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EL ÁGORA

Imperante la corrupción e impunidad

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Segalmex, el escándalo mayúsculo en el gobierno de AMLO * Criticaban a los regímenes priístas por sus fechorías, sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a diez mandatarios estatales de su propio partido. ¿Cuántos gobernadores han procesado los de la 4T?

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Una de las falacias con la que engañó a 35 millones de ciudadanos el tlatoani tabasqueño fue su promesa de barrer las escaleras de arriba hacia abajo para acabar con la corrupción en México.

Todos los días les imputaba al PRI y a los gobiernos neoliberales la autoría de todos nuestros males, los tildaba de ladrones y expoliadores de los pobres. Ello le permitió llegar al poder.

Obnubilado ese pueblo bueno y sabio le creyó sus mentiras y en más de una ocasión sacó su pañuelo blanco para decir que había erradicado la corrupción en su sexenio. Nada más alejado de la realidad.

Durante su mandato se dio el escandaloso caso de Segalmex, sin que hasta la fecha se haya recuperado lo robado y en la cárcel sólo están funcionarios menores.

Resulta que el director general, el expriísta Ignacio Ovalle, fue premiado con un cargo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las administraciones de la 4T han sido muy corruptas, donde más se han encubierto los latrocinios y dado impunidad a los criminales.

Criticaban a los regímenes priístas por sus fechorías; sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a diez mandatarios estatales de su propio partido.

¿Cuántos gobernadores han procesado los de la 4T? Hay ingobernabilidad en varias entidades del país y no son pocos los Ejecutivos locales señalados por sus nexos con el crimen organizado, incluso políticos de primer nivel fueron financiados durante sus campañas con dinero del lavado de dinero o del huachicol fiscal.

Entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, entre otras, han estado en el ojo del huracán, y que son muy reiterativos los señalamientos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las revelaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, hablan de un desvío de miles de millones de pesos destinados a financiar campañas y fondear programas sociales con fines electoreros, cantidad muy superior a lo demandado por la Estafa Maestra, motivo por el que fue encarcelada injustamente Rosario Robles Berlanga.

El despido poco explicado de Marx Arriaga también ha destapado irregularidades en la SEP.

Ya es por todos sabido que la 4T claro que no es igual que los gobiernos neoliberales, son peores y más cínicos.

Transparencia Internacional publicó su informe 2025, donde ubica a México en el lugar 141 de 182 de percepción de corrupción.

Tenemos el último lugar en corrupción entre las 38 economías evaluadas en la OCDE y en el grupo del G-20 estamos en el penúltimo lugar, sólo arriba de Rusia. En América Latina nos ubican por debajo de Brasil y Chile. Organismos internacionales consideran que el costo de la corrupción representa entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La corrupción no sólo representa un costo económico, también va acompañada de otros efectos negativos como la opacidad en los actos de gobierno, la no rendición de cuentas, la justicia a modo, la impunidad para correligionarios y el uso político y vengativo de la ley con los adversarios.

La connivencia con el crimen organizado y el huachicol fiscal evidenciaron el financiamiento ilegal de las campañas políticas y propició una violencia generalizada.

La corrupción no sólo frenó el desarrollo nacional, también nos ha hecho un país inseguro, donde la impunidad genera la repetición de los delitos y acrecienta la criminalidad.

Tenemos 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo, y si bien perdimos el primer lugar -hoy en manos de Puerto Príncipe, Haití-, si tenemos la sexta y novena posición con Culiacán y Ciudad Obregón; México tiene otras 15 poblaciones en la media centena.

En lugar de mentir con la ondeada del pañuelito, el tabasqueño debió establecer verdaderas políticas públicas para combatir la corrupción y no fingir su batalla con estigmatizante nombre del elefante blanco llamado “Instituto Para Devolverle Al Pueblo Lo Robado”.

Nadie ha deshonrado tanto el lema de “no mentir, no robar y no traicionar” como los propios miembros de la 4T, que con sus actos fomentan los antivalores.

Si realmente atacaran la corrupción y metieran a prisión a los nada probos cuatro teístas habría que preguntarse: ¿Quién apagaría la luz en la sede de Morena y en muchas áreas del gobierno?

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Pensiones a adultos mayores, ayudas económicas a madres trabajadoras y becas a “Ninis”, la estrategia electoral de la 4T

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La juventud  y el 2027 * Es la oportunidad de los jóvenes para definir el país que quieren. Ser mediocres y mantenidos u optar por un gobierno que cuente con políticas públicas que garanticen el futuro aspiracional de esos mexicanos, quienes pueden ser el motor que active el verdadero desarrollo nacional

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

El INEGI dio a conocer su encuesta intercensal 2026 y hay datos interesantes que inciden en la vida cotidiana y en el proceso electoral 2027.

