Fantasmas que recorren gran parte del territorio nacional, pero las autoridades, que evaden su responsabilidad, buscan ocultar * Entidades de la República Mexicana convertidas en campos de batalla por la disputa del territorio, el cobro de piso, trasiego y venta de drogas, la recaudación de dinero obtenido por los secuestros y una serie de delitos que se documentan solos

EMMA ESPÍNDOLA

Las ruidosas proclamas y festejos desaforados en los micrófonos, se apagan con el estruendo de las balas.

Esos anuncios victoriosos que retumban en la palabrería, quedan sepultados por las escenas de pánico y de dolor.

El panorama no puede ser más aterrador.

Hechos violentos que, ante la sociedad de todos los niveles, son espeluznantes, aunque entendibles por la ineptitud gubernamental.

Mas no es justificable el cuadro donde los sucesos consumados revelan un espectáculo de terror:

Decapitados, crímenes arteros, mensajes intimidatorios y reveladores, secuestros, corrupción de autoridades, insolvencia moral, torpeza y un cinismo absurdo.

Fantasmas que recorren gran parte del territorio nacional, pero las autoridades, que evaden su responsabilidad, buscan ocultar.

Esconder acontecimientos flagrantes, en los que imperan la violencia y las imágenes descarnadas.

Ineficientes para combatir, detener y procesar a las bandas criminales, recurren a los argumentos que únicamente contribuyen a evidenciar la torpeza que les caracteriza.

Entidades de la República Mexicana convertidas en campos de batalla por la disputa del territorio, el cobro de piso, trasiego y venta de drogas, la recaudación de dinero obtenido por los secuestros y una serie de delitos que se documentan solos.

Y para acreditar ese magro panorama, los servidores públicos acuden a querer implantar un sistema de mordaza.

Porque al final, para garantizar la impunidad, culpan a los medios informativos.

Como si las ejecuciones, los colgados, los expresidentes municipales sacrificados, los alcaldes ajusticiados, los empresarios victimados, los periodistas muertos para silenciarlos, fueran quienes matan y quitan la vida.

Zacatecas, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz acaparan la atención por la violencia y las acciones de sus gobernantes.

Vea usted:

El hallazgo de 10 personas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Las víctimas presentaban visibles huellas de violencia y en el sitio fue localizada una cartulina con mensajes de un grupo de la delincuencia organizada.

Un exalcalde, funcionarios municipales y empresarios se encontraban entre las víctimas halladas colgadas en un puente en Zacatecas.

De las nueve víctimas identificadas, ocho eran originarias de Zacatecas y una provenía de Durango.

Ante la masacre, el gobernador David Monreal Ávila no dio la cara, incluso permaneció oculto varios días y alejado de los medios de comunicación.

En el estado de Guerrero fue ejecutada la encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Martina Amates González, de 49 años de edad.

Fue asesinada a balazos y hallada con huellas de maltrato junto a su hija, de 26 años, y su chofer, quienes fueron hallados en el poblado Crucero de Grutas, del municipio de Pilcaya, en la zona norte del estado, a orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, Estado de México.

También perdió la vida el presidente municipal de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores.

El silencio ha sido usado por la gobernadora Evelyn Salgado para dejar que los crímenes se vayan olvidando y se deje de hacer ruido.

El panorama para Margarita González, gobernadora del estado de Morelos, es más negro. Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, fue asesinado dentro de la presidencia municipal.

Militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lavín fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en su oficina dentro del Palacio Municipal de Temoac, en el oriente del estado de Morelos.

Dos hombres armados ingresaron al edificio y dispararon directamente contra él, posteriormente huyeron en una motocicleta con rumbo a la comunidad de Popotlán.

Como respuesta, en medio de protestas, la gobernadora Margarita González se limita a pedir no creer en redes sociales ni medios de comunicación.

El mensaje durante un evento de las “Caravanas del Pueblo”, en Atlatlahucan, la mandataria estatal simplemente dijo: “No vean las redes, no vean los medios… bueno, los de nosotros sí”.

Como argumento manifestó que existe un constante ataque mediático en contra de la administración federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en las redes sociales se exagera la difusión de contenidos sobre violencia.

Ante las declaraciones, que generaron una fuerte polémica y críticas en diversos sectores, siendo interpretadas por críticos y usuarios como un intento de desviar la atención de la crisis de inseguridad que enfrenta el estado y una limitación a la libertad de expresión.

