Fuerzas federales detienen al coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México * La pregunta que surge en espera de respuesta: ¿Quiénes eran los cómplices de Lino Rodríguez González? * El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso

ALFREDO IBÁÑEZ

Gran escándalo sacude a la estructura del gobierno del Estado de México que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tras ser detenido por las fuerzas federales un político prominente en la administración estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Resulta que el capturado es, nada más y nada menos, el coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del gobierno estatal, Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.

Un personaje que -dentro de sus funciones- tenía como misión el servir de enlace entre los alcaldes de esa región con funcionarios estatales de alto nivel y con la propia gobernadora, además de participar en las mesas de seguridad, cuyo fin es establecer las estrategias en coordinación con los tres niveles de gobierno para abatir la delincuencia.

La zona en la que operaba el detenido es considerada de alta peligrosidad, debido a la presencia y operación de grupos criminales que tienen sometidas a miles de familias de diversos municipios.

Tras su detención, la mandataria estatal Gómez Álvarez no se ha pronunciado al respecto, pese a la gravedad del asunto.

No es poca cosa que un político cercano a ella fuera detenido -señalado de presuntos nexos con el narcotráfico- por personal del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que preside Omar García Harfuch, y de la Fiscalía General de Justicia estatal, sin embargo, evade el tema cuando debiera pronunciarse porque se lleve a cabo una investigación rigurosa, a fondo, para conocer quién o quiénes están coludidos.

Posiblemente no le conviene que se conozcan los nombres de los cómplices de Lino Rodríguez González, y es que prácticamente es un hecho que no operaba solo y que un funcionario prominente del gabinete de la gobernadora Delfina Gómez le asignó esa responsabilidad.

Para empezar, ¿quién era su jefe inmediato?, ¿a quién le rendía cuentas?, bueno, pues se supone que al subsecretario general de Gobierno, Alejandro Viedma Velázquez, un joven con dudosa capacidad en la administración pública, pero que se ha sabido proteger con la sombra de los equipos de poder, como es el Grupo Texcoco, de ahí que ahora es parte de los funcionarios de élite de la gestión estatal.

Dentro de sus máximos logros está haber sido delegado municipal en su tierra natal, Texcoco, y sorpresivamente diputado federal.

Lo interesante es que pertenece al gremio de Horacio Duarte, su jefe inmediato, al que le da explicaciones de sus actos del cargo conferido, a quien obedece en todo, no por nada ha escalado hasta el cargo que ahora desempeña.

Del secretario general de Gobierno, qué se puede decir, lo que está a la vista de todos, que nunca ha ocultado sus pretensiones de ser el próximo gobernador de la entidad, todos los días teje alianzas con los diversos sectores, con legisladores, con alcaldes.

Para lograr su anhelo, se vale de operadores políticos de las diversas regiones de la entidad, incluyendo la sur-sureste.

Por cierto, tras conocerse la detención, rápidamente emitió una tarjeta informativa en la que reiteró el compromiso de la administración estatal con la procuración de justicia, por lo que afirmó que se mantendrá la colaboración permanente y el intercambio de información con los órdenes de gobierno.

“Por congruencia y convicción, este gobierno está enfocado en garantizar la rectitud de todos los servidores públicos y colaborar con las autoridades federales en las estrategias de seguridad. Reiteramos nuestro compromiso absoluto en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas”, señala Duarte.

Una información breve y escueta que ahí quedó, en las buenas intenciones, porque hasta ahora no se conoce que haya pedido la intervención del gobierno federal para esclarecer el caso. Tal parece que ese comunicado fue para curarse en salud.

Si para algunos funcionarios de la administración estatal, lo pertinente es no hablar de la detención, hay políticos de Morena, que demandan que se abra una investigación profunda para conocer hasta dónde penetró el crimen organizado en la estructura gubernamental estatal o municipal.

Uno de ellos es el diputado local morenista, Octavio Martínez, quien anunció que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que consideró que el detenido no operó solo.

Recordó que con base en las funciones que desempeñaba, tenía permanente relación con alcaldes y legisladores, por lo que en ese rubro expuso que hay presidentes municipales que pueden ser víctimas de esa estructura delictiva.

Recordó que en esa zona operan grupos criminales ampliamente conocidos, por lo que demandará que las indagatorias de la FGR también alcancen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), toda vez que ha sido omisa en temas de crimen organizado.

