Describen una red de cobros ilegales en el Estado de México
ILDEFONSO GARCÍA
Una presunta red de cobros ilegales a empresarios, que operaría desde áreas vinculadas a la regulación ambiental en el Estado de México, ha comenzado a perfilarse como uno de los esquemas de presión económica más extendidos en la entidad, de acuerdo con testimonios directos de afectados.
La mecánica, descrita por múltiples fuentes consultadas bajo condición de anonimato, es constante: pagos mensuales obligatorios a cambio de evitar inspecciones (bajo normas caducas, ambiguas y a criterio particular), sanciones administrativas, multas o clausuras, con montos de los 65 mil a los 100 mil pesos por unidad económica, aunque en casos específicos pueden escalar hasta los 500 mil y 2.5 millones de pesos.
Los giros alcanzados son diversos: gasolineras, empresas gaseras, centros de verificación vehicular, constructoras, laboratorios, proveedores, minas, tiraderos e incluso pequeños negocios del sector alimenticio. como son tortillerías.
“Si no pagas, te realizan inspecciones mal fundamentadas y que no puedes pelear en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) o no te dan licencias o autorizaciones no obstante haber cumplido con todo. Y si te inspeccionan y te encuentran algo, de todas formas terminas pagando aún más por procedimientos administrativos que nunca ganas”, resume uno de los empresarios consultados.
EL TAMAÑO DEL ESQUEMA
Como ejemplo, los cobros que se pagan en promedio son 100 mil pesos mensuales como cuota obligatoria. Bajo los montos señalados, los propios empresarios estiman que los cobros podrían alcanzar mínimo a 17 millones de pesos mensuales por sector industrial.
En un periodo de dos años, la cifra acumulada superaría los 400 millones de pesos por cada tipo de empresa, pero que ya en conjunto podría superar los 4,500 millones de pesos.
Se trata de recursos que, por su naturaleza, no siguen canales institucionales ni dejan rastro contable.
ESTRUCTURA SEÑALADA
Los testimonios recabados coinciden en señalar que los cobros no son aislados, sino parte de una estructura organizada que involucraría tanto a funcionarios como a operadores externos.
Entre los nombres mencionados por los denunciantes aparece como orquestador José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el territorio mexiquense y aspirante a la gubernatura.
Asimismo, refieren a Raúl Piña Horta, adscrito a la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas, y al director de Emisiones de la Atmósfera, Carlos Solares, área clave en los procesos de supervisión ambiental.
De acuerdo con las versiones, también existirían intermediarios encargados de coordinar los cobros y transmitir instrucciones a los empresarios.
Hasta el momento, ninguna de las personas señaladas ha emitido una respuesta pública a estas acusaciones.
PRESIÓN INSTITUCIONAL Y RIESGO EMPRESARIAL
Para los afectados, el problema no es únicamente económico. La incertidumbre operativa de las empresas se ha convertido en una constante.
Empresas que cumplen con requisitos legales aseguran verse obligadas a destinar recursos adicionales para evitar sanciones que consideran discrecionales.
Esto, advierten, reduce márgenes, frena inversiones y coloca a varios negocios al borde de la inviabilidad.
El patrón descrito es equiparado por algunos empresarios con esquemas de extorsión del crimen organizado, aunque en este caso, señalan, la presión provendría desde instancias formales.
TRASFONDO POLÍTICO
Las denuncias emergen en un momento clave: la antesala de un nuevo proceso electoral en la entidad.
Algunos de los empresarios consultados consideran que el flujo de recursos podría estar vinculado a la creación de mecanismos de financiamientos paralelos del Partido Verde. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada por autoridades ni respaldada por investigaciones oficiales.
El contexto se vuelve más relevante ante los recientes movimientos políticos y la reconfiguración de alianzas entre partidos.
SILENCIO INSTITUCIONAL
Hasta ahora, el gobierno encabezado por la morenista Delfina Gómez no ha fijado una postura pública frente a esta situación, argumentando que no hay denuncias ante la fiscalía, sin embargo, afectados señalan que alistan denuncias formales, pero temen ser objeto de represalias ante la participación de instituciones de gobierno del estado en dicho esquema de corrupción.
Especialistas en temas de transparencia y combate a la corrupción advierten que, de confirmarse estos hechos, se trataría de un esquema de muy alto impacto que comprometería no solo la actividad económica, sino también la confianza en las instituciones regulatorias.
