De forma inmediata la Presidenta desestima los señalamientos de EU * El PAN presenta demanda contra Vector Casa de Bolsa

ALFREDO IBÁÑEZ

¡Pruebas!, ¡pruebas!, exclamó una y otra vez la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la acusación que hizo el Departamento del Tesoro contra los bancos Intercam, CIBanco y la Casa de Bolsa Vector, esta última nada más y nada menos que de Alfonso Romo, amigo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el sexenio anterior gozó de gran poder, pues se desempeñó como jefe de la oficina de la Presidencia de la República.

Lejos de pronunciarse de inmediato porque se abra una investigación, de tomarse las cosas con calma para obtener mejores datos, de inmediato desestimó los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos y salió en defensa de tales instituciones que fueron señaladas de manera directa de facilitar a diversos cárteles mexicanos el lavado de dinero.

Pronto se convirtió en abogada de dichos organismos, pero por qué esa actitud protectora, la cual mucho se lo agradecerían quienes son víctimas de las injusticias y la delincuencia organizada, obviamente para cuidar a su antecesor, quien de manera indirecta es señalado de permitir ese tipo de prácticas.

Está claro que si tales bancos sirvieran a la oposición, seguramente exigiría todo el peso de la ley, sostendría que son gobiernos corruptos, que los une la corrupción, la injusticia y el autoritarismo, como señalara en diversas ocasiones al referirse especialmente al PRI y al PAN.

Pero como están ligadas al expresidente, e incluso Alfonso Romo es propietario de Vector, funcionario de primer nivel en el sexenio anterior, entonces son lo más impoluto que hay, por lo que aprovechó su conferencia Mañanera del Pueblo para sostener que los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y casa de bolsa mexicanos por lavado de dinero son “sólo dichos”, pues no presentó alguna prueba.

Para darle mayor credibilidad a su defensa, soltó que “si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay, no se puede actuar, como en cualquier delito”.

Como en anteriores ocasiones, echó mano del sentimiento patriótico y advirtió que a México se le respeta. “México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie”, remató en Palacio Nacional.

Más adelante la Presidenta suavizó su tono y sin dejar de exigir pruebas, indicó que si no se tiene la información probatoria no se puede emprender alguna acción legal.

“Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias entre empresas chinas y mexicanas”, añadió.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informa que se sanciona a los bancos CIBanco e Intercam, y a la casa de Bolsa Vector por lavar dinero del narcotráfico y facilitar pagos en Asia para la adquisición de precursores químicos del fentanilo.

Como puede advertirse, una vez más Estados Unidos mandó un mensaje al gobierno de México, respecto a que su lucha contra las organizaciones criminales del país y el tráfico de fentanilo es una de sus prioridades y que va a llegar hasta donde sea necesario.

Pero el aviso del gobierno estadounidense no es sólo para los tres organismos aludidos, es evidente que el anuncio es para todo el sistema financiero de México y para aquellos personajes que están involucrados en actividades ilícitas.

Si el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha considerado en algún momento que Donald Trump aflojará el paso en su combate contra tal opioide, seguramente se equivoca.

El asunto del fentanilo no lo va a soltar el mandatario estadounidense, se ha visto cómo gradualmente le cierra el paso al gobierno mexicano, inicialmente se lanzó contra la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que “México está gobernado en gran parte por los cárteles del narcotráfico”.

Posteriormente declaró como terroristas a los grupos criminales de México, seguido del retiro de la visa a políticos de Morena, y ahora la exhibición y sanción contra dos bancos y una casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, personaje cercano al expresidente López Obrador.

Por cierto, interesante sería saber la postura del político tabasqueño, quien en su persecución mediática contra los anteriores gobiernos, en especial contra Felipe Calderón, jefe de Genaro García Luna, sostuvo hasta el cansancio que el presidente se entera de todo y que los grandes negocios que hacían los políticos encumbrados se hacían al amparo del poder público, y tenían el visto bueno del presidente en turno.

Según sus planteamientos, entonces conocía del actuar de Alfonso Romo, no había nada que no supiera. La omisión y comisión de delitos también tiene sanción, y tal parece que el objetivo de Estados Unidos, es más que gobernadores y empresarios. Al tiempo.