De no ser por la intervención de las fuerzas federales, esa instancia seguiría sin actuar.

Es preciso, dijo, que se indague el trabajo de esa dependencia, debido a que jamás investigó al ahora detenido Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.

El legislador adelanta que pedirá la comparecencia del Fiscal General de Justicia estatal ante el pleno del Congreso del Estado de México, para que explique lo pertinente.

Pero no se quedó corto, fue más allá, se pronunció porque se someta a investigación a las personas o a la persona que lo recomendó y que informe bajó qué criterio le confirió el cargo.

Como puede advertirse, y por cuestión de ética, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso, pero por ahora no es señalado directamente, y seguramente así quedará, pues en la realidad es el gobernador operativo, sólo que para el 2029 quiere serlo de manera oficial.

¿Pero qué creen? Sus compañeros de Texcoco, aquellos que lo conocen plenamente, los mismos que le van a disputar la candidatura a la gubernatura, saben cómo se maneja y en su momento harán valer la información de la que disponen. Estaremos pendientes, estimado lector.

Crecen las pugnas internas en la lucha por el poder * Las fisuras guindas “florecen” por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos * Morenistas mandan al carajo “no mentir, no robar y no traicionar” * La maestra Delfina Gómez “enseña” el cobre y es “reprobada” por la ciudadanía mexiquense

ALFREDO IBÁÑEZ

La unidad de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está en entredicho, así lo dejó ver la publicación que hiciera el diario estadounidense The New York Times.

Resulta que, en días pasados, en un amplio reportaje, informó que gobernadores y legisladores de ese partido se han convertido en informantes de la administración de Donald Trump.

La presunta cohesión que mantiene el partido guinda presenta fisuras, derivadas no sólo de las pugnas internas por la lucha del poder, sino especialmente por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos.

En público los políticos de Morena guardan las apariencias y cierran filas en torno a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enarbola la bandera de la soberanía nacional para negarse a que se abran las correspondientes investigaciones en contra de diversos morenistas señalados de pertenecer y operar para el crimen organizado.

Pero sus posturas cambian cuando están lejos del escrutinio de la opinión pública y reconocen que ese papel de defensor de las causas difíciles ha provocado severos daños en la credibilidad de ese instituto político que, de acuerdo con su fundador Andrés Manuel López Obrador, se debería regir por los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, los cuales -como puede advertirse- quedaron en buenas intenciones.

Cada vez son más notorios los morenistas que no comparten esa actitud de encubrir a gobernadores o legisladores señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado y que incluso se ha traducido en la revocación y cancelación de visas.

Esa discrepancia paulatinamente sale a flote. Ahora le tocó el turno al diario estadounidense The New York Times ventilar que al menos 10 funcionarios de la 4T se han convertido en informantes de la administración del presidente Trump.

El influyente medio de comunicación dio a conocer que funcionarios mexicanos, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos pertenecientes a Morena, se habrían acercado a autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes del ámbito político.

Añadió que varios de esos acercamientos ya habrían derivado en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos.

Con base en las fuentes citadas por The New York Times, algunos de los funcionarios buscarían anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro.

La publicación también indica que una iniciativa de la DEA habría consistido en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el propósito de invitarlos a colaborar en investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

La titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, como ya es su costumbre, desestimó lo publicado al considerar que se sostiene sobre fuentes anónimas.

Es evidente que ese medio de comunicación estadounidense tiene información valiosa y de primera mano, pero protege a quienes se la brindaron.

Lo público, lo innegable, es que el gobierno del mandatario Donald Trump investiga a diversos funcionarios y políticos de Morena por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Está convencido, así lo ha manifestado en repetidas ocasiones, que en México hay narcopolíticos que tienen pacto con los líderes de las organizaciones  criminales poderosas.

Una de las acciones visibles que ha llevado a cabo su gestión es la cancelación de visas; el siguiente paso será el bloqueo financiero a gobernadores y legisladores involucrados.

Mientras eso sucede, la unidad de Morena se debilita, las discrepancias internas crecen y las elecciones del 2027 seguramente las van a profundizar, ya que está en juego poder y dinero, combinación que tanto anhelan los morenistas.

Por ahora los “soplones”, de acuerdo con el New York Times, ya se acercaron con el gobierno estadounidense, la información que aporten es oro molido para Trump, quien espera el momento perfecto para hacerla valer y llevar ante la justicia a más de un político del partido en el poder.

