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Seguridad, la cuenta pendiente de la 4T

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Seis de cada diez mexicanos consideran que viven en un lugar inseguro * Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán emprender acciones contundentes que lleven a cambiar la percepción negativa, pero con resultados

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación el gran reto de brindar seguridad al pueblo.

Hasta el momento, con base en los informes gubernamentales, se avanza en contener los delitos de alto impacto, sin embargo, en su vida diaria la población padece el robo de sus bienes y en el peor de los casos es por asalto.

A pesar de los escándalos recientes, la Secretaría de Marina-Armada de México se mantiene como la institución en la que confían los mexicanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-INEGI), en septiembre de 2025, los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina, con 86.7%; Fuerza Aérea Mexicana, con 83.2%; Ejército, con 83%; Guardia Nacional, con 73.2%; Policía Estatal, con 52.7%, y policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento.

Para enfrentar el reto se requiere de los tres niveles de gobierno, pero las policías estatales y municipales, en su mayoría, están reprobadas por la población que no confían en ellas.

La ENSU-INEGI revela que, en septiembre de 2025, 63.0% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad; 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres manifestaron que era inseguro vivir en su ciudad.

Y las ciudades donde la población percibió más inseguridad fueron: Culiacán Rosales (88.3%), Irapuato (88.2 por ciento), Chilpancingo de los Bravo (86.3%), Ecatepec de Morelos (84.4%) y Cuernavaca (84.2 por ciento).

Sobre los lugares, el 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 64.9% en el transporte público.

Estos resultados corresponden al tercer trimestre de 2025. Esta encuesta se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país.

Su propósito es informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia, informa el INEGI.

Recordemos que al comparecer ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que es fundamental contar con una ley general en materia de extorsión para prevenir, investigar y sancionar esos delitos con un marco jurídico homogéneo, que fortalezca la acción penal y que garantice una respuesta coordinada, al referirse a otro de los principales delitos que afectan a la población.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9%, en el transporte público; 64.4%, en la calle y 57.1%, en la carretera.

 

EL PUEBLO NO VE UNA SOLUCIÓN PRÓXIMA

En septiembre de 2025, de la población de 18 años y más, residente en las áreas urbanas de interés, 34.0% consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 23.9% de la población refirió que la situación empeorará.

En contraste, 16.3% de la población mencionada dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 24.9% manifestó que mejorará.

Conforme a los resultados de la ENSU del tercer trimestre de 2025, de las conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda que la población mencionó haber visto o escuchado, el primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 58.2%; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 47.6%; en tercero figuró la venta o consumo de drogas, que alcanzó 39.9%; el cuarto lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, con 38.1%; y el quinto lugar, disparos frecuentes con armas, con 34.8 por ciento.

Mientras que, durante el tercer trimestre de 2025, 34.3% de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, con personas vecinas, con personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno.

Los porcentajes más altos de conflictos o enfrentamientos correspondieron a demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Álvaro Obregón (61.6%), Tlalpan (59.6%) e Iztacalco (56.4%), mientras que las áreas urbanas que reportaron los menores porcentajes de conflictos o enfrentamientos fueron Ciudad Obregón (5.3%), Tapachula (11.2%) y Piedras Negras (13.4 por ciento).

 

CONFIANZA EN LA MARINA

La ENSU indaga la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública. En septiembre de 2025, para la Marina, 86.7% le atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que para la Fuerza Aérea Mexicana, 83.2% y el Ejército, 83.0 por ciento.

Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 73.2%; la Policía Estatal, con 52.7% y la policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento.

En cuanto a los principales problemas que impactaban su ciudad, en septiembre de 2025, 84.9% de la población de 18 años y más consideró que eran los baches en calles y avenidas; 60.0%, las coladeras tapadas por acumulación de desechos y 59.6%, las fallas y fugas en el suministro de agua potable.

En septiembre de 2025, 30.3% de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes.

