México colabora con EU y le entrega líderes narcotraficantes * ¿En puerta también la entrega de políticos ligados al crimen organizado? * La doble moral: Senadores de Morena mandan al diablo la iniciativa presidencial contra el nepotismo
ALFREDO IBÁÑEZ
En medio de la presión que ejerce Estados Unidos contra el gobierno de México, a efecto de que combata el narcotráfico y el problema migratorio, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha visto obligada a intensificar su lucha contra el crimen organizado.
En las últimas semanas el zar de Seguridad, Omar García Harfuch, ha detenido a decenas de presuntos narcotraficantes, ha desmantelado un sinnúmero de laboratorios clandestinos donde se procesa droga, además del decomiso histórico de armas.
Cerca, muy cerca, ha estado de llevar a cabo la detención de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
CAEN COLABORADORES CERCANOS DE ARCHIVALDO GUZMÁN
Recientemente las fuerzas federales capturaron a dos de sus colaboradores más cercanos, José Ángel, alias “El Güero”, y Kevin Alonso “N”, alias “200”, jefe de seguridad, ambos integrantes del grupo delictivo “Los Chapitos”.
García Harfuch consideró que está debilitada la estructura criminal y manifestó que el objetivo central de las acciones que llevan a cabo es la detención de Iván Archivaldo Guzmán.
Pese a los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno federal en la lucha contra los grupos de narcotraficantes que operan en el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra su inconformidad.
VIGENTE LA AMENAZA DE ARANCELES
En días pasados cumplió su amenaza: entraron en vigor los aranceles a partir del 4 de marzo para diversos productos tanto de México como de Canadá.
Acciones que son parte de las represalias que ha emprendido contra los países que considera contribuyen a la introducción de fentanilo a su país.
Externó que drogas ilícitas como el fentanilo están siendo introducidas de contrabando en Estados Unidos a “niveles inaceptables” y que los impuestos a la importación obligarían a otros países a tomar medidas enérgicas contra el tráfico.
En ese marco, y en su afán de contribuir con la administración de Donald Trump, el gobierno de México llevó a cabo una acción sin precedente: La extradición de 29 capos a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales -alias ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’, respectivamente.
A través de un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que la mañana del jueves fueron trasladados a Estados Unidos 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.
Acción, señalaron, que se enmarca en las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.
¿ENTREGARÁN POLÍTICOS LIGADOS AL NARCO?
Para el gobierno estadounidense son insuficientes los esfuerzos de la administración federal, máxime que en dos ocasiones ha señalado que México está gobernado por los cárteles de la droga.
Es decir, todo indica que tiene información que le permite señalar que hay nexos entre políticos o funcionarios mexicanos y el crimen organizado.
No se descarta entonces que la siguiente entrega sea de políticos que están ligados con tales grupos delincuenciales.
Uno de ellos podría ser nada más y nada menos que el gobernador de Morena Rubén Rocha Moya, ampliamente señalado de proteger a Los Chapitos.
La lista de probables y de los diferentes partidos políticos es larga, por lo pronto Estados Unidos mantiene la presión. Es claro que su objetivo es desmantelar a los grupos de narcotraficantes de México y con ellos a sus poderosos protectores involucrados en la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal.
Donald Trump, en los pocos meses que lleva al frente de su gobierno, ha hecho lo que no pudo hacer la administración anterior encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, combatir y debilitar al crimen organizado.
SENADORES DE MORENA Y DEL PVEM SE CONFRONTAN Y MANDAN AL CARAJO LA REFORMA CONTRA EL NEPOTISMO DE SHEINBAUM
La reforma contra el nepotismo que promoviera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene confrontadas a las diversas corrientes de Morena, así como a sus aliados políticos, como es el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La intención de la titular del Poder Ejecutivo federal es que entrara en vigor en 2027, sin embargo, el ala radical morenista y los senadores del Verde Ecologista privilegiaron sus intereses de manera que será hasta el 2030 cuando se haga efectiva.
