Siempre lo ha hecho sin necesidad del derecho de audiencias * La pregunta que se hacen todos: ¿Pretende el Estado que la Mañanera y sus “otros datos” sean la única verdad?

MARKOFLOS

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”: Voltaire.

El debate sobre el derecho de las audiencias es un asunto recurrente desde hace mucho tiempo. ¿Puede el Estado ser garante de esos derechos o se corre el riesgo de que lo utilice como un medio de control y censura?

Dilucidar y diferenciar entre lo que es una información y una opinión, puede derivar en una ambigüedad entre la verdad y la mentira. El riesgo es que sea el Estado el que pretenda imponer su “verdad”, en un gobierno que insiste, desde hace más de siete años, en que sus “otros datos” son la única verdad y utiliza todos los medios públicos para imponerla. Tan sólo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el sitio SPIN de Luis Estrada contabilizó más de 2 mil mentiras que dijo en sus Mañaneras.

En lo que va del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se tiene registro de las mentiras expresadas, pero sería interesante conocer ese dato. Si el derecho fundamental de la sociedad es que el Estado le garantice recibir información veraz, así como distinguir entre noticias y opiniones, la primera pregunta es: ¿Tiene el gobierno de la Cuarta Transformación la capacidad, la credibilidad y la responsabilidad ética para hacerlo?

En el contexto en el que el gobierno federal ha manejado su estrategia de comunicación y los medios públicos que administra, con una clara falta de ética, veracidad y neutralidad, podríamos esperar una regulación del derecho de las audiencias con pluralidad, imparcialidad y plena libertad.

En una auténtica democracia, los medios públicos no deberían operar como voceros del gobierno.

En México actualmente es burdo y obvio que todos los canales de televisión y estaciones de radio públicos operan como cajas de resonancia ideológica y defensa sistemática de las políticas oficiales.

Cuando los medios públicos responden a propósitos partidistas, distorsionan su función esencial de respetar y promover el derecho a una información veraz y plural. La protección del derecho de las audiencias debe comenzar por los propios medios públicos.

Resulta contradictorio exigir a los concesionarios privados altos estándares de veracidad, distinción entre opinión e información y respeto al público, mientras los medios estatales incurren en prácticas propagandísticas o dependen de criterios opacos de asignación presupuestal.

En las democracias modernas, en países como Canadá, Reino Unido y Noruega, regulan de forma destacada el derecho de las audiencias mediante un equilibrio entre la ley y la supervisión independiente. No existe un único modelo perfecto, sino distintos sistemas que protegen a los ciudadanos sin afectar la libertad de expresión.

Canadá y Reino Unido cuentan con organismos públicos independientes (como el Ofcom británico) que establecen reglas claras sobre veracidad, pluralismo y protección de menores, sujetos a revisión judicial. Noruega y Suecia usan sistemas avanzados de autorregulación con consejos de prensa y defensores de las audiencias dentro de los propios medios.

Estados Unidos regula aspectos técnicos, obscenidad y horarios infantiles a través de la Federal Communications Commission (FCC), pero con límites estrictos para no censurar la línea editorial de los medios.

En México, con este gobierno, la sola intención de regular a los medios privados de comunicación pone en entredicho a las grandes concesionarias de radio y televisión. Imagínese que el proyecto tuviera dedicatoria contra TV Azteca y ADN 40, cuya política editorial en materia de noticiarios e información se ha endurecido contra el gobierno, por cierto que con datos duros e información veraz. ¿Acaso será por el rompimiento y feroz pleito en que se convirtió la relación personal entre el dueño de esos canales, Ricardo Salinas Pliego, y el expresidente López Obrador?

Otra interrogante que surge: ¿Será que la iniciativa de regular -o controlar- los medios proviene de Palenque y que esa idea podría estar contaminada por el modelo chavista (de Hugo Chávez), a quien AMLO admira y ha tratado de imitar desde que asumió el poder en 2018?

Recuérdese que Andrés Manuel, al igual que Chávez, llegó al poder a controlar al Ejército, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos electorales INE y TEPJF. También desapareció los organismos independientes de transparencia, rendición de cuentas, telecomunicaciones y competencia económica.

