El gobierno federal dejó de invertir y presupuestar en el tema del agua * El diputado Erubiel Alonso señala que el presupuesto de la Conagua presenta una disminución del 43.2 por ciento en comparación con 2024
ERIC GARCÍA
El Gobierno de la República ha dejado de invertir y de presupuestar para infraestructura de agua, presas, drenajes y todo lo que esto implica, afirmaron los integrantes del Grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
El vicecoordinador de la bancada priísta, Erubiel Alonso Que, explicó que de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el presupuesto para el 2025 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será de 37 mil 100 millones de pesos, lo que implica una disminución del 43.2 por ciento en comparación con 2024.
En conferencia de prensa de la bancada, aseguró que estos recortes y los de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, afectan de manera directa a los productores del campo, con el riesgo de que se repita la sequía en México que provocó la muerte de más de 165 mil cabezas de ganado en 2024.
Alonso Que señaló que a los de Morena no les interesa el sector primario y advirtió que, de no tomarse las medidas necesarias, estados como el de Baja California, pueden tener la crisis más grande en la agricultura, ganadería y consumo del vital líquido.
ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES CON POCA TRANSPARENCIA Y OPACIDAD
La diputada federal Leticia Barrera Maldonado informa que, junto a los diputados Rubén Moreira y Erubiel Alonso, presentó un exhorto al gobierno federal, a la Conagua y al gobierno de Baja California para ayudar a los agricultores del Valle de Mexicali, que son afectados por la reducción de hectáreas sembradas, debido a la firma del acta 330, en la que México tiene que ceder 492 millones de metros cúbicos de agua, durante tres años (2024-2026) de la cuenca del Río Colorado.
Señala que de no atender a los productores de la región se agravará la crisis en la caída de la producción de los principales granos en nuestro país. Solo en el Valle de Mexicali, aseguró, se están dejando de sembrar casi 60 mil hectáreas de trigo, de algodón y de forraje, que repercuten en la economía de más de dos mil compañeros productores.
En su participación, el líder de la CNC en Baja California, Mario Soto, y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en esa entidad, Álvaro Aldrete, coincidieron que el reclamo de los productores de esta entidad es que se establezca un procedimiento claro de la dispersión de recursos.
Denunciaron la actuación de las autoridades con poca transparencia y opacidad, como en el caso de recuperación de tierras y de obras de infraestructura, sin tomarlos en cuenta cuando ellos son los protagonistas y principales afectados.
Desde mayo pasado el legislador panista pidió asignar recursos suficientes a policías estatales y municipales * El vicecoordinador de los senadores panistas subrayó la urgencia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la ola de violencia que persiste a nivel nacional
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, siempre ha velado por el bienestar de la ciudadanía, pero más por la tranquilidad y seguridad de la gente, que es la mayor demanda de la población.
En estos días que la violencia se ha desatado a nivel nacional, sobre todo en Michoacán, el estado que está en boca de todos, vale la pena recordar lo que puntualizó Vargas del Villar el 7 de mayo pasado.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, reiteró que el tema de seguridad pública debe ser abordado con responsabilidad y sin tintes partidistas.
En ese evento estuvo acompañado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; el coordinador en el Senado, Ricardo Anaya Cortés; así como senadores y diputados federales panistas.
Enrique Vargas subrayó la urgencia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la violencia que persiste en estados como Sinaloa.
“Fuimos muy claros en acompañar esta estrategia de seguridad porque creemos que no debe politizarse”, expresó el legislador panista.
Recordó que el sexenio anterior dejó una cifra alarmante de más de 250 mil desaparecidos, lo cual motivó al grupo parlamentario a sumarse a una nueva propuesta con la que, dijo, buscan evitar que se repitan errores del pasado.
Vargas enfatizó que el gobierno federal no podrá combatir solo la inseguridad y urgió a que se asignen recursos suficientes a policías estatales y municipales.
“Este país va a cambiar en materia de seguridad cuando se invierta verdaderamente en los tres niveles de gobierno”, afirmó.
También en mayo pasado denunció que durante la administración pasada se dejaron de entregar más de 20 mil millones de pesos a los cuerpos municipales de seguridad, lo que impidió mejoras en patrullas, armamento, capacitación y sueldos.
Señaló que sostuvo una conversación privada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la situación en Sinaloa.
