El morenista se desmarca de Movimiento Ciudadano y es uno de los perfiles con mayor aceptación entre ciudadanos, empresarios y comités políticos

ILDEFONSO GARCÍA

Mientras Morena define a su candidato para la gubernatura de Nuevo León en 2027, Waldo Fernández busca proyectarse como un factor de unidad dentro del movimiento, al tiempo que mantiene una confrontación política con el gobierno de Samuel García.

Ante simpatizantes, el senador con licencia ha reconocido a otros aspirantes y liderazgos de Morena, entre ellos Clara Luz Flores, Andrés Mijes, Judith Díaz, Tatiana Clouthier y Felipe de Jesús Cantú.

Llama a cerrar filas y respetar el resultado del proceso interno de Morena, PVEM y PT, coalición que busca competir por la gubernatura el próximo año.

El legislador con licencia sostiene que la contienda interna permanece cerrada entre cinco aspirantes y que la candidatura deberá definirse mediante las encuestas y los mecanismos establecidos por la dirigencia nacional.

Mientras busca conciliar las distintas corrientes del movimiento, Fernández ha sido respaldado por integrantes del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), empresarios, ciudadanos y comités políticos.

SAMUEL GARCÍA NO CUMPLIÓ A NUEVO LEÓN

Waldo Fernández, durante su trabajo en territorio, ha incrementado sus críticas contra el gobernador Samuel García y su administración, particularmente por los problemas que enfrenta Nuevo León en materia de movilidad, finanzas, infraestructura y contaminación.

Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con el transporte público. Ha señalado los retrasos en proyectos como las Líneas 4 y 6 del Metro y sostiene que la crisis de movilidad continúa afectando a miles de ciudadanos.

Fernández también cuestiona el manejo de las finanzas estatales. En las últimas semanas ha señalado presuntos retrasos en pagos a organizaciones civiles y otros sectores, además de advertir sobre un supuesto desorden financiero en la administración estatal.

El también empresario ha reclamado al gobierno estatal por la distribución de recursos y la atención de problemas que, afirma, siguen sin resolverse, pese a los ingresos y capacidades económicas de Nuevo León.

SE DESMARCA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Con estas críticas, Fernández intenta marcar distancia del proyecto de Movimiento Ciudadano, partido que actualmente gobierna el estado, y al mismo tiempo busca evitar una ruptura dentro de Morena.

El aspirante reconoció públicamente a sus contendientes y llamó a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificó como presiones provenientes del extranjero.

El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.

ILDEFONSO LÓPEZ

La cooperación judicial entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más intensos. Mientras Washington mantiene la presión sobre el gobierno mexicano para capturar y entregar a personas requeridas por su justicia, México ha respondido con tres operaciones extraordinarias que, desde febrero de 2025, han enviado a territorio estadounidense a 92 personas vinculadas con organizaciones criminales.

Sin embargo, la cooperación también tiene pendientes en sentido contrario.

Uno de ellos sería el caso de Emilio Valero Pérez Vargas, abogado mexicano señalado en un proceso penal por el delito de abuso de confianza y quien, de acuerdo con información relacionada con el caso, habría abandonado México, pese a tener restricciones judiciales para hacerlo.

El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.

De acuerdo con la información del caso, Valero Pérez Vargas habría cobrado una resolución judicial en representación de la firma litigante, que a su vez representaba a un consorcio español de la industria de la construcción. El monto involucrado ascendería a aproximadamente 2.5 millones de dólares.

A partir de estos hechos se inició un procedimiento penal por presunto abuso de confianza.

MEDIDAS CAUTELARES Y LA SALIDA DE MÉXICO

Antes de que se librara la orden de aprehensión referida en el caso, un juez de control habría impuesto distintas medidas cautelares a Valero Pérez Vargas.

Entre ellas se encontraban la obligación de presentarse quincenalmente ante la autoridad judicial, exhibir una garantía económica, el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México y la entrega de su pasaporte y residencia permanente o “Green Card” estadounidense.

La última medida tenía un propósito particularmente claro: Impedir que abandonara territorio nacional mientras continuaba el procedimiento.

Según la información proporcionada sobre el expediente, Valero Pérez Vargas habría incumplido posteriormente esas medidas y salido del país. Actualmente sería considerado prófugo de la justicia mexicana y existiría una orden de aprehensión en su contra, además de una solicitud de localización internacional.

Registros judiciales públicos consultados permiten confirmar que Emilio Valero Pérez Vargas ha promovido recursos en materia penal ante tribunales federales mexicanos, aunque la documentación pública localizada hasta ahora no permite reconstruir por sí sola todos los señalamientos del procedimiento actualmente referido.

La información del caso sostiene además que el abogado habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos, circunstancia que estaría siendo investigada por autoridades de ese país.

NO OLVIDAR QUE 92 PERSONAS FUERON ENVIADAS DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS

El 27 de febrero de 2025, México trasladó a Estados Unidos a 29 personas requeridas por autoridades de ese país. Entre ellas estaban Rafael Caro Quintero y los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

En agosto de 2025, el gobierno mexicano realizó una segunda operación y entregó a otras 26 personas. Las autoridades mexicanas señalaron entonces que los trasladados tenían órdenes de extradición y acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio, tráfico de personas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 20 de enero de 2026 ocurrió un tercer traslado: Otras 37 personas fueron enviadas a Estados Unidos a solicitud del Departamento de Justicia.

Con esa operación, el gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que 92 criminales de alto impacto habían sido enviados a territorio estadounidense durante su administración.

No todos estos procedimientos han sido extradiciones convencionales. Las tres operaciones masivas fueron ejecutadas utilizando mecanismos vinculados con la Ley de Seguridad Nacional y presentadas por el gobierno mexicano como decisiones soberanas dentro de la cooperación bilateral.

La magnitud de las entregas muestra hasta dónde ha llegado México para responder a los requerimientos estadounidenses.

Si un ciudadano mexicano requerido por la justicia de su país se encuentra efectivamente en territorio estadounidense después de haber violado las medidas que le impedían abandonar México, ¿qué tan rápido puede funcionar la cooperación cuando la solicitud viaja de sur a norte?

Washington ha encontrado en México un aliado dispuesto a realizar operaciones extraordinarias para colocar a decenas de personas requeridas directamente frente a tribunales estadounidenses.

Ahora queda por determinar si casos como el de Emilio Valero Pérez Vargas recibirán del otro lado de la frontera una respuesta con la misma eficacia.

Por unanimidad revoca resoluciones del IECM que le daban la razón a Víctor Hugo, quien incurrió en nepotismo e injerencia en otro partido; su grupo había sido expulsado del PRD y tiene denuncias por despojo * IECM deberá emitir nuevas determinaciones y tomar en cuenta la totalidad de lo expuesto en las demandas y pruebas aportadas

ERIC GARCÍA

Por unanimidad de sus integrantes, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) revoca las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en favor del grupo del diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ciudad de México.

Además, exhibió que las autoridades electorales en cuestión, hayan permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez, fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al partido amarillo.

Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández cuestionaron su desempeño político.

“Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.

“Polimnia Romana Sierra Bárcena fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirman los integrantes del Tribunal Electoral.

De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.

Además, demandó al Instituto Electoral, tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.