El señalamiento de Naciones Unidas no es nuevo: En 2022 lo hizo el Parlamento Europeo * El Estado Mexicano debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo a nivel mundial y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable
MARCO ANTONIO FLORES***
Al parecer los gobiernos de la transformación viven en dos dimensiones. Una es cómo nos ven los organismos y la comunidad internacional y, otra muy distinta, es la versión para consumo de los nacionales.
Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que hay indicios fundados de que en algunas desapariciones participan funcionarios públicos, el gobierno mexicano desmiente y se indigna con esos señalamientos.
Mientras esto pasa, un juez vinculó a proceso -por el delito de desaparición forzada- a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien también se desempeñó, como secretario de Gobernación y líder del Senado de la República.
En el ámbito internacional, México ha sido objeto de informes de organismos que muestran al mundo la realidad que vivimos, sobre todo desde 2018.
En 2022, el Parlamento Europeo condenó el asesinato, las amenazas y el acoso a periodistas, así como a defensores del medio ambiente y comunidades indígenas.
“A partir de que cambió el gobierno los asesinatos se han triplicado. Es inaceptable la retórica presidencial contra los medios de comunicación y su afán de estigmatizar a los periodistas. Más del 90% de los crímenes no han sido investigados”, dijo Leopoldo López Gil, eurodiputado español. Recuérdese el intento de asesinato contra el prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, quien -como otros importantes periodistas- había sido fustigado y agredido desde las Mañaneras de AMLO.
Desde 2022, el Parlamento Europeo también señaló: “Se llama al gobierno mexicano a cooperar con los organismos de Naciones Unidas y se apoya que se permitiera que el Comité de Desapariciones Forzadas haya visitado el país, y que los familiares de las víctimas puedan pasar sus casos al comité, una vez que las instancias nacionales hayan sido agotadas”.
Pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador ignoró y desmintió todo lo que expuso el Parlamento Europeo. Ahora, con el informe de la ONU del pasado 2 de abril de 2026, parece ocurrir lo mismo. Se cuestiona y se desmiente.
En este informe el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El Comité concluye que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido -y se siguen cometiendo- desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
Asimismo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
También subraya el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.
El mismo 2 de abril, momentos después de la publicación del informe, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo publicó un comunicado que descalificó el trabajo del comité, al que tachó de “sesgado”, “tendencioso” y poco riguroso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que repudió las conclusiones de los expertos y se lanzó contra organizaciones de la sociedad civil de México, a las cuales acusó de ser “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos”.
Es lamentable que la actual CNDH sólo haya servido para ser tapadera del gobierno de la transformación desde 2018, en tanto no interviene ni se da por enterada en ninguna denuncia sobre burdas violaciones de derechos humanos, por desapariciones, feminicidios y otros graves delitos.
Ahora la titular, María del Rosario Piedra Ibarra, sale a dar absurdas declaraciones ridículas y fuera de lugar, que confirman su papel de tapete de la 4T.
La ombudsman recurre al ya gastado recurso de culpar a la “guerra contra el narcotráfico”, al sexenio de Felipe Calderón, además enfocó sus ataques contra organizaciones “que se han ostentado como ‘representantes’ de víctimas y ‘defensoras de derechos humanos’ para lucrar”, y sostuvo que existe un “uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas en nuestro país”, así como una intención de “politizar la determinación del comité”.
Algunos medios nacionales han recogido las opiniones de diversos especialistas en derechos humanos, que consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país.
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirma: “No es una bronca contra México”, es para ayudar a solucionar el problema. Corcuera detalla que el CED se propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense.
“Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señala al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al Comité de la ONU.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, califica de muy lamentable el rechazo del Estado a la resolución del CED porque impide activar mecanismos de cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones.
Señala que la carga de la búsqueda recae en las familias, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes y que las personas buscadoras están siendo amenazadas, desaparecidas o asesinadas.
Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando.
Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalla que con impunidad superior a 98%, más de 83 mil restos humanos sin identificar y 132 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis estructural.
“Por primera vez, un caso relacionado con México se eleva a la Asamblea General de la ONU”, agrega.
Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que -con su rechazo- México se coloca entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos.
“Lo grave es que, con este rechazo y la falta de colaboración con el Comité, México pasa a la lista de los Estados que niegan el trabajo conjunto con los mecanismos de protección de los derechos humanos”, añade.
Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que el rechazo del Estado Mexicano a la resolución del CED no sólo lo coloca bajo mayor escrutinio internacional, sino que puede derivar en un escarnio público.
Explica que aun cuando las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí generan consecuencias en la calificación de un país como destino de inversión y en su imagen como país seguro.
Casualmente, al mismo tiempo que ocurre todo lo anterior, se da a conocer la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien se desempeñó como representante de México ante la ONU de 2018 a 2024. ¿Será un acto de congruencia del exrector de la UNAM; será un acto de rebeldía o será por “motivos de salud”?
Su salida de Relaciones Exteriores fue inesperada ante la inminente negociación del T-MEC, una delicada relación bilateral en materia de seguridad, toda vez que el excanciller había logrado importantes acuerdos con Marco Rubio, secretario de Estado de EU. Además, estamos a dos meses de ser el ojo del mundo por la celebración de la Copa del Mundo 2026.
El gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede seguir la línea del sexenio pasado, de ignorar a los organismos y a la comunidad internacional. No se puede tapar el sol con un dedo.
Negar el problema significa que no se quieren adoptar las medidas para solucionarlo. México debe aprovechar la oportunidad para aceptar la asistencia internacional.
México debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo en el concierto internacional de las naciones y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable.
Como cuando Genaro Estrada dio a conocer la doctrina Estrada, que definió los principios constitucionales de nuestra diplomacia. O cuando Alfonso García Robles, diplomático mexicano, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982.
Reconocido como uno de los principales impulsores del desarme nuclear, con una fundamental aportación, que fue la creación del Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina en una zona libre de armas nucleares. No cabe duda que México es más grande que sus problemas.
Académico y consultor***