El exdictador venezolano comenzó a controlar y censurar a los medios privados de comunicación venezolanos con su “Ley Resorte de 2004”, que le sirvió de plataforma para después sacar del aire a las televisoras que no estaban alineadas a su proyecto político.

El politólogo Hebert Clark Hoover lo dijo: “Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder, cada dictador suprimió la libertad de expresión a todos, excepto la suya propia”.

No sorprende que una de las personas más cercanas e incondicionales del expresidente tabasqueño, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, fue quien presentó y defendió los lineamientos sobre el derecho de las audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Anunció que se realizará una consulta pública del 3 al 21 de agosto y que podrán participar concesionarios de radio y televisión, académicos, organizaciones civiles y la ciudadanía en general.

En la Mañanera del Pueblo del 28 de julio pasado, explicaron que las disposiciones derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y buscan hacer efectivos los derechos de las personas que consumen contenidos de radio y televisión.

Al presentar el contenido de los lineamientos, Luisa María Alcalde indica que las disposiciones son obligatorias para las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como para las programadoras de uso comercial, público y social.

Señala que los medios tendrán la obligación de no difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual. Los lineamientos también establecen la obligación de distinguir entre información noticiosa y opinión, así como entre contenido editorial y publicidad.

Explica la consejera Jurídica que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética que incluya una referencia expresa al derecho de las audiencias, procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para la designación de las personas defensoras de las audiencias. Sin embargo, la incorporación de facultades de supervisión, monitoreo y sanción sobre contenidos periodísticos vuelve a colocar en el centro de la discusión la censura previa e indirecta en la radiodifusión y la televisión mexicanas.

El enorme riesgo consiste en convertir al Estado en árbitro de la verdad y en entrar en un círculo vicioso en el que todo lo que contradiga la versión oficial (la de las Mañaneras) deberá catalogarse y sancionarse como falsedad. Lo anterior sería contrario al derecho a la información y a la libertad de expresión.

El peligro es que la consulta pública sobre este tema sólo sirva como un canal de desahogo para quienes no están de acuerdo con este proyecto. Ojalá no se trate de un circo legislativo, como ocurrió con la Reforma Judicial y que al final se imponga la maquinaria mayoritaria de Morena.

El riesgo es que cada nueva iniciativa del gobierno transformador no abona a mejorar y fortalecer nuestro régimen democrático constitucional, al contrario, continúa su destrucción al partir del consabido: “Al diablo con sus instituciones”.

Defender la libertad de expresión sigue cobrando vidas en nuestro país. Es México el país con más periodistas asesinados en el mundo. Se han registrado más de 60 asesinatos desde diciembre de 2018, según datos documentados por organizaciones como Artículo 19.

La gran mayoría de estos crímenes sigue impune. Se han documentado 47 homicidios de comunicadores durante el sexenio de López Obrador. El caso histórico más emblemático en México sobre un senador asesinado por defender la libertad de expresión es el del chiapaneco Belisario Domínguez, asesinado en 1913 tras alzar la voz contra el dictador Victoriano Huerta.

Su muerte es el máximo símbolo patrio en México en favor de la libertad de expresión y la congruencia legislativa.

Cada año el Senado de la República otorga la medalla que lleva su nombre a ciudadanos destacados. ¡Vaya incongruencia! Se honra a un legislador que luchó por la libertad de expresión y alzar la voz le costó la vida… y ahora el Congreso de hoy quiere aplicar la censura. ¿Acaso el gobierno tiene la capacidad para determinar quién tiene la verdad absoluta?

Pese a sus problemas, es preferible que las dictaduras y regímenes autoritarios porque protege el sufragio libre y secreto * La polémica propuesta de la abogada y académica Natalia Torres cayó como “anillo al dedo” en la Mañanera, pues todo lo que se opine en contra de los intereses del gobierno de la 4T puede ser utilizado en contra de quien lo exprese * Morena ya sabe quiénes conforman su clientela electoral. “De cada 10 de los más pobres, 9 apoyan nuestro movimiento y lo mismo sucede con los niveles más bajos de escolaridad”, expresó el expresidente López Obrador

MARCO ANTONIO FLORES***

Winston Churchill dijo que “la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las demás que se han inventado”.