Las áreas urbanas de interés donde se percibió mayor efectividad fueron Piedras Negras (71.6%), San Pedro Garza García (69.9%) y Apodaca (60.7%).

Por otro lado, las áreas urbanas de interés donde resultó menor esta percepción fueron Cuautitlán Izcalli (8.6%), Coatzacoalcos (11.1%) y Chimalhuacán (12.3 por ciento).

Tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación el gran reto de brindar seguridad a sus gobernados, para lo cual se requiere el compromiso de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y el saneamiento de las policías.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Por el momento la población no cree en el corto ni mediano plazo cambie el problema de la inseguridad que le afecta, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán emprender acciones contundentes que lleven a cambiar esta percepción, pero con resultados.

 

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¡Aguas con la aplicación de la Ley General de Aguas!

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A pasar de las palabras a los hechos * La aprobación ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales * Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del vital líquido

 

J, ADALBERTO VILLASANA

 

Llega el momento de pasar de las palabras a los hechos y veremos sí tiene fundamento con la realidad la nueva Ley de Aguas en México. Hay que partir de conocer de manera veraz la situación.

En la Cámara de Diputados el debate fue intenso con la participación de 178 oradores en 24 horas de sesión en la discusión de la Ley de Aguas.

El diputado Ricardo Monreal Ávila expresa su confianza de que al momento de aplicar la Ley General de Aguas se van a corregir viejos vicios, a combatir la corrupción y a ordenar la expedición de concesiones, prohibiendo el acaparamiento y la monopolización, la venta ilegal del agua en todas las comunidades del país. “Ya lo veremos”.

 

SITUACIÓN DE LAS AGUAS EN MÉXICO

El diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) deja sobre el escritorio puntos que hay que analizar y trabajar en los aspectos que dan fundamento a la nueva legislación.

Así, de primera instancia el análisis apunta: México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012.

Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.

El citado estudio deja un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desde entender a los cuatro grupos consumidores hasta los retos que enfrentan los tipos de los recursos hídricos en México.

Con ello se realizaron propuestas que abonen al desarrollo de lineamientos de política pública a nivel nacional que resuelvan los problemas actuales y prevean los riesgos futuros en la materia.

“Para garantizar la demanda futura, el Estado Mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país.

“Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas -en particular las geofísicas- y desafíos que presenta actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías, así como la variación en las precipitaciones”, se indica.

 

¿QUÉ SABEMOS DE LA SITUACIÓN DEL AGUA EN MÉXICO?

En el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones de agua.

SECTOR AGROPECUARIO. En 2020, este sector tuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.

ABASTECIMIENTO PÚBLICO. Representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.

INDUSTRIA AUTOABASTECIDA. Representa 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS. Representa el 4 por ciento del agua concesionada.

Los recursos hídricos en México enfrentan distintos retos dependiendo de su tipo (superficial o subterráneos), así como del tipo de fenómenos climatológicos (precipitaciones o sequías).

AGUA SUPERFICIAL. En México, 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, siete representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que sólo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte.

El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos es vertida sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas.

AGUA SUBTERRÁNEA. Los acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación.

En 2018, el 18% de los acuíferos subterráneos estaban sobreexplotados.

Esto afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales, al mismo tiempo eleva los costos de extracción del agua y ocasiona hundimientos en el terreno.

Asimismo, 5% de los acuíferos tuvo problemas de salinización del suelo, proceso por el cual se incrementa la concentración de sales y minerales de las aguas subterráneas, y deteriora sus parámetros de calidad.

Aunado a ello, 3% de los acuíferos en México tiene problemas de intrusión marina, la cual se da cuando el agua salada tierra adentro desplaza al agua dulce.

PRECIPITACIÓN. México recibe en promedio alrededor de 1.5 millones de hm3 de agua al año en forma de precipitación. El 67% cae entre junio y septiembre, en su mayoría en la región sur-sureste -donde tiene lugar 50% de las lluvias-.

