Mayiza. El primero de ellos es asediado por las fuerzas federales y se presume que el principal objetivo es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El tiempo corre y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quiere resultados.

El inquilino de la Casa Blanca no se anda con rodeos y ya calificó como terroristas a seis grupos de narcos mexicanos, además de reconocer también la intromisión de drones espía en territorio nacional.

Aunado a ello su asesor, el magnate Elon Musk, aseguró que los cárteles mexicanos ya podrían ser un objetivo de los drones.

La amenaza de Estados Unidos -de invadir a México- está latente.

En breve se sabrá si -además de la detención de líderes narcotraficantes, que lleva a cabo el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo- hace lo mismo con políticos involucrados con el narco.

Rubén Rocha Moya, así como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, podrían ser el objetivo, es decir, a quienes ofrezca para bajar la presión. El tiempo se acorta.

AMENAZA EL MAYO ZAMBADA: REPATRIACIÓN O COLAPSO

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación; advirtió que, de no hacerlo, la relación entre ambos países sufrirá un “colapso”.

A través de un escrito presentado en el Consulado General de México en Nueva York, y al que tuvo acceso el periódico Reforma, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicitó asistencia consular para defender sus derechos.

El documento, compartido por Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó la petición realizada el jueves en el Consulado.

“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a Estados Unidos garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”, señala el escrito del Mayo Zambada que envió al Consulado General de México en Nueva York.

“El Mayo” argumentó que su traslado a Estados Unidos fue “irregular e ilegal”; por ello exigió al gobierno de la Presidenta Sheinbaum que intervenga para evitar que su caso siente un precedente peligroso.

Esta semana, Pam Bondi, la nueva procuradora General de Justicia de EU, firmó esta semana la orden de restablecer la pena de muerte por delitos federales, complicando de inmediato el caso “El Mayo” Zambada García.

Buenos resultados en los primeros cuatro meses de la administración de la Presidenta Sheinbaum Pardo * Para Donald Trump es insuficiente, pues alista golpe contra grupos criminales * Conmoción nacional por la tragedia de la bebé de Tultitlán

ALFREDO IBÁÑEZ

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha dado buenos resultados en los cuatro meses de administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La coordinación que ejerce con otras instituciones, en especial con la Fiscalía General de la República (FGR), ha rendido frutos.

Si vemos su trabajo desde el interior, a nivel país, y por el corto tiempo que lleva en el cargo, podríamos señalar que su desempeño es destacado, aunque falta mucho por hacer, sobre todo en materia de narcotráfico, ilícito que mantiene convulsionados a diversos municipios y estados del país y molesto al gobierno de Estados Unidos, sobre todo al mandatario estadounidense Donald Trump.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana llevó a cabo importantes decomisos de fentanilo, al menos mil 500 kilos, uno de los golpes más grandes contra el narcotráfico en los últimos tiempos.

En materia de detención de peligrosos delincuentes, estas suman 11 mil 600, además de la destrucción de 192 laboratorios clandestinos en 13 estados del país, en fin, una larga lista de aciertos derivados de la coordinación con la FGR, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras dependencias, que permiten advertir que el trabajo de García Harfuch es diferente y mucho mejor que el ejercido por el anterior gobierno.

Sin embargo, desde la óptica del exterior, en específico del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las acciones que lleva cabo México contra el narcotráfico son insuficientes.

El inquilino de la Casa Blanca no está conforme con el trato que le da la gestión de la Presidenta Sheinbaum Pardo a las organizaciones criminales.

Incluso ha señalado que hay complicidad entre el gobierno mexicano y el narcotráfico.

Todos los días hace ver que van en serio sus pretensiones de acabar con los grupos criminales que operan en nuestro país.

A manera de castigo, comenzó por imponer sanciones comerciales a los productos en general, las cuales puso en pausa.

Pero, sorpresivamente, decidió aplicar aranceles del 25 por ciento a todo el aluminio y acero que llegue a Estados Unidos, no importa de dónde provenga, lo cual incluye a México.

La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum ha fijado postura una y otra vez, y de forma terminante y categórica ha dejado en claro que no acepta ni aceptará subordinación, sino que privilegiará la coordinación entre ambos gobiernos.

También ha advertido que no permitirá ninguna clase de intervención en el país y ha conminado al mandatario Donald Trump para que inicie la lucha contra el narcotráfico en su país, por cierto, uno de los principales consumidores de drogas en el mundo.

Mientras en el discurso pareciera que México gana terreno, en los hechos las cosas son diferentes.

Recientemente el gobierno estadounidense reconoció que realizan vuelos de vigilancia en territorio nacional a fin de contrarrestar las actividades de los cárteles del narcotráfico.

