Desolador el panorama para el periodismo * Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T

ALFREDO IBÁÑEZ

Desolador, así pinta el panorama para la libertad de expresión, el periodismo y para quienes lo ejercen en México.

Cada vez son más las demandas que políticos, especialmente los que están ligados o pertenecientes a la 4T, interponen contra comunicadores.

Un amplio sector de la clase política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no soporta la crítica y demuestra de manera recurrente su intolerancia.

Cuando se sienten lastimados, heridos, de inmediato echan mano del poder que en ese momento detentan.

Ahí está caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien con denuncia de por medio ante la Fiscalía General de la República (FGR), obligó a un ciudadano a que le ofreciera disculpas públicas.

Si bien es cierto que hay malos periodistas, que utilizan el golpeteo sistemático en contra de la clase gobernante o políticos de los diversos niveles de gobierno, a fin de obtener algún tipo de provecho, generalmente económico, también es innegable que muchos de los que están al frente de algún cargo público son improvisados o incompetentes, no dan los resultados que ellos mismos prometieron a la población, por lo que los señalamientos de sus desaciertos no se hacen esperar.

Gradualmente se deja ver el rostro de la intransigencia, especialmente de Morena, pero también de fuerzas como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que aún en su ocaso dan coletazos en contra de los representantes de los medios de comunicación y de los ciudadanos que señalan sus errores o sus excesos.

La tentación de imponer ley mordaza en perjuicio de los periodistas es muy grande, en diversos estados y a nivel federal se ejerce a través de la publicidad o a través de amenazas y ataques por medio de auténticas hordas que operan en redes sociales.

Con el pretexto de la Austeridad Republicana o de la Pobreza Franciscana, como usted guste llamarle, tantas veces mencionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pocas veces ejercida, las oficinas de prensa de los diversos niveles de gobierno han cerrado el acceso a la publicidad a los medios de comunicación que no se someten a sus propósitos. Los ahogan económicamente.

Argumentan, a los medios de comunicación críticos, que no hay dinero, pero nada más alejado de la realidad, pues son millonarios los montos que se destinan todos los años a las áreas de Comunicación Social tanto de los gobiernos municipales, estatales, federal, así como de los órganos autónomos, como las Fiscalías Generales de Justicia.

Plausible sería que se prescindiera de esas cantidades millonarias, dinero derivado de los impuestos de los contribuyentes y mejor se inyectaran en obras de impacto colectivo que tanta falta hace en el país, como escuelas, hospitales, medicinas, carreteras, y un largo etcétera.

Sin embargo, sirve para engordar las ya de por sí abultadas nóminas de la burocracia, donde obviamente no está el personal más capacitado y con el perfil adecuado, sino los amigos, los incondicionales y los familiares.

La mayoría con elevados salarios que difícilmente ganarían en la iniciativa privada debido a su incapacidad.

Recursos económicos aprobados oficialmente y destinados para publicidad hay, pero los condicionan.

La intención de someter a los periodistas, a los medios de comunicación que ejercen un trabajo crítico, pero sustentado, hoy más que nunca está latente.

Pero volviendo a los ataques contra la libertad de expresión a través de demandas, estos son cada vez más en el país.

Los más recientes y sonados es el ejercido por el gobierno de Campeche, el cual acusó al periodista Jorge González Valdez de incitar al odio y la violencia.

La sentencia en su contra es el pago de 2 millones de pesos por presunto daño moral contra colaboradores de la gobernadora, Layda Sansores, además de prohibirle, por orden judicial, ejercer la actividad periodística. Sin duda un exceso.

Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T, pues ahora se suma Puebla, donde el Congreso local aprobó la Ley de Ciberseguridad.

Recientemente la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esa entidad, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo que las reformas no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger a ciudadanos de a pie, especialmente a menores de edad que son víctimas de acoso o bullying reiterado a través de redes sociales.

Incluso adelantó que pueden adecuarla para que los periodistas queden exentos de las sanciones por ciberasedio. De ser esa su intención, ¿por qué no lo hicieron desde un principio?

García Chávez añadió que “los temas que se quieran aclarar en el tema específico de la libertad de expresión, de periodistas o de quienes informan y ocupan los medios, claro que estamos abiertos a verlo de manera separada”.

