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EL ÁGORA

Los grandes desafíos históricos de la educación en México

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En materia de equidad, calidad y acceso * Urge cerrar la brecha entre los sistemas educativos públicos y privados

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La educación en México enfrenta desafíos históricos en materia de equidad, calidad y acceso.

Ante las carencias del sistema público, las escuelas particulares se han consolidado como una alternativa para miles de familias que buscan mejores condiciones de aprendizaje para sus hijos, aunque con ello se amplía la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no.

La ideologización educativa impuesta por los gobiernos de la 4T provocó una pobreza de conocimientos en las escuelas oficiales y dejó de ser semillero de alumnos competitivos que se convertirían en futuros destacados profesionistas.

La educación pública sólo prepara hoy mano de obra barata y deja la educación de calidad en manos de los colegios particulares.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2024-2025 más de 5.6 millones de alumnos cursan sus estudios en instituciones privadas, lo que representa alrededor del 14 por ciento de la matrícula total del estudiantado.

La anterior cifra ha ido en aumento durante la última década, impulsada por la percepción de una educación más personalizada y con mejores recursos tecnológicos.

Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento del sector privado también refleja un deterioro de la confianza en las escuelas públicas, donde los problemas de infraestructura, la falta de materiales y los bajos resultados en evaluaciones nacionales -ya no diga en los internacionales como la prueba PISA- son comunes.

Las escuelas particulares no debieran ser vistas como una competencia, sino complemento del sistema educativo, señaló a este columnista el académico Antonio Luna Campos, quien resaltó que el reto es garantizar que la calidad educativa no dependa del poder adquisitivo de las familias.

El auge de las escuelas privadas también ha transformado su perfil. Mientras algunas mantienen cuotas altas y modelos exclusivos, otras ofrecen costos accesibles y programas mixtos. Aun así, la desigualdad educativa persiste.

Cabe mencionar que, a pesar de los beneficios de la educación privada, ésta se ha visto amenazada por una ligera disminución en su matrícula, ya que el gobierno federal otorga muchas prestaciones a niños y jóvenes como uniformes, mochilas, ciertos útiles, dinero y hasta el incentivo de no ser reprobados, a pesar de su bajo rendimiento, lo que ocasiona que su padres decidan que sus hijos permanezcan en dichos planteles, aunque no adquieran conocimientos ni finquen las bases sólidas de una preparación universitaria que les permita ser absorbidos por un  mundo globalizado más competitivo.

La mayoría de los alumnos estudian en planteles públicos con recursos muy limitados, una educación escasa y acientífica porque los desafíos como la capacitación docente, la actualización de planes de estudio y la inversión en infraestructura no están contemplados en los planes sexenales ni en los presupuestos de los gobiernos.

Urge cerrar la brecha entre los sistemas educativos públicos y privados, pero el proyecto político de la 4T no visualiza  la educación de calidad ni el apoyo a la ciencia y la tecnología, porque su prioridad es concentrar los recursos en las dádivas electorales que se dispersan a través de los programas asistencialistas.

Lamentablemente, la educación pública en México no forjará a los profesionistas del futuro, sino obreros mal pagados. Ojalá pronto lleguen gobiernos que cuenten en sus gabinetes con nuevos Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez o Jesús Reyes Heroles. El país lo merece y necesita.

 

APOSTILLA

El gobierno de la autollamada 4T no solo queda a deber en materia educativa, sino en seguridad.

En la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI se informó que el 63 por ciento de los mexicanos se siente inseguro en su localidad y, en el caso de las mujeres, la cifra se elevó a 68.2 por ciento.

En septiembre del año pasado, el indicador nacional estaba en 58.6 por ciento, 4.4 por ciento menos.

Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca son las ciudades con mayor percepción de inseguridad; la capital sinaloense destacó con 88.3 por ciento.

