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EL ÁGORA

Un poder delictivo, el riesgo de los comicios del 2027

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Ediles: violencia y corrupción * Avanzan los grupos delictivos en el control político, económico y social en buena parte del territorio mexicano * Los cárteles financian campañas; imponen candidatos; eliminan, secuestran y amedrentan a adversarios, compran votantes, destruyen casillas, agreden a funcionarios electorales e intimidan a sufragantes

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La narrativa oficial niega la ingobernabilidad y el control territorial del crimen organizado sobre México; sin embargo, se ha documentado la intervención de las mafias en los procesos electorales recientes.

A pesar de los datos estadísticos que hablan de una continua reducción de la incidencia delictiva, sobre todo de los homicidios dolosos, es evidente que no cede la violencia política -especialmente a nivel municipal-, en todo el país.

La consultora Integralia da cuenta del avance de los grupos delictivos en el control político, económico y social -los mañosos hacen uso de su base social-, en buena parte del territorio mexicano y es evidente la participación de los cárteles en el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos, la eliminación, secuestro y amedrentamiento de adversarios, la compra de votantes, la destrucción de casillas y agresiones a funcionarios electorales e intimidación de sufragantes.

Finalmente, son los ahijados de los grupos delictivos quienes arriban a los cargos de elección popular.

Más aún, el experto en seguridad nacional e inteligencia, Eduardo Vázquez Rossainz, advierte del riesgo de que, en los comicios de 2027, jóvenes criminales ocupen los gobiernos municipales y se imponga una oclocracia criminal, es decir, un poder delictivo.

Enfatiza el estudioso que peligra la democracia mexicana ante la posibilidad de que miembros del crimen se incorporen a los partidos como candidatos y se hagan gobierno.

El problema es que también los cabildos designan a los jefes policiacos, los cuales no han sido nada impolutos y si poco eficientes.

Los alcaldes son la parte más vulnerable de la pirámide de gobierno.

Por un lado, se han convertido en víctimas directas, o sus familiares, de la violencia política y por otro, resultan abyectos empleados de los barones de la droga.

Integralia acredita que en el proceso electoral 2023-2024 hubo 889 víctimas de agresiones a aspirantes y candidatos, lo que significó el proceso más violento en la historia moderna del país; el 78 por ciento se concentró a nivel municipal.

En los últimos 25 años han asesinado a poco más de 130 alcaldes de todos los partidos, independientemente de los exfuncionarios que querían regresar al poder o los aspirantes a ediles, además de los atentados en contra de familiares directos de los munícipes, como padres, hermanos, esposas o hijos.

Los motivos varían desde el negarse a complicidades criminales hasta el incumplimiento de pactos por la connivencia con delincuentes.

Pero también están los casos de quienes son empleados de los zares del crimen y actúan con toda impunidad hasta que por eventualidades, circunstancias políticas o presión mediática son descubiertos y no hay más remedio que ser detenidos, destituidos y encarcelados al comprobarse su evidente participación en la delincuencia organizada, el control de grupos criminales, la corrupción de cuerpos policiales municipales o el consentimiento de la extorsión y el secuestro.

Tan sólo en lo que va de la presente administración han sido detenido 13 alcaldes. Todos relacionados con actividades ilícitas, perpetración de homicidios, autoría de secuestros o extorsiones.

Eso habla del riesgo que hay de que avance la delincuencia organizada y ejerza la gobernanza, no como poder fáctico sino real.

El gran reto de los tres niveles de gobierno y de las autoridades electorales, así como de los propios partidos políticos, es blindar las candidaturas a cargos de elección popular para evitar la infiltración del crimen en las estructuras de poder, que ya es un hecho, y el año entrante vigilar y asegurar que no haya violencia en los próximos comicios -los más grandes en la historia del país por el número de puestos a competir-, y que no intervenga la delincuencia para intimidar a aspirantes o electores.

La violencia política puede amenazar una democracia que cada día es más endeble.

EL ÁGORA

Rebeldía ciudadana en casi todo el planeta

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  • Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes
  • Las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar
  • La Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Diversos eventos políticos y sociales ensombrecen el futuro inmediato de la humanidad.

Si bien es cierto que no está en el mediano o largo plazo el fin del mundo, se visualiza una rebeldía ciudadana en casi todos los países del globo terráqueo.

Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes.