Políticos como los Monreal que ejercen añejo cacicazgo en Zacatecas son los principales opositores. Saúl Monreal pretende heredar la gubernatura a su hermano David, quien ratificó que, efectivamente, aspira a gobernar esa entidad sumida en una grave crisis de inseguridad.
Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, se muestra ecuánime ante la ambición de los morenistas y del Verde Ecologista se pronunció porque la bancada de Morena modifique la minuta del Senado y restituya que su aplicación entrará en vigor en 2027.
Finalmente, Morena no mostró congruencia y privilegió el nepotismo.
Sólo duró seis meses en la FGR * Los escándalos mediáticos en los últimos días provocaron que se rompiera el hilo por lo más delgado * Mucha presión por los casos Gilda Susana Lozoya Austin, Ken Salazar y el piloto apodado “El Jando”
ALFREDO IBÁÑEZ
Ulises Lara, el hombre que le hacía el “trabajo sucio” a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, se fue “por motivos personales”, pero más bien lo corrieron de esa dependencia donde desempeñaba dos cargos: De vocero y ser fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.
En teoría, tener dos funciones le debió redituar doble salario, es lo más normal dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo.
Pero bueno, eso es otro tema, pero retomando el caso de Ulises Lara, les comento que al interior de esa dependencia se da a conocer que el polémico “hombre de letras” -que obtuvo sus títulos de licenciatura y doctorado de manera turbia y rápida en escuelas “patito”, como es el Centro Universitario Cúspide, cuyo director sirvió como chofer a su excuñado Martí Batres Guadarrama, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)- tuvo diversos roces con los altos mandos de la FGR, lo que obligó su sorpresiva y repentina salida.
LOS CASOS QUE PROVOCAN EL CESE
Recientemente tres casos han tensado el ambiente en esa dependencia que sirve de escudo a personajes pertenecientes al crimen organizado, así como a políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de alto nivel que son señalados de tener nexos con el narcotráfico.
Uno de ellos es el referente al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien Ernestina Godoy acusa de mentir en el caso del secuestro y entrega del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, luego que se conociera que el FBI participó en el operativo.
La fiscal Godoy Ramos -presuntamente independiente, pero que en la realidad sólo obedece las instrucciones que le dictan desde Palacio Nacional-, de forma amenazante, soltó que los hechos constituyen violaciones graves al Derecho Internacional y amagó con proceder contra Salazar.
Ya entrada en detalles, y encarrerada con el tema, enarboló sus conocimientos jurídicos -que por cierto sólo aplica a los contrarios a la 4T- y dijo:
“Nos encontramos frente a una investigación muy compleja, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones; de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves.
“Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”.
En resumen, la titular de la FGR y el gobierno federal tomaron como bandera el caso del Mayo Zambada para contraatacar a la administración de Estados Unidos, el cual insiste en afirmar que el narcotráfico manda en México y ha pedido la detención de diversos políticos morenistas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Otro asunto que ha puesto en evidencia el pésimo desempeño de Ernestina Godoy es la liberación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a quien acusa de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.
Durante una audiencia que duró más de 9 horas, la FGR no pudo sostener sus acusaciones, pues cada una de las pruebas que presentó fueron desechadas, por lo que se quedó con las ganas de ponerla tras las rejas.
El tercer caso es el relacionado con la aprehensión y entrega a Estados Unidos del piloto de Los Chapitos y quien llevó al Mayo Zambada a ese país, el ya famoso Alejandro Ojeda Ávila y/o Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”.
La andanada de críticas hacia Godoy arreció en los últimos días una vez que se conoció que tuvo que transcurrir casi un año para que en esa dependencia se dieran cuenta que “El Jando”, expulsado del país en agosto de 2025, es nada más y nada menos que el hombre que trasladó a bordo de su avioneta al poderoso narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se hacen a un lado y le lanzan la “papa “caliente a Godoy Ramos, quien ante la adversidad demuestra de manera sistemática su incapacidad para estar al frente de esa dependencia.
