Acusan a la directora general de destruir el legado del canal con prácticas contrarias a la ética pública, además de nepotismo, despidos injustificados y maltrato * Los personajes villanos de la política: Pedro Haces, Alfonso Romo, Arturo Ávila, Luisa María Alcalde
EMMA ESPÍNDOLA
A 66 años de haberse fundado, Canal Once (considerada la primera televisora pública de México y una de las primeras aliadas de la diversidad y la inclusión) enfrenta el riesgo de su extinción.
Canal Once inició sus transmisiones el 2 de marzo de 1959, lo que la convirtió en la primera televisora pública, educativa y cultural en México, y pionera en América Latina.
A lo largo de su historia fue reconocida por sus contenidos, que aportan conocimiento, información, cultura y entretenimiento.
Pero en la actualidad, derivado de una grave problemática laboral, afronta y sufre una severa crisis que repercute en la estabilidad laboral, el funcionamiento óptimo como medio de comunicación y, principalmente, en el deterioro de sus contenidos.
El panorama para esa empresa oficial que depende del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es incierto por la ausencia de profesionales en algunos de los departamentos ligados a su funcionamiento.
Por cierto, sobre el tema en particular, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ni el titular de la SEP, Mario Delgado, han dado la cara.
Recientemente se han dado despidos de prestigiadas conductoras (Carla Contreras, con una antigüedad de 19 años, y Leticia Carbajal, con 14 años en la televisora), a quienes ya no les renovaron contrato.
Asimismo, los trabajadores, entre ellos periodistas, denuncian precariedad laboral y exigen justicia, ya que más del 70 por ciento carece de derechos básicos como seguridad social, antigüedad y estabilidad.
Bajo el argumento de que no hay presupuesto para este año venidero, fue “corrido” el 60 por ciento de su plantilla laboral.
Imperan el nepotismo, el amiguismo, las vejaciones, las ofensas, el mal trato y la programación de contenidos adquiere tintes burocráticos y sometimiento que desvirtúan la objetividad informativa.
Incluso se divulgan espacios en los que se promueven posturas de subordinación política y partidista, que son ajenos a los objetivos trazados desde su fundación.
Prueba de ello es que Canal Once se metió en un pleito entre el grupo musical Molotov y José Ramón López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
Difundió un programa donde el vástago del tabasqueño fue la estrella principal de un medio informativo, en donde, por vez primera en su historia, adoptó una postura parcial en un conflicto de esas dimensiones.
La banda de rock en español Molotov causó controversia después de su concierto en el Palacio de los Deportes por sus 30 años de trayectoria, al criticar al expresidente que se fue a La Chingada.
El hijo del exmandatario, José Ramón López Beltrán, y el
bajista Paco Ayala llevaron el altercado a la red social de X, en donde intercambiaron insultos.
Parte de los problemas actuales en Canal Once se centran en retrasos administrativos de pagos a trabajadores por honorarios, que no tienen derecho al aguinaldo y su estabilidad laboral depende de los caprichos de los directivos.
En su oportunidad la doctora Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esa situación sería resuelta revisando contrataciones para dar prestaciones de ley, pero las irregularidades siguen vigentes.
El 1 de julio, trabajadores del canal enviaron una carta a la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo.
En la misiva acusan a la dirección actual de destruir el legado del canal con prácticas contrarias a la ética pública.
Renata Turrent, directora general, fue señalada por nepotismo, despidos injustificados y maltrato. La acusan de privilegiar amistades y figuras sin experiencia para cargos clave.

Héctor Sánchez, director de Administración y Finanzas, acusado de misoginia, autoritarismo y uso de currículums como chantaje.
Carlos Islas, director jurídico: habría despedido al 80 por ciento del personal y usado recursos públicos para fines privados.
Alejandra Chávez, directora de Producción, enfrenta acusaciones de acoso, maltrato y falta de formación técnica.
Luisa Cantú, jefa de Noticias, criticada por priorizar su imagen en el programa Masiosare sobre la calidad informativa.
Julián Atilano, con tres cargos clave, habría desmantelado la barra infantil y recurrido a repeticiones para llenar el contenido.
A la falta de profesionalismo y experiencia en el área informativa, se pisotea la Ley Federal del Trabajo.
Con cambios administrativos repentinos, se afectaron los derechos laborales de 700 empleados contratados bajo la categoría del Capítulo 3000, “Prestadores de Servicios”.
Además de que quienes permanecen, trabajan sin alguna prestación como seguro médico, incapacidades, bonos, prima vacacional, ni derecho a generar antigüedad y sólo le firman contratos semestrales.
En la carta enviada a la Primera Mandataria se establece: “A partir de enero, recibiremos pago mensual y entregaremos recibos cada fin de mes para que, a partir de 10 días, se nos haga el depósito respectivo, por lo que nuestro primer pago de enero lo veremos reflejado, si bien nos va, a mitad de febrero y será así sucesivamente”.
Obviamente, los trabajadores que se amparan en el anonimato para evitar mayores represalias, dijeron que los pasados 7 y 8 de octubre, el Departamento de Administración y Finanzas de Canal Once les informó que les cambiarían el régimen de situación fiscal de sueldos asimilados a salarios o persona física con actividad empresarial.
“Seremos para ellos ‘freelance’, pero seguiremos trabajando bajo las mismas relaciones laborales”.
“Sin seguridad social. Sin aguinaldo. Sin ninguna prestación. Salarios disfrazados de honorarios, mientras entregamos una gran parte de nuestra vida al canal”.
Además, denunciaron que los trabajadores del Capítulo 1000, quienes están bajo condiciones más estables, “cotizan con el mínimo ante el Seguro Social, restando responsabilidad patronal al canal”.
Debe recordarse que la pasada Comisión Permanente del Congreso de la Unión analizó un punto de acuerdo presentado por senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, para que atienda las denuncias de falta de pago, acoso laboral y despido injustificado realizadas por las y los trabajadores de Canal 11.
No obstante, la problemática empeoró.
HISTORIAS
Habría que saber cuál es el Santo que ampara a Pedro Haces, además del Niño de Atocha y Ricardo Monreal, porque todavía no se repone del agrio suceso que lo ligó a “El Limones” y ya hace circular que Raymundo Vázquez Conchas es su “gallo” para la gubernatura de Tlaxcala.

El dirigente de la CATEM presume que tiene el poder suficiente para encumbrarlo… Para despejar dudas el Diario Oficial de la Federación publicó, el pasado 15 de diciembre, que a la Casa de Bolsa Vector se le revocó la autorización para seguir operando.

La institución financiera es propiedad de Alfonso Romo Garza, el empresario que fue jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador… Arturo Ávila, el diputado federal que compró una mansión de casi 5 millones de dólares en Estados Unidos, pregona que con el apoyo de Luisa María Alcalde (la aparente dirigente de Morena) será el próximo jefe de la alcaldía Cuauhtémoc.

No debe perderse de vista que ellos son pareja sentimental y que se le podría aplicar aquello de la Reforma Electoral para evitar el nepotismo en cargos públicos de elección popular.