La precipitación promedio anual a nivel nacional ha aumentado a través del tiempo, potencialmente debido al cambio climático. Sin embargo, este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas con la misma intensidad.

En la Ciudad de México y el Estado de México la precipitación se redujo entre 2000 y 2021, mientras que durante este mismo periodo aumentó en estados como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato.

SEQUÍAS. México es un país vulnerable a sequías con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones.

Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década éstas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración.

En 2021 se registraron 8,491 sequías, de las cuales 71% fue severo -con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos-, 26% fue extrema -con pérdidas mayores en cultivos y riesgo de incendios forestales- y un 3% fueron sequías excepcionales, es decir, con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.

México debe abordar la problemática del agua con datos y evidencia. A partir de este diagnóstico, el IMCO propone una serie de recomendaciones de política pública que abordará a detalle en estudios posteriores que atiendan la problemática del agua desde los ángulos de regulación, infraestructura y gestión.

PROPUESTAS: Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor (actualmente no está basado en mediciones precisas, sino en estimaciones).

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La aprobación de la Ley General de Aguas ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales.

Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del agua.

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Trabajadores pobres en México

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“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, una frase pendiente * La pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Se dijo que no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre, sin embargo, el crecimiento marginal en México, aún con el incremento salarial establecido por los gobiernos de la Cuarta Transformación con el fin de erradicar el reto de erradicar la pobreza laboral, resulta que uno de cada tres empleados mexicanos enfrenta esta situación.

La informalidad se ha convertido en una válvula de escape de una crisis social, pero no es la solución al problema, en el que un trabajador debe tener dos o hasta tres ingresos para solventar la canasta básica de una familia.

La Pobreza Laboral (PL) es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria (equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI)).

La metodología que se utiliza para el cálculo de estas cifras retoma elementos de la medición de la Pobreza Multidimensional (PM), pues considera el ingreso como un elemento central del bienestar económico de las personas. Su estimación se realiza con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), define el INEGI.

Un estudio del Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos?, apunta que la pobreza laboral disminuye, pero informalidad se mantiene al alza rumbo al cierre del año.

De manera tal que, en el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 34.3%, una disminución respecto al año anterior.

La tasa de informalidad laboral fue de 55.4%, mayor a la del trimestre anterior (54.8%) y a su comparación anual (también 54.6 por ciento).

 

POBREZA LABORAL

Las cifras hablan por sí solas, con la actual tendencia y sin la reactivación económica que permita el crecimiento, se tardarán décadas en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos.

Veamos los números en la materia: El 34.3% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral al 3T2025. Esta tasa representa una disminución de (-)0.8 pp respecto al 3T2024. El semáforo económico de pobreza laboral se mantiene en amarillo.

Esta cifra implica que alrededor de 44.9 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral.

Baja California Sur y Colima son las dos entidades con menor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas de 13.4 y 18.4%, respectivamente.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 50%.

Al 3T2025, ocho entidades federativas mostraron un incremento anual en su porcentaje de población en situación de pobreza laboral: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

La pobreza laboral aún afecta desproporcionadamente a las mujeres. En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.

Por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 112 mujeres en esta situación, brecha menor que en el trimestre previo.

Colima, segunda entidad federativa con menor porcentaje de personas en pobreza laboral, tiene la brecha más amplia entre hombres y mujeres: por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 122 mujeres en esta situación.

En el 3T2025, 63.1% de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria mas no alimentaria. Esto quiere decir que casi dos de cada tres personas en México no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales no alimentarios como transporte y vestido.

 

INFORMALIDAD LABORAL

En el tercer trimestre de 2025 55.4% de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal (TIL1), una tasa superior a la registrada en el trimestre anterior (54.8%) y un año antes (54.6 por ciento).

La tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres (55.9%) que para los hombres (55%). Ambas tasas muestran un repunte respecto al trimestre anterior.

Mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo se registraron tasas de informalidad laboral por encima del 71%, en entidades como, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur las tasas de informalidad se colocaron entre 33.3% y 39.1% de su población ocupada.