Toda proporción guardada, en pleno siglo XXI, hay regímenes con ansias de conquista -como en la era medieval-, guerras intestinas y entre naciones, muchos países todavía padecen hambre y la muerte desuela territorios enteros.

Pero mientras esas calamidades cumplen con su misión profética, existen otras formas que atentan contra la convivencia humana, lo que no se puede aceptar.

Con el contrato social, las comunidades acordaron renunciar a sus derechos naturales y reconocieron un mando único -el Estado, sus instituciones y leyes-, que les garantizaría la seguridad de su vida y patrimonio, además de facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades de un bienestar pleno.

A cambio de ello, se rechazó hacer justicia de propia mano y se reconoció en las leyes el derecho a la propiedad y la garantía de salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros beneficios.

Pero cuando fueran violentadas esas potestades, el aparato de justicia cumpliría la función de vengador social.

Sin embargo, desde la centuria pasada y lo que va del siglo XXI, las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar.

Más allá del sistema político o económico que prive en cada nación, los ciudadanos están más decepcionados de sus gobiernos y resienten los efectos negativos de las malas políticas públicas.

Así, cada día es mayor el descontento social en todas las partes del orbe.

Ya no sólo es el galope de los jinetes del Apocalipsis. La gente está harta de las guerras civiles y las conflagraciones entre países, con millones de inocentes muertos, o el hambre en naciones gobernadas por dictadores.

Nuevos jinetes provocan también el descontento social. La falta de respuesta oficial a las catástrofes naturales, el desempleo mundial, la carencia de vivienda o el despojo de ésta, las crisis financieras que dejan sin patrimonio a miles de personas o familias, la falta de oportunidades para estudiar o recibir educación de calidad, la angustia por procesos inflacionarios que agudizan la pobreza extrema o la miseria, colapsados sistemas de salubridad que no garantizan salud digna ni esquemas de vacunación preventiva o tratamientos. Economías que ahogan al campo y sistemas que sólo garantizan empleos de mano de obra barata.

Esos son algunos de los nuevos jinetes que han provocado las protestas sociales en varias partes del mundo donde se manifiestan los pobres, los estudiantes, los desempleados, los homeless, los burócratas o profesionistas como los médicos, los ahorradores que fueron atracados y despojados de sus ahorros, madres y niños sin atención médica o los hambrientos.

También hay ciudadanos que ven ahogadas sus protestas por la represión burocrática, insensible al dolor humano; pésimos para gobernar, pero buenos para robar.

Tal vez no ha sido lo suficientemente fuerte el humor social para provocar más revoluciones o derrocamientos de gobierno, pero ésta es una primera llamada de atención. El voto libre debe empoderar a reales administradores públicos y los líderes mundiales entender que el hartazgo social tiene un límite.

No únicamente han defenestrados dirigentes de Egipto, Túnez, Siria, Sri Lanka, Nepal, Madagascar, Bangladesh, Ucrania, Perú, Puerto Rico, Bolivia o Venezuela.

Cayó el presidente de Paraguay y el voto de castigo del americano de la calle dio un revés a Donald Trump.

El supermartes negro del neoyorquino debe preocupar al gobierno y reflexionar que el descontento social no hace eterno a un Congreso sumiso y que también el pueblo de México puede despertar.

 

APOSTILLA

En el mundo hay 382 millones de diabéticos y para 2035 habrá 592 millones. Hay 252 millones de personas con diabetes no diagnosticada.

En 2024 había en México 13.6 millones de enfermos con ese padecimiento y era el octavo lugar mundial.

En el Día Internacional de la Diabetes, la Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina, ya que en el país más del 59 por ciento de los pacientes con diabetes no toman los medicamentos ni aplican tratamientos, por mitos, costos, desabasto o señalamientos sociales.

La insulina, a más de cien años de su descubrimiento, es de gran ayuda para el control de la enfermedad y la mejor arma contra las complicaciones.

No provoca ceguera ni es último recurso; por el contrario, mejora la calidad de vida del diabético.

 

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EL ÁGORA

A un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli

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  • Sin Estado de Derecho no hay democracia
  • No olvidar que en los tiempos del priato, el titular de la Secretaría de Gobernación se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

México presentó un nuevo retroceso en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project al ubicarse en el lugar 125 de 143 naciones y ocupar el puesto 28 de 32 países de Latinoamérica y el Caribe.