En respuesta a la presión política y mediática, recientemente respondió con un comunicado de prensa en el que advierte que en agosto de 2025 -“El Jando”- fue entregado a Estados Unidos con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.
Añadió que -en junio de 2026- ella y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N”, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.
A manera de excusa, y para intentar suavizar su error al desconocer que “El Jando”, personaje clave en el secuestro de Ismael Zambada, fue quien lo llevo a EU, dio a conocer que su entrega no extingue las investigaciones y que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.
Ya es muy tarde para rectificar, está concentrada en defender a los políticos de Morena señalados de nexos con el narco y no se da tiempo para cumplir con sus funciones como titular de la FGR.
Tuvieron en sus manos a “El Jando” y lo entregaron a Estados Unidos, así que a otra cosa mariposa, pues ya nada pueden hacer.
En medio de la larga lista de desaciertos de Ernestina Godoy, entre los que está el caso de Rubén Rocha Moya, se anunció el despido de Ulises Lara, renuncia para decirlo de manera diplomática.
Lara es un personaje de todas las confianzas de Ernestina Godoy, quien le confirió encargos delicados como fue el rescate del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, de los agentes anticorrupción de ese estado para que ejecutaran la orden de aprehensión que tenían en su contra.
El nerviosismo asoma en esa dependencia y los casos se acumulan en el escritorio de Ernestina Godoy Ramos.
Fuerzas federales detienen al coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México * La pregunta que surge en espera de respuesta: ¿Quiénes eran los cómplices de Lino Rodríguez González? * El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso
ALFREDO IBÁÑEZ
Gran escándalo sacude a la estructura del gobierno del Estado de México que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tras ser detenido por las fuerzas federales un político prominente en la administración estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Resulta que el capturado es, nada más y nada menos, el coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del gobierno estatal, Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.
Un personaje que -dentro de sus funciones- tenía como misión el servir de enlace entre los alcaldes de esa región con funcionarios estatales de alto nivel y con la propia gobernadora, además de participar en las mesas de seguridad, cuyo fin es establecer las estrategias en coordinación con los tres niveles de gobierno para abatir la delincuencia.
La zona en la que operaba el detenido es considerada de alta peligrosidad, debido a la presencia y operación de grupos criminales que tienen sometidas a miles de familias de diversos municipios.
Tras su detención, la mandataria estatal Gómez Álvarez no se ha pronunciado al respecto, pese a la gravedad del asunto.
No es poca cosa que un político cercano a ella fuera detenido -señalado de presuntos nexos con el narcotráfico- por personal del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que preside Omar García Harfuch, y de la Fiscalía General de Justicia estatal, sin embargo, evade el tema cuando debiera pronunciarse porque se lleve a cabo una investigación rigurosa, a fondo, para conocer quién o quiénes están coludidos.
Posiblemente no le conviene que se conozcan los nombres de los cómplices de Lino Rodríguez González, y es que prácticamente es un hecho que no operaba solo y que un funcionario prominente del gabinete de la gobernadora Delfina Gómez le asignó esa responsabilidad.
Para empezar, ¿quién era su jefe inmediato?, ¿a quién le rendía cuentas?, bueno, pues se supone que al subsecretario general de Gobierno, Alejandro Viedma Velázquez, un joven con dudosa capacidad en la administración pública, pero que se ha sabido proteger con la sombra de los equipos de poder, como es el Grupo Texcoco, de ahí que ahora es parte de los funcionarios de élite de la gestión estatal.
Dentro de sus máximos logros está haber sido delegado municipal en su tierra natal, Texcoco, y sorpresivamente diputado federal.
Lo interesante es que pertenece al gremio de Horacio Duarte, su jefe inmediato, al que le da explicaciones de sus actos del cargo conferido, a quien obedece en todo, no por nada ha escalado hasta el cargo que ahora desempeña.
