Mientras Carlos Slim pide ampliar el plazo porque el tiempo se agota, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirma que no habrá prórroga… ¿Qué pasará? * La ciudadanía muestra desconfianza… Si el pueblo manda, ¿por qué es obligatorio vincular los móviles cuando la gente no quiere? * Está claro que los delincuentes se darán sus mañas para nunca aparecer sus datos en las compañías telefónicas * Aunque alisten prórroga, la incertidumbre sigue

MARCO ANTONIO FLORES***

El próximo 30 de junio vence el plazo para registrar 150 millones de líneas que existen en México.

Hasta la fecha se estima que sólo se han registrado 50 millones, sin embargo, la vinculación no lo han hecho directamente los usuarios sino las grandes compañías que incluyen sólo a los usuarios que tienen contratados planes con Telcel, AT&T, Movistar y otras.

Por ello, a dos semanas de que venza el plazo, aproximadamente 100 millones de usuarios se encuentran sin completar este proceso, lo que ha motivado que surjan grupos de ciudadanos que cuestionan la obligación de proporcionar datos personales para conservar el servicio, que incluso pretenden ampararse contra esta disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Desde que fue anunciada esta medida, la mayoría de los usuarios manifestó su desacuerdo con la elaboración de este padrón de registro, ya que existe desconfianza y preocupación relacionadas con la privacidad, el almacenamiento de información personal y la seguridad de las bases de datos que concentrarán millones de registros.

Diversos análisis sobre percepción ciudadana reflejan que la confianza se ha convertido en un factor determinante para el éxito del programa.

Datos de The Competitive Intelligence Unit señalan que siete de cada diez personas aún no realizan el trámite y mencionan la desconfianza como la principal razón para mantenerse fuera del padrón.

El recelo que ha surgido entre los ciudadanos se ha manifestado en las redes sociales, en donde se señala, con ejemplos de casos ciertos, que ya están a la venta celulares con registro, con datos de personas que tienen planes con grandes telefónicas.

Por ello se duda que se logre responder a la razón principal para poner en práctica esta disposición que es evitar el uso de la delincuencia de celulares para cometer delitos como la extorsión, fraude, secuestros y otros.

Respecto al vencimiento del plazo para registro, el empresario Carlos Slim solicita revisar la fecha límite del registro obligatorio de líneas telefónicas en México, prevista para el 30 de junio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha reiterado que no contempla una ampliación formal del plazo, pero en la práctica millones de usuarios tendrán más tiempo para regularizar su situación, gracias a mecanismos previstos en la propia regulación y a una nueva interpretación emitida por la autoridad.

Telefónica Movistar y empresas del Grupo Televisa solicitaron a la CRT una confirmación de criterio para saber si podían considerar registradas aquellas líneas de pospago, cuyos usuarios ya habían sido identificados al momento de contratar el servicio. La respuesta de la autoridad fue afirmativa.

La CRT determinó que la información entregada previamente por los usuarios de pospago es suficiente para considerar que esas líneas ya están vinculadas a una identidad.

Además, estableció que esta interpretación será aplicable para toda la industria, siempre que los operadores ya cuenten con los datos correspondientes y respeten las disposiciones de protección de datos personales.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de 120 días para que los usuarios regularicen su situación.

Durante ese tiempo las líneas enfrentarán restricciones graduales antes de quedar limitadas únicamente a llamadas de emergencia.

En los hechos, este periodo funciona como una extensión operativa del plazo original y reduce la posibilidad de una desconexión masiva inmediata.

La medida cobra relevancia porque especialistas y consultoras -como The Competitive Intelligence Unit (The CIU)- han advertido que suspender millones de líneas podría afectar servicios bancarios, plataformas digitales, aplicaciones de transporte, servicios de reparto y otros sistemas que dependen de números celulares activos para autenticación.

Por otra parte, se encuentra el reciclaje de números. Las compañías telefónicas reutilizan desde hace años las líneas que permanecen inactivas durante largos periodos.