Por su parte, la OSC México Evalúa dio a conocer que, de enero a septiembre de 2025, 17 estados de la República mostraron cifras preocupantes de violencia letal: rankean en los primeros lugares Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Quintana Roo.

Todavía hay retos importantes en la agenda de seguridad, como reducir los homicidios dolosos, la violencia política, las desapariciones forzadas, la extorsión y el narcomenudeo. Urge que regrese la paz y la tranquilidad social.

 

EDUCACIÓN EN RETROCESO

El 21 de octubre pasado, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), debió “comparecer” en el Senado de la República para exponer acerca de la situación educativa durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se posponía debido a que el funcionario “fue comisionado” para atender la emergencia por las recientes inundaciones en el país; más allá de esto no hay ninguna duda que la enseñanza mexicana está en crisis y va en picada.

Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en 2022, cuando México se posicionó como el tercer país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Matemáticas y Comprensión lectora, y con el peor puntaje en Ciencia.

México resultó muy bajo en el promedio internacional de todas las asignaturas evaluadas, pues retrocedió 24 puntos respecto a 2003 y 14 respecto a 2018. Asimismo, la evaluación diagnóstica aplicada a alumnos de Educación Básica durante 2022 y 2023 realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, estimó que los resultados obtenidos en Matemáticas, Lectura, Formación Cívica y Ética fueron reprobatorios en primaria y secundaria.

Datos del Observatorio de la Educación evidencian que nuestro sistema de enseñanza está abandonado y no satisface la cobertura educativa, ya que la deserción escolar es alarmante, pues durante el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil estudiantes abandonaron la escuela.

Subraya que existe “un panorama crítico en abandono escolar, estancamiento en cobertura y rezago estructural en regiones indígenas y rurales”; el dato revela la falta de planes para la permanencia escolar, “cifra que por sí sola desmonta cualquier discurso oficial que pretenda ocultar la dimensión de la crisis educativa en México”.

El Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 2024 aseguró que “México necesita un sistema educativo que genere en sus estudiantes las habilidades necesarias para el futuro, pero también uno que garantice la igualdad educativa en términos de acceso, permanencia y calidad en el país”, algo que ni Mario Delgado ni Morena o la 4T niegan; pero no invierten más recursos económicos ni corrigen el sistema educativo.

Hoy, en pleno 2025, se exige haber terminado la preparatoria para cualquier empleo y contar con habilidades digitales, pensamiento crítico, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas; y si hoy los jóvenes no reciben una educación adecuada, son condenados a empleos informales.

Así, mientras países como Japón, Corea del Sur o Noruega son ejemplo de inversión educativa al reformar sus modelos de enseñanza basados en proyectos, habilidades digitales, colaboración y emprendimiento para formar ciudadanos creativos, competitivos y con visión global, en México seguimos atrapados entre la burocracia, los sindicatos, la improvisación y políticos incompetentes. La educación está reprobada.

EL ÁGORA

¿Qué festejamos los mexicanos?

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La ambición por el poder pudo más que la construcción de una nación * Ya no necesitamos el yugo español ni las invasiones gringas, cuando se promueve el intervencionismo ideológico cubano con la importación consciente de maestros isleños

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Llamamos a septiembre el mes patrio, como los romanos impusieron al octavo mes -para ellos era el sexto-, agosto en honor de su primer emperador, Cayo Julio Octavio Augusto, y conmemorar sus triunfos militares, quien quiso emular a su tío Julio César, honrado con otro mes calendario.

¿Pero qué celebramos nosotros? Cierto, el inicio del movimiento de Independencia, aunque debiéramos de conmemorar la expulsión de los españoles y la firma de los Tratados de Córdoba en agosto de 1821 entre Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú, el cual ya no fue virrey, sino jefe político superior de la Nueva España; o mejor aún, festejar la firma del Acta de Independencia en septiembre de 1821, la cual decretó el surgimiento de una nueva nación y la abolición del virreinato en estas tierras.

