Clara Brugada y la Primera Presidenta advierten que nada impedirá la lucha frontal contra el crimen organizado * Surgen muchas hipótesis, pero hasta el momento nada concluyente * La nueva estrategia del secretario Omar García Harfuch ha provocado que se alborote el avispero * La 4T está en una encrucijada: Por un lado Trump y por el otro la delincuencia organizada
ALFREDO IBÁÑEZ
El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, por donde quiera que se le vea es un mensaje y una respuesta, lo mismo para el gobierno capitalino que para la administración federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mañana del pasado martes, mientras la titular del Ejecutivo federal daba su tradicional Mañanera del Pueblo, rodeada de lo más notable de su gabinete, un solitario sicario, pero apoyado por una red de cómplices, segó a balazos la vida de los dos cercanos colaboradores de quien lleva las riendas en la Ciudad de México.
El crimen se registró sobre la Calzada de Tlalpan y calle Napoleón, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, pero su efecto impactó directamente en Palacio Nacional.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue el encargado de darle la noticia a Sheinbaum Pardo, quien mostró preocupación.
Reinó el nerviosismo y la incertidumbre entre los miembros del gabinete, y no es para menos, debido a que se cometió un asesinato contra dos personas muy cercanas al poder y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el video de los lamentables hechos, el asesino actuó de manera profesional, tenía bien estudiado los movimientos de sus víctimas, así como su ruta de escape.
A la secretaria particular Ximena Guzmán le asestó 8 certeros balazos, y cuatro al asesor José Muñoz.
La frialdad y efectividad con la que actuó puso en evidencia que se trata de un trabajo propio de quien tiene un alto nivel de especialización.
Mientras las instancias responsables de esclarecer el crimen dan palos de ciego, las hipótesis surgen al por mayor.
Una de ellas podría ser que se tratara de un crimen pasional, aunque por la forma en cómo se dio la doble ejecución puede advertir que es un mensaje directo a los gobiernos capitalino y federal.
Pero también una respuesta para ambas instancias, derivada de la nueva política de seguridad pública que encabeza el superpolicía Omar García Harfuch, que consiste en combatir al crimen organizado, cuando el gobierno anterior lo solapó y protegió bajo su consigna de ‘abrazos no balazos’.
La serie de operativos en contra de los diversos cárteles del narcotráfico, de acuerdo con García Harfuch, trajo como resultado la detención de 21 mil 411 personas por delitos de alto impacto, entre ellos importantes personajes del mundo del hampa.
Además, decenas de presuntos criminales terminaron abatidos en los enfrentamientos que han sostenido con las fuerzas federales, sin olvidar el golpe económico que ha representado la destrucción de al menos 915 laboratorios clandestinos, en los que se procesa fentanilo y otras drogas más.
En suma, han pateado el avispero, de ahí la larga lista de políticos asesinados, que en los primeros tres meses del presente año suman más de 50, principalmente de nivel municipal, en los que figuran alcaldes, síndicos, regidores, así como candidatos a cargos de elección popular.
Si bien el gobierno federal no actúa por iniciativa propia, sino presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abiertamente ha sostenido su intención de abatir a las organizaciones de narcotraficantes más importantes que operan en México, las autoridades mexicanas han cambiado su estrategia de seguridad, libran batallas con el crimen organizado, el cual una y otra vez advierte que no está dispuesto a rendirse.
La respuesta de los grupos criminales es violenta y manifiesta. En diversos estados del país, los asesinatos de políticos es la constante.
La Ciudad de México había sido la excepción, pero ya no, se rompió esa paz de la que por años gozaban los capitalinos, pues el crimen organizado cimbró las entrañas del poder local y federal.
Con la doble ejecución, los responsables expusieron la facilidad con la que operan, lo hicieron a plena luz del día, en una zona altamente transitada con la intención de que todos conocieran su poder de forma pública.
Un crimen con mensaje al gobierno de Clara Brugada y de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que hace falta saber es quién o quiénes están detrás. Evidentemente alguien poderoso que tiene información privilegiada, poder económico, planeó perfectamente la ruta de escape y mostró la vulnerabilidad de los funcionarios capitalinos.
En esta nueva estrategia de seguridad pública del gobierno federal, el presidente Trump juega un papel central, ha ejercido presión al gobierno de México, para que no sólo se combata a los narcotraficantes, sino que entregue a políticos ligados al narcotráfico.