Según la revista Expansión, Telefónica recicla números después de 180 días, Telcel tras 246 días y AT&T luego de 365 días.

Ahora, con millones de líneas aún fuera del padrón, este proceso podría convertirse en una especie de prórroga no oficial administrada por los propios operadores.

El problema es que especialistas advierten riesgos importantes. Un usuario que recibe un número reciclado podría heredar vínculos digitales asociados al propietario anterior, desde cuentas bancarias y aplicaciones hasta mecanismos de autenticación y registros de actividad.

De acuerdo con un especialista en telecomunicaciones del ITAM, citado por Expansión, la falta de plazos homogéneos para reutilizar números podría trasladar riesgos y costos a los consumidores.

Por ello considera necesario establecer reglas comunes y procesos obligatorios de limpieza digital antes de reasignar cualquier línea.

Reitero: Oficialmente no habrá prórroga, pero entre las líneas de pospago ya identificadas, los 120 días de regularización y el reciclaje de números, el registro celular en México parece encaminado a tener más tiempo del que originalmente sugería el calendario.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene una campaña informativa para detallar los pormenores de este trámite, el cual exige la vinculación del número de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.

De acuerdo con los informes publicados en abril de 2026, existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas en el territorio nacional.

La distribución de este sector muestra que América Móvil (Telcel) concentra el 57.90 por ciento del total, seguida por AT&T con el 16.42 por ciento, Telefónica (Movistar) con el 14.05 por ciento y Grupo Walmart (Bait) con el 7.04 por ciento, mientras que el resto se divide entre otros veintitrés concesionarios.

Al corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, se contabilizan 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas exitosamente. Esta cifra representa un crecimiento diario de registros del 15 por ciento en comparación con el mes de abril.

La CRT descarta que el gobierno maneje los datos de usuarios registrados. El organismo enfatizó que el trámite de registro recae de manera exclusiva en las empresas telefónicas, las cuales asocian únicamente el nombre y la CURP de 18 caracteres con el número correspondiente.

También señala la CRT que el gobierno federal no administra bases de datos centralizadas ni realiza el registro directamente; además, cualquier acceso a esta información requiere una orden judicial expedida conforme a la legislación aplicable.

La CRT ha reiterado que el plazo definitivo para cumplir con la vinculación vence el próximo 30 de junio y que las líneas que permanezcan sin registro después de esta fecha enfrentarán restricciones severas en su conectividad.

Imagínese qué pasaría en el país si 100 millones de usuarios no pudieran realizar ni recibir llamadas telefónicas, tampoco tendrían la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS convencionales.

Aunado a lo anterior, los equipos no regularizados perderían el acceso a los datos móviles, lo que impedirá el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, servicios bancarios y plataformas de transporte.

Aunque la CRT ha exhortado a la ciudadanía a completar el trámite con sus respectivas operadoras para garantizar la continuidad de sus servicios, se debe considerar que los tiempos ya se acortaron, además que la gente no está correctamente informada de cómo verificar si ya está registrada.

Debe tomarse en cuenta que en estos días una gran mayoría de mexicanos se encuentra distraída con el certamen deportivo más importante de todo el planeta.

En todo caso, se requiere una intensa y amplia campaña para el registro, sobre todo para convencer a millones de mexicanos que la medida será util para combatir la delincuencia.

En concreto: Aunque el gobierno ya aliste una prórroga, la desconfianza persistirá y lo único que se hará será alargar la tormenta que ya está en todo el país, porque finalmente los usuarios seguirán con desconfianza y no se registrarán. ¿En que terminará esto? Con imponer crece la molestia ciudadana y con desconfianza por la falta de seguridad en el resguardo de los datos pues crece la incertidumbre.

Ya veremos en unos meses en qué termina esto.