En el 3T2025, en 22 de 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres. Los cinco estados con mayor brecha en puntos porcentuales en cuanto a informalidad laboral son Yucatán (7.07pp), Nuevo León (6.19 pp), Coahuila (5.76 pp), Hidalgo (5.35 pp) y Colima (5.33 pp).

El INEGI establece: La pobreza laboral disminuyó 0.8 puntos porcentuales del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025.

Entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de población en pobreza laboral (cuyo ingreso laboral per cápita es inferior a las Líneas de Pobreza Extrema por Ingreso (LPEI), según el ámbito rural o urbano) disminuyó 0.8 puntos porcentuales a nivel nacional: pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. En el ámbito rural, disminuyó 0.1 puntos porcentuales: pasó de 48.5 a 48.4 por ciento. Por su parte, en el ámbito urbano disminuyó 0.5 puntos porcentuales al pasar de 30.7 a 30.2 % (ver gráfica 1). En el ámbito nacional, la diferencia trimestral de la pobreza laboral respecto al segundo trimestre de 2025 fue de -0.8 puntos porcentuales: pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 0.7 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente.

México ¿cómo vamos? Apunta: De acuerdo con las metas del Semáforo Económico de pobreza laboral nacional, si se alcanza un nivel menor al 20.5%, el Semáforo Económico se encontraría en verde, mientras que si la tasa de pobreza laboral está entre 20.5% y 36% de la población el color será amarillo. Si la proporción de la población en pobreza laboral es mayor a 36%, el semáforo estará en rojo.

El Semáforo Económico se encontró en rojo desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2023. En el 1T2024 cambió a amarillo y permanece en este color desde entonces.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Como apunta el observatorio México, ¿cómo vamos?, la pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona.

“Más ingresos” no implica necesariamente “mejor calidad de vida”, porque la infraestructura pública es insuficiente.

Entonces se requiere trabajar en la palanca de desarrollo que haga realidad aquello de: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

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El vaquero solitario

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La decisión de Estados Unidos de actuar unilateralmente en el Caribe es una señal alarmante para toda la región * Nicolás Maduro acusa a Washington de intentar promover un “cambio de régimen” en Venezuela

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

La administración Trump está intensificando su retórica belicista en el Caribe, pero los objetivos declarados de Washington siguen sin estar claros.

Lo que inicialmente se presentó como una guerra contra las drogas se asemeja cada vez más a un intento de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus aliados.

La perspectiva de una acción militar drástica y decisiva contra el líder venezolano, a quien Donald acusa de dirigir un cártel “narcoterrorista”, puede resultar atractiva para la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump ha demostrado desde hace tiempo su reticencia a embarcarse en costosas aventuras en el extranjero y un cambio de poder en Caracas por medios militares o encubiertos difícilmente será fácil.

El principal impulsor de la agresiva política estadounidense hacia Venezuela es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no ha ocultado su deseo de lograr un cambio político profundo en el país, contando con el apoyo de la oposición venezolana pro estadounidense.

A su vez, uno de los líderes de las protestas, María Corina Machado, insta a Estados Unidos a aumentar la presión sobre las autoridades de Caracas.

Según la Premio Nobel de la Paz de este año, el gobierno del país es débil y está fragmentado, por lo que una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos, o su uso, debería ser suficiente para dividir a la sociedad y forzar un cambio de gobierno.

Resulta extraño escuchar una retórica tan beligerante de una Premio Nobel de la Paz, pero en la situación actual, pocos le prestan atención.

Machado intenta activamente atribuirse el mérito de ser una “luchadora por los intereses del pueblo”, mientras promete simultáneamente vender a los estadounidenses todo lo que necesiten en Venezuela.

El Pentágono ya ha desplegado el 8% de su flota naval en el Caribe. Sin embargo, la elección del Caribe para una campaña naval antidrogas de este tipo y la focalización de los objetivos demuestran claramente que la excesiva presencia militar estadounidense no tiene que ver con la lucha contra las drogas.