Defiende que, a pesar de sus problemas, es preferible a las dictaduras u otros regímenes autoritarios porque protege la libertad.

Por otro lado, recientemente ha circulado en redes otra cita que se le atribuye al exprimer ministro británico: “El problema de Latinoamérica es que quienes eligen a los gobernantes no son las personas que leen los periódicos sino los que se limpian el culo con ellos”.

Sin embargo, no existen registros fehacientes de que Churchill haya dicho esto, aunque por el sabio sarcasmo e ironía que lo caracterizaban esta cita sería creíble en su persona.

Como la anécdota que refería que en una ocasión una bella mujer le propuso tener un hijo, que podría resultar en una persona que tuviera la belleza de ella y la inteligencia de Churchill, a lo que el político británico reviró: “Mejor no lo tenemos, porque podría resultar con la belleza de él y la inteligencia de la bella dama”.

La cita sobre el voto en Latinoamérica viene al caso en el contexto en que abordaremos la forma en que se ha conformado el electorado en México en los últimos años.

Pocos sabíamos sobre la existencia de Natalia Torres, abogada y profesora de la Universidad Panamericana, pero logró posicionarse en la opinión pública gracias a la Mañanera del Pueblo.

A la profesora de Teoría Constitucional se le ocurrió dar una opinión sobre lo que se podría hacer para lograr que millones de mexicanos ejerzan su derecho al voto con conocimiento de causa y lograr, en mayor medida, que el voto de la mayoría de los mexicanos se convierta en un auténtico “voto razonado”.

Las declaraciones de la profesora generaron una fuerte polémica luego de proponer -en un podcast- que el Instituto Nacional Electoral (INE) impartiera cursos o sesiones informativas obligatorias para los ciudadanos y que, al finalizar, aplicara un examen como requisito para entregar la credencial para votar.

Esta propuesta provocó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios calificaron la propuesta como clasista y cuestionaron que el derecho al voto pudiera condicionarse al nivel de conocimientos de la población.

Esta polémica propuesta cayó como anillo al dedo en la Mañanera, ya que -como es costumbre y lo estableció el expresidente Andrés Manuel López Obrador- todo lo que se opine en contra de los intereses del gobierno de la 4T puede ser utilizado en contra de quien lo exprese.

López Obrador estableció la costumbre de exhibir, fustigar, agredir y condenar a quien osare opinar diferente de los intereses de su movimiento político.

Sus blancos favoritos fueron prestigiados periodistas como Raymundo Rivapalacio, Joaquín López-Doriga, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva, a quienes sentaba en el banquillo de los acusados para atacarlos con toda la fuerza del Estado y con todos los recursos de los medios públicos.

Esta línea de trabajo la ha repetido la Primera Presidenta Claudia Sheinabum Pardo en sus Mañaneras que se han convertido en “copy page” de las de su antecesor.

Los argumentos que cada ciudadano o periodista exprese pueden ser debatibles, pero lo que no se vale es tratar de juzgar, condenar y sentenciar la libre expresión de ideas con todo el aparato oficial en contra.

EL SUFRAGIO ES UN DERECHO DEL PUEBLO: SHEINBAUM

Respecto a la propuesta de la profesora Natalia Torres, la Mandataria Sheinbaum Pardo rechaza la propuesta de restringir el derecho al voto con base en el nivel educativo.

Durante su conferencia matutina del pasado lunes 20 de julio de 2026, la titular del Poder Ejecutivo defendió que el sufragio es un derecho universal y que todos los ciudadanos tienen el mismo valor al momento de votar, sin importar su nivel de estudios, condición económica, edad o lugar de residencia.

“Fíjense, el voto es quizá el momento más democrático del día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que el de la persona menos acaudalada”, añade Claudia Sheinbaum.

ABUSO DE PODER: ROJO DE LA VEGA

Por su parte, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, señala que la exposición que sufrió la abogada fue “un abuso de poder” y advierte a la población que la actitud de Sheinbaum tiene intenciones perversas, pues lo que busca es “promover un linchamiento mediático, mientras la opinión pública deja de hablar de los vínculos de morenistas gobernantes con el narco.

