- Vitrina de escándalos por la disputa de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- ‘La Ministra del Pueblo’ protagoniza diversos momentos de tensión y polémica por sus posturas jurídicas, fricciones con el pleno del tribunal y debates sobre la congruencia de sus proyectos y declaraciones públicas
EMMA ESPÍNDOLA
Convertida en una vitrina de escándalos, la Suprema Corte de Justicia de Nación ha sido relajada por la indisciplina de algunos ministros.
Prácticamente se ha tornado en un escaparate donde pareciera que su principal función es la disputa por el poder.
Tener el dominio, la autoridad y los privilegio$ que emanan del poderío que otorga ocupar la principal silla de la institución.
En la imagen que proyecta, lejos está de ser el Tribunal Constitucional de México, cuya principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución Política y no vulneren los derechos humanos de las personas.

Teóricamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la separación de Poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional.
Las ministras y ministros de la Corte resuelven y dictan sus determinaciones como Tribunal Pleno, en el que participan nueve ministras y ministros, que son electas y electos por el pueblo.

Pero ante el relevo en la presidencia del Supremo Tribunal, que tendrá lugar el año próximo, se ha desatado una feroz lucha entre las aspirantes.
A lo que deben añadirse los diferendos surgidos por dictámenes que se apartan de los principios jurídicos que los validan.
Sin descartar los desacuerdos nacidos en la pretensión de buscar privilegios, como los seguros médicos de alto costo, que fueron frenados con un manotazo dado por la doctora Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Con sus equipos de trabajo, las y los integrantes de la Suprema Corte realizan proyectos de resolución sobre los asuntos que les son asignados, mismos que analizan y discuten de manera colegiada con sus pares.
Todas las decisiones se toman a través de votaciones, de manera abierta e independiente, protegiendo y ampliando los derechos y libertades de las personas.
Pero hay casos concretos, como el de la autollamada “Ministra del Pueblo”, quien de manera frecuente exhibe yerros y falta de conocimiento y argumentos jurídicos.
Además de caer en errores garrafales de procedimientos que ya han sido discutidos y juzgados, a lo que se agrega involucrar temas que no corresponden a la agenda previamente acordada.
Y va más allá, al confrontarse en violencia verbal con sus equivalentes compañeros y los encara para caer en alegatos que se alejan de la razón y del conocimiento jurídico.
La ministra Lenia Batres Guadarrama ha sembrado vientos y cosechado tormentas.
Tempestades que trascienden y generan un ambiente de confrontación entre hombres y mujeres de la toga y el birrete.