***Académico y consultor.

¿Dónde quedó el pacto entre Morena y la CNTE? * Quizá a la Primera Mandataria le cueste muchos millones de pesos para que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación suspenda sus movilizaciones… hasta nuevo aviso

MARCO ANTONIO FLORES***

Lo dice el refrán popular: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. La Primera Presidenta ha señalado lo siguiente: “…al parecer hay en esa organización ‘rijosos’, intolerantes, que no quieren negociar y representan otros intereses políticos contra el gobierno”.

Ante esto, surge la pregunta: ¿Dónde quedó el pacto que tenían Morena y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contra los neoliberales?

La CNTE ha tenido el mismo “modus operandi” desde hace 40 años, el chantaje y la extorsión al gobierno en turno, para mantener sus canonjías, además de obtener grandes sumas de dinero para suspender sus movilizaciones y protestas.

La reforma educativa 2013 de Enrique Peña Nieto había logrado el antídoto contra ese nefasto mecanismo, al modificar, fundamentalmente, la Ley General del Servicio Profesional Docente, en ella se estableció la evaluación obligatoria.

La reforma condicionaba la permanencia y promoción de los maestros a la aprobación de evaluaciones. Si los docentes no aprobaban, perdían sus plazas o eran removidos de sus cargos.

Al quitar el control de las plazas de maestros a los sindicatos y dárselo al gobierno, la CNTE perdió parte de su poder de movilización tradicional, ya que muchos profesores participaban en marchas sabiendo que el Estado ahora tenía el control de su permanencia laboral.

Así, tras la implementación de la ley, cientos de maestros de la Coordinadora Nacional que participaban en paros y protestas indefinidas fueron cesados por acumular faltas injustificadas.

La reforma educativa de 2013, que beneficiaba a todo el sistema educativo nacional y desactivaba un enorme mecanismo de presión contra el gobierno en turno, fue abrogada en 2019 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se devolvieron a la CNTE sus privilegios y permisos para continuar extorsionando y chantajeando, dejando sin clases a miles de niños y perjudicando la vida de millones de habitantes de ciudades como CDMX, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Morelos y otras entidades del país, bloqueando vías de comunicación, así como aeropuertos y vías de ferrocarril.

Además, López Obrador prometió a sus “aliados” derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una promesa que refrendó Claudia Sheinbaum Pardo en campaña, por lo que no le debería sorprender que la CNTE insista en esa y otras desmesuradas demandas y exigencias.

ORIGEN DE LA CNTE

La Coordinadora Nacional nació en 1979, como una organización alternativa para enfrentar el control corporativo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenía en estrecha alianza con el Estado Mexicano.

Sus demandas originarias fueron auténticas y legítimas: La exigencia de democracia sindical y la lucha por mejoras laborales y salariales para los docentes.

Sin embargo, en las secciones 7, 9, 18 y 22, los dirigentes se apropiaron y reprodujeron las prácticas que sus antecesores habían combatido y, en lugar de promover sus demandas legítimas, ejercieron sobre sus agremiados un férreo control político y maestros críticos fueron acallados y sometidos. Desde la década de los 80s se convirtió en un grupo de presión que basa su poder de movilización en el control político clientelar de maestras y maestros de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México.

Lo más cuestionable es que la CNTE se ha puesto a disposición de personas y partidos con gran poder político y económico que financian sus movilizaciones y demandas de acuerdo con sus intereses.

Un caso ilustrativo del manejo de la CNTE para el apoyo de intereses políticos es el de Manuel Bartlett. Esto inició cuando organizaba, promovía y patrocinaba manifestaciones de la CNTE contra las políticas de gobierno de Vicente Fox Quesada en materia energética.

Todo indica que la cercanía de Bartlett con la CNTE nació cuando este fue secretario de Educación Pública. Desde entonces la CNTE fue una valiosa herramienta que puso a las órdenes de AMLO y le valió su acercamiento y alianza con él, desde los años previos a las elecciones presidenciales de 2006.

En una foto de “Hemeroteca” se muestra que Manuel Bartlett y José Murat patrocinaban, encabezaban y manejaban a la CNTE.