“Estas prácticas deberían darnos miedo a todos”, añade
Rojo de la Vega Piccolo.

Señala que la contradicción central no está en el debate de ideas, sino en la conducta del oficialismo frente a una voz crítica.

También cuestiona a quienes, según dijo, antes denunciaban persecución, censura y autoritarismo, pero ahora reproducen esas prácticas desde el poder.

“Hoy, desde el poder, hacen lo mismo que juraron combatir”, enfatiza Alessandra Rojo de la Vega.

¿QUIÉNES CONFORMAN LA CLIENTELA ELECTORAL DE MORENA? AMLO LO DIJO

Muchos podemos no estar de acuerdo con la propuesta de la profesora Natalia Torres, pero defendemos su derecho a expresarla.

En este caso, coincidimos en que no se puede condicionar o restringir el voto, porque se trata de un derecho universal, el voto debe ser libre y secreto, propio de toda democracia consagrado en nuestra Constitución Política.

Lo que no se puede justificar es el despliegue del poder político para destruir a quien exprese un comentario.

Lo que valdría la pena debatir de lo señalado por la profesora de la Universidad Panamericana es el contexto en el que la propia 4T concibe a quienes conforman su clientela electoral.

Desde junio de 2022, el expresidente Andrés Manuel lo confesó textualmente en una Mañanera: “De cada 10 de los más pobres, 9 apoyan nuestro movimiento y lo mismo sucede con los niveles más bajos de escolaridad”.

A confesión de parte, relevo de pruebas: A la 4T, para conservar el poder, le conviene mantener el mayor número de pobres y de personas con baja escolaridad, no le importa la superación económica y preparación académica, pues se le irían los votos.

Lo antes expuesto, aunado a la clientela electoral en que se convirtieron los programas sociales, debería ser considerado en ese debate sobre el perfil del electorado mayoritario con que cuenta el México actual.

Esto sin contar las trampas y los apoyos de grupos de la delincuencia organizada en las últimas elecciones, como las de Sinaloa y Tamaulipas.

En algunas elecciones también se ha denunciado y demostrado que existe una nueva modalidad de “trampa electoral”, por la cual el partido guinda le exige a sus militantes tomar una fotografía a su boleta, para así comprobar que votaron por sus candidatos; de lo contrario, los amenazan con quitar sus apoyos y programas sociales.

El debate para lograr un voto libre y secreto es el dilema. Un voto razonado, y no coaccionado podría incluir diversas medidas que sí podría tomar el INE, como no permitir la entrada a la mampara con celular.

Con ello, y mayor orientación general sobre el valor y consecuencias del voto, habría menos sufragios comprados o coaccionados.

En el caso de la polémica propuesta de la académica Natalia Torres, el INE podría sólo tomar la parte positiva y en lugar de condicionar la entrega de la credencial para votar a un curso de capacitación, simplemente podría entregar un pequeño folleto ilustrado que explique para qué sirve el voto, qué funciones desempeñan los elegidos en cada uno de los Poderes de la Unión y cómo afecta la vida cotidiana del ciudadano la elección que se realiza, su economía, seguridad, educación, salud, justicia, combate a la corrupción e impunidad.

En la hora actual, y en el marco de la realización de las elecciones intermedias de 2027, en las que se elegirán 17 gubernaturas y miles de cargos de elección popular en todo el país, es deber de nuestras instituciones electorales corresponder a la confianza que han depositado en ellos millones de mexicanos.

El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben recuperar su credibilidad y dar muestra que saben actuar con apego a la ley y con imparcialidad, pues ambos organismos son los garantes constitucionales de la vocación democrática del pueblo de México.

El INE (en sus inicios IFE), desde los 90s, es el encargado de la organización y funcionamiento de todos los mecanismos legales que se dan antes, durante y después de la jornada electoral para garantizar el ejercicio constitucional del voto -deseablemente razonado- libre y secreto para dar certeza a resultados transparentes y confiables.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde 1996, cuenta con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre partidos, entre partidos y autoridades, entre militantes y órganos de dirección partidarios, todo lo cual debe ser garantía de respeto a la voluntad ciudadana expresada en el voto y apartarse de actuar con sumisión al Poder Ejecutivo, que para muchos eso ya está en entredicho.