Vale la pena recordar que el documento fue firmado por 35 notables, como Iturbide, la alta Iglesia y políticos novohispanos, con la ausencia de los últimos insurgentes como Vicente Guerrero.

¿Qué festejamos? La independencia de quién. Unos españoles y criollos expulsaron a otros hispanos, renegaron del gobierno local, pero reconocían a la Corona española. Los nuevos mexicanos no tuvieron acceso inmediato al poder, se interpuso un efímero imperio que no permitió el desarrollo político de un Estado moderno y autónomo. Continuas asonadas militares y civiles crearon un siglo de inestabilidad social y económica, que posibilitaron otro imperio y varias intervenciones. Tuvimos tres constituciones decimonónicas que no pudieron dar rumbo firme al país.

La ambición por el poder pudo más que la construcción de una nación y una nacionalidad. Curiosamente, vivimos décadas de estabilidad política y desarrollo económico bajo la dictadura del héroe de la batalla del 2 de abril, Porfirio Díaz, quien ayudó a entronizar al Benemérito de las Américas.

Un viejo político e historiador oaxaqueño dijo: ¿Qué hubiera sido de Juárez sin la espada de Díaz?

La Revolución Mexicana tampoco nos dio identidad nacional. Más golpes de Estado, asesinatos políticos, ambiciones de grupos impidieron que nos consolidáramos como país y que adquiriéramos la ciudadanización plena.

Nuevamente los menos democráticos nos dieron institucionalidad y un presidencialismo omnipresente, pero con estabilidad. Crecimos con el nacionalismo revolucionario e incluso conocimos la apertura democrática, la alternancia en el poder y la ciudadanización de las elecciones.

Pero los mexicanos no somos libres, independientes ni autónomos. Nuestro sistema de partidos ha reducido la democracia, como sistema de vida, a una lucha mercenaria y encarnizada por el poder. Los institutos políticos buscan mantenerlo o arribar a él para satisfacer intereses de grupo.

¿Qué nacionalismo podemos tener los mexicanos, si hemos abdicado en nuestra lucha ciudadana por fortalecer un Estado moderno y exigir un gobierno con políticas públicas que procuren el bien común y el desarrollo compartido, más allá de populismos o programas asistencialistas?

Estamos en un marasmo social donde no nos importa que las nuevas generaciones carezcan de educación de calidad, la que los haga competitivos y de excelencia académica para acceder a las mejores posiciones en un mundo laboral altamente globalizado y tecnificado. Ya no necesitamos del yugo español ni las invasiones gringas, cuando se promueve el intervencionismo ideológico cubano con la importación consciente de maestros isleños.

Nada qué festejar. La mediocridad es nuestro destino. Dejémonos de hacer reclamos pírricos a las monarquías.

Si fuéramos todavía sus súbditos, como dice el ingenio mexicano, cuando menos seríamos campeones mundiales en el futbol.

 

APOSTILLA

Como parte de las conmemoraciones del mes patrio y a un año de creado su movimiento político Resistencia, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en el Ángel de la Independencia, llamó a los mexicanos a asumir la responsabilidad de cuidar la libertad y construir, desde la vida cotidiana, el país que quieren para las siguientes generaciones.

“México no tiene dueños, no le pertenece a una persona o a un gobierno ni a ningún partido político. México le pertenece a su gente”, dijo la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, quien agregó que a una nación no lo construyen solamente sus autoridades, la construyen sus ciudadanos.

Rojo de la Vega destaca: la libertad que hoy existe fue conquistada por mujeres y hombres, quienes decidieron que México tenía derecho a elegir su propio camino y que ningún poder debía ser eterno.

La política capitalina precisó que amar a México es hacernos responsables de nuestro país, es cuidar nuestra ciudad, respetar la ley y cuidar nuestro patrimonio.