En Veracruz se pide al Congreso local el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, para avanzar en las investigaciones relacionadas con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio en su domicilio en Nanchital y hallada sin vida un mes después.

La Fiscalía tiene un testigo que presuntamente escuchó al alcalde comunicarse con un líder criminal de la zona para indicarle que privara de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella tenía en su poder una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga. Los alcaldes notificados tienen siete días hábiles para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Pero la gobernadora Rocío Nahle permanece impávida y gira instrucciones para que el tema se mantenga alejado de los medios de comunicación mientras se desvanece el asunto.

Salomón Jara, gobernador oaxaqueño que durante un vuelo en avión comercial es increpado por viajar en primera clase, recurre al cinismo frente a una cruda realidad.

En lo que va del gobierno de Jara Cruz, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, en Oaxaca han sido asesinados cinco presidentes municipales, ocho exalcaldes; nueve líderes sindicales, así como 21 activistas, dirigentes indígenas y representantes comunitarios, según cifras oficiales. Además, al menos 310 mujeres y 2 mil 800 hombres han muerto de manera violenta.

Y a manera de respuesta gubernamental, Jara pide lista negra de medios. Lanza una amenaza directa contra la libertad de prensa en Oaxaca al anunciar la creación formal de una “lista negra” institucional para vetar el escrutinio de los medios de comunicación que resulten incómodos a su administración.

Con la finalidad de justificar su proceder, bajo la etiqueta descalificativa de “portales de odio”, el mandatario estatal es claro: “Vamos hacer una descripción de todos los portales que nos odian para que cuando ustedes me pregunten de esos portales si está dentro de eso no se los voy a contestar”.

Esa declaración, que representa una clara violación al derecho a la información de la ciudadanía, condiciona el acceso a las respuestas gubernamentales a la sumisión de la línea editorial del medio.

Por otra parte, en Tabasco fueron encontrados dos cuerpos desmembrados y abandonados en bolsas en la ranchería Río Tinto, en el municipio de Centro, y José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno del estado, aplica una fórmula familiar.

En entrevista con medios de comunicación, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó este hecho de violencia a una disputa entre organizaciones criminales, en específico a La Barredora y al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mas “Pepín” López Obrador, quien de manera constante ha chocado con la prensa debido a cuestionamientos sobre la violencia, acusa a los medios de buscar muertos, promover a la oposición y exagerar la crisis de seguridad en el estado.

Frente a las críticas y la información difundida por la prensa, el hacendado, ganadero y dueño de una fortuna salida de la noche a la mañana, se refiere a los homicidios y restos humanos como argumento de los medios y termina acusándolos de favorecer a grupos opositores y criticar obras oficiales.

Como se verá (en la postura de satanizar a los medios informativos), el más chimuelo masca rieles.

Una palabra que aparece en mantas, folletos, consignas y mensajes en los que las explicaciones carecen de evidencias para darle el sustento y el valor que representa * Lo que realmente constituye una inmoralidad es que los aspirantes a las 17 gubernaturas mancillan el significado * Ignorantes de la Teoría General del Estado, de manera arbitraria usan a los incautos para expresarles algo que no existe * Recurrir a la defensa de la Soberanía Nacional, no pasa de ser una demostración y testimonio de un argumento para validar la manipulación electoral

EMMA ESPÍNDOLA

Convertido en slogan de campañas políticas, término para dar lustre a discursos vanos, premisa para generar polémica y parte central de una retórica sin argumentos, el vocablo circula impunemente.

Es una expresión que aparece en mantas, folletos, consignas y mensajes en los que las explicaciones carecen de evidencias para darle el sustento y el valor que representa.

Prácticamente, se ha convertido en una moda durante las campañas preelectorales que se realizan fuera de los tiempos que las leyes establecen.

La pregunta, que parece inocente, tiene un fondo más profundo que el Océano Pacífico.

Quienes pregonan y usan la palabra “Soberanía” están muy lejos de poder demostrar que sea vulnerada o esté en riesgo.

Son esos charlatanes y merolicos, quienes la pisotean al recurrir al concepto cuya trascendencia les es ajena.

En lo que realmente constituye una inmoralidad, los aspirantes a las 17 gubernaturas que serán renovadas en el proceso electoral de 2027, mancillan el significado.