No obstante, dejó claro que con la nueva ley la Fiscalía General de Justicia estatal tendrá un papel importante para hacer investigaciones exhaustivas y evitar que el delito se aplique contra activistas o víctimas de violencia que denuncian públicamente a sus agresores.

La presión de los diversos grupos de periodistas ha hecho recapacitar a los legisladores de Puebla, sin embargo, sigue latente el acecho contra la libertad de expresión.

Basta señalar, de acuerdo con la organización Artículo 19, en el sexenio anterior se registraron 158 casos de acoso judicial contra periodistas, es decir, de dos a tres procesos por mes, en el que los demandantes lo mismo son autoridades de los diversos niveles de gobierno, empresarios y figuras públicas con vínculos gubernamentales, cifra que al paso que vamos pronto podría ser superada en el presente sexenio.

PREOCUPACIÓN POR ACOTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: JANINE OTÁLORA

Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas.

En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.

La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

TENEMOS LA MAYOR LIBERTAD DE EXPRESIÓN: SHEINBAUM

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su Mañanera del Pueblo que su gobierno defiende la libertad de expresión y criticó que los señalamientos sean en contra de Morena.

“Son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie”, declaró.

Sheinbaum asegura que la ley del ciberasedio en Puebla está relacionada con el ciberacoso, “en un sentido muy amplio”, pero afirmó que hay reglas similares en estados como Nuevo León y Coahuila.

Además, afirmó que ha habido una “crítica misógina” contra la gobernadora Layda Sansores.

“Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernado, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo particularmente contra las mujeres, de ahí viene la ley Olimpia. Y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas, es importante discutirlo”, añade.

La Primera Presidenta puntualiza que defiende la libertad de expresión en el país y afirma que los periodistas y medios no han sido objeto de censura.

“Hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, ahora todos traen ‘censura, censura’. Nadie lo censura a ellos, pero hablan de censura como retahíla (…) ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?”, cuestiona la Mandataria Sheinbaum.

Ahora ya no se ocultará quién manda * Habrá que esperar para conocer si los nuevos magistrados son iguales que sus antecesores o peores

ALFREDO IBÁÑEZ

Terminó la elección para renovar jueces, magistrados y ministros.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de nueva cuenta sepultó a la oposición, peligrosamente expande su poderío; claramente se observa que tiene el control de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Como puede advertirse, se puso fin al tan ansiado equilibrio de Poderes y se dio paso a la concentración del poder.

Si bien es cierto que esa división del poder gubernamental se ha dado en México más en la teoría que en la práctica, al menos quedada la ilusión de que se contaba con esa autonomía tripartita.

Por años, aunque sea como hipótesis, se ha mencionado que tanto el Legislativo, Judicial y el Ejecutivo guardaban sana distancia, que cada uno actuaba acorde a sus atribuciones y en beneficio del país.

Nada más alejado de la realidad y ahora con los resultados de la reciente elección judicial, ya no tendrán que ocultar quién manda.

Es evidente que una vez más el Poder Ejecutivo, sólo que ahora, sin maquillarlo, someterá a sus designios a los otros Poderes.

No es un tema como para entrar en pánico, ya que esa práctica no es nueva.

En el pasado, con los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente de la República, es decir, el titular del Poder Ejecutivo es quien concentraba todo el poder y tomaba todas las decisiones.

En el sexenio pasado, bajo la conducción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pudo advertirse no asomos de una independencia de Poderes, sino una abierta y confrontada separación de Poderes.

Pero no porque se tuviera un avance democrático en el país, sino por la lucha encarnizada por el control político y económico que desataron los partidos de oposición, como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Ambos se aliaron con el Poder Judicial en manos de la exministra Norma Piña y llevaron a cabo una encarnizada pelea en contra de quien detentaba el Poder Ejecutivo.

Riña que se avivó gradualmente, máxime que la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), azuzada por la oposición, desechó abiertamente las iniciativas del Poder Ejecutivo, entre ellas las concernientes a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, sobre todo la enmienda que pretendía que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el fragor de esa lucha salieron a relucir un sinnúmero de corruptelas de parte de quienes se dicen observadores y respetuosos de la ley.