También sostuvo la edil que los grandes cambios comienzan con las decisiones de cada persona y la participación ciudadana, por lo que invitó a dejar de esperar que alguien más resuelva los problemas y preguntarse qué puede hacer uno mismo para mejorar su entorno.

Ale Rojo de la Vega llamó también a reconocer la pluralidad del país y entender que las diferencias políticas, ideológicas, sociales o económicas no tienen que impedir que las personas compartan una misma nación.

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EL ÁGORA

Ya es complicado convencer al pueblo de que “vamos bien”

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Humor social e idiosincrasia nacional * Las nuevas inversiones no se materializan e incluso algunas empresas, automotrices y tecnológicas, empiezan a migrar, mientras el comercio informal soporta casi el 60 por ciento de la economía nacional * Los comicios del próximo año serán críticos para la democracia mexicana, afirma Eduardo Vázquez Rossainz

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Diversos eventos económicos, políticos y sociales han afectado la imagen de la 4T.

Cada día se complica más imponer un modelo de comunicación que convenza a la gente de que vamos bien y que el bienestar generalizado ya toca la puerta.

Se habla de cifras récord en inversión extranjera y empleo, pero no se aclara que mucho de ese capital es reinversión de utilidades y no dinero fresco, como tampoco se dice que la mayor parte de las fuentes de trabajo están en el comercio informal, el cual no paga impuestos, no otorga prestaciones a los empleados y no cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Las nuevas inversiones no se materializan e incluso algunas empresas, automotrices y tecnológicas, empiezan a migrar, mientras el comercio informal soporta casi el 60 por ciento de la economía nacional.

En el sector salud se inauguran nuevas clínicas y hospitales, e incluso se habla de la cobertura universal para el año próximo, pero siguen saturados los servicios médicos y de especialidades, además persiste el desabasto de medicamentos, falta material de laboratorio y quirúrgico, hay escasez de quirófanos.

No es suficiente la construcción de nuevos nosocomios, se necesita presupuestar a futuro infraestructura y equipamiento, recursos humanos, materiales médicos, de laboratorio, para estudios especializados como resonancias magnéticas, ultrasonidos, tomografías, densitometrías, medicina nuclear, medicamentos y vacunas.

¿Habrá dinero para ello? Un sistema sanitario como el actual, colapsado, no puede garantizar un esquema de salud de calidad ni atender la demanda universal.

La falta de empleo, la inflación que no cede e impacta en el gasto familiar, el estancamiento de la economía que asfixia el mínimo crecimiento, la ausencia de educación pública de calidad, la percepción de inseguridad que todavía resienten los ciudadanos, las agresiones a periodistas y la violencia política debieran provocar un humor social negativo, de hartazgo, de reclamo y hasta de rebeldía.

Pero la idiosincrasia del mexicano hace que aguantemos carros y carretas.

Nacimos para el sufrimiento; la apatía puede más que la insurgencia, somos agachones y conformistas, normalizamos tragedias y desgobiernos.

Aquí, en un futuro inmediato, no habrá otro 68, no provocaremos una primavera árabe ni la generación Z tomará las calles.

La crisis política que vive el partido en el poder, la inconformidad social que se manifiesta en varias entidades federativas por la inestabilidad gubernamental que provocan las acusaciones de la Casa Blanca y las agencias de seguridad norteamericanas sobre la connivencia de mandatarios y funcionarios con el crimen organizado no afectará el establishment mexicano.

Puede haber todos los casos Rocha Moya, el huachicoleo que sea, la corrupción evidente, actos por encima de la ley que a nadie parece importar, las encuestas diluyen el humor social.

Normalizamos los efectos de la desventura. No nacimos para la verdadera democracia ni tenemos alma de héroes. ¡Es la idiosincrasia, estúpido!