Por elemental respeto a nuestro régimen constitucional democrático, es responsabilidad de todos los partidos, candidatos y Poderes de la Unión, incluido el Ejecutivo, respetar la independencia del INE y del TEPJF.

***Académico y consultor.

Ruffo Appel, ¿“cortina de humo” para ocultar el escándalo de Marina del Pilar? * Con la 4T hay otros casos sin investigar: Rubén Rocha Moya y Cía., Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc…

MARKOFLOS

Con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición -PAN, 1989-, que se da en medio del escándalo de la actual gobernadora morenista de la misma entidad, Baja California Norte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confiesa en una plática telefónica estar dispuesta a dar “información” de seguridad nacional al FBI.

En un audio, difundido por el periodista Héctor de Mauleón, y ante lo expresado por Ávila Olmeda, surgen preguntas lógicas: ¿Se trata de una “cortina de humo” para ocultar ese escándalo? ¿Se trata de una persecución política? ¿Se tienen los elementos y las pruebas para presumir que se trata del auténtico “rey del huachicol”?

Y hay otra interrogante mucho más cuestionable: ¿Qué relación tiene este caso con la investigación -sin avanzar- del gigantesco contrabando de huachicol fiscal por un monto estimado de 600 mil millones de pesos, en el que están involucrados los sobrinos del exsecretario de Marina, políticos morenistas de primer nivel y funcionarios de Aduanas (que opera Semar)?

No es por comparar, pero los 600 mil millones de pesos del “huachico fiscal” es el mayor caso de corrupción en toda la historia mexicana.

La forma es fondo, decía con sapiencia don Jesús Reyes Heroles. Los grandes pendientes de los últimos sexenios de todos los partidos políticos han sido los siguientes: La procuración y administración de justicia -que corresponde al Poder Ejecutivo-, así como la impartición de justicia -valga la redundancia-, que es responsabilidad del Poder Judicial.

Con Enrique Peña Nieto se logró la reforma que dio lugar a la creación de la Fiscalía General de República que -al sustituir a la Procuraduría General de la República- tuvo como propósito fundamental gozar de autonomía para procurar justicia de manera imparcial y apegada a la legalidad, lo que quedó plasmado en nuestra Carta Magna.

Sin embargo, la primera Fiscalía General de la República se convirtió en una Fiscalía facciosa, dedicada a la persecución política y a la omisión de la investigación de los graves delitos que aquejan al país.

Con la llegada de la 4T se perdió la forma y el fondo. En materia de impunidad y justicia penal, la Cuarta Transformación ha quedado a deber a millones de mexicanos la expectativa de avanzar y mejorar.

La gestión del primer fiscal, Alejandro Gertz Manero, mostró que los casos más relevantes que operó se caracterizaron por tratarse de burdas, persecuciones y “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

A esta línea de trabajo parece darle continuidad la actual fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, lo cual no resulta sorprendente si se recuerda el caso de los familiares de Gertz Manero; el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal “Abogado de la Nación”, quien se ocupó de meterlas a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

En ese caso, la entonces fiscal General de Justicia de la CDMX, Godoy Ramos, le hizo “segunda”, violando garantías fundamentales, como la “garantía procesal” y “plena seguridad”.

Otros célebres casos de “venganzas políticas” y uso faccioso de la justicia penal fueron: El de Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Francisco García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya Cortés, por mencionar los más relevantes. La forma en que se han operado estos casos significan una regresión respecto a tres aspectos fundamentales: Vulneran el “debido proceso”, atentan contra el principio de “presunción de inocencia” y admiten la presentación de “pruebas ilícitas”.

La actual FGR parece mostrar la misma forma facciosa de operar de su antecesor. Tiene su primer caso escandaloso con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ya que luego de que el juzgador de carrera Elizondo Martínez rechazó otorgar la orden de aprehensión en junio de 2026 por falta de pruebas, el 13 de julio de 2026 la FGR presentó una nueva solicitud de captura, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, una juez de elección popular (del famoso “acordeón”), quien concedió la orden de aprehensión.

