Tras el retroceso del financiamiento, la seguridad no es prioridad en el actual gobierno federal * Comenzaron los conflictos entre cárteles para controlar la producción y exportación de droga. Luego, por conflictos internos y la acción del Estado, éstas a su vez se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta llegar a 12, como Los Zetas o Los Templarios
J. ADALBERTO VILLASANA
Tenemos en seguridad una explosión de información que se veía venir, pero sin el tema del asesinado de un presidente municipal como es el caso de Carlos Manzo.
El hacer la talacha no da estrellitas, pero se debe hacer. El tema es que un caso de alto impacto puede echar a la sombra un trabajo de años.
Los mismos legisladores que a finales de octubre llenaron de elogios al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la glosa del Informe de Gobierno; hoy reprueban la estrategia en seguridad pública.
Aún retumban, en el salón de plenos del Senado de la República, los gritos de la legisladora del PAN, Lilly Téllez.
“Que no entiende que lo que procede es ir contra los criminales, queremos guerra con toda la fuerza del Estado, contra los cárteles que están asesinando”, demandó.
“¡Queremos guerra!”, gritó en reiteradas ocasiones para llamar a un combate frontal en el que se maten entre mexicanos. Además, hay que considerar los “daños colaterales”, como denominó Felipe Calderón Hinojosa, las muertes de civiles inocentes que quedaron atrapados en el fuego cruzado.
Es cierto que a los gobiernos de la Cuarta Transformación les falta resolver problemas, pero volver al PAN o al PRI no es opción. De allá venimos y sabemos cómo nos fue. Tenemos memoria.
Ahora, el Presupuesto de Egresos 2026 presenta temas que dan material estridente a los detractores para hacer circo.
La oposición pone en duda la voluntad política para echar a andar la Estrategia Nacional de Seguridad, la gran apuesta de la Primera Mandataria que ha requerido de cambios constitucionales y legales, y parte de los siete ejes de su Plan Nacional de Desarrollo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comandada por Omar García Harfuch, sufre un recorte de 10.3 millones de pesos respecto a 2025, equivalente al 18 por ciento.
La narrativa de que la Guardia Nacional ha pasado a manos del Ejército -como respuesta a la reducción en seguridad- contrasta con los números planteados.
Ese cuerpo uniformado tiene programada una bolsa de 23 mil 500 millones de pesos, 12 mil millones menos que el ejercicio fiscal anterior.
El único aumento a este sector ha recaído en los Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior con un incremento de 11,120 millones de pesos, equivalente a 17.6 por ciento más respecto a 2025.
El asesinato de Manzo es la bandera que el PAN y el PRI utilizan en el discurso. Los enfrentamientos, amagos de bronca y el reparto de responsabilidades sobre la inseguridad en el país, y la ejecución del alcalde de Uruapan fueron la constante.
“¿Quién mató a Carlos Manzo? Lo mató el gobierno, lo mató Morena”, lanzó Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI. La respuesta llegó del morenista Arturo Ávila, quien acusó a la oposición de “carroñeros” por -según él- sacar ventaja política del crimen que ha conmocionado a la sociedad mexicana.
Al final, con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con adecuaciones por 17 mil 788 millones 100 mil pesos, el dictamen con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, que contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp).
El especialista Jorge Cano, del Programa de Gasto Público, México Evalúa, considera que, la seguridad no es prioridad en el actual gobierno federal, al señalar el retroceso del financiamiento local para 2026.
Pero recordemos que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU del INEGI), en septiembre de 2025, reveló que las policías -estatal, con 52.7%, y preventivas municipal, con 46.8 %- están reprobadas porque carecen de la confianza, principalmente del pueblo, que son las que las padecen.
En la actualidad se puede ver cómo en estados y municipios los cuerpos de seguridad locales patrullan en coordinación con una célula de la Guardia Nacional, para equilibrar la situación de confianza.
Jorge Cano apunta: La demanda social por mayor seguridad crece año tras año. De hecho, está a la cabeza de las preocupaciones más urgentes de la ciudadanía.
Sin embargo, al mismo tiempo, los recursos federales para fortalecer a las policías locales se han reducido de forma drástica. Hay una contradicción profunda en esta conducta del presupuesto federal, y no es algo nuevo.
Desde 2017 se planteó: En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, en donde se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron, en ese entonces, especialistas de la UNAM.
De tal manera que, en el marco de los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y exsubprocurador General de la República, sostuvo que la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de Derecho, tarea que tiene que ver con las instituciones del Estado a nivel federal, estatal o municipal.
Él, recordó, es responsable de brindarnos nuevos esquemas y políticas públicas eficientes para enfrentar el fenómeno del crimen organizado y aquellos efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino que rompen el tejido social.
Es necesario hablar de una política de Estado de transparencia y rendición de cuentas. Y el punto de partida sería la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con características primordiales que permitan transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de cuentas abierta ante la soberanía del país.
Por su parte, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), refirió que en el país irrumpió un nuevo sujeto social de manera violenta: El crimen organizado, del cual sabemos muy poco. “Como país es vergonzoso que tengamos este hueco de conocimiento” y si desconocemos al sujeto, también a las políticas adecuadas para combatirlo.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En las décadas de los 60 a los 80 había una sola corporación dedicada al narcotráfico, la cual se escindió en seis organizaciones, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo.
Comenzaron entonces los conflictos entre ellas para controlar la producción y exportación de droga. Luego, por conflictos internos y la acción del Estado, éstas a su vez se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta llegar a 12, como Los Zetas o Los Templarios.