ANTE FGR EL PAN PRESENTA DEMANDA CONTRA VECTOR

El escándalo sigue dando nota, pues ahora el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento contra Vector Casa de Bolsa y quien o quienes resulten responsables, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero hacia dicha institución propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por presuntamente haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles radicados en México, en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, así como realizar transacciones irregulares con altos funcionarios del gobierno mexicano.

“Estos hechos derivan de diversas decisiones que han sido adoptadas por autoridades de los Estados Unidos, así como de elementos informativos documentados por organizaciones y medios de comunicación”, señala el escrito presentado ante el FGR.

Luego de interponer la denuncia, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró que en este caso “surrealista de lo que está pasando en México” se configura dicho delito y el potencial encubrimiento de las mismas operaciones.

“Nosotros venimos a decirlo hoy con toda claridad, esto no es una ocurrencia del PAN, no se le está ocurriendo a la oposición en México, nosotros con base en esa noticia criminal, estamos generando esta denuncia con base en lo que dijeran instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos”, enfatiza.

Ante los hechos, Morena ya no siente lo duro sino lo tupido, pues un día hay escándalo y mañana otro… y todo por no comportarse con una honestidad valiente y mostrar ética, tal y como lo piden la Primera Mandataria y la presidenta morenista María Luisa Alcalde.

Desolador el panorama para el periodismo * Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T

ALFREDO IBÁÑEZ

Desolador, así pinta el panorama para la libertad de expresión, el periodismo y para quienes lo ejercen en México.

Cada vez son más las demandas que políticos, especialmente los que están ligados o pertenecientes a la 4T, interponen contra comunicadores.

Un amplio sector de la clase política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no soporta la crítica y demuestra de manera recurrente su intolerancia.

Cuando se sienten lastimados, heridos, de inmediato echan mano del poder que en ese momento detentan.

Ahí está caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien con denuncia de por medio ante la Fiscalía General de la República (FGR), obligó a un ciudadano a que le ofreciera disculpas públicas.

Si bien es cierto que hay malos periodistas, que utilizan el golpeteo sistemático en contra de la clase gobernante o políticos de los diversos niveles de gobierno, a fin de obtener algún tipo de provecho, generalmente económico, también es innegable que muchos de los que están al frente de algún cargo público son improvisados o incompetentes, no dan los resultados que ellos mismos prometieron a la población, por lo que los señalamientos de sus desaciertos no se hacen esperar.

Gradualmente se deja ver el rostro de la intransigencia, especialmente de Morena, pero también de fuerzas como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que aún en su ocaso dan coletazos en contra de los representantes de los medios de comunicación y de los ciudadanos que señalan sus errores o sus excesos.

La tentación de imponer ley mordaza en perjuicio de los periodistas es muy grande, en diversos estados y a nivel federal se ejerce a través de la publicidad o a través de amenazas y ataques por medio de auténticas hordas que operan en redes sociales.

Con el pretexto de la Austeridad Republicana o de la Pobreza Franciscana, como usted guste llamarle, tantas veces mencionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pocas veces ejercida, las oficinas de prensa de los diversos niveles de gobierno han cerrado el acceso a la publicidad a los medios de comunicación que no se someten a sus propósitos. Los ahogan económicamente.

Argumentan, a los medios de comunicación críticos, que no hay dinero, pero nada más alejado de la realidad, pues son millonarios los montos que se destinan todos los años a las áreas de Comunicación Social tanto de los gobiernos municipales, estatales, federal, así como de los órganos autónomos, como las Fiscalías Generales de Justicia.

Plausible sería que se prescindiera de esas cantidades millonarias, dinero derivado de los impuestos de los contribuyentes y mejor se inyectaran en obras de impacto colectivo que tanta falta hace en el país, como escuelas, hospitales, medicinas, carreteras, y un largo etcétera.

Sin embargo, sirve para engordar las ya de por sí abultadas nóminas de la burocracia, donde obviamente no está el personal más capacitado y con el perfil adecuado, sino los amigos, los incondicionales y los familiares.