Incluso ha llegado a confrontarse abiertamente con el presidente ministro del Tribunal Supremo y a vociferar que cuando ella sea quien presida ese órgano jurídico, las cosas serán diferentes.
Prácticamente se asume como quien a partir del año próximo fungirá como quien presida la Suprema Corte, aunque en la realidad enfrente el repudio y el rechazo de sus compañeras y compañeros.
Recientemente hizo alarde de haber obtenido un doctorado de manera exprés, lo que ha significado que en las redes sociales se haya convertido en un referente de memes y caricaturas donde exhiben grotescamente su figura.
Pero las críticas y señalamientos van más allá, porque la ponencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, cuenta con un equipo de entre 78 y 94 colaboradores.
El costo total de su nómina supera los 5 millones de pesos brutos al mes (aproximadamente 3.7 millones de pesos netos). Los colaboradores de la ministra reciben percepciones variables según su cargo, con sueldos individuales que alcanzan hasta los 124,000 pesos.
Erogaciones que no se justifican por los constantes tropiezos, yerros y errores en las consideraciones jurídicas que muestran ignorancia y falta de conocimiento y son objeto de polémica por estar fuera de lugar.
El número de plazas asignadas incluye secretarios de estudio y cuenta, asesores, secretarios auxiliares y personal operativo.
Destaca una coordinación de ponencia, quien cuenta con percepciones netas cercanas a los 119,000 pesos mensuales, mientras que asesores específicos perciben más de 86,000 pesos netos al mes.
Pero no es la única, porque entre la ministra Lenia Batres y el ministro Arístides Guerrero suman 184 asesores con sueldos de hasta 124,000 pesos.
Además de las confrontaciones con el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, la autollamada “Ministra del Pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, ha protagonizado diversos momentos de tensión y polémica por sus posturas jurídicas, fricciones con el pleno del tribunal y debates sobre la congruencia de sus proyectos y declaraciones públicas.
Está presente que la ministra protagonizó una discusión pública con la mayoría de sus colegas de la Corte y a quienes acusó de tenerle ‘animadversión insana’.
El conflicto detonó en sesión pública, durante el análisis de una Contradicción de Criterios asignado a la ponencia de la ministra Lenia Batres la cual los otros ministros rechazaron de manera unánime.
Otro ejemplo es el conflicto que detonó en sesión pública, durante el análisis de una Contradicción de Criterios asignado a la ponencia de la ministra Lenia Batres. El punto central consistía en dilucidar un aspecto de técnica procesal: si las sentencias dictadas en las audiencias constitucionales de juicios de amparo deben notificarse a las autoridades responsables mediante “oficio” o a través de “lista”.
La propuesta de Batres Guadarrama concluía que la notificación debía realizarse por oficio. Sin embargo, la ministra justificó esta conclusión bajo el argumento de que este medio de notificación se dispone “en beneficio de las funciones del Estado” y de la “función pública”. Asimismo, su proyecto clasificaba las notificaciones de los juzgadores entre “trascendentes” (las cuales ameritarían oficio) y “no trascendentales”.
La argumentación desató un rechazo casi unánime en el Pleno. Una tras otra, las ministras y ministros manifestaron su desacuerdo con las consideraciones del proyecto, planteando dos objeciones jurídicas.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Giovanni Figueroa Mejía, señalaron que el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional donde rige el principio de igualdad procesal entre el quejoso (ciudadano) y la autoridad responsable.
Argumentaron que justificar un trato diferenciado o un “beneficio” para la autoridad por el mero hecho de ejercer una función pública rompe este equilibrio procesal indispensable.
Los ministros Irvin Espinosa Betanzo y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz apuntaron que la solución es mucho más sencilla y se encuentra expresada de forma literal en la ley.
Conforme a su interpretación, la Ley de Amparo mandata explícitamente que las notificaciones a las autoridades responsables se harán por oficio, sin distinciones de “trascendencia”. Por ende, calificaron de inoportuno e innecesario crear una jerarquía doctrinal de autos o notificaciones “trascendentes” cuando el texto de la ley es categórico.
Un revés que, obviamente, no fue recibido con agrado por la “Ministra del Pueblo” que se esmera en actuar con soberbia, de manera prepotente y sobrada ignorancia
A todo eso debe agregarse la preocupación del sector privado, donde sectores empresariales y económicos observan con cautela las aspiraciones de Batres para presidir la SCJN y ven con mayor respaldo a la ministra Yasmín Esquivel, a quien consideran con mayor capacidad de negociación, experiencia y disposición para generar acuerdos.

Que desde ahora haya jaloneo por la disputa de la Presidencia de la SCJN, también involucra un posicionamiento de los grupos políticos que aspiran a competir en el 2030 por la Presidencia de la República.
Y aunque la autollamada “Ministra del Pueblo” ya se siente con el poderío y la autoridad para conducirse como la sucesora de Hugo Aguilar, debe tenerse presente que el relevo previsto para 2027 ha desencadenado graves fricciones internas.
Sin embargo, existe un debate jurídico por una antinomia constitucional entre el artículo 94 que prevé una presidencia rotatoria cada dos años vinculada a los votos de la elección judicial y el artículo 97 que mantiene una elección interna de cuatro años por el Pleno.
Lo cual significa que legalmente hay dos escenarios, y uno de ellos garantiza que Batres Guadarrama podría quedarse “chiflando en la loma” y no coronar su sueño dorado.
Pero más allá de lo que pudiera interpretarse legalmente, es la conducta personal lo que podría convertirse en el argumento principal para elegir a quien presida la SCJN.
Habrá que ser paciente, para conocer cómo termina la disputa que trae a los ministros de la greña.