La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio
ERIC LÓPEZ
La inconformidad de una empresa participante puso la licitación bajo revisión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración. Mientras se determina si el procedimiento se ajustó a la normatividad, los servicios contemplados en el contrato continúan sin concretarse.
El cumplimiento de una contratación realizada por el Instituto Nacional de Migración (INM) vuelve a generar cuestionamientos alrededor de la Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional No. LA-04-K00-004K00001-N-34-2026, en la que fueron seleccionadas las empresas Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V. y Eventuarte, S. A. de C. V.
El principal señalamiento tiene que ver con la ejecución del contrato: los puntos de rescate humanitario previstos en la contratación no han sido instalados.
A esta situación se suma ahora una revisión por parte de las instancias de control.
Una de las empresas que participaron en el procedimiento presentó una inconformidad, llevando el caso ante el Órgano Interno de Control del INM, que deberá revisar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la licitación y determinar si el proceso cumplió con las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
Entre las posibles consecuencias, en caso de que la autoridad encuentre elementos suficientes para determinar que el procedimiento presentó irregularidades, estaría la posibilidad de dejarlo sin efectos y ordenar una nueva contratación.
No obstante, cualquier determinación dependerá de la resolución que emita la autoridad encargada de atender la inconformidad.
Las dudas sobre el procedimiento no son nuevas. Desde que comenzó la licitación se plantearon cuestionamientos relacionados con la experiencia y capacidad operativa de las compañías seleccionadas para ejecutar un proyecto de esta naturaleza.
La importancia de este punto radica en el objeto mismo de la contratación.
Los puntos de rescate humanitario están destinados a brindar atención a personas migrantes que pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.
Por ello, no basta con que una empresa cumpla formalmente con los requisitos de una licitación: resulta indispensable que tenga la capacidad material y operativa para cumplir efectivamente con las obligaciones contratadas.
La situación actual plantea además una coincidencia que merece ser aclarada: los servicios no se han materializado mientras la legalidad del procedimiento de contratación está siendo revisada.
Esto coloca nuevamente al INM frente a varias preguntas.
¿Qué verificaciones se realizaron antes de adjudicar el contrato? ¿Qué elementos utilizó la institución para determinar que las empresas seleccionadas contaban con la capacidad necesaria? ¿Qué mecanismos de supervisión se han implementado para comprobar el avance de los trabajos?
También queda pendiente saber si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tiene conocimiento de la situación y de la inconformidad presentada.
Y en caso de que las instancias correspondientes estén al tanto, surge otra interrogante: ¿qué acciones se han tomado desde los órganos de control para revisar el cumplimiento de la contratación?
Como parte de la investigación, se buscó obtener la posición de Eventuarte y Solumax mediante los domicilios que tienen registrados, sin que hasta ahora se haya conseguido una respuesta que permita conocer el avance real de los trabajos o explicar la ausencia de los puntos de rescate.
También se solicitó información al Instituto Nacional de Migración sobre el estado de los contratos, el avance de las obligaciones, los pagos efectuados y las implicaciones de la inconformidad que actualmente se encuentra en revisión.
Hasta el momento no se ha presentado una explicación pública suficiente que permita establecer por qué los servicios contratados no se han concretado ni cuál será el futuro de la licitación mientras el procedimiento permanece bajo análisis.
El asunto cobra especial importancia por dos razones: el uso de recursos públicos y el destino de la infraestructura contratada.
No se trata únicamente de determinar si un proveedor cumplió o no con un contrato. Los servicios están vinculados con la atención humanitaria de personas migrantes, por lo que cualquier retraso o incumplimiento puede tener consecuencias que van más allá del ámbito administrativo.
Mientras el Órgano Interno de Control concluye la revisión de la inconformidad, permanece una pregunta central para el Instituto Nacional de Migración:
¿Cuándo se tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores contratados tengan la capacidad de cumplir con servicios esenciales para la atención de la población migrante?
La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio.
