Decisión del Consejo de Seguridad Nacional * Se acuerda con el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitar la pena de muerte * Los trasladados contaban con órdenes de extradición y acusaciones por delitos de tráfico de drogas y personas, homicidio, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada
TOM ROMA
Omar García Harfuch, junto con el Gabinete de Seguridad de México, en conferencia de prensa, explica los motivos y cómo fue el envío de 26 presos mexicanos a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delitos violentos.
Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los 26 “representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos“, ya que, aún privados de su libertad, “continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas”.
Los 26, de acuerdo con las autoridades, desde prisión amenazaron a funcionarios y extendieron redes de corrupción e intimidación.
García Harfuch revela que tráfico de personas, homicidios, delitos con arma de fuego, delincuencia organizada y lavado de dinero son algunos de los delitos por los que contaban con órdenes de extradición de Estados Unidos.
Fueron capturados en México por privar de la vida a personas inocentes, coordinar ataques contra funcionarios, producir y distribuir drogas y generar violencia en comunidades enteras.
Es de resaltar que varios de los 26 criminales ya habían obtenido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, mientras que otros, recluidos en centros penales federales, aguardaban resoluciones similares que les permitirían ser trasladados a prisiones estatales con menor vigilancia, lo que aumentaba el riesgo de fuga.
García deja claro que “el traslado” se realizó bajo el más alto criterio de seguridad del país y “se trató de una decisión soberana, en atención a la Ley de Seguridad Nacional“, además de que no responde a ningún tipo de negociación.
Acompañado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; García Harfuch señala que esta acción se realizó en coordinación, cooperación y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos.
El titular de la SSPC anuncia que se acordó con el Departamento de Justicia de ese país no solicitar la pena de muerte.
Agrega que el traslado es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, en atención a la Ley de Seguridad Nacional, además de estar alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión para la protección del país.
Omar García explica que las 26 personas privadas de su libertad se encontraban recluidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales, contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en EU, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, añade.
FUERON ACCIONES PARA DEFENDER A LA POBLACIÓN Y SOBERANÍA: GERTZ MANERO
En su intervención, el fiscal Gertz Manero señaló que estas acciones se realizan para defender a la población y la soberanía; “existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo”.
“La Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo quinto establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando. La base constitucional está en el Artículo 89 de la Constitución de la República y tenemos también las bases internacionales como la Convención de Palermo”, agrega.
Como parte de las labores de cooperación y respeto a la soberanía de ambas naciones, el traslado de dichas personas se realizó bajo los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos.
En este despliegue participaron 988 efectivos, 12 aeronaves y 90 vehículos.
Gertz Manero, fiscal general de la República, explicó que no fue un proceso de extradición.
“Estamos aplicando la Ley de Seguridad en su artículo quinto”, sentenció. Los funcionarios enfatizaron que no solicitarán la pena de muerte.
“Eso no se negocia. Nuestras leyes establecen con toda precisión que en México no existe ni se aplica la pena de muerte y en el caso de cualquier mexicano en cualquier país, nosotros lo vamos a defender en todas las instancias, no es materia de negociación, es una obligación constitucional”, afirma Gertz Manero.
La medida ocurre en medio de la presión de la administración de Donald Trump para desmantelar a los cárteles. Desde febrero de 2025, su gobierno ha designado a varios grupos criminales mexicanos como “organizaciones terroristas” y ha buscado acelerar la captura y entrega de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.
La embajada de EU en México reconoce el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en estas acciones conjuntas contra el narcotráfico.
Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma el compromiso de garantizar la seguridad del pueblo de México.
Un factor de relevancia en el panismo * Su papel, comentan en los cafés políticos, será determinante en la ruta que el PAN trace rumbo a los próximos años, sobre todo en lo electoral y en lo legislativo
EL TOPO
El senador Enrique Vargas del Villar, militante del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido señalado por especialistas como uno de los liderazgos que podrían influir en la estrategia de la oposición en México.
Con una trayectoria que inició en la administración local y que hoy lo coloca en el Senado de la República, su nombre aparece de forma constante en los análisis sobre la reorganización del partido.
El vicecoordinador de los senadores panistas es un hombre de retos y lo demostró al brincar del Congreso mexiquense a la Cámara Alta.
La experiencia de Enrique Vargas comenzó a tomar forma cuando asumió la presidencia municipal de Huixquilucan, un municipio con peso político en el Estado de México (Edomex).
Desde ahí logró visibilidad que más tarde le abrió espacio en el Congreso local y posteriormente en el Senado.
Analistas subrayan que esta ruta, de carácter progresivo, le ha permitido combinar la experiencia administrativa con la legislativa, lo que lo coloca en un lugar de relevancia dentro del panismo.