Prueba de lo anterior es su participación en una marcha realizada en noviembre de 2003.

Ese día los dos personajes se habían reunido a desayunar en el Centro Libanés, con dirigentes de la CNTE y el SME.

Momentos después salieron a encabezar la marcha que la reportera Mireya Cuéllar, de “La Jornada”, describió así:

“El senador Manuel Bartlett había dejado atrás a José Murat y al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, con quienes marchó por Reforma con tal número de guaruras que ellos solos -más los fotógrafos que los rodeaban- formaban un pelotón”.

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hubo muchas manifestaciones de la CNTE y del SME contra su gobierno, mismas que se prolongaron y multiplicaron durante el sexenio de Peña Nieto y se resolvían con grandes cantidades de dinero que les entregaba Luis Miranda, subsecretario de Gobernación.

Resultaban una buena inversión para quien las financiaba, ya que al final obtenían mucho más dinero del que gastaban en su movilización.

Recuérdese que gobiernos estatales de oposición al presidente Andrés Manuel, como el de Michoacán de Silvano Aureoles, padeció las movilizaciones radicales de la CNTE, incluso bloqueando las vías del ferrocarril y que en cuanto llegó su sucesor morenista cesaron.

En Oaxaca, el único gobernador -de los últimos cuatro- que no fue amagado por la sección 22 de la CNTE fue el de Alejandro Murat.

Ahora, con el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo, se repite el “modus operandi” de la CNTE; quizá a la Primera Mandataria le cueste muchos millones de pesos para que la CNTE suspenda sus movilizaciones… hasta nuevo aviso.

Las actuales movilizaciones de la CNTE coinciden con lo publicado en el diario norteamericano Los Angeles Times la semana pasada, anticipando que los próximos gobernadores que serán acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos son Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Este diario norteamericano también anticipó la acusación contra Rocha Moya y secuaces. Resultó extraño que este hecho motivara la reaparición de AMLO en el escenario político nacional, con la difusión de una carta en la que, con el pretexto del apoyo a la Presidenta para defender la soberanía, ofrece una serie de explicaciones no pedidas sobre la relación que tuvo con Trump, al tiempo que mezcla el caso Salvador Cienfuegos.

Más preocupante que la Mandataria Claudia Sheinbaum acepte con beneplácito esa reaparición, porque esto implicaría que no existe autoridad política más importante que la de Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Máximo de la Cuarta Transformación”.

En este contexto, valdría la pena saber qué tan vigente se encuentra la alianza AMLO-CNTE, por aquello de la “revocación de mandato”, a la que deberá someterse la Presidenta.

A casi dos años del inicio de su gobierno, Sheinbaum se encuentra en una verdadera encrucijada. Si continúa protegiendo a los distinguidos políticos que heredó de su antecesor, como lo ha hecho en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios acusados de delitos graves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Presidenta corre el grave riesgo de que México sea objeto de fuertes presiones no sólo en el área de seguridad, también en materia económica en medio de la negociación del T-MEC o, en el peor de los casos, una eventual intervención territorial.

El desgaste y la presión para la Mandataria será irreversible y creciente por diversos frentes, incluido el de la CNTE.

El reto es enorme y aunque Sheinbaum Pardo haya negado que se encuentra entre “la espada y la pared”, esto es, entre Washington y Palenque, los escenarios son innegables.

Es tiempo de definiciones: O el segundo piso de la transformación está contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad… o con el silencio y la omisión corre el riesgo de ser acusado de encubrimiento, si no por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sí por millones de mexicanos que no confunden defensa de la soberanía con complicidad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha empezado a dar buenos resultados y tiene el voto de confianza de millones de mexicanos. Es tiempo de iniciar la auténtica transformación.

Por el bien de México, “La Patria es primero”.