Por ejemplo, se conoció que esos ministros que se decían incorruptibles, esos togados que se vendían como los encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución Política, operaban en favor de los delincuentes de cuello blanco y de los diversos cárteles del narcotráfico.

Una y otra vez López Obrador denunció que como parte de su estrategia para favorecer a los transgresores recurrían a la práctica de liberarlos de las diversas cárceles del país en los fines de semana.

La larga lista de irregularidades en el Poder Judicial, todos los días se dio a conocer, se hizo del dominio público que eran absolutos traficantes de influencias, pues sembraron y enraizaron el nepotismo.

Así, con el cargo que detentaban hicieron suyo el presupuesto público, metieron a la nómina a sus esposas, hijos, padres, amigos, incondicionales, suegras y hasta las amantes.

Ríos de tinta corrieron evidenciando su apego al dinero, de cómo 11 personas, once ministros, literalmente devoraban al año 20 mil millones 765 mil 377 pesos, dinero del pueblo, de los contribuyentes que gastaban en total opacidad y que servía para mantener 40 privilegios de por vida.

Prebendas entre las que destacaron su salario mensual de casi 300 mil pesos; aguinaldo de 586 mil pesos; un fondo de casi 800 mil pesos para comer en restaurantes de lujo, en fin, una larga lista de lindezas que en su momento se ventilaron.

Con ese antecedente y una vez calentado el ambiente, meses después se llevó a cabo la elección judicial, en la que, por primera vez en la historia de México, los votantes pudieron elegir a jueces, magistrados y ministros, obviamente afines a Morena.

Como ya se sabe, el partido en el poder una vez más se alzó con el triunfo y apoyado de acordeones logró colocar a sus más cercanos colaboradores.

Habrá que esperar para conocer si los nuevos magistrados son iguales que sus antecesores o peores.

Cabe destacar que en tanto Morena celebra por lo alto su triunfo, la oposición le regatean su conquista bajo el torpe argumento de que sólo votaron 13 millones, de un total de 100 millones de electores. Finalmente, una victoria es una victoria.

Concluido el conteo de los votos puede advertirse que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrado por personajes estrechamente ligadas a la 4T, al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En este nuevo episodio que vive el país es iluso pensar que el Poder Judicial beneficie al pueblo, a las masas, nunca ha sido así.

Está visto que responde a los intereses de los poderosos, ya lo hizo con el PRI y con el PAN, con Morena a juzgar por su desempeño como gobierno, todo seguirá igual o peor.

Tomar las calles, su arma preferida para lograr sus intereses personales bajo la bandera de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo * La CNTE está implacable, nada la satisface ni la detiene, se siente poderosa por tener al mejor aliado: AMLO * La Coordinadora Nacional marca territorio y somete a los gobiernos federal y capitalino

ALFREDO IBÁÑEZ

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está imparable, nada le satisface y nadie la detiene, es el vivo ejemplo de la impunidad.

Sus acciones lesivas no tienen consecuencias, miden fuerzas lo mismo con el gobierno federal que con el de la Ciudad de México.

Los más de 200 mil profesores que integran tal sindicato comulgan con la izquierda, al igual que la 4T, por eso son igualitos, son empecinados y no dan su brazo a torcer.

Muchos maestros son líderes sociales en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, entidades en las que tienen férrea presencia. Saben perfectamente cómo calentar el ambiente político y propiciar la crispación social.

Frente a su manifiesto desafío a las autoridades, a los padres de familia que ven cómo se va el ciclo escolar y sus hijos no aprenden nada, a la población en general, sería inocente pensar que actúan solos, que no tienen un poderoso aliado.

Si bien su demanda salarial y tener mejores condiciones de trabajo fue su planteamiento inicial, últimamente eso parece no importarles, pasó a segundo término, pero es la carta de presentación con la que presionan, con la que chantajean a las diversas instancias de gobierno.

Por cierto, cómo se puede explicar que tales profesores que se dicen mal pagados, que son pobres, que no tienen dinero, realizan movilizaciones como las que hemos visto en los últimos días.

Mover todos los días a decenas de personas, cubrir sus necesidades básicas como su alimentación, implica un enorme gasto económico, y la duda que surge es de dónde obtienen esos millonarios recursos.