El estudio mide el grado de libertades ciudadanas en el espacio cívico, tales como la libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación, participación ciudadana e influencia del Poder Ejecutivo sobre el sistema de justicia civil y penal, el debilitamiento institucional, el control y equilibrio sobre el poder gubernamental y la rendición de cuentas.

La métrica internacional nos pone en el sitito 139 de 143 en materia de justicia penal, el 135 en corrupción y justicia civil, así como el 132 en orden y seguridad.

El reto, según la organización mundial, es lograr el fortalecimiento institucional, la transparencia gubernamental y avanzar en la protección de derechos fundamentales.

Es evidente el debilitamiento del Estado de Derecho.

A ello ha contribuido el propio gobierno al acabar con los contrapesos constitucionales y la división de Poderes por tener un Congreso abyecto, sumisos e ignorantes jueces que sólo cumplen instrucciones y optar por la opacidad.

La estructura de poder formal dinamitó la democracia y su ciudadanización al cooptar al árbitro electoral con corruptos, pero leales consejeros, además de claudicar en la función primigenia de dar seguridad a los gobernados y dejar parte de la gobernanza en manos del crimen organizado.

Aunque la narrativa oficial se esfuerza por imponer, con argumentos falaces, una realidad cada vez más difícil de sostener.

Se privilegió el autoritarismo en la figura del Ejecutivo sobre cualquier consenso, aun cuando se criticaba el presidencialismo priísta.

Es curioso que ahora se quieran deslindar de la expresidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, a quien el propio sistema la hizo omnipotente y omnímoda para anular, en una institución colegiada, a sus pares para que pudiera tomar decisiones cupulares, con el riesgo, ahora evidente, de cometer actos en beneficio propio o de prevaricato.

Es evidente la corrupción de gente afín a la 4T, como ella, a pesar de los vanos intentos por deslindarse de su empatía política y partidista para hacerla aparecer como producto del pasado.

Bajo esa lógica, muchos de los gobernadores y legisladores con antecedentes priístas debieran ser llevados a la picota y no defenderlos por ser ahora militantes del régimen.

La crisis en el órgano encargado de organizar con imparcialidad los comicios en todo el país no sólo vulnera el Estado de Derecho, sino que destruye el sistema democrático y se pierde la credibilidad y confianza en la efectividad y respeto al sufragio ciudadano.

Eso sólo beneficia al presidencialismo que cada vez cobra más fuerza y se abroga el poder de decidir por los ciudadanos quién debe gobernarlos.

Hay que recordar que, durante el priato, era el propio gobierno el que organizaba las votaciones e imponía los resultados más allá de la duda razonable.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores.

Parece que estamos a un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli… muchas señales así lo indican.

Como bien marca el estudio del WJP, el reto para México es enorme.

Si no se acota el poder del Ejecutivo, se regresa a la verdadera división de Poderes, se fortalecen las instituciones de justicia penal y civil, se respetan los derechos humanos y se administra con transparencia, se impondrá el autoritarismo como antesala de un régimen dictatorial que compartirá la gobernanza con la delincuencia.

Ello cancelará la certeza jurídica y vulnerará las garantías individuales y sociales, lo que afectará no sólo a la democracia como sistema de vida, sino que retrasará el verdadero desarrollo nacional.

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Ya es un año sin operaciones del Grupo CUDEC

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  • En perjuicio de 7 mil estudiantes de todos los niveles educativos, del personal académico y de proveedores
  • En México diariamente mueren 22 mujeres, mayores de 20 años, de cáncer de mama por diagnósticos en etapas avanzadas o tardías, cuando es nula la posibilidad de recuperación

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

A un año de que la vida académica y administrativa del Grupo CUDEC -institución educativa privada de gran prestigio en la zona poniente del Estado de México- viera vulnerados sus sistemas de acceso a expedientes y controles cotidianos de la administración, en perjuicio de 7 mil estudiantes de todos los niveles educativos, del personal académico y de proveedores, lo que afectó fuertemente su operatividad y el resguardo de datos, las investigaciones de las autoridades de procuración de justicia presumen que los delitos de robo de cajas fuertes, documentación fiscal, papelería oficial, facturas y dinero en efectivo se efectuaron por y en complicidad  de dos de las directivas más reconocidas por la comunidad escolar.