Del secretario general de Gobierno, qué se puede decir, lo que está a la vista de todos, que nunca ha ocultado sus pretensiones de ser el próximo gobernador de la entidad, todos los días teje alianzas con los diversos sectores, con legisladores, con alcaldes.
Para lograr su anhelo, se vale de operadores políticos de las diversas regiones de la entidad, incluyendo la sur-sureste.
Por cierto, tras conocerse la detención, rápidamente emitió una tarjeta informativa en la que reiteró el compromiso de la administración estatal con la procuración de justicia, por lo que afirmó que se mantendrá la colaboración permanente y el intercambio de información con los órdenes de gobierno.
“Por congruencia y convicción, este gobierno está enfocado en garantizar la rectitud de todos los servidores públicos y colaborar con las autoridades federales en las estrategias de seguridad. Reiteramos nuestro compromiso absoluto en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas”, señala Duarte.
Una información breve y escueta que ahí quedó, en las buenas intenciones, porque hasta ahora no se conoce que haya pedido la intervención del gobierno federal para esclarecer el caso. Tal parece que ese comunicado fue para curarse en salud.
Si para algunos funcionarios de la administración estatal, lo pertinente es no hablar de la detención, hay políticos de Morena, que demandan que se abra una investigación profunda para conocer hasta dónde penetró el crimen organizado en la estructura gubernamental estatal o municipal.
Uno de ellos es el diputado local morenista, Octavio Martínez, quien anunció que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que consideró que el detenido no operó solo.
Recordó que con base en las funciones que desempeñaba, tenía permanente relación con alcaldes y legisladores, por lo que en ese rubro expuso que hay presidentes municipales que pueden ser víctimas de esa estructura delictiva.
Recordó que en esa zona operan grupos criminales ampliamente conocidos, por lo que demandará que las indagatorias de la FGR también alcancen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), toda vez que ha sido omisa en temas de crimen organizado.
De no ser por la intervención de las fuerzas federales, esa instancia seguiría sin actuar.
Es preciso, dijo, que se indague el trabajo de esa dependencia, debido a que jamás investigó al ahora detenido Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.
El legislador adelanta que pedirá la comparecencia del Fiscal General de Justicia estatal ante el pleno del Congreso del Estado de México, para que explique lo pertinente.
Pero no se quedó corto, fue más allá, se pronunció porque se someta a investigación a las personas o a la persona que lo recomendó y que informe bajó qué criterio le confirió el cargo.
Como puede advertirse, y por cuestión de ética, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso, pero por ahora no es señalado directamente, y seguramente así quedará, pues en la realidad es el gobernador operativo, sólo que para el 2029 quiere serlo de manera oficial.
¿Pero qué creen? Sus compañeros de Texcoco, aquellos que lo conocen plenamente, los mismos que le van a disputar la candidatura a la gubernatura, saben cómo se maneja y en su momento harán valer la información de la que disponen. Estaremos pendientes, estimado lector.
Crecen las pugnas internas en la lucha por el poder * Las fisuras guindas “florecen” por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos * Morenistas mandan al carajo “no mentir, no robar y no traicionar” * La maestra Delfina Gómez “enseña” el cobre y es “reprobada” por la ciudadanía mexiquense
ALFREDO IBÁÑEZ
La unidad de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está en entredicho, así lo dejó ver la publicación que hiciera el diario estadounidense The New York Times.
Resulta que, en días pasados, en un amplio reportaje, informó que gobernadores y legisladores de ese partido se han convertido en informantes de la administración de Donald Trump.
La presunta cohesión que mantiene el partido guinda presenta fisuras, derivadas no sólo de las pugnas internas por la lucha del poder, sino especialmente por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos.
En público los políticos de Morena guardan las apariencias y cierran filas en torno a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enarbola la bandera de la soberanía nacional para negarse a que se abran las correspondientes investigaciones en contra de diversos morenistas señalados de pertenecer y operar para el crimen organizado.