***Académico y consultor.

“Que ching… a su mad…”, sabias palabras de Porfirio Muñoz Ledo hacia la bancada morenista * El actual Congreso de la Unión, integrado mayoritariamente por legisladores de Morena, pasará a la historia como el más nefasto, sumiso y destructor de nuestro régimen democrático constitucional

MARKOFLOS***

Lo dijo uno de los mejores políticos que ha tenido México, Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la Cámara de Diputados: “Ching… a su madre… qué manera de legislar”, dirigiéndose a la bancada mayoritaria de Morena. Lo mismo les diría ahora -si aún viviera- al ver las atrocidades cometidas al aprobar tres reformas constitucionales absurdas y ridículas.

La relativa a declarar nulas elecciones por injerencia extranjera; la segunda, que pospone la fecha para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que incluye la reelección de los magistrados del TEPJF. Asimismo, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

El actual Congreso de la Unión, integrado mayoritariamente por legisladores de Morena, pasará a la historia como el más nefasto, sumiso y destructor de nuestro régimen democrático constitucional.

Seguramente todos y cada uno de sus integrantes tendrán que rendir cuentas ante la historia, ante sus hijos y sus nietos por haber destruido la democracia mexicana, con el reconocimiento a dos honrosas excepciones: Luis Armando Melgar y Olga Sánchez Cordero.

Por si lo anterior no bastara, le dieron RIP a la división de Poderes con la desastrosa reforma judicial, oyendo la voz de un capricho y venganza presidencial, ahora dan continuidad a esa absurda y regresiva reforma simplemente cambiando la fecha de la nueva o complementaria elección del Poder Judicial, agregando permiso de la reelección de magistrados del TEPJF, dado que los actuales magistrados se convirtieron en sus dóciles y sumisos vasallos dispuestos a atender las indicaciones del partido en el poder a cambio de permanencia en el “hueso”, con mucha carne para roer.

Entre las polémicas y “absurdas” reformas está la ley “Monreal”, el ilustre doctor en derecho, demagogo, convertido en francotirador y asesino de la democracia con su reforma de nulidad electoral por injerencia extranjera, que no es otra cosa sino un pretexto para anular cualquier elección que no favorezca al partido en el poder.

REFORMA ABSURDA E INNECESARIA

Los que sí saben, expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y legisladores de oposición han señalado que es una legislación redundante.

El sistema electoral mexicano ya contempla mecanismos para anular comicios por violaciones a la equidad. Además, la ambigüedad del término “injerencia” carece de límites claros y omite la verdadera preocupación: la intervención del crimen organizado.

Respecto a la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, las críticas se centran en los riesgos que conlleva trasladar la responsabilidad de investigar vínculos con la delincuencia organizada desde las fiscalías y agencias de seguridad hacia el Instituto Nacional Electoral (INE). La Cámara de Diputados aprobó este dictamen, el cual ha generado fuertes debates y posturas divididas.

La propuesta contempla la creación de esta comisión dentro del INE para verificar la integridad de las candidaturas previo a los procesos electorales. El objetivo planteado es evitar que personas con nexos criminales accedan a cargos de elección popular. Sin embargo, voces analíticas y consejeros electorales han señalado que esta medida actúa como un “subsidio a la incompetencia” del Estado.

Argumentan que las instituciones con capacidad legal, bases de datos y herramientas de inteligencia (como la Fiscalía General de la República o las áreas de seguridad) son las que deberían realizar esta labor, en lugar de trasladarla al árbitro electoral. Además, se advierte que asignar esta tarea al INE pone en riesgo su imparcialidad, ya que el organismo no cuenta con las facultades de investigación penal ni la infraestructura de inteligencia para comprobar fehacientemente dichos vínculos sin cometer arbitrariedades o sufrir presiones políticas.

Las Legislaturas de Morena de este y el pasado sexenio han cumplido a cabalidad las instrucciones del jefe máximo de la “Transformación”, haciendo realidad lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”.

La destrucción de las instituciones parece irreversible, los esfuerzos de las clases media y alta, periodistas, intelectuales y ciudadanos por circular artículos, videos, declaraciones, memes, tuits y evidencias contra los escándalos y pésimos resultados del gobierno de la 4T no han tenido algún efecto para corregir el rumbo.