Ignorantes de la Teoría General del Estado, de manera arbitraria usan a los incautos para expresarles algo que no existe.

Militantes de diversos partidos políticos fracturan la credibilidad de quienes, urgidos por satisfacer sus carencias económicas, son acarreados a mítines y concentraciones a cambio de una dádiva.

Atraídos por un caudal de promesas y la esperanza de ver mejoras económicas en su vida diaria, los ingenuos se convierten en grupos vulnerables frente a la verborrea que se derrama.

Generalmente los concurrentes a las asambleas manipuladas en las comunidades, principalmente rurales, carecen de estudios y niveles educativos que les hagan comprender los vocablos que utilizan en su palabrería los embusteros.

Pero eso no importa, al final lo destacable para los promotores de la mentira es tener concentrados para llenar la sillería, que aparezcan en fotografías y videos para presumir un arrastre popular.

Soberanía es la palabra hueca utilizada como bandera para congraciarse con el régimen y la consigna que se pregona a fin de validar los acarreos populares.

Término con fines mediáticos, el concepto es un instrumento incomprensible para diversos niveles de la sociedad, pero que se ha convertido en un argumento repetitivo hasta desgastar su auténtico valor.

Cerrar filas con esa maligna consigna, dictada desde Palenque por el que se fue a La Chingada, es la orden tajante para los acelerados militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Todos los suspirantes por ocupar las gubernaturas que se disputarán en las urnas, tienen la orden de pregonar que la soberanía está en peligro.

Por eso quienes se cobijan en el lema Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, deben acatar las instrucciones con una sumisión que no deje dudas.

Sobresalen en su actuación aspirantes como Andrea Chávez, en Chihuahua, quien -cobijada bajo el manto de Adán Augusto López- ha desplegado una intensa campaña hace meses, dilapidando incuantificables recursos económicos.

En esa misma entidad, el presidente municipal (con licencia) de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, le hace segunda con la bandera del partido guinda, pero también respaldado por el Partido Verde Ecologista de México.

En el estado de Guerrero Morena tolera y solapa al: senador Félix Salgado Macedonio; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la senadora Beatriz Mojica Morga, Esthela Damián y 13 militantes más.

En el estado de Colima la presidenta municipal con licencia de Manzanillo, Rosa María Bayardo, es de las que como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional es arropada por la senadora Ana Karen Hernández Aceves.

Y con el beneplácito de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, debe agregarse a la diputada federal con licencia Gricelda Valencia de la Mora y a Joel Padilla Peña, quien hizo su registro desde el Partido del Trabajo (PT).

Un grupo de 10 aspirantes a la candidatura por la gubernatura de Baja California por el Partido Morena, PVEM y PT, amparados en tener la Coordinación estatal por la Defensa de la Soberanía, teóricamente van en alianza.

Porque derivado de los conflictos entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla, una posible candidatura de unidad está fracturada.

Mientras tanto la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla y el alcalde con licencia por Tijuana, Ismael Burgueño, son protagonistas de una cruenta lucha en la que se dan con todo.

Burgueño ha recurrido a planfleteros y equipos de “guerra sucia” para asegurar un triunfo en la contienda.

También Armando Ayala, senador con licencia, se registró como lo hizo el ex delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.

En Tlaxcala la pelea está entre la senadora Ana Lilia Rivera y el presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, quien es hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya y la exsenadora Maricarmen García.

Por cierto, el munícipe tlaxcalteca es promovido y respaldado en medios de comunicación por Alfonso Brito, quien fuera coordinador de Comunicación Social durante el gobierno de Sánchez Anaya.

Claro está que esto es en contubernio con Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, quienes desde Palacio Nacional mandan el mensaje de que el junior Sánchez García tiene la bendición presidencial.

En tierras michoacanas están apuntados: el senador con licencia Raúl Morón Orozco; la diputada local Fabiola Alanís Sámano; el exfiscal Carlos Torres Piña; la senadora Celeste Ascencio Ortega; la exsecretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y el diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar.

Nuevo León vive una guerra civil porque en la lista de aspirantes están Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y Judith Díaz, aunque también se han apuntado Waldo Fernández, Andrés Mijes, Felipe de Jesús Cantú y Jesús Elizondo.

