¿Riesgo o distractor? * ¿Qué tanto puede controlar el gobierno al crimen organizado a tres meses del mayor espectáculo deportivo creado por Jules Rimet? Por el bien del país, más vale que así lo tengan contemplado

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

En tres meses, México vivirá una borrachera futbolera por más de 30 días y podrá ver 104 partidos desde la comodidad del hogar, la oficina o la cantina, pero nadie puede vaticinar qué cruda nos espera.

Al gobierno le urge que transcurran rápidamente estos noventa días para que la opinión pública entre en modo futbol y se olvide de los grandes problemas nacionales.

Nadie cuestionará los yerros de la administración pública, no se reparará en la cotidiana corrupción oficial, los malos servicios públicos, los despidos, el cierre de empresas; supondrán que habrá seguridad y medicinas en los hospitales.

A quién le importará la inflación o la falta de dinero para comprar la canasta básica; se olvidarán del narcotráfico y no sabrán quiénes son los nuevos capos del crimen organizado.

Pero este tipo de eventos deportivos no está exento de producir fenómenos sociales que afectan a posteriori la historia de cualquier país. Por ello, hoy la autoridad debiera tener una estrategia operativa que no sólo garantice la seguridad pública y que los encuentros se desarrollen con tranquilidad, contar con servicios de inteligencia que le permitan prevenir cualquier contingencia que altere la paz o la seguridad nacional, además de velar por la inmunidad de jugadores, directivos, público, turistas y prestadores de servicios. En México no es nuevo el riesgo de ver amenazadas las justas deportivas.

En 1968, la primavera parisina afectó al mundo y a nuestro país. El movimiento estudiantil, que empezó con un pleito callejero entre bachilleres, pudo provocar un golpe de Estado y la cancelación de los Juegos Olímpicos a diez días de encenderse el pebetero en el estadio de Ciudad Universitaria.

Con la represión gubernamental, la nación se convulsionó, pero el Estado escuchó a los jóvenes para encausar el descontento social. En ese momento, la autoridad, apanicada por el comunismo, lo que menos deseaba era una rebelión socialista que derrocara al gobierno.

La historia demostró que no había tal insurrección marxista, pero las protestas estudiantiles lideraron las tensiones sociales.

Toda proporción guardada, la administración de la 4T enfrenta hoy una situación similar y no porque en el mundo despierte la Generación Z y abdiquen gobiernos o que el Internet haya visibilizado a los jóvenes en la primavera árabe. No, los adolescentes mexicanos lograrán el cambio, no en las calles, sino con novedosas formas de manifestarse. El riesgo de la inestabilidad que haga peligrar la Copa del Mundo es la violencia e ingobernabilidad que provocan los barones de la droga.

COPA DEL MUNDO REQUIERE CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD PARA LOS SOCIOS

El Mundial no sólo es deporte, es también una maquinaria de hacer negocios que requiere de certeza jurídica y seguridad para los socios, más que a los jugadores.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz sopesó la posibilidad de cancelar la Olimpiada, pero optó por la represión, lo que dio estabilidad al país para la supervivencia del sistema político. ¿Qué tanto puede controlar el gobierno al crimen organizado a tres meses del mayor espectáculo deportivo creado por Jules Rimet? Por el bien del país, más vale que así lo tengan contemplado.

Hay preocupación por el clima de violencia que se vive. Las cancelaciones hoteleras -el eufemismo oficial dice que son liberaciones- deben llamar a la preocupación.

Por otra parte, el futbol da tranquilidad a los gobiernos y hasta lo usan políticamente. La guerra del futbol entre Honduras y El Salvador fue un gran pretexto para ocultar problemas agrarios y migratorios; las dictaduras militares sudamericanas no sólo usaron los estadios para detenciones masivas o masacre de ciudadanos, también utilizaron el deporte de las patadas para promoverse como hinchas y legitimarse.

Las mafias son capaces de cometer atrocidades en aras de la pasión y los dólares, como el asesinato del seleccionado Andrés Escobar -anotador de fatídico autogol-, a manos de un “aficionado”, ordenado por el Cártel de Medellín, luego de las pérdidas millonarias por la eliminación de Colombia en el Mundial de 1994.

Esperemos que el gobierno pueda contener la violencia que provoca el crimen organizado y que el Mundial sea ese distractor que contenga el humor social, sobre todo porque el mexicano está ávido de momentos alegres, aunque no pasemos al quinto juego.

APOSTILLA

Organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos advirtieron que la iniciativa de reforma electoral presentada ante el Congreso de la Unión no establece mecanismos claros que garanticen la representación política de los paisanos residentes en el exterior, pese a que públicamente se habló de la posibilidad de asignar hasta ocho curules para la diáspora, pero ahora eso ya está en duda; hay incertidumbre.

La Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Binacional de Fuerza Migrante señala que el documento presentado a los legisladores no contempla una circunscripción migrante ni fija un número determinado de escaños para representantes de la comunidad mexicana en el extranjero. Veremos qué pasa. Por lo pronto fijaron postura: la figura de diputados migrantes es resultado de muchos años de lucha, no una concesión.

Para avanzar en la recuperación de la seguridad y la paz pública * Es necesario un llamado a la unidad nacional, no con las coyunturales y patrioteras convocatorias en defensa de un obsoleto concepto de soberanía nacional

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

En estos momentos, más que nunca, el gobierno requiere de llamar a la unidad nacional, no con las coyunturales y patrioteras convocatorias en defensa de un obsoleto concepto de soberanía nacional, ni las chauvinistas alertas de salvaguarda del territorio nacional de imaginarias invasiones extranjeras o huecos coros de “mexicanos al grito de guerra…”.

Hoy urge una redefinición del pacto social para refundar el Estado Mexicano con apego a la ley, incluido el régimen mismo y avanzar juntos en la consecución de objetivos comunes como la democracia, el bien común, la realización plena de los gobernados y lograr el regreso de la paz social y la tranquilidad pública.

La cohesión social necesita la suscripción de un nuevo pacto social, donde todos los componentes del Estado se comprometan a respetar las reglas de una sana convivencia en comunidad y renunciar al libre albedrío.

Ello implica la reformulación de las normas que dan certeza jurídica, el respeto a ese marco legal y el compromiso de aportar lo mejor de sí para que, en cada trinchera, se labre un país con desarrollo, crecimiento, paz y bienestar.

El gobierno debe ser el primero en asumir responsabilidades que garanticen el respeto al Estado de Derecho, se comprometa a salvaguardar la vida y patrimonio de todos los mexicanos, recuperar la gobernanza y coadyuvar al fortalecimiento de la democracia, respetar las instituciones que forman la República, alentar la división de Poderes y aceptar la observancia de los organismos constitucionales autónomos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Mientras las administraciones de la 4T no reconozcan lo prioritario que es acotar el poder público, no se tendrá autoridad moral para hacer el llamado a la unidad nacional, a la refundación del Estado Mexicano moderno.

Así como no se garantiza la seguridad pública y nacional sólo con la captura de capos, mediante la exigencia e inteligencia del gobierno americano, tampoco se puede refrendar la democracia con iniciativas que quieren regresar a las elecciones de Estado, a los comicios bajo el control gubernamental, al sistema de carro completo, donde la democracia se entiende como “El Estado soy yo” e impone su democracia como acto de fe porque se hace a nombre del pueblo.

Para avanzar en la recuperación de la seguridad y la paz pública es necesario acabar con la connivencia entre autoridades y crimen organizado.

Para avanzar en la democracia se debe alentar la oposición que evite los partidos hegemónicos y fortalezca el pluripartidismo, transparentar la función pública con órganos independientes que anulen la opacidad gubernamental, reconocer que, en una República, los Poderes de la Unión son iguales y que entre ellos vigilan y acotan el ejercicio arbitrario de la res pública.

La reforma electoral, de aprobarse -como será con un abyecto Poder Legislativo-, será el último clavo en el ataúd de nuestra inacabada democracia, la cual no es barata, pero si funciona vale la pena la inversión.

La democracia no es cuestión de pesos y centavos, sino forma permanente de vida que cada vez la hacemos más lejana.

El buen gobierno debe compartir el poder, la administración de los actos de autoridad y reconocer la competencia de sus pares.

Las iniciativas son sólo un parche, remedios paliativos para el cáncer que es la ambición de poder por el poder mismo.

Si tuvieran visión de Estado el propio gobierno propondría una renovación del pacto social, un urgente llamado a la unidad nacional, no buscaría su supervivencia.

Otro componente del Estado es la población, quien renunció a sus derechos naturales para convertirse en ciudadanos que aceptan el principio de autoridad para vivir en comunidad con paz y tranquilidad social.

Sin embargo, también el ciudadano ha fallado y contribuido al deterioro del paco social.

A los mexicanos tampoco les gusta cumplir con la ley y alientan la corrupción, y normalizar el deterioro del Estado de Derecho, la violencia y la cultura del narcotráfico; aceptan la paz narca y a las autoridades impuestas o en connivencia con el crimen organizado.

Consumen y promueven el comercio informal, así como las prácticas desleales y son partícipes de la polarización social que fomenta el gobierno.