El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Gregory Guillot, dijo que han incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los cárteles que impulsan la migración ilegal, principalmente a través de la tecnología ISR aerotransportada, para obtener más información sobre ellos y averiguar cómo se puede contrarrestar sus acciones.

La intervención en territorio nacional es un hecho, así como la determinación de poner freno a las organizaciones que operan en el país, las cuales crecieron bajo al amparo del gobierno anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Hace unos días The New York Times dio a conocer que el gobierno estadounidense clasificará a cinco grupos mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Como era de esperarse, entre ellas están el Cártel de Sinaloa, El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, El Cártel del Noreste y Cárteles Unidos.

En breve se conocerá si lo señalado por ese medio de comunicación se hace oficial.

De concretarse, se contempla que la administración de Donald Trump ejerza la fuerza militar contra esos grupos, además de efectuar sanciones económicas contra todos los involucrados, como pueden ser grandes empresas o países que tengan algún vínculo.

Cabe mencionar que la denominación de terroristas se deriva del decreto del mandatario estadounidense, a través del cual busca asegurar “la eliminación total” de esas organizaciones en el país y su capacidad para amenazar su territorio.

Al respecto, y de acuerdo con lo presuntamente manifestado por el secretario de Estado, Marco Rubio, al The New York Times, el objetivo central es desmantelar a los cárteles de la droga mexicanos, máxime que -según el funcionario- hay muchas partes de México en las que el gobierno no controla esas áreas.

Como se puede advertir, para el inquilino de la Casa Blanca la lucha que lleva a cabo el gobierno de México contra el narcotráfico es insuficiente.

Tampoco lo es para la población del país. La violencia en estados como Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Zacatecas, Guanajuato, entre otros, es alarmante.

La Presidenta Sheinbaum Pardo, junto con su Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, tendrá que modificar su estrategia, dejar en el olvido la herencia del gobierno anterior, el cual privilegió los “abrazos y no balazos”, para dar una sensación de paz social, porque en el pasado se desdeñó la realidad, la crisis de inseguridad y permitió la impunidad de políticos ligados al crimen organizado.

La inconformidad social asoma y la presión de Estados Unidos está más vigente que nunca.

EN EDOMEX PAREJA PLANEÓ DESHACERSE DE BEBÉ; MINISTERIO PÚBLICO DESECHA EL CASO Y DEJA LIBRE A UNO DE LOS RESPONSABLES

Gran indignación causó entre la población el caso de Lucio “N”, el joven de 18 años de edad que abandonó a su bebé en las calles del municipio de Tultitlán, Estado de México.

El responsable fue captado por cámaras de seguridad mientras transportaba a su hijo prematuro en una bolsa de plástico, que pretendió ocultar dentro de una mochila.

Dicho sujeto abandonó a la criatura en las calles de la colonia Fuentes del Valle, la cual con su llanto alertó a los vecinos, quienes pidieron ayuda y fue trasladada a una clínica del ISSSTE de la región.

El caso cobró más relevancia debido a que la madre, Diana “N”, de 22 años de edad, en un afán de evadir la justicia culpó ante el Ministerio Público al joven del abandono y argumentó que le pidió lo llevara para su atención médica.

Sin embargo, conversaciones por WhatsApp indican que ambos planearon deshacerse del bebé. Hasta ahora el joven, quien habría iniciado la relación siendo menor de edad, es mayormente castigado por la opinión pública, en tanto la madre intentó presentarse como víctima.

En el caso destaca la torpe actuación del Ministerio Público del Estado de México, pues en un primer momento Lucio “N”, convencido por su madre, se presentó ante esa instancia para hacerse responsable de sus actos.

Sin embargo, no fue atendido, por lo que acudió a la Ciudad de México, en donde finalmente se presentaron los policías mexiquenses para hacer su trabajo.

Hoy la Fiscalía de Justicia estatal estudia qué delitos le impondrá a Lucio, tales como tentativa de infanticidio, abandono de persona, omisión de cuidado e incluso conspiración y tentativa de homicidio.

Falta poco para conocer el castigo que impondrán a quienes mediante el consumo de pastillas intentaron el aborto; ante el fracaso, Diana “N” le ordenó a Lucio tirarlo después de dar a luz, o bien arrojarlo en algún canal de aguas negras.

Todo un caso por resolver, en el que no se debe olvidar el castigo contra el personal de la Fiscalía, instancia que está en el ojo del huracán, pues es señalada de tener en sus filas a secuestradores y extorsionadores.

