Nadie puede arrebatarle al pueblo un lugar histórico de identidad nacional * Rechacemos los actos ególatras de políticos y gobernantes, dejemos la plaza mayor para conmemorar gestas que nos recuerdan la importancia de mantener la unidad de todos los mexicanos y rechazar la polarización

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Desde tiempos inmemoriales, el Zócalo de la CDMX ha sido no sólo el centro político y administrativo de la República, sino detentada propiedad de los gobiernos en turno para mostrar músculo y legitimarse ante la población. La expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas conoció el apoyo social no sólo con las aportaciones económicas y en especie de los pobres, sino con una magna y espontánea manifestación de la gente. Lo mismo sucedió con la nacionalización de la industria eléctrica en tiempos de Adolfo López Mateos. También sirvió de marco al partido hegemónico en el poder para ratificar los destapes presidenciales y mostrar la adhesión “popular” al candidato tricolor. Sufrió hasta el gigantesco apagón que propició el suspirante perdedor Hugo Cervantes del Río cuando los sectores del PRI se manifestaron en favor de José López Portillo.

La catastrófica nacionalización de la banca fue forzosamente apoyada por la burocracia, no sólo con una marcha hacia el Zócalo de los sindicatos del Estado, sino por los propios titulares del gabinete que entraron a la plaza de armas con vítores para el patriótico presidente que arrebata los bancos a usureros capitalistas que encarecían los créditos y robaban a los cuentahabientes.

Ahí empezó la danza de cifras. Voceros gubernamentales y dueños de los medios hablaron de un millón de mexicanos en la plancha. Cifra alegre que nadie se preocupó por comprobar. De ahí pa´l real. Guerra de cifras, los eventos oficiales van del medio millón a los 600 mil. Y todos lo creen.

Pero no sólo el gobierno infla el número de asistentes, también los otrora movimientos de oposición como los de Cuauhtémoc Cárdenas y el propio AMLO hicieron de la plaza mayor un manifestódromo de su propiedad. Con fe notarial se comprobó que el hijo del Gigante de Jiquilpan no podía meter más de 50 mil personas en la plancha y sólo llegaba a los 100 mil, si ocupaban los portales y las calles desde Pino Suárez a 5 de Mayo.

La 4T también busca legitimarse ante sus huestes mediante el acarreo de alquilados adeptos.

Tanto autoridades federales como capitalinas insisten en detentar la propiedad del Zócalo y negársela a las expresiones ciudadanas o a la oposición. Ahí, además de complicarles el acceso y amurallar el antiguo palacio virreinal como construcción medieval, les arrebatan la identidad nacional al dejar de izar la bandera y escatiman la numeralia. Multitudinarias manifestaciones de protesta nunca rebasan, en los informes oficiales, los 15 mil asistentes.

Tal vez sea prudente desempolvar una vieja iniciativa lopezportillista para construir un manifestódromo con toda la infraestructura para el efecto. En ese tiempo, se propuso utilizar el Monumento a La Revolución, pero la oposición lo rechazó. Entonces se pensó en construir una enorme plaza entre las calles de Bucareli y Balderas. Derruir el edificio Gaona -hoy abandonado-, frente a Gobernación y tirar el cine Ciudadela -también en desuso-, para dejar una larga plaza de concentraciones. Tiene un sentido simbólico el Zócalo, es como arrebatarle al gobierno un poco de poder, es protestar porque causas ciudadanas se conviertan en políticas públicas. Exigir un buen gobierno. Por eso el tabasqueño hizo su plantón en Paseo de la Reforma, no quería en ese momento el poder, quería joder la economía de la ciudad, vengarse del pueblo que no votó por él.

No se puede admitir que el gobierno, del signo que sea, arrebate al pueblo entero un símbolo de identidad nacional, un espacio de todos los mexicanos que ha resistido la afrenta hasta de invasiones extranjeras. Rechacemos los actos ególatras de políticos y gobernantes, dejemos la plaza mayor para conmemorar gestas que nos recuerdan la importancia de mantener la unidad nacional y rechazar la polarización.