Los programas sociales, convertidos en clientela electoral, alcanzan para mantener a 30 millones de mexicanos, los más pobres y los más ignorantes, apoyando ciegamente la “Transformación” (simulación), sin darse cuenta de las consecuencias para ellos, pero sobre todo para sus hijos.

Para quienes no se explicaban por qué el gran apoyo popular a la “transformación”, en la Mañanera del 2 de febrero de 2022, lo explicó con precisión el entonces presidente López Obrador al afirmar: “Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9. Con la clase media-media, alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de 1”.

Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento entre las personas. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en Maestría y en Doctorado, perdemos”. Por ello no les preocupa que el número de pobres crezca. A mayor pobreza, mayor clientela electoral.

También se entendería el desprecio que AMLO mostró contra la democracia, diplomacia, educación, salud, ciencia, transparencia, justa impartición de la justicia y el combate real a la impunidad y corrupción.

Lo dicho por el expresidente, en esa Mañanera, explicaría la destrucción de las instituciones nacionales. Lo increíble y asombroso es que su afán destructor haya trascendido su sexenio y siga vigente en el actual. Ahí están la inútil, demagógica y electorera “revocación de mandato” (patentada en Venezuela por Hugo Chávez), además, lo caro que nos cuesta a los mexicanos (la de AMLO costó 700 mdp), sobre todo a los más pobres e ignorantes del país.

En este sexenio se convalidó la desaparición de la división de Poderes con la elección (del acordeón) del Poder Judicial. Con el reciente cambio de la fecha de la elección complementaria del Poder Judicial, se le da continuidad a esa regresiva y absurda reforma que incluye la reelección de los magistrados del TEPJF, los mismos que le dieron la mayoría ficticia a Morena y que se hicieron de la vista gorda con la elección del acordeón del Poder Judicial. Ahora estos serviles magistrados del TEPJF podrán permanecer en su cargo hasta 18 años.

Del mismo modo, la reforma contra la injerencia extranjera en elecciones resulta un burdo mecanismo para evitar que algún otro candidato o partido que no sea de Morena pueda ganar alguna elección, con ello el cínico propósito de perpetuarse en el poder.

Por otra parte, las señales para combatir la impunidad y procurar la impartición de justicia parece lejana, cuando tenemos una FGR al servcio de los encargos políticos del oficialismo. Ahí están los casos de Rocha Moya y la gobernadora Maru Campos que se quieren poner en la misma balanza, cuando son diametralmente opuestos.

El combate a la corrupción, otro gran pendiente de los gobiernos de la transformación. Ahí están, sólo como ejemplos ilustrativos, el fraude del huachicol fiscal por 600 mil mdp y Segalmex por 15 mil mdp, sin algún pez gordo detenido, así como los delitos relacionados con el narcotráfico que hizo públicos el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Basta del demagógico discurso de la defensa de la soberanía. Es sólo atole con el dedo para los más pobres y más ignorantes del país, ya que la soberanía nacional está vulnerada en gran parte del territorio nacional -donde manda el narcotráfico y la delincuencia organizada-.

Así la destrucción de las instituciones parece irreversible. No existe poder formal o informal, ni oposición política, ni grupos, ni intelectuales, ni periodistas, ni clases medias, ni empresarios que puedan penetrar el blindaje demagógico-electoral que tiene la “transformación”.

Al parecer nuestra esperanza para enderezar el rumbo se limita a lo que nuestro socio y vecino Estados Unidos pueda hacer por México, sobre todo en materia de narcotráfico, corrupción y democracia.

Nuestro país no se lo merece. ¿Hasta cuándo cesará y hasta dónde llegará la demolición del Estado Mexicano?

Con el paso del tiempo siguen vigentes las sabias palabras de Muñoz Ledo: “¡Ching… a su madre, qué manera de legislar!”.