Nos acostumbraron a extender la mano a cambio de sostener el proyecto político que divide a los mexicanos y estigmatiza la realización y superación personal.

Se resquebraja el pacto social y no escuchamos las alertas de que sucumbimos como país.

Urge la unidad nacional para refundar nuestra nación.

Reforma electoral es el instrumento presidencial para el ocaso del sistema político * La iniciativa sólo atenderá los apetitos incumplidos del tlatoani tabasqueño, quien, por sus ambiciones megalómanas, anhela perpetuar una Presidencia imperial

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La reforma electoral presidencial que viene, una más desde 1946 cuando se crearon los partidos políticos nacionales, sólo busca regresar el control de las elecciones al gobierno para perpetuarse en el poder.

Con ello se endurece el régimen presidencialista y sepulta al sistema político mexicano que, a pesar de todas sus fallas, permitió una imperfecta democracia, un sistema pluripartidista, una Presidencia acotada por contrapesos constitucionales, la división republicana de Poderes y mecanismos legales para frenar los abusos de poder y alentar la defensa ciudadana ante actos injustos del gobierno federal.

Las iniciativas de un gobierno reformista, como los de la 4T, sólo atentan contra la verdadera democracia y avanzan hacia el autoritarismo mediante un poder Ejecutivo omnipresente, omnipotente y omnímodo.

Se debilitan el pluripartidismo y la representación de la oposición en el Legislativo, se desalienta la participación de los institutos políticos, así como la presencia de la sociedad civil y se fortalece el partido hegemónico.

Todas las organizaciones políticas en el mundo buscan acceder al poder y mantenerse en él, pero a diferencia de nuestra experiencia, lo hacen para implementar un proyecto de gobierno que posibilite el desarrollo y bienestar de los gobernados mediante el establecimiento de políticas públicas factibles que doten a las familias de servicios públicos eficientes, den certeza jurídica a sus representados, garanticen la seguridad pública, resguarden la vida y patrimonio de todos; oferten empleos, den educación de calidad, establezcan un sistema de salud eficiente y proporcionen vivienda digna, entre otras obligaciones del Estado.

Pero también hay regímenes que quieren el poder por el poder mismo, donde lo que menos interesa es satisfacer las necesidades de los votantes y se olvidan de cumplir las promesas de campaña.

Únicamente importa la connivencia con los poderes fácticos que posibiliten la permanencia en el poder.

Por supuesto que muchos de los gobiernos autoritarios o totalitarios llegan por la vía del voto, no siempre lo hacen por golpes de Estado, guerras civiles, rebeliones o asonadas militares.

Hitler ganó en Alemania en las urnas, Erdogan en Turquía.

Otros dictadores se han mantenido en el poder mediante elecciones fraudulentas como Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Daniel Ortega.

Aunque no se conoce el verdadero espíritu de la reforma electoral que se propondrá esta semana y a la que abyectos legisladores han adelantado aprobarán sin quitarle una sola coma, es de suponer que esa iniciativa sólo atenderá los apetitos incumplidos del tlatoani tabasqueño, quien, por sus ambiciones megalómanas, anhela perpetuar una presidencia imperial.

La misión es refrendar un partido de Estado, hegemónico, que gane todos los comicios mediante procesos electorales controlados por el propio gobierno.

Por si lo anterior fuera poco, quieren la aniquilación de los partidos opositores al quitarles el financiamiento público -¿quién dijo que las verdaderas democracias son baratas?-.

Y ya encarrerados, también quieren aniquilar la figura de los legisladores de representación proporcional, le apuestan al Congreso uniforme, al carro completo.

Esa es la verdadera intención de la reforma, concluir la obra inacabada del mesías. El populismo ad perpetuam. Esa es su desiderata.

Cada día nos alejamos más de la democracia y vivimos los últimos días del sistema político mexicano que dio estabilidad al país por décadas, después de la Revolución Mexicana, convertida en nación de instituciones.

Luis Farías Mackey escribió en su libro, ¿Cómo llegamos aquí?, lo siguiente: “Estamos aquí porque en el 68 no quisimos o no pudimos cambiar in sistema que surgió para pacificar el traspaso del poder, no para formar ciudadanos ni democracia.

“Hoy más que nunca (2025) ahí seguimos, con una salvedad: su traspaso ya no civilizado ni político, podrá ser formalmente electoral, pero ni es ciudadano ni es democrático, mucho menos libre o pacífico. Vivimos un populismo polarizante, iliberal y autoritario.

“La supremacía constitucional es ahora una especie de infabilidad de la mayoría, la reforma judicial fue la muerte de la división de Poderes y de la República, además de la justicia”.

La reforma electoral nos aleja de la democracia y nos acerca a un sistema político totalitario.