La mayoría con elevados salarios que difícilmente ganarían en la iniciativa privada debido a su incapacidad.

Recursos económicos aprobados oficialmente y destinados para publicidad hay, pero los condicionan.

La intención de someter a los periodistas, a los medios de comunicación que ejercen un trabajo crítico, pero sustentado, hoy más que nunca está latente.

Pero volviendo a los ataques contra la libertad de expresión a través de demandas, estos son cada vez más en el país.

Los más recientes y sonados es el ejercido por el gobierno de Campeche, el cual acusó al periodista Jorge González Valdez de incitar al odio y la violencia.

La sentencia en su contra es el pago de 2 millones de pesos por presunto daño moral contra colaboradores de la gobernadora, Layda Sansores, además de prohibirle, por orden judicial, ejercer la actividad periodística. Sin duda un exceso.

Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T, pues ahora se suma Puebla, donde el Congreso local aprobó la Ley de Ciberseguridad.

Recientemente la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esa entidad, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo que las reformas no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger a ciudadanos de a pie, especialmente a menores de edad que son víctimas de acoso o bullying reiterado a través de redes sociales.

Incluso adelantó que pueden adecuarla para que los periodistas queden exentos de las sanciones por ciberasedio. De ser esa su intención, ¿por qué no lo hicieron desde un principio?

García Chávez añadió que “los temas que se quieran aclarar en el tema específico de la libertad de expresión, de periodistas o de quienes informan y ocupan los medios, claro que estamos abiertos a verlo de manera separada”.

No obstante, dejó claro que con la nueva ley la Fiscalía General de Justicia estatal tendrá un papel importante para hacer investigaciones exhaustivas y evitar que el delito se aplique contra activistas o víctimas de violencia que denuncian públicamente a sus agresores.

La presión de los diversos grupos de periodistas ha hecho recapacitar a los legisladores de Puebla, sin embargo, sigue latente el acecho contra la libertad de expresión.

Basta señalar, de acuerdo con la organización Artículo 19, en el sexenio anterior se registraron 158 casos de acoso judicial contra periodistas, es decir, de dos a tres procesos por mes, en el que los demandantes lo mismo son autoridades de los diversos niveles de gobierno, empresarios y figuras públicas con vínculos gubernamentales, cifra que al paso que vamos pronto podría ser superada en el presente sexenio.

PREOCUPACIÓN POR ACOTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: JANINE OTÁLORA

Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas.

En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.

La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

TENEMOS LA MAYOR LIBERTAD DE EXPRESIÓN: SHEINBAUM

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su Mañanera del Pueblo que su gobierno defiende la libertad de expresión y criticó que los señalamientos sean en contra de Morena.

“Son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie”, declaró.

Sheinbaum asegura que la ley del ciberasedio en Puebla está relacionada con el ciberacoso, “en un sentido muy amplio”, pero afirmó que hay reglas similares en estados como Nuevo León y Coahuila.

Además, afirmó que ha habido una “crítica misógina” contra la gobernadora Layda Sansores.

“Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernado, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo particularmente contra las mujeres, de ahí viene la ley Olimpia. Y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas, es importante discutirlo”, añade.

La Primera Presidenta puntualiza que defiende la libertad de expresión en el país y afirma que los periodistas y medios no han sido objeto de censura.

“Hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, ahora todos traen ‘censura, censura’. Nadie lo censura a ellos, pero hablan de censura como retahíla (…) ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?”, cuestiona la Mandataria Sheinbaum.

Ahora ya no se ocultará quién manda * Habrá que esperar para conocer si los nuevos magistrados son iguales que sus antecesores o peores

ALFREDO IBÁÑEZ

Terminó la elección para renovar jueces, magistrados y ministros.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de nueva cuenta sepultó a la oposición, peligrosamente expande su poderío; claramente se observa que tiene el control de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Como puede advertirse, se puso fin al tan ansiado equilibrio de Poderes y se dio paso a la concentración del poder.

Si bien es cierto que esa división del poder gubernamental se ha dado en México más en la teoría que en la práctica, al menos quedada la ilusión de que se contaba con esa autonomía tripartita.