Aunque se les informó de una reducción en los índices delictivos, el legislador panista reconoció que la violencia entre cárteles continúa y responsabilizó también al gobernador del estado por la crisis de inseguridad.
El presidente del PAN, Jorge Romero, sostuvo que el partido decidió respaldar la nueva estrategia en materia de seguridad por convicción, asegurando que la ciudadanía demanda soluciones y no enfrentamientos políticos.
“Una tragedia no es solo una estadística; es algo que te cambia la vida para siempre”, expresó.
Hoy a 6 meses de distancia, el tiempo le dio la razón al senador panista: Que la violencia entre cárteles continúa y que no debe politizarse el tema de la seguridad pública.
Por el posible uso indebido de recursos públicos, expresa Nora Arias Contreras
ILDEFONSO PEREYRA
El Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a la Contraloría General de la Capital investigar al alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por el posible uso indebido de recursos públicos, ante la toma de las instalaciones del Comité del PRD en esta demarcación.
De la misma manera, se pidió dar vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de que se abrió la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1S/D/01258/06-2025 por el delito de despojo.
En tribuna de Donceles y Allende, la coordinadora del PRD, Nora Arias Contreras, denunció que en la alcaldía Coyoacán hay personal que devenga un sueldo con recursos públicos, y además participa en la toma y ocupación de las instalaciones de dicho instituto político ubicadas en esa demarcación territorial.
“Esto no es sólo una falta de respeto a la legalidad y función pública, puede constituir un indebido uso de recursos públicos, abandono de funciones y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad institucional”, sentenció.
En la fundamentación de su proposición, la diputada Arias Contreras dijo que no se debe permitir que las alcaldías se conviertan en instrumentos de presión o control, porque esas no son sus funciones.
Presenta iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública * Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el propósito de erradicar la discriminación, el acoso sexual, la violencia institucional y la falta de oportunidades que enfrentan las mujeres en las corporaciones policiacas del país.
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia, además de impulsar medidas afirmativas que promuevan su ascenso, profesionalización y permanencia dentro de las instituciones de seguridad.
Vargas del Villar señala que, a pesar de los avances en materia de inclusión, las mujeres continúan enfrentando brechas de género dentro de las fuerzas de seguridad.
Citó el Diagnóstico Nacional sobre las Condiciones de Ingreso, Permanencia y Ascenso en las Instituciones de Seguridad Pública, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revela que solo el 29.1% del personal operativo son mujeres, y de ellas menos del 15% ocupan mandos medios o superiores.
El senador también refirió estudios de ONU Mujeres y la organización Intersecta, los cuales indican que 45% de las mujeres policías ha sido víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo, mientras que 74% enfrenta obstáculos para ascender de puesto.
Asimismo, destaca que el acceso a licencias de maternidad, servicios de cuidado infantil y equipo táctico adaptado a sus necesidades es limitado o inexistente.
“Muchas de ellas enfrentan condiciones laborales desiguales, discriminación, violencia institucional, acoso sexual y falta de oportunidades para su ascenso, lo que limita su desarrollo profesional y vulnera sus derechos”, afirma Vargas del Villar.
La propuesta legislativa plantea modificaciones al Artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de que las instalaciones policiacas cuenten con guarderías y lactarios equipados conforme a los estándares internacionales de higiene y seguridad. También busca garantizar uniformes y equipamiento adecuados a las características físicas y necesidades de cada elemento.
Además, se propone incorporar la perspectiva de género en los artículos 14 y 22, con el propósito de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública considere políticas de igualdad sustantiva en la mejora de condiciones laborales y de seguridad social de las mujeres policías.
En el Artículo 61, la iniciativa impulsa medidas afirmativas para el ascenso, permanencia y profesionalización del personal policial en igualdad de condiciones, así como remuneraciones equitativas entre hombres y mujeres.
Por su parte, el Artículo 119 establece que el personal operativo deberá contar con uniformes y equipo adaptado a sus funciones y necesidades específicas, mientras que el Artículo 135 contempla la creación de protocolos contra el acoso sexual y la violencia institucional, además de mecanismos de acompañamiento y protección para las víctimas.
Vargas del Villar enfatiza que estas reformas permitirán fortalecer la igualdad sustantiva en las instituciones de seguridad pública y mejorar su legitimidad y eficacia.
“Es necesario establecer principios rectores de igualdad sustantiva en las corporaciones, crear protocolos contra el acoso y la violencia de género, y garantizar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres policías”, agrega.