Recientemente se dio a conocer la cancelación de la visa a dos políticos: La gobernadora de Baja California por Morena, Marina del Pilar, y su esposo, el exdiputado local y federal por el PAN, Carlos Alberto Torres Torres.
El tema no termina ahí, el bien informado periodista Tim Golden sostuvo que el gobierno de Estados Unidos trabaja una lista en la que están decenas de políticos mexicanos ligados al narcotráfico, a quienes en breve podrían aplicarles medidas restrictivas, como el retiro de la visa.
Esta lista incluye a diversos gobernadores, líderes de Morena y políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Como puede advertirse, el gobierno estadounidense quiere la cabeza de políticos y narcotraficantes, sin embargo, la administración de Sheinbaum se ha centrado en los segundos.
Protege a políticos presuntos delincuentes y combate a las organizaciones criminales contrarias a sus intereses, sin embargo, éstas han demostrado su poder de respuesta como es el caso del doble asesinato en la Ciudad de México.
Ante la presión externa y de los criminales, la administración de la 4T está en una encrucijada.
En el corto tiempo al gobierno federal no le quedará otra alternativa que entregar a políticos vinculados con el narcotráfico, posiblemente eso baje la presión y la sed de sangre de los grupos criminales al ver que la cosa va en serio.
El gobierno siempre será el blanco de las críticas y el pueblo debe escuchar todas las voces, ya sean positivas o negativas * La Presidenta Sheinbaum señala que las críticas de los comunicadores obedecen a la eliminación del chayote. “No quieren al gobierno”, añade… y -de acuerdo con su razonamiento- entonces le dan chayote a los que sí quieren al gobierno
ALFREDO IBÁÑEZ
Una gran controversia y confrontación ha generado el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger el derecho de las audiencias.
La finalidad, según la parte oficial, es que los radioescuchas y televidentes reciban contenidos veraces y que se haga notar, de manera clara, la diferencia entre lo que es información y opinión.
Hasta ahora no ha habido quejas de la población respecto a la información que reciben, no han manifestado su desacuerdo con las opiniones periodísticas vertidas, al contrario, las hacen suyas e incluso a través de las redes sociales se suman y exhiben los desaciertos gubernamentales.
Quien se muestra inconforme por la ola de críticas que recibe en los diversos medios de comunicación tradicionales y los digitales es la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.
Con el tema del derecho de las audiencias, lo que percibe es que quiere tener el control de lo que se dice y para ello ha lanzado la amenaza de establecer sanciones en contra de las empresas de comunicación.
En los hechos el gobierno federal, los estatales y municipales de Morena ya imponen castigo a los medios de comunicación que no se alinean a su política informativa.
Aquellos que no se someten a sus exigencias son excluidos de la pauta publicitaria, los golpean en el bolsillo. Si no te alineas te callo. Eso es censura.
La semana pasada la titular del Poder Ejecutivo federal hizo una declaración que puso de manifiesto que goza de poca tolerancia con los medios de comunicación y hacia los periodistas que no comparten su forma de gobierno.
Sostuvo que las críticas de los comunicadores obedecen a la eliminación del chayote. “No quieren al gobierno, ¿y por qué no lo quieren? Porque no les damos chayote”. Es decir, dinero público que se destina para el pago de la publicidad.
De acuerdo con su razonamiento, entonces le dan chayote a los que sí quieren al gobierno.
Como puede advertirse, no se trata de audiencias, ni de circulación, sino de usar de manera discrecional el dinero de los contribuyentes.
¿LE PAGO AL QUE ME APLAUDE?
Con las propias palabras de la Presidenta, tal parece que sí, pues agregó: “Nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero para que diga lo que queremos que diga; sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias. Esencialmente es el esquema que tomamos, hay algunos a los que no les damos; TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco: abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca, ustedes saben, tiene que terminar de pagar sus impuestos”.
No obstante que han denostado a esos medios de comunicación, e incluso que se les han llamado “pasquines inmundos”, lo cierto es que son líderes en el campo de la información, sin embargo, se les cierra la llave de la publicidad para castigarlos porque su línea editorial no es la que desea.