Por años, aunque sea como hipótesis, se ha mencionado que tanto el Legislativo, Judicial y el Ejecutivo guardaban sana distancia, que cada uno actuaba acorde a sus atribuciones y en beneficio del país.

Nada más alejado de la realidad y ahora con los resultados de la reciente elección judicial, ya no tendrán que ocultar quién manda.

Es evidente que una vez más el Poder Ejecutivo, sólo que ahora, sin maquillarlo, someterá a sus designios a los otros Poderes.

No es un tema como para entrar en pánico, ya que esa práctica no es nueva.

En el pasado, con los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente de la República, es decir, el titular del Poder Ejecutivo es quien concentraba todo el poder y tomaba todas las decisiones.

En el sexenio pasado, bajo la conducción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pudo advertirse no asomos de una independencia de Poderes, sino una abierta y confrontada separación de Poderes.

Pero no porque se tuviera un avance democrático en el país, sino por la lucha encarnizada por el control político y económico que desataron los partidos de oposición, como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Ambos se aliaron con el Poder Judicial en manos de la exministra Norma Piña y llevaron a cabo una encarnizada pelea en contra de quien detentaba el Poder Ejecutivo.

Riña que se avivó gradualmente, máxime que la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), azuzada por la oposición, desechó abiertamente las iniciativas del Poder Ejecutivo, entre ellas las concernientes a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, sobre todo la enmienda que pretendía que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el fragor de esa lucha salieron a relucir un sinnúmero de corruptelas de parte de quienes se dicen observadores y respetuosos de la ley.

Por ejemplo, se conoció que esos ministros que se decían incorruptibles, esos togados que se vendían como los encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución Política, operaban en favor de los delincuentes de cuello blanco y de los diversos cárteles del narcotráfico.

Una y otra vez López Obrador denunció que como parte de su estrategia para favorecer a los transgresores recurrían a la práctica de liberarlos de las diversas cárceles del país en los fines de semana.

La larga lista de irregularidades en el Poder Judicial, todos los días se dio a conocer, se hizo del dominio público que eran absolutos traficantes de influencias, pues sembraron y enraizaron el nepotismo.

Así, con el cargo que detentaban hicieron suyo el presupuesto público, metieron a la nómina a sus esposas, hijos, padres, amigos, incondicionales, suegras y hasta las amantes.

Ríos de tinta corrieron evidenciando su apego al dinero, de cómo 11 personas, once ministros, literalmente devoraban al año 20 mil millones 765 mil 377 pesos, dinero del pueblo, de los contribuyentes que gastaban en total opacidad y que servía para mantener 40 privilegios de por vida.

Prebendas entre las que destacaron su salario mensual de casi 300 mil pesos; aguinaldo de 586 mil pesos; un fondo de casi 800 mil pesos para comer en restaurantes de lujo, en fin, una larga lista de lindezas que en su momento se ventilaron.

Con ese antecedente y una vez calentado el ambiente, meses después se llevó a cabo la elección judicial, en la que, por primera vez en la historia de México, los votantes pudieron elegir a jueces, magistrados y ministros, obviamente afines a Morena.

Como ya se sabe, el partido en el poder una vez más se alzó con el triunfo y apoyado de acordeones logró colocar a sus más cercanos colaboradores.

Habrá que esperar para conocer si los nuevos magistrados son iguales que sus antecesores o peores.

Cabe destacar que en tanto Morena celebra por lo alto su triunfo, la oposición le regatean su conquista bajo el torpe argumento de que sólo votaron 13 millones, de un total de 100 millones de electores. Finalmente, una victoria es una victoria.

Concluido el conteo de los votos puede advertirse que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrado por personajes estrechamente ligadas a la 4T, al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En este nuevo episodio que vive el país es iluso pensar que el Poder Judicial beneficie al pueblo, a las masas, nunca ha sido así.

Está visto que responde a los intereses de los poderosos, ya lo hizo con el PRI y con el PAN, con Morena a juzgar por su desempeño como gobierno, todo seguirá igual o peor.