 

APOSTILLA

El experto en seguridad e inteligencia para el combate a la delincuencia, Eduardo Vázquez Rossainz, advirtió sobre el riesgo de que en las elecciones de 2027 -las más grandes en la historia de México-, jóvenes criminales lleguen a los gobiernos municipales y se imponga una oclocracia criminal -poder delictivo-, en un país donde, diversas fuentes, reconocen su influencia en el 40 por ciento del territorio nacional.

Al presentar su libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos”, el especialista y académico enfatizó que los comicios del próximo año serán críticos para la democracia mexicana, por la posibilidad de que miembros estructurales del crimen se incorporen a los partidos políticos como candidatos y se hagan gobierno, sobre todo a nivel municipal.

El mayor riesgo, agregó Vázquez Rossainz, está en regidores, alcaldes y diputados locales, ya que un cabildo infiltrado, por disposición del Artículo 115 Constitucional, es quien nombra al titular de Seguridad Pública municipal. Aunque recordó que también tienen cooptados a marinos, militares y policías.

El también exfuncionario federal y diplomático recordó que hay evidencia de que en las votaciones de 2021 y 2024 hubo filtración del crimen en gubernaturas y se incrementó la violencia política.

Reiteró el riesgo de tener “candidatos estructuralmente vinculados, es decir, criminales que no tienen ninguna investigación abierta, jóvenes de 23 o 24 años que pueden convertirse en actores políticos y de gobierno”.

Sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos dijo que México no puede concebir un país seguro sin la colaboración americana; por el carácter trasnacional del crimen organizado, el terrorismo y los riesgos cibernéticos; es necesaria la alianza en materia de inteligencia, más allá de Interpol o Europol.

El libro fue comentado por la periodista y exasesora de la Casa Blanca, Ana María Salazar, quien propuso que México abandone el viejo esquema de la seguridad centrado en la soberanía, cuando se enfrenta a organizaciones violentas con presencia internacional y control de facto en territorios. Preguntó la especialista, ¿el crimen organizado son grupos guerrilleros, terroristas? No son bandas que controlen dos o tres cuadras, tienen presencia internacional.

La analista enfatizó: el problema es que las autoridades tratan el tema como un problema de seguridad pública, cuando es una amenaza al Estado de Derecho… y si no se frena, se termina en una guerra clandestina.

Destacó del autor, Eduardo Vázquez Rossainz, su advertencia de caer en una oclocracia criminal por falta de visión de largo plazo para atacar un conflicto con una nueva estructura jurídica que contemple los problemas de seguridad nacional más allá de un obsoleto concepto de soberanía.

 

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EL ÁGORA

Estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad

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La terca realidad contradice la narrativa oficial * Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La terca realidad contradice la narrativa oficial. Según las autoridades, somos autosuficientes en la atención especializada para la población mexicana e incluso se justificó el arribo de médicos cubanos con el pretexto de que a los doctores nacionales no les interesaban las plazas en el sector salud.

Más aún: se cuestionó el sistema de las universidades privadas que imparten la carrera de medicina y de enfermería porque convertían a los estudiantes en mercenarios de su profesión, encarecían la atención médico-hospitalaria y hacían elitista el acceso a la salud.

También las instituciones públicas de educación superior salieron raspadas con el discurso político ante la demanda de más campos clínicos para ejercer las especialidades.

El argumento era lo contrario: al haber más galenos especializados, se abarata la profesión. Alentaron a las parteras y desdeñaron a los gineco-obstetras.

El burocratismo, la corrupción, la inexperiencia y la opacidad de funcionarios del sector salud, encargados de otorgar las Opiniones Técnicas Administrativas (OTA), para después tramitar los RVOEs ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), impiden que las universidades privadas impartan no sólo las carreras de medicina y enfermería, sino preparar a los doctores en las casi 30 especialidades que hasta el momento hay en el ámbito de la salud.

Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades.

Tanto en Salud como en Educación Pública se han cerrado las puertas a las organizaciones educativas que buscan formar y certificar a los cirujanos especialistas que demandan más de 134 millones de mexicanos.