Como puede verse, la Primera Mandataria está metida en una nueva confrontación, posiblemente innecesaria. Tiene muchos flancos abiertos como para enfrascarse en otra más. El origen de los señalamientos a su gobierno y a los gobiernos de Morena no son los medios de comunicación, es la falta de resultados de quienes gobiernan bajo esas siglas.
SIN TRABAJAR COMUNICACIÓN SOCIAL SE DESPACHA Y SE APAPACHA
Ya llegó el momento de que pida cuentas a sus colaboradores, que den a conocer cuáles son sus resultados en las dependencias que presiden y a su vez que pongan a trabajar a esos cientos de burócratas parásitos incrustados en las áreas de Comunicación Social e informen de las acciones de gobierno, si es que las hay.
Miles de millones de pesos están bajo el control de Comunicación Social de las diferentes instancias de gobierno, se reparten el dinero de los contribuyentes de manera discrecional, se asignan elevados salarios, pero no trabajan. No olvidemos que eliminaron las salas de prensa, un claro ejemplo es en la Fiscalía General de la República), no hay conferencias y los funcionarios a cargo, como la fiscal Ernestina Godoy Ramos, prefiere el mensaje a medios.
Da a conocer sólo lo que le conviene, no hay forma de cuestionar, de interpelar sus datos de manera directa.
Los funcionarios morenistas están blindados y -lejos de informar a la población, a sus gobernados- tiran línea: Quien aplaude es amigo; aquellos que no, enemigos.
Por cierto, no es por comparar, pero es notorio que la Mañanera del Pueblo no es lo mismo con la Presidenta Claudia Sheinbaum que con su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
Tal vez sea oportuno dejar de concentrar toda la información y que los integrantes de su gabinete, así como los organismos presuntamente autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) desquiten el salario e informen sobre sus presuntos logros.
De no haber resultados, que la Primera Mandataria les pida su renuncia, como ha ocurrido en otros sexenios.
La solución para evitar las críticas a su gobierno no es callar a los mensajeros, es dar resultados, esos que prometieron en campaña como mejorar el sistema de salud, la seguridad, el empleo, en fin, pero el camino de la censura no es aconsejable.
JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atendió el llamado de la Presidenta Sheinbaum y convocó a su equipo de trabajo, así como a legisladores y a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para llevar a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.
En Temoaya plantaron más de cuatro mil ejemplares de pino, encino y agave, en una superficie de 21.5 hectáreas.
La mandataria estatal reconoce esa política pública nacional, a la que se sumaron los 124 municipios de la entidad para contribuir al cuidado de los bosques.
Destaca que esas acciones representan sembrar vida, proteger el agua y construir esperanza para las generaciones presentes y futuras.
Por su parte la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció la presencia de las autoridades y de las personas que atendieron el llamado para contribuir a la protección de la región.
Sólo duró seis meses en la FGR * Los escándalos mediáticos en los últimos días provocaron que se rompiera el hilo por lo más delgado * Mucha presión por los casos Gilda Susana Lozoya Austin, Ken Salazar y el piloto apodado “El Jando”
ALFREDO IBÁÑEZ
Ulises Lara, el hombre que le hacía el “trabajo sucio” a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, se fue “por motivos personales”, pero más bien lo corrieron de esa dependencia donde desempeñaba dos cargos: De vocero y ser fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.
En teoría, tener dos funciones le debió redituar doble salario, es lo más normal dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo.
Pero bueno, eso es otro tema, pero retomando el caso de Ulises Lara, les comento que al interior de esa dependencia se da a conocer que el polémico “hombre de letras” -que obtuvo sus títulos de licenciatura y doctorado de manera turbia y rápida en escuelas “patito”, como es el Centro Universitario Cúspide, cuyo director sirvió como chofer a su excuñado Martí Batres Guadarrama, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)- tuvo diversos roces con los altos mandos de la FGR, lo que obligó su sorpresiva y repentina salida.
LOS CASOS QUE PROVOCAN EL CESE
Recientemente tres casos han tensado el ambiente en esa dependencia que sirve de escudo a personajes pertenecientes al crimen organizado, así como a políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de alto nivel que son señalados de tener nexos con el narcotráfico.
Uno de ellos es el referente al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien Ernestina Godoy acusa de mentir en el caso del secuestro y entrega del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, luego que se conociera que el FBI participó en el operativo.