Cayó el mito de que México contaba con poco más de 134 millones de habitantes, en realidad sólo somos 130 millones 911 mil 314, lo que modifica el padrón electoral del próximo año.

Hay más mujeres que hombres, 51.9 por ciento contra 48.1 por ciento.

En la encuesta trimestral sobre percepción de seguridad del propio Instituto, se ha hecho histórico el porcentaje de la población femenil que se siente mucho más insegura que el género masculino.

De persistir esa tendencia, el humor social puede definir tendencias a la hora de votar.

Envejecemos como país, se incrementó la población con más de 65 años de edad, la tasa de fecundidad bajó de 2.1 a 1.9.

La tasa de crecimiento pasó de 1 por ciento a 0.7 por ciento en una década.

 

PLANES ELECTORALES

Será interesante conocer las estrategias electorales partidistas para ganar el sufragio de la gente de la tercera edad.

El gobierno tiene los dados cargados en favor de su movimiento con las pensiones a los viejitos, las ayudas económicas a madres trabajadoras y las becas a los “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero votan.

La encuesta intercensal revela que el 41.4 por ciento de los hogares recibe ingresos por algún tipo de programa asistencialista.

¿Qué harán los institutos políticos para convencer al electorado de que los programas sociales son -erróneamente desde mi punto de vista- derechos constitucionales que no les pueden quitar por un eventual cambio de gobierno, y que no son dádivas gubernamentales creadas por el tlatoani tabasqueño, sino partidas presupuestales alimentadas con los impuestos o la extinción de fondos y programas prioritarios?

Los viejitos se sienten felices con los seis mil pesos bimestrales, aunque gasten más en sus medicamentos porque hay desabasto en el sector salud.

Prefieren abstenerse de sus medicinas y postergar su salud, porque ese dinero ya está considerado como parte del gasto familiar.

Las madres trabajadoras ven incrementado su ingreso, aunque hayan cerrado las guarderías gratuitas y las escuelas de tiempo completo.

Los “ninis” serán esenciales en el proceso electoral 2027 porque creció el segmento poblacional entre 18 y 35 años.

Nadie les ha explicado que con las becas perdieron lo más por lo menos.

Serán una generación perdida, gente sin preparación académica ni oportunidades de empleo, salvo en la informalidad o el sicariato.

 

DESERCIÓN ESCOLAR

Durante la pandemia se incrementó la deserción escolar en todos los niveles y no se ha recuperado la matricula pre-Covid 19.

Los padres de familia prefieren unos pesos y mantener a sus hijos en escuelas oficiales -aunque no aprendan nada-, que hacer el sacrificio de costear la educación particular.

Mientras el mundo globalizado demanda profesionistas, técnicos o científicos mejor preparados y más competitivos, la nueva escuela mexicana (sic) masifica e ideologiza la instrucción, abandona la educación de calidad y elimina la excelencia académica y la justa competencia entre alumnos al prohibir calificaciones reprobatorias o cancelar los exámenes de admisión.

La cereza del pastel es la proliferación de bachilleratos y universidades públicas sin instalaciones adecuadas ni claustro de profesores capacitados. Pocos son los egresados… y mucho menos los titulados.

La compra de conciencia de esos jóvenes sólo es un paliativo a su mediocridad y pobreza.

No saldrá de ninguna de ellas, porque no les interesan ofertas políticas que prometan educación de calidad, excelencia académica y exámenes de admisión para seleccionar a las mejores mentes y premiar el buen desempeño escolar.

 

RETO DE CANDIDATOS Y PARTIDOS

Ese es el mercado y el reto que tienen que conquistar los candidatos y partidos que compitan en los comicios del próximo año.

El bono demográfico se agota y, a mediano plazo, seremos un país de ancianos conformistas sin una clase política o empresarial que pueda sacar adelante un proyecto de nación viable y sustentable.

Es la oportunidad de los jóvenes para definir el país que quieren. Ser mediocres y mantenidos u optar por un gobierno que cuente con políticas públicas que garanticen el futuro aspiracional de esos mexicanos, quienes pueden ser el motor que active el verdadero desarrollo nacional.

¿Los partidos estarán a la altura de ese reto? Usted, estimado lector, tiene la mejor opinión.