DELFINA GÓMEZ, REPROBADA POR LA CIUDADANÍA MEXIQUENSE

La administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, genera opiniones encontradas entre la población.

A casi tres años de su gobierno, para las casas encuestadoras es una de las mejores evaluadas a nivel nacional al colocarse en el sexto lugar con el 64.5 por ciento de aprobación.

Sin embargo, ciudadanos de a pie la reprueban, le critican su escasa respuesta en temas como seguridad, infraestructura, desempleo y salud, sin olvidar la protección por omisión o complicidad que brinda a gobiernos municipales que de manera reiterada cometen agravios contra la población, como es el caso de algunos alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).

No es la estadista que requiere la entidad para resolver los grandes problemas que la aquejan.

Su gabinete tampoco está a la altura de las necesidades de los mexiquenses, y como pintan las cosas seguramente su gestión va a transcurrir sin pena ni gloria.

El Estado de México se caracteriza por su enorme poder político y económico, lo que por décadas ha permitido que quienes lo gobiernan de inmediato sean considerados como presidenciables.

Después de diversos intentos el otrora Grupo Atlacomulco ganó la Presidencia de la República a través de Enrique Peña Nieto.

Esta vez la gobernadora luce lejos de esa pretensión, por ahora no tiene los elementos para aspirar a la primera magistratura del país, se le va la oportunidad la maestra al “enseñar” que no tiene las cartas credenciales al máximo puesto en la política.

Todavía tiene tiempo para un mejor desempeño, pues los mexiquenses que la favorecieron con su voto para terminar con el PRI aún están a la espera del cambio que prometió, pero eso implica sacudirse a esos colaboradores suyos, buenos para la politiquería, pero pésimos para gobernar. Estaremos pendientes.

Reducción del 31 por ciento en la gestión de la Presidenta Sheinbaum Pardo * “Coyotaje” en el Registro Agrario Nacional y en la Procuraduría Agraria en detrimento de los campesinos * El 29 y 30 de junio se realizará el decimoséptimo Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de la FGR

ALFREDO IBÁÑEZ

Las buenas noticias también son noticia. El Gobierno de México celebra, en su último reporte mensual de cifras de seguridad, los esfuerzos por mejorar las estadísticas de crimen en el país.

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informa el martes 16 de junio pasado en rueda de prensa de que disminuyeron en un 31% los delitos de alto impacto, que incluyen homicidios, feminicidios, secuestros, entre otros, en todo el país desde octubre de 2024.

Y es que anteriormente se reportaban 636 denuncias diarias en comparación con las 437 que hay ahora.

Un dato a resaltar es que las autoridades ya venían presentando cada mes las cifras sobre asesinatos que reflejaban una caída sostenida de casi a la mitad.

La Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo celebra los resultados y agradece al equipo de García Harfuch su labor “por estar atentos 24 horas” y conseguir reducir los homicidios dolosos en un 46%, el promedio más bajo desde 2016.

Los homicidios dolosos que se cometen cada día entre enero y mayo en México pasaron de 96.6 en 2020 a 50.4 en 2026. El último dato registrado, de 47.3 homicidios al día durante el mes de mayo, es el más bajo que registra la administración de Sheinbaum Pardo desde su inicio, en septiembre de 2024. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca el caso de Morelos, donde el promedio diario de homicidios ha caído un 49% desde el inicio del sexenio.

“Se puede observar una importante reducción en los homicidios dolosos, específicamente en este último mes, gracias al reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad desde finales de abril y a las detenciones de exfuncionarios y autoridades municipales, incluido el alcalde de Cuautla, realizadas en el mes de mayo por el gabinete de seguridad”, añade.

García Harfuch detalla algunos de los logros de su dependencia en los últimos meses, como operativas para golpear diversos cárteles de la droga y decomisos de varias toneladas de cocaína en todo el país.

Resalta los esfuerzos de la Operación Enjambre, una iniciativa para combatir la corrupción dentro de las instituciones del gobierno.

“Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones”, agrega.