Después de fallidos intentos por querer asumir completamente el control del centro educativo mediante el desmantelamiento de los sistemas que daban coherencia y solidez a la vida institucional, la entonces rectora Angélica Patricia Olvera García, junto con su hija Angélica Malpica Olvera, ingresaron por la fuerza a las instalaciones escolares acompañadas de nueve personas que sustrajeron ilegalmente, sin autorización del Consejo de Administración del grupo académico -que cuenta con matrícula de primaria hasta Universidad-, documentación oficial, actas constitutivas de empresas, equipos de cómputo, cajas fuertes con documentos bancarios y fiscales, dispositivos de acceso a cuentas bancarias, contratos, facturas de vehículos y dinero en efectivo, hechos ilícitos que también vulneraron la integridad física del personal y la comunidad académica por lo violento del ingreso.

La denuncia penal aportó los elementos suficientes para que la representación social determinara la comisión de conductas criminales como robo de documentación oficial, de facturas de autos, cajas fuertes y comprobantes fiscales en perjuicio de 7 mil alumnos y la comunidad académica y administrativa.

Además, Alfonso Malpica Olvera, hijo de la presunta responsable, detectó -con antelación a estos hechos violentos- diversas irregularidades financieras y administrativas que encubrieron ambas directivas; conductas que atentaban contra la ética de la institución, lo que acreditó ante las autoridades en su carácter de presidente del Consejo Administrativo de Grupo CUDEC y dio inicio a la recuperación de los sistemas digitales académicos y financieros de la institución, para regularizar expedientes en procesos a favor de los alumnos y del personal académico.

De forma paralela, durante diciembre, la contadora Juana Aideé Reséndiz Cruz, gente de confianza de la rectora, realizó transferencias por quince millones de pesos de las cuentas de los colegios de Grupo CUDEC a la cuenta personal de Angélica Patricia Olvera García. La denuncia de este desvío y la aportación de las pruebas se efectuó ante la FGJEM y se espera que en las próximas semanas la Fiscalía mexiquense obtenga de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Como argucia legal, madre e hija se otorgaron mutuamente el perdón por estos hechos, estrategia que buscó blindarse entre ellas y proteger al proveedor del servicio en la web, quien cerró los accesos en favor de ellas.

Alfonso Malpica también detectó el bloqueo de la plataforma académica de la Universidad, que afectó trámites de titulación de estudiantes de posgrado y retrasó su graduación hasta el presente año, en el que se subsanaron los accesos a expedientes, e incluso se certificó al Grupo en sus Sistemas de Gestión de Calidad, tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como de las áreas administrativas, para recuperar el prestigio de los fundadores de la escuela, como el de su padre, ingeniero Alfonso B. Malpica Cárdenas, durante más de medio siglo.

En este diferendo familiar, se percibe que la figura más cauta y callada, la hija de la ex rectora, es quien tuvo la capacidad operativa y logística de instrumentar los despojos y otros delitos, ya que apoya a su madre en mantener activas las sesiones de “constelaciones familiares” que implementaron durante varios años en la escuela, como un segundo negocio, y que ahora esos ejercicios seudoterapéuticos los venden en las redes sociales como equipo de madre e hija.

 

APOSTILLA

En México diariamente mueren 22 mujeres, mayores de 20 años, de cáncer de mama por diagnósticos en etapas avanzadas o tardías, cuando es nula la posibilidad de recuperación.

Por ello, en el mes del cáncer de mama, es importante impulsar la cultura de la prevención y la utilización de biopsias menos invasoras y de corta duración, lo que inhibe la reticencia de la población femenina a esos estudios, los cuales consideran traumáticos, riesgosos, dolorosos, de intervención quirúrgica prolongada y con anestesia.

La tecnología ha cambiado la forma de estudiar las lesiones mamarias. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama -19 de octubre-, una de las técnicas que cobra relevancia es la biopsia mamaria asistida al vacío.

Este procedimiento permite obtener múltiples muestras de tejido mediante una técnica mínimamente invasiva y ofrece mayores comodidades para la paciente, ya que se realiza con anestesia local y de manera ambulatoria.

Su finalidad es obtener tejido de una lesión sospechosa para determinar si se trata de cáncer o de una lesión benigna.

Becton Dickinson (BD), compañía global de tecnología médica, cuenta con un sistema de biopsia mamaria asistida al vacío para apoyar la obtención del tejido que necesita el equipo médico y avanzar hacia un diagnóstico preciso.

En México, durante 2025 se registraron 8,125 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama, según cifras preliminares del INEGI.

El dato recuerda la importancia de contar con herramientas que acompañen con precisión esta etapa del diagnóstico.

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