Y hay más interrogantes: ¿Quién paga tales desmanes? ¿Quién financia a esos mentores que se han tornado en verdaderos provocadores? ¿Acaso estamos frente a otro hecho divino?

ACTOS DIVINOS

En el México reciente ya conocimos de un acto celestial, de cómo simples 200 pesos en el bolsillo pueden convertirse en verdadera fuente inagotable de financiamiento.

De cómo acompañado por una “Sor Juana” se puede recorrer el país por varios años con gastos todo pagado, hacer campaña política permanente en busca de la Presidencia de la República. Cubrir millonarias cifras y que nunca se agote.

De ser así estamos ante otro milagro que supera incluso a la multiplicación de los cinco panes y de los dos peces. El origen pareciera ser la tierra del edén.

Es al expresidente Andrés Manuel López Obrador a quien le conviene mostrar el músculo, hacerle saber a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que si alguien mueve los hilos del poder, quien tiene la estructura de Morena bajo su control es él.

Es precisamente el exmandatario quien sabe perfectamente en qué momento soltar al tigre. Esta vez, en el marco de las elecciones del Poder Judicial; posiblemente no llegó al terreno de dejarlo libre, pero sí azuzarlo para marcar territorio.

Conocedor de la historia de México como pocos, en dos ocasiones el político tabasqueño recurrió a la velada amenaza de soltar el tigre, por cierto, de la autoría del Porfirio Díaz.

Fue el 31 de mayo de 1911, cuando Díaz, colérico, indignado, lastimado, y antes de partir al exilio, le soltó a Victoriano Huerta: “Madero ha soltado el tigre, ahora veremos si puede controlarlo”.

Esto en referencia al movimiento que Francisco I. Madero había emprendido para arrebatarle el poder y para lo cual recurrió a la movilización de los diversos sectores sociales que mostraban manifiesta inconformidad y un incontrolable malestar.

La primera vez que López Obrador recurrió a tal expresión fue en marzo de 2018, en esa ocasión en campaña.

Advirtió que de haber fraude electoral se soltaría al tigre, en alusión a que se podría desbordar el descontento social y él no lo controlaría.

Ya como presidente de la República y ante la amenaza de la oposición, que pretendía arrebatarle el poder que no supo ganarle en las urnas, mediante un Golpe de Estado, avalado por el Poder Judicial, sostuvo:

“No se podría anular una elección porque no hay ningún motivo, pero además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema que sería lo equivalente a un Golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres”.

Pues bien, con el asalto a la Ciudad de México de los profesores, es claro que se soltaron a los generadores de malestar social, a fin de golpear el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo.

Ante las diferencias que mantiene la titular del Poder Ejecutivo federal con su antecesor, derivado, entre otras cosas, por el giro que le ha dado a la lucha contra el narcotráfico, puede inferirse que en el rancho de Palenque se mandó un mensaje claro de quién controla la poderosa estructura morenista.

Se puso de manifiesto la fragilidad del gobierno federal y la complacencia de la administración de la Ciudad de México. Tanto la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, como la propia Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, se han visto sometidas a los designios de quien promueve a los mentores.

La sombra de uno de los mejores aliados de los profesores, como lo es López Obrador, tiene un peso determinante, lo mismo en Palacio Nacional que en el antiguo edificio del Ayuntamiento.

Cabe recordar que desde el 15 de mayo, Día del Maestro, los profesores tomaron las calles, se declararon en huelga indefinida, bajo la exigencia de derogar la reforma del ISSSTE de 2007, eliminar las Afores, el cálculo de pensiones por UMAS, la reforma educativa de 2019, sin dejar de lado el que se les conceda un aumento del 100 por ciento en su salario base.

Sus exigencias podrían catalogarse como razonables e incluso justas, pero de ninguna manera pueden justificar que durante casi 15 días tengan secuestrada a la capital, que miles de estudiantes no tomen clases, pese a que el ciclo escolar está a punto de concluir, amén de que miles de trabajadores son afectados todos los días.

Pese al caos que provocan en la ciudad, son ampliamente tolerados, es más, recurriendo al poeta mexicano Amado Nervo y guardando las debidas proporciones, no son tocados ni con el pétalo de una rosa, están blindados por su aliado político, no de hoy, sino de muchos años atrás.