La terca realidad demuestra que estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad para todos los compatriotas y que la corrupción, los intereses personales y políticos, la inexperiencia en la administración pública y la opacidad que existe en la Dirección General de Educación en Salud -de la Secretaría de Salud- y en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos  para la Salud (CIFRHS) -con la participación de la SEP-, propician actos de corrupción y extorsión a rectores de universidades privadas al realizar los  trámites o solicitudes.

Denuncian formalmente a la doctora Magdalena Delgado Bernal, subordinada de la directora general Laura Cortés Sanabria, quien además de retrasar los dictámenes técnicos, mantiene como espada de Damocles la autorización o negativa de las OTAs sin motivar o fundamentar el rechazo y “condiciona” el fallo favorable a cambio de dinero.

Así lo manifestó ante las autoridades el apoderado legal del Instituto de Ciencias Médicas, Sociales y Humanidades de México, quien dio a conocer una llamada de extorsión por un millón 200 mil pesos para recibir la aprobación de su trámite, de lo contrario sería rechazada la solicitud, independientemente de la integración correcta del expediente.

Actualmente sólo hay 120 mil especialistas en todo el país y un déficit de más de 100 mil enfermeras para atender las necesidades de los pacientes.

Hoy en día se requieren médicos con especialidad y subespecialidad en Anatomía Patológica, Anestesiología Pediátrica, Medicina del Dolor, Neuroanestesiología, Cardiología Intervencionista, Cirugía Vascular y Angiología, Neurocirugía, Cirugía Oncológica, Dermatología, Endocirugía, Genética Médica, Biología de la Reproducción Humana, Infectología, Medicina Interna y de Urgencias, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Urología y Reumatología, entre otras especialidades.

Nadie puede creer que sin suficientes médicos especializados ni infraestructura necesaria se puede contar con un sistema sanitario que garantice el derecho a la salud de calidad.

 

APOSTILLA

Posponer casos delicados de lo familiar y no resolver conforme a derecho en favor de menores de edad, puede convertirse en práctica común en Juzgados de Tlalnepantla, al trasladar a otros jueces expedientes que llevan mucho tiempo en litigio, en detrimento del bienestar de hijos e hijas de familia inmersos en la separación de sus padres.

Son varias las voces de abogados que han llevado toda su vida asuntos del orden de lo familiar -rama del Derecho muy delicada y de urgente resolución-, quienes denuncian que los titulares de los Juzgados de lo Familiar han caído en prácticas dilatorias muy similares, tanto en la CDMX como del Estado de México, en particular en el distrito judicial de Tlalnepantla.

Estos abogados coinciden en señalar la recurrente práctica de posponer los casos y, con diversas argucias, no resolverlos para pasarlos a otro togado en una actitud “escapista” y extender los tiempos legales, con lo que, al final, los hijos de familia involucrados quedan en una indefinición legal y se pone su vida en completa incertidumbre, tanto en lo material como psicológico.

Atribuyen esta práctica dilatoria al juez segundo Familiar de Tlalnepantla, Humberto García Villegas, quien lejos de dictaminar la resolución de casos de familias que llevan años en litigio, los traslada a otros colegas, lo que afecta la vida y el desarrollo óptimo de menores de edad.

En la mayoría de las ocasiones, donde hay infantes y adolescentes involucrados, la justicia debiera ser expedita e impartida en los plazos y términos que dicta la Ley.

Por ello, juzgadores como García Villegas, que pareciera no comulga con esos preceptos, busca evadir su obligación de impartir justicia, después de retardar varios meses diversos expedientes.

Los tribunales deben garantizar la verdadera administración de justicia y están obligados a impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes y emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

En la próxima entrega, comentaremos el libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos”, de Eduardo Vázquez Rossain, quien advierte sobre la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales en las elecciones de 2027.

La obra es prologada por la exconsejera política de la Casa Blanca, Ana María Salazar.

 

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