FALTA DE NORMATIVIDAD EXPONE AL PERSONAL MÉDICO A CONTAGIOS

Cada año se registran cerca de 2 millones de accidentes punzocortantes entre trabajadores de la salud a nivel global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, enfermeras, médicos residentes y personal de urgencias continúan expuestos a un riesgo que puede derivar en infecciones como hepatitis B, hepatitis C o VIH.

La doctora Roxana Trejo, gerente de Vigilancia Epidemiológica del Corporativo ABC y expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN), destaca que se trata de un desafío latente para todas las instituciones de salud.

“Las punciones accidentales son un riesgo laboral real, pero la evidencia demuestra que cuando el personal cuenta con dispositivos de inyección seguros y recibe capacitación continua y activa buenas prácticas, los incidentes se reducen de manera contundente”, expresa la también médico epidemiólogo en Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales y líder del Consenso de Prevención de Accidentes por Punzocortantes y Salpicaduras.

Asimismo, se expuso que el riesgo de transmisión tras una punción con aguja usada puede llegar a 30% para hepatitis B, 5% para hepatitis C y 0.3% para VIH, sobre todo cuando involucra agujas huecas o acanaladas.

La OMS estima que estas lesiones ocasionan 66 mil infecciones anuales por hepatitis B, 16 mil por hepatitis C y mil por VIH entre trabajadores sanitarios. Aunque estas cifras representan una realidad global, los especialistas coincidieron en que el reto está en fortalecer las prácticas preventivas y la capacitación continua dentro de cada institución.

TECNOLOGÍA, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE SEGURIDAD

La introducción de dispositivos de agujas de seguridad se asocia con una reducción del 70% en el número de lesiones por pinchazos con aguja. Aun así, persisten conductas que elevan el riesgo -como el re-encapuchado manual, la eliminación inadecuada o el uso de insumos sin mecanismos de protección-, prácticas que deben erradicarse porque siguen ocurriendo en distintos entornos clínicos.

“En BD -una de las mayores empresas globales de tecnología médica que impulsa los descubrimientos médicos, de diagnóstico y de los cuidados de la salud- se desarrollan tecnologías diseñadas para evitar que una punción accidental cambie la vida de un profesional de la salud. Las agujas con mecanismos de protección reducen riesgos sin modificar la técnica clínica. El desafío es asegurar que estos dispositivos lleguen a quienes los necesitan y que el personal pueda trabajar con seguridad”, comenta la maestra en Enfermería, María de Lourdes Meléndez, gerente de Asuntos Médicos MDS BD Hub México.

Tras su intervención, Meléndez detalló que BD cuenta con un portafolio de seguridad diseñado para prevenir punciones accidentales durante la preparación de medicamentos, la administración de medicamentos y la toma de muestra.

Además de las implicaciones clínicas, los especialistas recordaron que cada accidente genera costos directos e indirectos de 650 y 750 dólares estadounidenses, por pruebas serológicas, profilaxis y ausentismo. Destacaron que reducir estos incidentes favorece la continuidad operativa en áreas críticas como urgencias, terapia intensiva y quirófanos.

La creciente ola delictiva a nivel nacional la genera el crimen organizado * Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La pérdida de buena parte de la gobernabilidad se debe a la creciente violencia política que generan el crimen organizado y algunas reyertas entre grupos de poder no muy bien esclarecidas por la propia autoridad.

En todos los casos se trata de agresiones para amenazar, intimidar, frenar carreras políticas, incidir en procesos electorales, cobrar venganza por no aceptar pactos ilícitos o incumplirlos, imponer candidatos o suplantar a legales autoridades para ejercer el poder público e incluso crear tributaciones paralelas, como el cobro de derecho de piso u otorgar permisos para abrir negocios.

También realizan labor social, auxilian a damnificados después de desastres naturales, dan regalos en el Día de las Madres, el Día del Niño o en Reyes, además de distribuir despensas u organizar eventos musicales.

El Estado constitucional ha claudicado en su función primigenia de dar seguridad a los gobernados y garantizar el respeto a la vida y al patrimonio de los ciudadanos.