Lo burdo de la maniobra es obvio. La juzgadora aclaró en su resolución que atendió el caso por encontrarse de guardia, aunque el proceso penal corresponde resolverlo al juez Elizondo Martínez.

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, defendió al expanista Ernesto Ruffo Appel y cuestionó a la FGR por no estar investigando a los funcionarios de Aduanas, quienes debieron permitir la comisión de dichos delitos, supuestamente por parte de la empresa fundada por Ruffo Appel.

“Si a ti te dan un permiso para meter 10 millones de litros de combustible y resulta que metes 110 millones, como dice Ernestina [Godoy], pues el que revisa eso es la aduana, que controla el gobierno, no el agente aduanal. Es el gobierno el que permite que meta más gasolina.

“Yo no veo que estén investigando a Rafael Marín, a Horacio Duarte ni a Ricardo Peralta. Ahora resulta que están presentando a Ernesto Ruffo como ‘el rey del huachicol’. Eso es imposible, ¿quién puede tener tanto control y tanto poder sobre el contrabando de combustible si no es el gobierno?”, cuestiona Acosta Naranjo.

El líder partidista asegura -de manera personal- que él platicó con Ruffo sobre las acusaciones que pesaban contra él desde hace más de un año y comprendió que era un intento de “lavarle la cara a la gente del gobierno”.

Al primer gobernador de oposición -del PAN- que asumió la gubernatura de Baja California Norte en 1989, la referida juzgadora le dictó como medida cautelar la prisión preventiva y Ruffo Appel ya se encuentra en el penal del Altiplano.

No sabemos si Ernesto Ruffo sea responsable de alguno de los delitos que se le imputan, pero sería lamentable que se tratara de una persecución política, como ocurrió con Rosario Robles, a quien el fiscal Gertz Manero metió a la cárcel con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, quien es enemiga pública de Robles, “judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito”, como lo afirmó en un documento escrito Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles.

Moguel Robles señala que “su madre enfrenta un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos importantes como la presunción de inocencia, el principio pro persona, el debido proceso y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Rosario Robles afortunadamente pudo ser liberada por el anterior Poder Judicial, pero ahora con un Poder Judicial del acordeón, totalmente subordinado al Poder Ejecutivo, ¿quién podrá salvar a Ruffo Appel?

Otro caso que fue resuelto por el aún Poder Judicial “independiente” fue el del exgobernador de Tamaulipas; el Primer Tribunal Colegiado Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la FGR para apelar el fallo de un juez federal, que lo amparó contra la orden de aprehensión.

A principio del gobierno que encabeza la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo la expectativa de que habría reformas que permitirían avances y mejoras en materia de justicia y combate a la impunidad.

Repito, la forma es fondo. El expresidente Enrique Peña Nieto, aún sin contar con una Fiscalía independiente, metió a la cárcel a seis gobernadores de su sexenio y de su partido, aplicó la procuración y administración de justicia sin excepción, por encima de sus intereses partidistas, no protegió ni eximió a alguno de sus correligionarios. Asumió el costo político de sus decisiones en materia de justicia.

Pero con la 4T se inició la regresión con una Fiscalía General dependiente y sumisa a intereses políticos, que no investiga a ningún morenista -léase Rocha Moya y camarilla, Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc.

En esa ruta la FGR perderá toda la credibilidad y la capacidad para avanzar en la mejora de la administración y procuración de justicia.

Se alejará la esperanza de que 130 millones de mexicanos cuenten con auténtica justicia y de que se fortalezca nuestro demeritado Estado de Derecho.

México tendrá que esperar para otro gobierno… y es que hay propuestas serias para mejorar la justicia penal. La primera es, sin duda, la voluntad del Poder Ejecutivo para avanzar en esa materia.

Hay otras reformas de carácter técnico, de las que sólo enunciamos dos que son la “clave”: La “Renovación del Ministerio Público” -apoyado de la policía investigadora eficaz-, que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista; y segundo, la creación de un “nuevo y único Código Penal Nacional”. Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no están en la agenda de la Cuarta Transformación.

Por ahora sólo nos queda observar hasta dónde se destruirán los logros y avances que después de 14 años se habían logrado con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

A México le urge contar con un Sistema de Justicia Penal eficiente y garantista.