 

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Un poder delictivo, el riesgo de los comicios del 2027

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Ediles: violencia y corrupción * Avanzan los grupos delictivos en el control político, económico y social en buena parte del territorio mexicano * Los cárteles financian campañas; imponen candidatos; eliminan, secuestran y amedrentan a adversarios, compran votantes, destruyen casillas, agreden a funcionarios electorales e intimidan a sufragantes

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La narrativa oficial niega la ingobernabilidad y el control territorial del crimen organizado sobre México; sin embargo, se ha documentado la intervención de las mafias en los procesos electorales recientes.

A pesar de los datos estadísticos que hablan de una continua reducción de la incidencia delictiva, sobre todo de los homicidios dolosos, es evidente que no cede la violencia política -especialmente a nivel municipal-, en todo el país.

La consultora Integralia da cuenta del avance de los grupos delictivos en el control político, económico y social -los mañosos hacen uso de su base social-, en buena parte del territorio mexicano y es evidente la participación de los cárteles en el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos, la eliminación, secuestro y amedrentamiento de adversarios, la compra de votantes, la destrucción de casillas y agresiones a funcionarios electorales e intimidación de sufragantes.

Finalmente, son los ahijados de los grupos delictivos quienes arriban a los cargos de elección popular.

Más aún, el experto en seguridad nacional e inteligencia, Eduardo Vázquez Rossainz, advierte del riesgo de que, en los comicios de 2027, jóvenes criminales ocupen los gobiernos municipales y se imponga una oclocracia criminal, es decir, un poder delictivo.

Enfatiza el estudioso que peligra la democracia mexicana ante la posibilidad de que miembros del crimen se incorporen a los partidos como candidatos y se hagan gobierno.

El problema es que también los cabildos designan a los jefes policiacos, los cuales no han sido nada impolutos y si poco eficientes.

Los alcaldes son la parte más vulnerable de la pirámide de gobierno.

Por un lado, se han convertido en víctimas directas, o sus familiares, de la violencia política y por otro, resultan abyectos empleados de los barones de la droga.

Integralia acredita que en el proceso electoral 2023-2024 hubo 889 víctimas de agresiones a aspirantes y candidatos, lo que significó el proceso más violento en la historia moderna del país; el 78 por ciento se concentró a nivel municipal.

En los últimos 25 años han asesinado a poco más de 130 alcaldes de todos los partidos, independientemente de los exfuncionarios que querían regresar al poder o los aspirantes a ediles, además de los atentados en contra de familiares directos de los munícipes, como padres, hermanos, esposas o hijos.

Los motivos varían desde el negarse a complicidades criminales hasta el incumplimiento de pactos por la connivencia con delincuentes.

Pero también están los casos de quienes son empleados de los zares del crimen y actúan con toda impunidad hasta que por eventualidades, circunstancias políticas o presión mediática son descubiertos y no hay más remedio que ser detenidos, destituidos y encarcelados al comprobarse su evidente participación en la delincuencia organizada, el control de grupos criminales, la corrupción de cuerpos policiales municipales o el consentimiento de la extorsión y el secuestro.

Tan sólo en lo que va de la presente administración han sido detenido 13 alcaldes. Todos relacionados con actividades ilícitas, perpetración de homicidios, autoría de secuestros o extorsiones.

Eso habla del riesgo que hay de que avance la delincuencia organizada y ejerza la gobernanza, no como poder fáctico sino real.

El gran reto de los tres niveles de gobierno y de las autoridades electorales, así como de los propios partidos políticos, es blindar las candidaturas a cargos de elección popular para evitar la infiltración del crimen en las estructuras de poder, que ya es un hecho, y el año entrante vigilar y asegurar que no haya violencia en los próximos comicios -los más grandes en la historia del país por el número de puestos a competir-, y que no intervenga la delincuencia para intimidar a aspirantes o electores.

La violencia política puede amenazar una democracia que cada día es más endeble.

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Estábamos mejor cuando estábamos peor

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Los extranjeros, los vendepatrias y dictadores eran más nacionalistas * A los niños y jóvenes no se les inculcan valores cívicos porque en el sistema educativo no se imparte educación de calidad * Eso es consecuencia de los mismos gobiernos que invocan el respeto a la investidura gubernamental, pero no hacen respetar su imagen

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La nueva escuela mexicana (sic) busca crear bisoña interpretación de la historia y se esfuerza en la construcción de ignotos personajes o de sucesos poco comprobables para redefinir un nacionalismo a modo.

La narrativa oficial se aferra al rescate de las raíces prehispánicas y hacer ver a los aztecas -civilización anterior a los dinosaurios, según el tlatoani tabasqueño- como inspiración de una raza casi cósmica -ni a Vasconcelos se le hubiera ocurrido-, fuente de un nacionalismo patriotero que debe ser impuesto.