La pérdida de la gobernabilidad empoderó a los grupos criminales y permitió el deterioro del Estado de Derecho, por lo que dejó la gobernanza en grupos de poder fáctico que hacen las funciones de la autoridad como otorgar seguridad a comunidades enteras.

El crimen organizado no sólo se circunscribe al narcotráfico, se extiende a la trata de personas -por explotación sexual, laboral o migrante-, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

En Chiapas y Oaxaca se da la violencia política mediante el desplazamiento forzado de comunidades enteras por disputas de tenencia de la tierra, razones étnicas o religiosas, así como la mafia de los polleros que comercian con migrantes. También se da el asesinato o desaparición de líderes sociales.

Ante los desplazamientos o masacres, prevalece la impunidad y la inacción de autoridades.

La violencia política ha acompañado el desarrollo histórico del país: Golpes de Estado y asonadas militares en el siglo XIX, la Revolución Mexicana y su millón de muertos, los sucesivos magnicidios posrrevolucionarios, los homicidios políticos como los del general Serrano, el general Saturnino Cedillo o los muertos del henriquismo.

También ejerció violencia política el propio gobierno al reprimir, en aras de mantener la estabilidad social, los movimientos magisteriales, médico, ferrocarrilero, electricista y los de estudiantes de 1968 y 1971.

Ahora son la delincuencia organizada y las facciones políticas en busca del poder los que ejercen el otrora monopolio estatal del uso de la fuerza.

Asimismo, mediante esa violencia, los criminales se han apoderado de los procesos electorales y ellos deciden quién debe gobernar.

Lo mismo financian campañas políticas en todos los niveles que imponen candidatos, eliminan contrincantes, secuestran aspirantes, amenazan a funcionarios electorales, inhiben el voto, alientan el abstencionismo y destruyen casillas.

La pérdida de la gobernanza provoca un sentimiento de abatimiento ciudadano, se asume que la violencia se impone al pacto social y que el Estado ya no es garante del respeto a la vida y a la propiedad.

Se normaliza la connivencia de las autoridades con la delincuencia organizada, se reconoce socialmente la corrupción y que es inherente a los servidores públicos.

Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial, que no los mueve la figura omnímoda, omnipotente y omnipresente de un jefe de Estado autárquico.

Ello requiere de abandonar la narrativa basada en las falacias que apelan al principio de autoridad, desechar el discurso de odio y buscar la unidad nacional, no la polarización ni el divisionismo social.

Hoy el gobierno enfrenta no sólo el reto de rivalizar o asociarse con el crimen organizado en todas sus acepciones, sino el reclamo de la Generación Z que, si bien sólo se visibilizó con una marcha, la satisfacción de sus demandas de empleo, educación, justicia, seguridad, combate a la corrupción y mayor participación política se logrará desde sus propias formas de expresión, como las redes sociales.

No buscarán protagonizar una primavera árabe ni los fallidos movimientos estudiantes del otoño de 1968 o el verano de 1971, pero si las autoridades desoyen el llamado al cambio de los jóvenes, Nepal o Marruecos estará a la vuelta de la esquina.

Por supervivencia, el Estado debe recuperar la gobernabilidad.

El dictador oaxaqueño hizo de la Presidencia una silla de águila imperial para un solo hombre * ¿Ya se agotó la Revolución Mexicana? * La historia y la sociedad no perdonan: Aunque desdeñaron a la Generación Z, ese puede ser el germen de un cambio social que empodere a la clase trabajadora y les arrebate el poder

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

En los albores de la centuria pasada, un puñado de burgueses, políticos y militares conspiraron contra el viejo general que se apropió del poder por más de tres décadas y que, si bien es cierto, auspició la expoliación y represión de campesinos y obreros, también es justo reconocer que bajo el lema de orden y progreso insertó al país en el desarrollo y la modernidad.

El dictador oaxaqueño que hizo -como ahora- de la Presidencia una silla de águila imperial para un solo hombre, también trajo la electricidad, el alumbrado público, el teléfono, la inmediatez del telégrafo, miles de kilómetros de vías férreas -otra paradoja de la historia: la 4T quiere recuperar los ferrocarriles, bajo los cimientos de la infraestructura del héroe de la Batalla del 2 de abril-, arte y cultura florecieron en el porfiriato e incluso propició la creación de la Universidad Nacional y tuvo al pensador Justo Sierra como secretario de Instrucción Pública.