CONCILIADOR
Más allá de su actividad partidista, Enrique Vargas ha buscado interlocución con actores empresariales y organizaciones sociales.
Estas relaciones, construidas a lo largo de varios años, le han dado la posibilidad de mantener un respaldo diversificado.
Esa base de contactos, según especialistas, le ha permitido conservar una posición sólida en los procesos de negociación y fortalecer la cohesión de su grupo político. Grupo con peso en el PAN.
En el Estado de México, Vargas lidera una corriente interna que destaca por su disciplina y capacidad de organización.
Este grupo se ha convertido en un referente dentro del partido, participando de manera constante en procesos de decisión y posicionamiento político.
Su papel, comentan en los cafés políticos, será determinante en la ruta que el PAN trace rumbo a los próximos años, tanto en lo electoral como en su papel dentro de la oposición.
El senador morenista no representa un peso negativo para Morena * El exsecretario de Gobernación es alguien a quien respetamos y con quien seremos solidarios, señala el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados
ERIC GARCÍA
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, afirma que el senador Adán Augusto López Hernández no representa un peso negativo para Morena, pese a las investigaciones en curso contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su gestión como gobernador.
Monreal Ávila destaca que López Hernández cuenta con su respaldo y el de la militancia del partido. Subraya que, aunque no son defensores legales, acompañarán al legislador en el terreno político.
“Cuando haya acusaciones formales, será el Ministerio Público quien actúe y él podrá ejercer su derecho de defensa. Para nosotros no es un lastre, es alguien a quien respetamos y con quien seremos solidarios”, señaló.
Cabe señalar que el propio López Hernández ofreció el lunes pasado una conferencia en la que negó haber incurrido en evasión fiscal en los ejercicios 2023 y 2024, tras la publicación de una investigación periodística que lo señalaba.
Adán Augusto asegura que las imputaciones carecen de sustento y que su patrimonio y declaraciones fiscales están en regla.
El legislador morenista también rechaza tener conocimiento de que Bermúdez Requena, su excolaborador en Tabasco, mantuviera presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como La Barredora.
Enfatiza que durante su administración no se le atribuyeron responsabilidades judiciales en ese sentido.
RESPALDO POLÍTICO DE MORENA
Ricardo Monreal reitera que la postura de la bancada oficialista será de acompañamiento político, sin interferir en los procesos legales que correspondan a las autoridades competentes.
“Nuestra función es respaldar políticamente, no intervenir en el ámbito judicial”, dijo.
El coordinador parlamentario insistió en que Morena no descalificará a uno de sus miembros sin pruebas concluyentes y que la dirigencia continuará mostrando respaldo a López Hernández mientras no exista una acusación formal en su contra.
El episodio refleja la tensión que generan las investigaciones mediáticas y judiciales en torno a figuras destacadas de la política nacional, y la estrategia de Morena de cerrar filas en torno a sus dirigentes ante señalamientos públicos.
Decomiso de drogas valuadas en 29 mil millones de pesos * Es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU, expresa la Primera Mandataria en su Mañanera del Pueblo
ILDEFONSO PEREYRA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el gobierno mexicano no colaboró en los operativos anunciados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos, en los que se decomisaron drogas valuadas en alrededor de 29 mil millones de pesos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe señalar que la DEA anunció un golpe de millones de dólares al CJNG, además del arresto de 670 personas.
Al ser cuestionada sobre si hubo algún tipo de colaboración con el Gabinete de Seguridad de México para este operativo realizado en Estados Unidos, la Primera Mandataria respondió con un NO rotundo.
“No, es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU”, contesta la titular del Poder Ejecutivo federal al ser cuestionada en la Mañanera del Pueblo.
Y es que el lunes pasado, la DEA informó que -durante cinco días de acciones en distintos puntos de Estados Unidos- aseguró decenas de toneladas de drogas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo valor fue estimado en mil 450 millones de dólares; es decir, unos 29 mil millones de pesos.
Sin especificar las ciudades donde se llevaron a cabo, la DEA informó haber coordinado diversos operativos en contra del CJNG durante cinco días en los que además autoridades de diferentes niveles de gobierno habrían arrestado a 670 individuos que, según la agencia antidrogas, estarían vinculados al cártel.
Aunque la DEA no dio detalles sobre los lugares en donde ocurrieron los operativos, oficinas de la agencia antidrogas alrededor de Estados Unidos publicaron en días pasados fotografías en redes sociales de decomisos de drogas adjudicadas al CJNG en lugares que van desde San Diego, California, hasta Filadelfia, Pensilvania.