El plazo otorgado es para que el Gobierno de México dé respuestas convincentes sobre el problema migratorio y el narcotráfico * Donald Trump está ansioso por intervenir en el país y desarticular a las organizaciones criminales que trafican, especialmente fentanilo * El dinero de los trabajadores está en riesgo por la reforma a la ley del Infonavit, es mucha la tentación para quienes han demostrado que no son buenos administradores

ALFREDO IBÁÑEZ

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganó tiempo ante su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento a México.

Sin embargo, la exigencia central, que originó esa determinación, está vigente y en menos de 30 días el gobierno de Morena deberá dar respuestas convincentes sobre el problema migratorio y el narcotráfico.

La acusación que hizo Trump es de gran magnitud, afirmó que los cárteles del narcotráfico tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos.

Asimismo, acusó a la administración de Sheinbaum Pardo de haber proporcionado “refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte” de drogas.

Estos narcóticos “han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses”, afirmó en un comunicado el Ejecutivo.

Como manifestara la Presidenta, el tema de los aranceles está en pausa, pero también es cierto que en marzo próximo tendrá que rendirle cuentas al mandatario estadounidense, quien está ansioso por intervenir en el país y desarticular a las organizaciones criminales que trafican, especialmente fentanilo.

El tiempo avanza, comenzó la cuenta regresiva y si bien pudiera continuar ese receso un lapso más, es claro que a la próxima negociación no puede llegar con las manos vacías.

A qué organización criminal tiene en la mira, a qué político de Morena, PRI, PAN o de otro partido le cerrará el paso en su trayectoria delictiva.

Por ahora la oposición, sobre todo los panistas, que se pronunciaron porque se le denomine terroristas a los grupos criminales y que militares estadounidenses persigan al crimen organizado en México, es decir, que ingresaran al país, están callados, guardan absoluto silencio.

Ya comprendieron que la exigencia de Trump va en serio y lo mismo se puede proceder contra políticos del gobierno de Morena que de otro instituto político, como los del PAN o PRI.

¿Por qué debería haber excepciones?, quienes han delinquido al amparo del poder deben ser llevados ante la justicia.

Los panistas tienen un negro pasado, no se olvide que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa floreció la relación del narcotráfico con el gobierno federal.

Ahí está el caso de Genaro García Luna, quien purga una condena de 38 años y 8 meses por sus vínculos con el narcotráfico.

Es del dominio público que no actuó solo y muchos de sus cercanos colaboradores siguen impunes.

Actualmente diversos políticos panistas son señalados de sus nexos con organizaciones criminales, del PRI ni se diga.

La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene un gran abanico de prospectos para llevar ante la justicia en medio de la presión del gobierno estadounidense; por cierto, no tiene que buscar mucho, pues dentro de Morena, su partido, hay mucha tela de dónde cortar.

Ahí está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, otro más el exfutbolista y ahora diputado federal, Cuauhtémoc Blanco.

Son casos de escándalo en los que las evidencias y señalamientos públicos proliferan.

La Primera Mandataria Sheinbaum Pardo ganó tiempo, pero cedió a la presión de Donald Trump, se vio obligada a enviar 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera a efecto de pausar la imposición de aranceles.

No se descarta que en el próximo encuentro ceda una vez más y, obligada, llegue con una carta que baje la presión que ejerce Trump.

Los señalamientos respecto a que hay una alianza entre su gobierno y el crimen organizado son contundentes, tiene que demostrar que no hay tal.

Por lo pronto, haber negado tales acusaciones no convencen ni dentro ni fuera del país.

Cómo puede creérsele si el gobernador de su partido, Rubén Rocha, personifica la impunidad política y los nexos de los políticos con los grupos criminales.

DIVERSOS SECTORES RECHAZAN LA LEY DEL INFONAVIT; PELIGRA EL DINERO DE LOS TRABAJADORES

Se encendieron los focos rojos dentro del sector de la clase trabajadora, esto debido a la intención de reformar la ley del Infonavit, que busca que ese organismo lleve a cabo la construcción de viviendas.

Para ello dispondrá de los ahorros de los trabajadores, inicialmente 350 mil millones de pesos.

Una cifra supermillonaria que hasta el momento no se ha dado a conocer cómo se transparentará su aplicación.

La inconformidad estriba además en que el responsable de ese organismo es nada más y nada menos que Octavio Romero Oropeza, ex titular de Pemex, acusado en su momento por el PAN de tener amplia red de corrupción y nepotismo en la paraestatal.

El dinero de los trabajadores está en riesgo, no hay garantía de que se apliquen con pulcritud, es mucha la tentación para quienes han demostrado no son buenos administradores.