Satanizado per secula seculorum, el otrora liberal y brazo armado del presidente Benito Juárez García -megalómano al que sólo la muerte le impidió convertirse en otro dictador-, lo ayudó a llegar al poder -qué hubiera sido de Juárez sin la espada de Díaz, dixit el paisano de ambos políticos Raúl Bolaños Cacho Güenduláin- y enfrentó el estallido armado que dio pauta a lo que posteriormente sería la Revolución Mexicana.

Contrario a lo que marca la historia oficial, el general oaxaqueño no se aferró a esa silla imperial, la “Bola” inició a fines de noviembre de 1910 y se exilió en mayo de 1911, no quiso alentar la confrontación entre mexicanos.

Los autores intelectuales de la sublevación, que se aprovecharon de las demandas agrarias y laborales de los desposeídos, traicionaron a los pobres y únicamente protagonizaron nuevos levantamientos encabezados por Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Tardaría tiempo la Revolución en convertirse en el primer movimiento social del siglo XX.

La camarilla de burgueses, políticos y militares estaba más preocupada por ver quién ocupaba la tan deseada silla -la misma que despreciaron el Caudillo del Sur y el Centauro del Norte- y poco hicieron por reivindicar a obreros y campesinos. A la muerte de Francisco I. Madero y el arribo del usurpador Victoriano Huerta, se sucedieron las asonadas militares que ni la promulgación de la Constitución de 1917, que contemplaba por primera vez los derechos sociales, las pudieron contener, incluso asesinaron al presidente promulgador de la Carta Magna, Venustiano Carranza.

Solo la institucionalización política y social del país pudo acabar con el caudillismo -hoy resurgido-, y darle estabilidad para negociar la conquista subsecuente de derechos para las clases trabajadora y campesina.

Los artículos constitucionales 27 y 123 fueron parteaguas para otorgarles derechos y garantías a esa parte fundamental del Estado, pero olvidada por los regímenes.

Ideológicamente, se utilizó la Revolución Mexicana como un ente aglutinador que buscó, como organización bonapartista, quedar bien con los sectores de la producción. Un Estado proteccionista, al amparo de una fortalecida clase media, alentó en los ochenta lo que se conoció como nacionalismo revolucionario.

Eran los tiempos del partido hegemónico que se negaba a abandonar el populismo y proponía un Estado creador de empleos en el sector paraestatal.

Todo en nombre de la Revolución Mexicana. Sólo la administración salinista sepultó el movimiento social de 1910.

Pero no únicamente el periodo neoliberal menospreció el espíritu reivindicador de la Revolución Mexicana, también los regímenes de la 4T ocultaron los rasgos populares de la lucha armada para hacerse de su propio movimiento que, como ese puñado de burgueses -hoy nuevos ricos-, politiquillos y militares cobraron su cuota de poder adueñándose de los pobres, a quienes utilizaron para encaramarse en esa silla imperial.

Con ceguera de taller, la no tan nueva clase política niega que siguen pendientes las justas demandas obreras y campesinas y hasta dinamitaron el origen político maderista: sufragio efectivo, no reelección.

Sin embargo, la historia y la sociedad no perdonan, y aunque desdeñaron el incipiente despertar de la Generación Z, ese puede ser el germen de un cambio social que empodere a la clase trabajadora y les arrebate el poder.

Las marchas no son el camino de los jóvenes, sino la rebeldía y otras formas de expresión como las redes sociales.

La violencia revolucionaria no es la barbarie pagada por el mismo gobierno del “Bloque Negro” o los vándalos de Ayotzinapa, sino la quema de un autobús en Tabasco por estudiantes del Conalep, a los que le negaron el legítimo derecho a una beca para estudiar, no las dádivas a los ninis. Ya no le podrán echar la culpa a Porfirio Díaz, Felipe Calderón Hinojosa o Enrique Peña Nieto.

La Revolución -Adolfo Gilly dixit- sólo está interrumpida.