La fiscal Godoy Ramos -presuntamente independiente, pero que en la realidad sólo obedece las instrucciones que le dictan desde Palacio Nacional-, de forma amenazante, soltó que los hechos constituyen violaciones graves al Derecho Internacional y amagó con proceder contra Salazar.
Ya entrada en detalles, y encarrerada con el tema, enarboló sus conocimientos jurídicos -que por cierto sólo aplica a los contrarios a la 4T- y dijo:
“Nos encontramos frente a una investigación muy compleja, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones; de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves.
“Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”.
En resumen, la titular de la FGR y el gobierno federal tomaron como bandera el caso del Mayo Zambada para contraatacar a la administración de Estados Unidos, el cual insiste en afirmar que el narcotráfico manda en México y ha pedido la detención de diversos políticos morenistas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Otro asunto que ha puesto en evidencia el pésimo desempeño de Ernestina Godoy es la liberación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a quien acusa de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.
Durante una audiencia que duró más de 9 horas, la FGR no pudo sostener sus acusaciones, pues cada una de las pruebas que presentó fueron desechadas, por lo que se quedó con las ganas de ponerla tras las rejas.
El tercer caso es el relacionado con la aprehensión y entrega a Estados Unidos del piloto de Los Chapitos y quien llevó al Mayo Zambada a ese país, el ya famoso Alejandro Ojeda Ávila y/o Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”.
La andanada de críticas hacia Godoy arreció en los últimos días una vez que se conoció que tuvo que transcurrir casi un año para que en esa dependencia se dieran cuenta que “El Jando”, expulsado del país en agosto de 2025, es nada más y nada menos que el hombre que trasladó a bordo de su avioneta al poderoso narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se hacen a un lado y le lanzan la “papa “caliente a Godoy Ramos, quien ante la adversidad demuestra de manera sistemática su incapacidad para estar al frente de esa dependencia.
En respuesta a la presión política y mediática, recientemente respondió con un comunicado de prensa en el que advierte que en agosto de 2025 -“El Jando”- fue entregado a Estados Unidos con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.
Añadió que -en junio de 2026- ella y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N”, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.
A manera de excusa, y para intentar suavizar su error al desconocer que “El Jando”, personaje clave en el secuestro de Ismael Zambada, fue quien lo llevo a EU, dio a conocer que su entrega no extingue las investigaciones y que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.
Ya es muy tarde para rectificar, está concentrada en defender a los políticos de Morena señalados de nexos con el narco y no se da tiempo para cumplir con sus funciones como titular de la FGR.
Tuvieron en sus manos a “El Jando” y lo entregaron a Estados Unidos, así que a otra cosa mariposa, pues ya nada pueden hacer.
En medio de la larga lista de desaciertos de Ernestina Godoy, entre los que está el caso de Rubén Rocha Moya, se anunció el despido de Ulises Lara, renuncia para decirlo de manera diplomática.
Lara es un personaje de todas las confianzas de Ernestina Godoy, quien le confirió encargos delicados como fue el rescate del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, de los agentes anticorrupción de ese estado para que ejecutaran la orden de aprehensión que tenían en su contra.
El nerviosismo asoma en esa dependencia y los casos se acumulan en el escritorio de Ernestina Godoy Ramos.
Fuerzas federales detienen al coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México * La pregunta que surge en espera de respuesta: ¿Quiénes eran los cómplices de Lino Rodríguez González? * El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso
ALFREDO IBÁÑEZ
Gran escándalo sacude a la estructura del gobierno del Estado de México que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tras ser detenido por las fuerzas federales un político prominente en la administración estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Resulta que el capturado es, nada más y nada menos, el coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del gobierno estatal, Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.
Un personaje que -dentro de sus funciones- tenía como misión el servir de enlace entre los alcaldes de esa región con funcionarios estatales de alto nivel y con la propia gobernadora, además de participar en las mesas de seguridad, cuyo fin es establecer las estrategias en coordinación con los tres niveles de gobierno para abatir la delincuencia.
La zona en la que operaba el detenido es considerada de alta peligrosidad, debido a la presencia y operación de grupos criminales que tienen sometidas a miles de familias de diversos municipios.
Tras su detención, la mandataria estatal Gómez Álvarez no se ha pronunciado al respecto, pese a la gravedad del asunto.