Pero sus posturas cambian cuando están lejos del escrutinio de la opinión pública y reconocen que ese papel de defensor de las causas difíciles ha provocado severos daños en la credibilidad de ese instituto político que, de acuerdo con su fundador Andrés Manuel López Obrador, se debería regir por los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, los cuales -como puede advertirse- quedaron en buenas intenciones.
Cada vez son más notorios los morenistas que no comparten esa actitud de encubrir a gobernadores o legisladores señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado y que incluso se ha traducido en la revocación y cancelación de visas.
Esa discrepancia paulatinamente sale a flote. Ahora le tocó el turno al diario estadounidense The New York Times ventilar que al menos 10 funcionarios de la 4T se han convertido en informantes de la administración del presidente Trump.
El influyente medio de comunicación dio a conocer que funcionarios mexicanos, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos pertenecientes a Morena, se habrían acercado a autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes del ámbito político.
Añadió que varios de esos acercamientos ya habrían derivado en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos.
Con base en las fuentes citadas por The New York Times, algunos de los funcionarios buscarían anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro.
La publicación también indica que una iniciativa de la DEA habría consistido en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el propósito de invitarlos a colaborar en investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
La titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, como ya es su costumbre, desestimó lo publicado al considerar que se sostiene sobre fuentes anónimas.
Es evidente que ese medio de comunicación estadounidense tiene información valiosa y de primera mano, pero protege a quienes se la brindaron.
Lo público, lo innegable, es que el gobierno del mandatario Donald Trump investiga a diversos funcionarios y políticos de Morena por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Está convencido, así lo ha manifestado en repetidas ocasiones, que en México hay narcopolíticos que tienen pacto con los líderes de las organizaciones criminales poderosas.
Una de las acciones visibles que ha llevado a cabo su gestión es la cancelación de visas; el siguiente paso será el bloqueo financiero a gobernadores y legisladores involucrados.
Mientras eso sucede, la unidad de Morena se debilita, las discrepancias internas crecen y las elecciones del 2027 seguramente las van a profundizar, ya que está en juego poder y dinero, combinación que tanto anhelan los morenistas.
Por ahora los “soplones”, de acuerdo con el New York Times, ya se acercaron con el gobierno estadounidense, la información que aporten es oro molido para Trump, quien espera el momento perfecto para hacerla valer y llevar ante la justicia a más de un político del partido en el poder.
DELFINA GÓMEZ, REPROBADA POR LA CIUDADANÍA MEXIQUENSE
La administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, genera opiniones encontradas entre la población.
A casi tres años de su gobierno, para las casas encuestadoras es una de las mejores evaluadas a nivel nacional al colocarse en el sexto lugar con el 64.5 por ciento de aprobación.
Sin embargo, ciudadanos de a pie la reprueban, le critican su escasa respuesta en temas como seguridad, infraestructura, desempleo y salud, sin olvidar la protección por omisión o complicidad que brinda a gobiernos municipales que de manera reiterada cometen agravios contra la población, como es el caso de algunos alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).
No es la estadista que requiere la entidad para resolver los grandes problemas que la aquejan.
Su gabinete tampoco está a la altura de las necesidades de los mexiquenses, y como pintan las cosas seguramente su gestión va a transcurrir sin pena ni gloria.
El Estado de México se caracteriza por su enorme poder político y económico, lo que por décadas ha permitido que quienes lo gobiernan de inmediato sean considerados como presidenciables.
Después de diversos intentos el otrora Grupo Atlacomulco ganó la Presidencia de la República a través de Enrique Peña Nieto.
Esta vez la gobernadora luce lejos de esa pretensión, por ahora no tiene los elementos para aspirar a la primera magistratura del país, se le va la oportunidad la maestra al “enseñar” que no tiene las cartas credenciales al máximo puesto en la política.
Todavía tiene tiempo para un mejor desempeño, pues los mexiquenses que la favorecieron con su voto para terminar con el PRI aún están a la espera del cambio que prometió, pero eso implica sacudirse a esos colaboradores suyos, buenos para la politiquería, pero pésimos para gobernar. Estaremos pendientes.