Los nuevos heraldos, con nombres y apellidos nada náhuatl, quieren perpetuar el mensaje de odio hacia los españoles y revivir el grito de “mueran los gachupines” o “¡fuera gringos!”, sin recordar que a los aztecas los vencieron no los ochocientos soldados de Hernán Cortés, sino los vasallos y enemigos de los migrantes de Aztlán, conquistadores y exterminadores de las tierras dominadas por el imperio mexica.

Esa xenofobia encubierta de los nuevos vencedores, los que mal escriben o reinventan la historia, hace negar que quienes proclamaron la independencia del virreinato -no del rey Fernando VII- fueron los criollos, que no renunciaban a su origen, pero necesitan a los indígenas y mestizos para la lucha armada.

Nunca tuvimos una identidad nacional. Los aztecas eran unos invasores que huían de la opresión de pueblos más fuertes del occidente de la República.

El hartazgo de los nuevos vasallos, razas indígenas igual que ellos, es lo que hizo triunfar al extremeño, quien curiosamente, junto con algunos frailes, hizo más por los nativos que los propios aztecas. Construyeron escuelas, hospitales y compartieron el conocimiento del Viejo Continente.

Apelamos al concepto de soberanía, cuando el dominio de los hijos de Huitzilopochtli llegaba hasta Centroamérica.

Mal o bien, los verdaderos esfuerzos por darnos identidad nacional y fomentar el nacionalismo de todos los mexicanos, pobres y ricos, fueron figuras denostadas por la historia oficial en turno.

Un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo, en 1864 (Héctor de Mauleón dixit) es quien salió por primera vez al balcón del entonces Palacio Imperial -no era la residencia del noble- para repetir la arenga de Hidalgo y escuchar los ¡vivas! de los mexicanos arremolinados en la plaza del Zócalo, quienes sólo estaban acostumbrados a una verbena popular.

Correspondió a un “vendepatrias”, Antonio López de Santa Anna, su Alteza Serenísima, convocar a un concurso para la composición del Himno Nacional en 1853.

Nuestro Himno fue interpretado por primera vez el 15 de septiembre de 1854, obvio en el Teatro que llevaba el nombre del héroe de Zempoala.

Muy liberales, muy republicanos, muy demócratas, pero con los gobiernos de la Reforma -como durante la intervención norteamericana- entró en desuso la interpretación de la obra de Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó.

Fue Porfirio Díaz quien más alentó nuestro nacionalismo -a pesar de sus tendencias europeizantes-, el cual más honró la memoria de Benito Juárez García.

Durante el mandato del héroe de la Batalla del 2 de abril se rindieron el mayor número de homenajes al Benemérito de las Américas, se construyó el Hemiciclo a Juárez y se edificaron infinidad de estatuas y monumentos en todos los estados.

El dictador mandó traer la Campana de Dolores en 1896 y la instaló en el balcón central del, ahora sí, Palacio Nacional.

Correspondió al general oaxaqueño tañerla por primera vez en su nuevo sitio, donde los sucesivos gobernantes de México lo han replicado hasta la fecha.

También durante su administración, se volvieron a entonar las estrofas del Himno en actos oficiales. Además, instruyó el rescate de Jaime Nuño, quien se había autoexiliado en Búfalo, Nueva York, donde daba clases de canto.

Aquí murió el hispano y sus restos están en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

La primera grabación del Himno Nacional fue ordenada por don Porfirio Díaz en 1901 en un estudio estadounidense e interpretada por un barítono español.

Ni Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera ni Adolfo López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica pudieron alentar tanto nuestro nacionalismo como esos héroes incomprendidos de la historia.

Hoy se confunde nacionalismo con chauvinismo y amor patrio con actos patrioteros. No solo hemos perdido identidad, también valores cívicos que trastocan la democracia como forma cotidiana de vida.

La gente no respeta a las instituciones porque no se ve representadas en ellas. Son comunes las escenas de falta de respeto a las autoridades: hay retención de servidores públicos, agresiones a policías y militares, quema de patrullas, rescate de infractores, vandalismo de edificios públicos.

A los niños y jóvenes no se les inculcan valores cívicos porque en el sistema educativo no se imparte educación de calidad.

Eso es consecuencia de los mismos gobiernos que invocan el respeto a la investidura gubernamental, pero no hacen respetar su imagen.

Los extranjeros, los vendepatrias y dictadores eran más nacionalistas. Estábamos mejor cuando estábamos peor.

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