En menos de dos años de la gestión de Claudia Sheinbaum, las fuerzas de seguridad arrestaron a 56,134 personas, de las cuales 57 eran objetivos prioritarios o líderes de células criminales, aseguraron 29,572 armas de fuego, 419 toneladas de droga y desmantelaron 2,407 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

“Tenemos una estrategia, pero las características de la estrategia en determinado lugar, pues se va alimentando con esta información y con lo que recibimos de la ciudadanía”, expresa la Presidenta Sheinbaum Pardo.

ATROPELLOS EN LA FGR

En la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, continúan los atropellos y complicidades. No obstante que es una instancia de procuración de justicia, que debiera ser un ejemplo a seguir, establecen lazos de presunta colaboración con instancias caciquiles como los sindicatos, que en teoría son buenos para defender los derechos laborales, pero cuando ya es motivo de explotación a trabajadores o cuando los dirigentes hacen “acuerdos” con las autoridades es “cuando la puerca tuerce el rabo” y ya valió queso todo.

Tal es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR), presidido por Humberto Nava Genera, con 33 años en el cargo que le ha permitido amasar una fortuna considerable (y eso pasa en la mayoría de los dirigentes, no hay nada de qué espantarse), está listo para realizar una simulación y perpetuarse en el poder.

El 29 y 30 de este mes se llevará a escena el Decimoséptimo Consejo Nacional Ordinario, una farsa pues el comité estará incompleto, sometido, y todo para seguir dañando a los trabajadores y seguir como dirigente.

Humberto Nava se enfoca en difundir entre el gremio presuntos logros, como la actualización de las Condiciones Generales de Trabajo, un argumento falso que utiliza para hacer creer a los empleados que está trabajando en pro de la base trabajadora.

Un dato a resaltar es que las demandas que los quejosos han interpuesto ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia FGR no prosperan. ¿Lo sabrá Ernestina Godoy?

Basta recordar que fue denunciado por presunto desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, pero extrañamente no lo han tocado, pero eso sí, se prepara para realizar el Consejo Nacional Ordinario del sindicato que preside y así gozar otros años de privilegios.

Estimado lector, ¿sabía que hay trabajador de primera y segunda en la FGR? Lo digo porque los directivos de Comunicación Social, presidida por Omar Cruz Juárez, para no “agotar ni cansar” a sus empleadas consentidas, quienes tienen sus oficinas en Santa Fe, echaron a andar el Home Office, de manera que una semana se presentan a laborar y otra despachan desde la comodidad de sus casas.

Pero eso sólo es para las empleadas consentidas, a las cuales sus jefes inmediatos les extienden justificantes para que continúen con sus vacaciones todo pagado.

Lo que llama la atención es que esos permisos para no laborar los avala Recursos Humanos, al mando de Diana Granados Arriero. Como quien dice, sanción y severidad contra los cumplidos y privilegios para las protegidas o recomendadas.

Ojalá la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se dé un tiempo para atender los problemas de su casa, ya que los de afuera y de su competencia duermen los sueños de los justos, como es caso emblemático del senador Adán Augusto López o del presunto narcotraficante y gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

APARECEN “COYOTES” EN EL SECTOR AGRARIO

Luis Cruz Nieva, director del Registro Agrario Nacional (RAN), y Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, despachan tranquilamente en sus oficinas de Juárez 92, en la Ciudad de México, en tanto la corrupción en sus delegaciones florece plenamente.

La sede de ambas, en el Estado de México, es una de ellas. Los gestores o “coyotes”, al saber de antemano que los campesinos no van a ser atendidos, intervienen y los sangran económicamente, o lo peor: los engañan y despojan de sus propiedades.

El delegado del Registro Agrario en Toluca es inalcanzable para los labriegos, no los atiende, no resuelve sus problemas y una simple cita que solicitan para hablar con él, tiene que hacerse vía correo electrónico, la cual por lo general nunca llega.

Un trámite de inscripción al padrón de los campesinos que en teoría cuesta menos de 500 pesos, se eleva hasta 30 mil o más, porque los empleados del RAN les cierran la puerta a los campesinos y los mandan a los brazos de los “coyotes” que operan a las afueras del inmueble.

Es una complicidad descarada, de la cual Luis Cruz Nieva o no sabe o es partícipe.

Respecto al procurador agrario, Víctor Suárez, sus subordinados de las delegaciones se convierten en abogados de comisariados ejidales o presidentes de bienes comunales vivales, toman partido en favor del dinero y las quejas que llegan a sus oficinas son desechadas. Estaremos pendientes.