En fin, en los 17 estados donde habrá renovación de gobernadores la guerra es entre los mismos morenistas y sus aliados del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

Particularmente llaman la atención Nuevo León y San Luis Potosí, en donde los gobernadores Samuel García y Ricardo Gallardo Cardona buscan heredar el cargo a sus esposas, Mariana Rodríguez Cantú y la senadora Ruth Miriam González Silva, respectivamente.

Debe asentarse que en la perorata de la Defensa de la Soberanía Nacional no está ajena la gran mayoría de los diputados y senadores que manifiestan y presumen una ignorancia absoluta al respecto.

Por ejemplo, los agraciados en tómbolas y sorteos que no están capacitados para presentar iniciativas de ley y validar con sustento los cambios constitucionales.

La mayoría de ellos carecen de argumentos sólidos para debatir en la tribuna y que utilizan regularmente el podio para llegar a la descalificación, el insulto y la agresión.

Ya no esperemos un sustento jurídico, sino apenas lógico, práctico y que encuadre en la realidad que vivimos los mexicanos.

Es necesario apuntar que en el Congreso de la Unión no hay legisladores electos directamente por tómbola, ya que la Constitución Política exige el voto popular.

Sin embargo, el partido Morena utilizó este método para insacular a candidatos de sus listas de representación proporcional (plurinominales) en las elecciones de 2024.

A través de este sorteo, el partido definió a varios de sus perfiles, quienes posteriormente alcanzaron un escaño en el Congreso de la Unión al obtener la votación proporcional requerida por sus listas.

Y como usted verá, recurrir a la defensa de la Soberanía Nacional, no pasa de ser una demostración y testimonio de un argumento para validar la manipulación electoral.

Pero para impedirlo, no hay remedio.

Deben dejarse atrás complicidades o blindajes oficiales para abrir un expediente y que la gobernadora bajacaliforniana sea investigada para deslindar responsabilidades * Los villanos de la política y cosas peores: Gerardo Fernández Noroña, Ulises Lara, Carlos Aguiar Retes, Octavio Romero, Carlos Bonavides, Arturo Ávila…

EMMA ESPÍNDOLA

Ahora no es cuestión de terminología o de lingüística, sino de acciones en las que aparecen graves riesgos para la Seguridad Nacional.

Los hechos son contundentes y representan un severo peligro en la relación bilateral México-Estados Unidos, además de que lesionan gravemente a las instituciones nacionales.

Minimizados por la estructura gubernamental y la dirigencia partidista, el blindaje es aplicado en todo su potencial para hacer efectivo el encubrimiento.

Ante las evidencias y la aceptación de lo que constituye una flagrancia en lo que pudiera ser materia judicial, el mutismo, la hipocresía y la complicidad están en todo su esplendor.

Los hechos se derivan de una realidad, no supuestos o especulaciones.

Que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, haya emitido una carta pública reconociendo que sostuvo conversaciones privadas con supuestos intermediarios del gobierno de Estados Unidos, es materia para que se investigue a fondo.

Aunque sean hechos derivados de la cancelación de su visa, la mandataria estatal tiene que ser parte de un expediente en la Fiscalía General de la República (FGR).

No pueden quedar impunes una cadena de acontecimientos en los que la Seguridad Nacional queda expuesta, aunque la instrucción en Palacio Nacional sea la de proteger a Marina del Pilar.

Está claro que ella se ofreció a compartir información de las mesas de seguridad y aunque argumente que los audios son fragmentos aislados y que nunca hubo un acuerdo ilegal ni se concretaron reuniones, acepta ser parte central del escándalo.

El nombre de Marina del Pilar estuvo rolando recio en redes el lunes 22 de junio después de la publicación de la columna -en El Universal- del periodista Héctor De Mauleón, sobre un audio filtrado en el que se escucha a la gobernadora de Baja California buscar una reunión con las autoridades estadunidenses.

Y el enlace se llevaría a cabo con un grupo de gestores que la ayudaría con las sanciones o los cargos que el gobierno de Estados Unidos podría presentar en su contra.

Cuando en el estado de Chihuahua se destruyó un narcolaboratorio, toda la estructura política y gubernamental recurrieron al argumento de Traición a la Patria, aunque el Gobierno de la República sabía anticipadamente que había presencia de agencias extranjeras.

Incluso la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) organizó una manifestación para fustigar a la gobernadora Maru Campos.

