El show apenas empieza de Estados Unidos * En jaque al aparato oficial, ya que EU deja sin argumentos a la Fiscalía General de la República para afirmar que no hay pruebas contra los exfuncionarios acusados * Políticos delincuentes, herencia de AMLO
MARKOFLOS
“A confesión de parte, relevo de pruebas” es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.
Y este axioma nos viene muy bien para entender mejor el fondo jurídico del proceso legal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició contra diez exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que encabezaba el ahora gobernador con licencia -y protección oficial- por presuntos nexos con el crimen organizado, con el cártel más grande del mundo, el de Sinaloa.
Con la detención de los primeros dos exsecretarios del gobierno de Sinaloa: el de seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el de administración y finanzas, Enrique Díaz Vega, y su público deseo de declararse culpables y convertirse en testigos protegidos, se reconfigura el proceso legal de todo este escándalo internacional.
Por el lado de Estados Unidos, se facilita el acceso a información y más pruebas de cómo operaba esta red integrada por funcionarios y miembros de este cártel declarado “terrorista”, para efecto de las leyes norteamericanas.
Por el lado de México pone en jaque al aparato oficial, ya que deja sin argumentos a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, y a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para afirmar que no hay pruebas contra los exfuncionarios acusados desde el 29 de abril de vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció el pasado viernes 15 de mayo en un tribunal de Estados Unidos, después de su arresto en Arizona.
El exsecretario, de 66 años de edad, es el primero en comparecer y no se le requirió presentar un alegato de culpabilidad durante su comparecencia inicial ante un tribunal federal en Manhattan, informó la agencia The Associated Press.
Permanecerá encarcelado y debe volver a comparecer ante el tribunal el próximo 1 de junio. Está acusado de conspiración para exportar narcóticos, conspiración para tener y por poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y enfrenta de 40 años a cadena perpetua si fuera declarado culpable.
En la acusación de Estados Unidos, se señala que Gerardo Mérida recibía al menos 100 mil dólares mensuales por protección y alertamiento de redadas que se iban a realizar contra laboratorios de drogas.
Mérida Sánchez había sido jefe de las zonas militares de Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca, cuando hubo mayor presencia del crimen organizado en esas entidades.
Tras la detención del exsecretario de seguridad, el titular de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregó a autoridades de Estados Unidos, según informaron medios nacionales.
Según el periódico Reforma, que cita fuentes oficiales, Díaz Vega se habría entregado voluntariamente a autoridades de Estados Unidos.
La acusación de la justicia norteamericana señala que fue Díaz Vega quien elaboró y proporcionó a Los Chapitos la lista de personas que colaboraron para los partidos de oposición –PRI- en las elecciones para gobernador, para que fueran golpeados, amedrentados y secuestrados en los dias previos y durante las elecciones que “ganó” Rocha Moya.
De ello dio cuenta el candidato a gobernador del PRI, Mario Zamora, durante el proceso electoral, pero sus acusaciones fueron ignoradas por todas las instancias electorales y el gobierno federal.
En el caso del senador Enrique Inzunza Cázarez, aunque se decía que también se entregaría a la justicia norteamericana, hasta el momento lo último que publicó en redes sociales es que se encuentra en su tierra y con su familia.
La acusación de la justicia norteamericana contra diez exfuncionarios de Sinaloa señala que los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
De acuerdo con autoridades de EU, la red operó para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a ese país con el apoyo desde estructuras del gobierno en Sinaloa. El exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya rechazó previamente las acusaciones y solicitó licencia al cargo el pasado 2 de mayo.
Los diez acusados por la justicia norteamericana son: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de gobierno y actual senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administarción y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policiaco; Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”; Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad; José Antonio Dionisio Hipólito, “El Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “El Juanito”.
La investigación sostiene que estos exfuncionarios de Sinaloa habrían facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y protección política.
Confesos los imputados por el gobierno americano se agota y resulta falaz la narrativa populista de pretender envolverse en la Bandera Nacional en defensa de la soberanía, cuya definición es muy sencilla, “nada por encima del Estado”, que está conformado por los elementos territorio, pueblo y gobierno.
Luego entonces, si el crimen organizado domina gran parte del territorio nacional y tiene bajo control a gobiernos de diferentes niveles, nuestra soberanía está siendo vulnerada por el crimen y no por los Estados Unidos o los “conservadores” como quieren hacer creer en el discurso oficial.
El mejor ejemplo es el del cínico senador Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que la defensa de la soberanía nacional no debe convertirse en una excusa para descuidar labores de inteligencia y vigilancia sobre personas bajo sospecha.
“Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional’, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?”, expresó en alusión a las autoridades encargadas de la seguridad nacional. ¿O acaso es que el miedo no anda en burro (Noroña)?
El show apenas empieza y si se descuida la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser arrastrada por el enjambre de políticos delincuentes que le heredó Andrés Manuel López Obrador.
La lista de políticos de Morena que estarían en fila para ser imputados por EU, publicada por la periodista Anabel Hernández, ha sido ampliamente difundida en redes y medios nacionales: Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y María Elena Lezama (Quintana Roo).
También se menciona a Adán Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila.
Si a lo antes expuesto le agregamos el escándalo “huachicol”, que implica 600 mil millones de pesos de robo.
La captura en Argentina de Fernando Farías Laguna -contraalmirante y subsecretario de la Marina, sobrino del titular de la Semar en la administración de AMLO- se llevó a cabo el 23 de abril de 2026 en el barrio de Palermo, Buenos Aires.
Las autoridades argentinas lo arrestaron a partir de una ficha roja de Interpol emitida por México.
Con todo este cocktail, todo se torna contra el gobierno de la 4T.
Los Chapitos y los nuevos testigos protegidos seguirán aportando información al gobierno norteamericano y esto crecerá como bola de nieve, que podría llegar hasta Palenque. Al tiempo.
