Hasta el día de hoy, en ningún proceso de autorización bajo mi responsabilidad ha estado autorizado el abogado Sandro García Rojas, expresa Aurora Cervantes Martínez, vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
IMPACTO | REDACCIÓN
Haciendo uso de su derecho de réplica, Aurora Cervantes Martínez, vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, da una respuesta puntual, breve y concreta a Ildefonso Pereyra a la publicación del 5 de mayo con el título “CNBV, presionada por el caso CAME”.
Sobre esta nota, Cervantes Martínez afirma que se le imputa -sin ninguna evidencia ni conocimiento alguno de la ley aplicable- diversos actos, por lo que hace a Pereyra las siguientes aclaraciones:
1.- La vicepresidencia de Normatividad no tiene la facultad de vigilar el cumplimiento normativo, garantizar la transparencia, ni actualizar y aplicar los marcos regulatorios.
2.- Si usted revisa el reglamento de la CNBV, se percatará que la vigilancia de que las normas vigentes sean cumplidas por las entidades reguladas, es facultad exclusiva de las Vicepresidencias de supervisión.
3.- La “actualización” de las normas, suponiendo que usted se refiera a la definición de los proyectos regulatorios, son facultad exclusiva de la Vicepresidencia de Política Regulatoria y del presidente de la CNBV.
En el caso concreto de CAME, la atribución de supervisión la tiene la Vicepresidencia de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, cuya titular a finales del año 2022, cuando usted señala empezaron a suceder las irregularidades, era la licenciada Esther Ramírez Bernabé.
Aurora Cervantes coincide con Ildefonso en el hecho de que la omisión de la supervisión en las primeras etapas del deterioro resulta muy preocupante, ya que muchos ahorradores pueden verse afectados.
Cervantes le concede la razón a Pereyra en el hecho de que si la SOFIPO presentaba capital por debajo del mínimo regulatorio o cercano al límite, se debió haber actuado con total firmeza.
Dicho lo anterior, respetuosamente Cervantes Martínez considera que esos cuestionamientos deben ser para quien era la responsable de la Vicepresidencia de Supervisión en ese momento y no para ella, que reitera no tiene facultad alguna para la supervisión o vigilancia a alguna entidad regulada.
Respecto a que las unidades administrativas bajo su cargo se han caracterizado por un relajamiento en los controles para la revisión del origen de recursos en los procesos de autorización, así como de cambios en el control accionario en la constitución de nueva entidades financieras, Aurora Cervantes aclara que el origen de recursos es revisado escrupulosamente por sus Direcciones Generales competentes y de igual forma en los procesos de autorización, las autoridades involucradas (Banxico y la UBVA) tienen conocimiento y pueden emitir opiniones respecto a la procedencia de recursos, aclarando que las autorizaciones señaladas por Pereyra se someten a votación de la Junta de Gobierno de la CNBV, cuyos miembros cuestionan cualquier duda que tengan.
Finalmente, en relación a que los procesos de autorización manejados en la Vicepresidencia de Normatividad han sido “notoriamente ágiles y favorables”, cuando los promoventes están representados por el despacho del exvicepresidente Sandro García Rojas, Cervantes señala que -hasta el día de hoy- en ningún proceso de autorización bajo su responsabilidad ha estado autorizado el citado abogado.
Cervantes Martínez, de manera gentil y cordial, se pone a las órdenes para cualquier duda o comentario sobre el caso CAME.