No es poca cosa que un político cercano a ella fuera detenido -señalado de presuntos nexos con el narcotráfico- por personal del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que preside Omar García Harfuch, y de la Fiscalía General de Justicia estatal, sin embargo, evade el tema cuando debiera pronunciarse porque se lleve a cabo una investigación rigurosa, a fondo, para conocer quién o quiénes están coludidos.
Posiblemente no le conviene que se conozcan los nombres de los cómplices de Lino Rodríguez González, y es que prácticamente es un hecho que no operaba solo y que un funcionario prominente del gabinete de la gobernadora Delfina Gómez le asignó esa responsabilidad.
Para empezar, ¿quién era su jefe inmediato?, ¿a quién le rendía cuentas?, bueno, pues se supone que al subsecretario general de Gobierno, Alejandro Viedma Velázquez, un joven con dudosa capacidad en la administración pública, pero que se ha sabido proteger con la sombra de los equipos de poder, como es el Grupo Texcoco, de ahí que ahora es parte de los funcionarios de élite de la gestión estatal.
Dentro de sus máximos logros está haber sido delegado municipal en su tierra natal, Texcoco, y sorpresivamente diputado federal.
Lo interesante es que pertenece al gremio de Horacio Duarte, su jefe inmediato, al que le da explicaciones de sus actos del cargo conferido, a quien obedece en todo, no por nada ha escalado hasta el cargo que ahora desempeña.
Del secretario general de Gobierno, qué se puede decir, lo que está a la vista de todos, que nunca ha ocultado sus pretensiones de ser el próximo gobernador de la entidad, todos los días teje alianzas con los diversos sectores, con legisladores, con alcaldes.
Para lograr su anhelo, se vale de operadores políticos de las diversas regiones de la entidad, incluyendo la sur-sureste.
Por cierto, tras conocerse la detención, rápidamente emitió una tarjeta informativa en la que reiteró el compromiso de la administración estatal con la procuración de justicia, por lo que afirmó que se mantendrá la colaboración permanente y el intercambio de información con los órdenes de gobierno.
“Por congruencia y convicción, este gobierno está enfocado en garantizar la rectitud de todos los servidores públicos y colaborar con las autoridades federales en las estrategias de seguridad. Reiteramos nuestro compromiso absoluto en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas”, señala Duarte.
Una información breve y escueta que ahí quedó, en las buenas intenciones, porque hasta ahora no se conoce que haya pedido la intervención del gobierno federal para esclarecer el caso. Tal parece que ese comunicado fue para curarse en salud.
Si para algunos funcionarios de la administración estatal, lo pertinente es no hablar de la detención, hay políticos de Morena, que demandan que se abra una investigación profunda para conocer hasta dónde penetró el crimen organizado en la estructura gubernamental estatal o municipal.
Uno de ellos es el diputado local morenista, Octavio Martínez, quien anunció que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que consideró que el detenido no operó solo.
Recordó que con base en las funciones que desempeñaba, tenía permanente relación con alcaldes y legisladores, por lo que en ese rubro expuso que hay presidentes municipales que pueden ser víctimas de esa estructura delictiva.
Recordó que en esa zona operan grupos criminales ampliamente conocidos, por lo que demandará que las indagatorias de la FGR también alcancen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), toda vez que ha sido omisa en temas de crimen organizado.
De no ser por la intervención de las fuerzas federales, esa instancia seguiría sin actuar.
Es preciso, dijo, que se indague el trabajo de esa dependencia, debido a que jamás investigó al ahora detenido Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.
El legislador adelanta que pedirá la comparecencia del Fiscal General de Justicia estatal ante el pleno del Congreso del Estado de México, para que explique lo pertinente.
Pero no se quedó corto, fue más allá, se pronunció porque se someta a investigación a las personas o a la persona que lo recomendó y que informe bajó qué criterio le confirió el cargo.
Como puede advertirse, y por cuestión de ética, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso, pero por ahora no es señalado directamente, y seguramente así quedará, pues en la realidad es el gobernador operativo, sólo que para el 2029 quiere serlo de manera oficial.
¿Pero qué creen? Sus compañeros de Texcoco, aquellos que lo conocen plenamente, los mismos que le van a disputar la candidatura a la gubernatura, saben cómo se maneja y en su momento harán valer la información de la que disponen. Estaremos pendientes, estimado lector.