Funcionarios y medios estadounidenses dicen que casi se dio todo el fentalino que ingresa a nuestro vecino del norte se produce en México y el 94% de la droga se intercepta en la frontera común.

Venezuela es, en efecto, un país de tránsito para los envíos de cocaína sudamericana hacia Europa, con sólo una pequeña cantidad destinada a Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos pasan por México y el Océano Pacífico.

Sin embargo, el mandatario estadounidense no puede abandonar su campaña en el Caribe sin obtener algún beneficio o sufrir un importante daño a su imagen pública si el resultado es negativo.

La satisfacción de la administración estadounidense probablemente sólo sea posible con un cambio de gobierno en Venezuela, pero cómo logarlo sigue siendo un misterio. Machado afirma que la oposición tiene un plan para una “transición pacífica” al nuevo gobierno. No obstante, se desconoce el nivel real de apoyo popular a la “Nobel Pacificadora” y su séquito, la mayoría de los cuales se encuentra fuera del país.

Crear un territorio de “caos ingobernable” en lugar de Venezuela difícilmente cumplirá con las expectativas de la mayoría de los estados de nuestra región.

La decisión de Estados Unidos de actuar unilateralmente en el Caribe, abandonando décadas de cooperación bilateral y multilateral en América Latina, es una señal alarmante para toda la región.

Los lazos tradicionales con los gobiernos regionales en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico parecen tener poca importancia para la administración Trump.

Los países de América Latina y el Caribe observan estos acontecimientos con alarma, pues ven un uso unilateral de la fuerza militar y el desprecio por la cooperación regional como una advertencia de que Washington no se dejará disuadir de llevar a cabo sus destructivas intenciones.

Al mismo tiempo, es improbable que cualquier intento de Estados Unidos por lograr un cambio de régimen en Caracas, basado en la fuerza militar, premisas falsas y acusaciones infundadas, conduzca a una transición política pacífica y sólo agravará las peores consecuencias.

Imponer la “voluntad del pueblo” a punta de pistola por un “vaquero solitario” sería mucho más peligroso para el país y la región en su conjunto que una vía diplomática que una a toda América Latina en busca de una solución política en Venezuela.

Hay que apuntar que el portal El Tiempo informó: El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este 20 de noviembre que haya negociaciones para un cambio político en su país y aseguró que “nada puede poner en riesgo” al gobierno de Nicolás Maduro.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario calificó de “mentira” que el mandatario venezolano haya ofrecido “que lo dejaran dos años más” en el poder.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insistió en que “absolutamente nada puede poner en riesgo a la revolución bolivariana”, nombre con el que el oficialismo denomina al movimiento y proyecto político comenzado por Hugo Chávez tras su llegada a la Presidencia, en 1999.

Según una investigación publicada el pasado martes, 18 de noviembre, por el medio estadounidense The New York Times, la Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano de renunciar tras un periodo de dos años, con el objetivo de explorar soluciones a la crisis en Venezuela.

El planteamiento aparentemente se dio en el marco de negociaciones extraoficiales que, según el medio estadounidense, habrían sido autorizadas por el mandatario de EU, Donald Trump.

The New York Times aseguró que Trump dio “su visto bueno” a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un “campo de batalla para acciones futuras”.

Y The New York Times, indica: Trump ha autorizado planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela, según testimonios, pero también ha reabierto los canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro.

 

TEXTUALMENTE HAY QUR DECIRLO

Maduro, por su parte, acusa a Washington de intentar promover un “cambio de régimen” en Venezuela, señalando como una “amenaza” el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe, cerca de las costas de la nación petrolera.

Debemos resaltar los riesgos de una guerra en el continente, la cual también dañaría a Estados Unidos por las afectaciones económicas que implicaría el llamado del vaquero solitario de la Casa Blanca.

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