Ahora Ariadna Montiel, dirigente del partido gobernante, tiene una magnífica oportunidad para concentrar a sus militantes en Mexicali para exigir una investigación a fondo.

Porque está claro que hubo una reunión con un grupo de gestores que supuestamente le prometió ayudarla para conectarse con el FBI en un consulado estadounidense ubicado en Tijuana, Baja California.

Y que Marina del Pilar llevó a cabo esta charla, sin informar de manera pública que estaría en busca de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

La morenista conversó con presuntos “asesores externos del FBI” sobre posibles acusaciones provenientes de Estados Unidos.

Pero también reconoció que efectivamente sostiene reuniones “de forma muy institucional, muy respetuosa y totalmente transparentes” con autoridades de Estados Unidos como gobernadora, en donde se busca el bienestar de las familias en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, al ofrecerse a dar información generada en las mesas de seguridad… y eso en el argot de la delincuencia, es calificado como un “sapo”.

Una persona que actúa como informante, soplón o delator. Se utiliza para referirse a alguien que traiciona a su grupo o revela información.

Y en el ambiente delictivo nacional, es calificado como “Chivatazo”, término coloquial utilizado en español para referirse a una delación, soplo, confidencia o acusación secreta.

Se emplea comúnmente para describir la acción de informar a las autoridades o a otras personas sobre las actividades ilícitas, planes o secretos de alguien.

Así que “sapo” o “chiva” guinda, deben dejarse atrás complicidades o blindajes oficiales para abrir un expediente y que la gobernadora bajacaliforniana sea investigada para deslindar responsabilidades.

¿Quién dará la orden?

HISTORIAS

Bien dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Juzgue usted: La presidencia de la Mesa Directiva del Senado abrió un nuevo frente de confrontación interna en Morena, donde el legislador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el coordinador de esta bancada, Ignacio Mier Velazco, a quien acusó de ser sectario e irresponsable por intentar impedir su participación en el proceso para elegir a quien será el próximo titular de la Cámara Alta. Dicen que los viajes ilustran, pero también se extrañan cuando se hacen con dinero ajeno.

La buena vida, basada en dispendios y derroches, no es igual a la que se tiene cuando impera la miseria… Ulises Lara, el vocero y fiscal para Asuntos Relevantes, dejó la FGR. Era el hombre de todas las confianzas de Ernestina Godoy.

Lara abandonó el barco porque debe estar haciendo agua… Para no apartarnos del tema de separación de funciones, el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, decidió separar de la Rectoría de la Basílica de Guadalupe a Efraín Hernández Díaz.

Aunque el relevo parece terso, hay una gran incógnita por el manejo de recursos económicos, y no son pocos… En medio de los escándalos políticos, se ha deslizado al olvido lo de las Casas del Bienestar en Veracruz, que se inauguraron pomposamente y no aguantaron los primeros aguaceros. Octavio Romero, el director del Infonavit, es el más agradecido de que los reflectores estén dirigidos a otros escándalos.

No sólo es que hayan quedado destruidas, sino que está claro que los materiales para edificarlas no fueron los adecuados. A lo mejor quisieron ahorrarse una lana para guardarla en el cochinito y construir una residencia para algún funcionario o para los beneficiarios del contrato… Durante el más reciente informe que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados se concluyó que hay 21 denuncias penales por posibles daños que se cuantifican en 600 millones de pesos.

Sería bueno saber quiénes son los responsables, cuántos han sido consignados y qué destino se ha dado a las carpetas y expedientes… Enorme preocupación por saber cómo va el intento del actor Carlos Bonavides para obtener la candidatura de una diputación federal, obviamente cobijado por Morena. Políticos de esa enorme dimensión son los que hacen falta para alcanzar las metas y objetivos que se tienen para construir una gran Nación. Preparados, visionarios, con miras de estadistas, dispuestos a contribuir con su enorme experiencia administrativa, política y legislativa para ubicarnos en el primer mundo.

Ojalá y no lo dejen fuera, porque sería un lamentable error que la Patria no se perdonaría… Enorme pesar invade a la sociedad del estado de Aguascalientes, porque el diputado Arturo Ávila (a quien se conoce como el “cero votos” -porque nunca ha ganado una elección-) decidió no buscar la gubernatura.

Quizá sea porque Luisa María Alcalde ya no es dirigente nacional del partido oficial. Lástima, Arturito.